La política en Venezuela se entendió, luego de la restauración de la democracia en 1959, como un juego pactado de antemano, en donde el gobierno, los partidos políticos mayoritarios y los grupos de presión reconocidos (empresarios, movimientos sindicales, burocracia) lograron negociar sus posiciones en un marco propicio para la búsqueda del consenso y la reconcilación. Así se fue construyendo una red de intereses entre un Estado poderoso y unas organizaciones sociales de carácter vertical y de tendencia monopólica en cada uno de los sectores que representaban. Desde el punto de vista económico, la democracia venezolana descansó en un pedestal firme, originado en la capacidad del sector público para distribuir la renta petrolera, aunque no en forma equitativa. Es decir, para quienes obtenían más, no era necesario que los de "abajo" se desprendieran de lo que les correspondía, no había un juego suma-cero, y se concentraba una tendencia hacia una mejoría socio-económica de toda la población, con base a un crecimiento económico sostenido.

La democracia y el petróleo estuvieron unidos en Venezuela desde 1959 hasta aproximadamente 1983. Durante ese año se devaluó el bolívar, en medio de una baja violenta de los precios del barril de petróleo y el comienzo de una crisis fiscal que por varios años (desde 1976) fue disfrazada por la adquisición de una deuda externa en forma desordenada.

De esta forma, la relación entre el Estado y la sociedad venezolana fue perdiendo la estabilidad y la seguridad que había tenido por largos años, gracias a la legitimidad del orden político establecido y la garantía otorgada por los recursos financieros provenientes de la renta petrolera, A la par del proceso de deterioro de la economía, el manejo de la política en el Estado, en los partidos políticos y dentro de los grupos de presión se fue transformando. Un control vertical y una presencia de carácter homogéneo organizacional, dio paso a una heterogeneidad en la representación y en las posiciones políticas a seguir.

En este marco transitaron las administraciones de los presidentes Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, tratándose, en la medida de lo posible, de conciliar intereses encontrados y de detener una crisis económica que amenazaba con la inflación, la quiebra empresarial, el desempleo y el deterioro de la función pública. Al mismo tiempo, el fenómeno de la corrupción contribuía también a la formación de una matriz de opinión pesimista y crítica frente al sistema político venezolano..

Carlos Andrés Pérez llegó a la Presidencia de la República por segunda vez en 1989. Desde el comienzo se percibió que su gestión no estaría basada en la idea de paliar el pasivo heredado, sino en la idea de cambiar un estado de cosas confusas. La aplicación del paquete económico, la profundización de la Reforma del Estado, y el renovado impulso a la descentralización movieron oportunamente el piso político-económico en donde descansaba el sistema. Desafortunadamente, el impacto fue demasiado fuerte para un país que no quiso entender la gravedad de la crisis, y así, los empresarios, los partidos políticos mayoritarios, la burocracia pública y los grupos de presión reaccionaron de manera equivocada, en medio de una población que no comprendía como las medidas económicas no traían una mejoría en la calidad de la vida.

El " Caracazo" de 1989, los golpes militares de febrero de 1992 y noviembre de ese mismo año, la salida del Presidente Peréz de la jefatura del Estado en mayo de 1993, y el gobierno interino de Ramón J. Velásquez son, en su conjunto, los hitos históricos de un corto período en el cual la democracia venezolana estuvo a punto de desaparecer.

Rafael Caldera comprendió a mediados de 1990 que el país buscaba una salida diferente al status-quo representado por Acción Democrática y COPEI y al status-quo económico representado por un Estado ineficaz e ineficiente, y un sector bancario privado que perdía el rumbo de sus funciones. Al mismo tiempo, Caldera encontraba en sus giras y contactos cara a cara, a una nación que reclamaba un nuevo modo de hacer política basada en la autoridad, la decencia y la legitimidad, valores que aparentemente se habían perdido. Su impresionante discurso del 4 de febrero de 1992, elaborado minutos después de enterarse de la rendición del Comandante Chavéz, marcó definitivamente el alejamiento de su opción presidencial de su propio partido COPEI, y profundizó a una candidatura que ya se reflejaba con peso en las encuestas, aún antes de 1992. Pero, el ex-Presidente no empezó de cero a partir del discurso pronunciado en el Congreso. Lo que hizo fue proyectar de manera profunda su personalidad por encima de los arreglos partidistas y la cultura política imperante, a la vez que se convertía en la "contrafigura" de Carlos Andrés Pérez.

La frágil coalición de partidos de izquierda, sus seguidores incondicionales, militantes de COPEI, y en menor medida de AD, y el grueso de independientes que le dio el triunfo electoral en diciembre de 1993, no hicieron sino refrendar una tendencia mundial supra-partidista que aquí en Venezuela se expresó en Caldera, un hombre que no era un "outsider" como Fujimori, un revolucionario como Lula y mucho menos un personaje anti-sistema como Chávez. Era simplemente un líder carismático.

Este conjunto de elementos se convirtió en consecuencia en el alfa y el omega de su victoria: una coalición heterogénea en torno a una figura controversial, en medio de un vació político y una segunda fase de la crisis económica, la financiera privada.

