Estamos en vísperas del siglo XXI, y tramontamos una complejísima crisis de orden económico, financiera, y también política. Tenemos prioridades que reclaman no sólo claridad de ideas, sino transparencia en nuestras actitudes y en nuestra disposición para resolverlas. Enfrentamos, en una palabra, la prueba de fuego de la razón ética. Frente a ésta, es preciso una reflexión, un ejercicio de comprensión y una toma de conciencia. Una de esas prioridades es la redimensión del Estado. Tanto el gobierno del Presidente Rafael Caldera, como la mayoría de los portavoces políticos y de los medios de comunicación, y las instituciones que aún cuentan en el espectro nacional, están contestes en que este desafío debe acometerse reduciendo la dimensión burocrática del Estado, por una parte, y su perniciosa interferencia en todos los asuntos de la economía o de la vida pública. Cuando se habla de la redimensión del Estado parece que nos refiriéramos apenas al Ejecutivo Nacional, que las gobernaciones y las alcaldías no formaran parte de ese monstruo llamado el Estado, y que, por consiguiente les ha llegado el turno a ellos de practicar el error de aumentar su tamaño y comprometer recursos que no tiene ahora y que en el futuro inmediato serán pesadísima carga, muy difícil de cumplir. La observación es válida para otros sectores, sobre todo los que se cobijan bajo el manto de las autonomías administrativas. Podríamos mencionar otras prioridades: la de crear confianza en el sistema legal, la de no utilizar el poder judicial para resolver rivalidades o pugnas internas que deben resolverse en las calles y en las convenciones políticas. Hay quienes proclaman la dignificación del poder judicial, pero tienen bajo la manga algún recurso incompatible con esa dignidad. Al hablar de esta manera no abogamos por la impunidad, que quede suficientemente claro.