Se dijo ante todos que se enjuiciaba a un Presidente por actos de corrupción, pero en definitiva se le condena por haber ayudado, con una misión policial, a Nicaragua, detalle de cooperación interamericana que. sirvió de pedestal a hombres públicos de incuestionable honestidad como Arstides Calvani.

El caso que ahora definitivamente se cierra con la ejecución cabal de una injusta sentencia no tiene precedentes; no los tiene porque nunca la torcedura del Derecho llegó al extremo de su más "estricto cumplimento", según el, "Summum ius, summa iniuria", justificando tal desafuero con el más absurdo alegato de un Estado totalitario, desconocedor del Derecho y consagrador de la arbitrariedad sin límites.

La razón de Estado. La ley, ante esta experiencia, queda en el subsuelo. Se desconoció el derecho a la defensa en el antejuicio, se destituyó a un Presidente por sospechas y sin formal juicio político ante el Senado; jamás se resolvió sobre la nulidad del acto que declaró la vacante absoluta; el Fiscal, acusador y enemigo implacable del acusado, se tuvo como parte de buena fe; los testigos a favor del reo fueron desechados; los alegatos de la defensa ni siquiera fueron reseñados; se hizo responsable por administrar fondos que no los administró; se anunció previamente la decisión de los méritos, el auto de detención y la sentencia condenatoria y nadie… nadie… protestó, salvo los acusados y la defensa.

El caso de los 250 millones de bolívares de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, cantidad equivalente hoy al costo de tres apartamentos de la clase media, quedar para la reseña de los casos insólitos en el Derecho.