En torno al Banco de Venezuela, los desatinos e imprevisiones del entorno que asfixió al proceso privatizador no pudieron ser más perniciosamente desalentadores. Una crisis financiera, agravada por los abusos de las impericias en la conducción más infame, no es extraño que ahora desemboque en el más estruendoso fracaso. Salvo la gestión prudente, diáfana y muy profesional de Esther de Margulis en la presidencia de Fogade, quien después de muchos esfuerzos no pudo superar algunos escollos, faltó en las altas esferas del Estado la actuación de quien pudiese haber transmitido al mercado de inversionistas externos seguridad, coherencia y consistencia en las peculiares circunstancias de este proceso.

Contaminó de manera particularmente grave el clima privatizador la presencia activa en el manejo de un asunto tan relevantemente sensible de algunos funcionarios del alto gobierno que desde el inicio de sus funciones sólo difundieron en el ambiente de los negocios inhibiciones, recelos y sospechas. En esta afirmación tengo el aval de una rica experiencia personal. Después de intensas gestiones para incentivar el interés de importantes inversionistas norteamericanos en la adquisición de uno de los bancos nacionalizados, todos coincidieron en la confesión del temor y la suspicacia que a ellos suscitaba la descarada afirmación de un personaje, encargado nada menos que de resguardar la juridicidad en las actuaciones del Gobierno, de que 'en Venezuela la propiedad no es un derecho fundamental'. Y para confirmarlo de manera inconfundible, sin parar mientes en sus implicaciones y con el ánimo presunto de castigar a unos deudores, con costas siempre pagadas por el Estado y sobre bienes no pocas veces en poder del Estado mismo, impuso el alevoso expediente de la ocupación, una arbitraria y caprichosa providencia, inédita en las instancias procesales de la nación.

Tampoco se resguardó el proceso de las debidas previsiones en cuanto a la selección conveniente de los potenciales compradores. Es muy elocuente el caso del Banco de Bogotá. Tengo señalada simpatía por la urgencia con que debe promoverse el acercamiento más fecundo con la más cercana de nuestras hermanas repúblicas. Sólo esa vinculación promovida sin obstáculos ni reservas puede allanar divergencias y superar históricas confrontaciones. Una economía vecina y con unas dimensiones superiores a la nuestra tiene para la actividad nacional desvinculada del petróleo una primerísima relevancia. Los miles de millones de dólares que miden un comercio regional con dimensiones cada vez más considerables no podemos someterlos a indeseables interferencias.

Para el provecho recíproco, más importante que una participación patrimonial en un banco resulta el comercio muy cuantioso y las inversiones productivas que en otras muy diversas áreas cada uno de los países puede emprender en relación con el otro. La defensa de esos intereses es algo mucho más vital para el beneficio del desarrollo de nuestras dos naciones.

Las inversiones en una actividad tan sensible como la bancaria no deben jamás exponerse al riesgo de innecesarias vicisitudes. Quienes invierten en la formación patrimonial de un banco no pueden ni deben asumir compromisos y riesgos que trasciendan a las implícitas en la naturaleza misma del negocio. Las divergencias lamentables que en el curso de la historia nos han interferido el caso del Caldas ilustra el antecedente más recordable en el tiempo reciente no es prudente ponerlas a prueba en las muy peculiares circunstancias de un negocio donde ellas pueden llegar a ser inmanejables. Por ello consideramos que hubiese sido mucho más inteligente, previsiva y acertada la cortesía de un ministro que con franqueza transmita estos sentimientos tan asimilables, que aquella otra temeraria y fingida, pródiga y ciega, que sin ninguna precaución y en alarde desbocado de una apasionada militancia integracionista diga, como parece haberse insinuado en altas instancias gubernamentales, que en esta inversión tan singular no podía ni puede existir ninguna clase de diferenciaciones.

La privatización como experiencia de Estado tiene antecedentes demasiado recientes. La palabra misma fue incorporada al diccionario inglés en 1983. En la lengua española, todavía los puristas del lenguaje la censuran. Fue usada por primera vez en la literatura contemporánea por el profesor Peter Drucker en las páginas de un libro innovador, como todos los suyos, intitulado La era de la discontinuidad. Las fuerzas del pragmatismo indagador de costos más productivos en el afán de gobernar con la eficiencia más exigente. Las mutaciones tan radicales ocurridas en el orden ideológico, dirigidas a achicar el Gobierno y disminuir el peso de la deuda pública y los compromisos del Estado, de modo de resguardar con mayor seguridad la vigencia de la democracia misma. La revisión de la idea de los mercados y la ampliación de las alternativas para las escogencias públicas en la provisión de servicios cada vez más complejos e inevitablemente asociados a los cambios tecnológicos más espectaculares. Todas estas y otras muchas razones obligan al Gobierno a dar pasos más firmes en el reto de un proceso privatizador que ciertamente busque y afirme la presencia de una sociedad civil más activa y eficaz. Pero para ello necesitamos guías más experimentados y sagaces. Las grandes transformaciones no suelen obrar por sí mismas. Para dominar la ignorancia, la indiferencia, la indocilidad y hasta las coaliciones infames del egoísmo privado, se requiere alguien con la mayor destreza para interferirlas exitosamente. La brida, sin un adiestrado jinete que la empuñe, no puede dirigir el corcel.