En este contexto se inició la segunda administración de Rafael Caldera como Presidente Constitucional de Venezuela en febrero de 1994. La composición de su gabinete y las primeras medidas acordadas junto con su débil fuerza parlamentaria señalaban desde ya, que su estrategia sería la misma de la campaña electoral, concentrar sus ataques en la denuncia del gobierno de Pérez, marcando distancia con el Parlamento y en particular con COPEI; y en su persona, la última palabra en materia de toma de decisiones. La conformación del gabinete reflejó tres grupos: incondicionales, personalidades y aliados socialcristianos. Desde entonces el gobierno se convirtió en una experiencia sui-géneris en la historia política del país: un Presidente rodeado de sus propicios activos y pasivos producto de una larga lucha, evitando ser el último líder del sistema político actual, y a su vez incómodo antes el status-quo, y con una alianza electoral efímera.

La gestión del Ejecutivo en estos dos años y seis meses de ejercicio del poder se ha concentrado en tres grandes líneas maestras de acción. En primer lugar rescatar (desde la perspectiva oficial) la capacidad del gobierno central para llevar adelante la labor gubernamental. Esto ha dado lugar a una posición francamente contra-revolucionaria en cuanto a la descentralización política. En segundo lugar, una política militar orientada hacia la restitución del mando jerárquico y el liderazgo presidencial. Y en tercer lugar, una política económica de zig-zag, mixta, en donde prevalece la idea de controlar la actividad económica lo cual permite a su vez golpear sectores privados no afines a la génesis gubernamental.

El freno parcial a la políticas de Pérez, es decir a la descentralización y a la libertad económica ha llevado a su vez a un reforzamiento de carácter autoritario de la Presidencia de la República y a una política de enfrentamiento moderado con el Congreso. De hecho, las últimas encuestas realizadas señalan un apoyo popular al gobierno, pero ya con rasgos declinantes. De ahí que en las últimos meses se haya planteado un armisticio entre el Gobierno, AD y COPEI. Estos factores entendieron que a la larga, un pugilato de esa naturaleza favorece a un proceso antidemocrático dificíl de pronosticar en cuanto a sus resultados y en donde el poder personal puede sustituir al poder las instituciones.

No cabe la menor duda que la entrada al gabinete este año de Teodoro Petkoff y la salida de los graciosos personajes de Carmelitas y Miraflores que tanto daño hicieron al país, permitió que le entrara un fresquito a la vida política local. Por otra parte, la puesta en práctica, de manera parcial, de la Agenda Venezuela, el descontrol cambiario y de precios, la reactivación de la industria petrolera y el aumento de los precios del barríl de petróleo fortalecen lo que varios analistas han conceptualizado como una segunda parte del gobierno Caldera, la cual se puede ubicar desde el segundo semestre de 1995, cuando se empezó a conversar con el Fondo Monetario.

Pero, por otra parte, estos aciertos se empañan con el escándalo suscitado sobre la legalidad o no de los auxilios financieros otorgados a la banca privada en 1994, el proceso sospechoso de la privatización de los bancos en manos del Estado, la corrupción administrativa y el desorden policial.

Todo esto hace pensar que el Gobierrno está llegando a un peligroso estadio de deslegitimidad, que ya no mete miedo, que no las tiene más consigo, y que si hace algo es administrar la pesada carga del Estado hasta cuando lleguen las elecciones de 1998. Esto no quiere decir que Caldera no está mandando. Lo está, pero ya sin la posibilidad de dar un giro que le devuelva la felicidad al venezolano. Ciertamente, el cambio no va.

Así se encuentra la situación política venezolana. Un Presidente Constitucional que sabe que no puede pasar el "paralelo 38" en su política de enfrentamiento, porque borraría con esa acción a la democracia y a su propiedad historia personal. Unos partidos políticos mayoritarios, AD y COPEI, sin poder ser protagonistas del quehacer popular, una parálisis de la coalición gubernamental, un Chavéz amenazante de hacer realidad su delirio constituyente y una Irene Sáez capaz de adormecernos en la fantasía de tu país está felíz. En este marco se abren cuatro escenarios que ordenamos con base a la probabilidad de que sucedan:

1. que no pase nada y sigamos por el resto del año en la tónica actual, dentro del agravamiento de la crisis económica;
2. que el gobierno y la oposición bajen el tono de sus enfrentamientos y se formulen nuevas reglas de juego;
3. que haya un golpe militar o un auto-golpe gubernamental;
4. que el gobierno fracase en su políticas y se abra el campo revolucionario en Venezuela.

En cuanto al primer escenario se proyectaría un gobierno limitando la acción de los gobernadores y el Poder Legislativo. Un Congreso desplazado de su función y arrinconado por la Presidencia; y un alto nivel de popularidad de Caldera en el marco de una inflación controlada.

En relación al segundo escenario, la política económica gubernamental no da resultados, se desata la inflación, y el Gobierno se ve en la necesidad de reacomodar su base de sustentación. En consecuencia se pide la ayuda parlamentaria y Caldera se dedica a reorganizar su gabinete con personas más representativas y menos hostiles de AD y COPEI.

En cuanto al tercer escenario, el Gobierno se cierra a cualquier posibilidad de acuerdo con el Congreso, se entra en una hiperinflación y se genera un vacío de poder, dando campo a la tentación autoritaria dentro o fuera del Ejecutivo, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Un cuarto escenario descansa en la posibilidad de una separación tajante de la población del Presidente Caldera, único factor en el cual descansa actualmente la legitimidad del sistema, lo que originaría una violencia social capaz de iniciar una revolución o en toda caso un eje revolucionario liderizado por el Movimiento Bolivariano u otro factor político.