En efecto, parejo con la vía formal y ritualizada del Poder Judicial y sus instrumentos procesales y sustantivos, han existido en toda la historia de la humanidad diferentes caminos para resolver controversias. De hecho, la competitividad de los EUA ha sido recuperada, por la incorporación y desarrollo de formas alternativas a la litigiosidad, adicionalmente a la mejora y permanente evolución de su sistema judicial. En otras palabras, un país será más o menos competitivo, en la medida que ciudadanos, grupos, corporaciones y otros elementos interactuantes encuentren vías efectivas de arreglo de sus disputas, bien sea mediante juicios o a través de fórmulas no convencionales.

El problema en Venezuela es que los caminos informales tradicionalmente usados que acompañan a los mecanismos formales, han llegado a su máximo nivel de impopularidad, que no de ineficacia, como son la corrupción y toda sus variedades, el amiguísimo, el compañerismo, el tráfico de influencias, el partidismo, el nepotismo y pare de contar. Por ese plantean formas más civilizadas de composición de problemas. Es una exigencia de la cordura y de la globalización. No hay opción. Si queremos ingresar en el llamado Primer Mundo, tenemos que hablar su idioma y superar el parroquialismo de la seccional del partido o el compadrazgo.

Pero, aun el mejor de los casos, el incremento de formas alternativas de resolución de conflictos no puede sustituir a los mecanismos ritualizados de canalizar las controversias. Por ello, no sólo debe estimularse aquellos sistemas de mediación y arbitraje , como es la llamada Justicia de Paz, sino también la reforma de los procesos (penal y civil) y otras leyes sustantivas de gran importancia, como son los Códigos fundamentales. A saber: Civil, Penal y de Comercio. El esfuerzo que se haga en ese sentido, puede ser más importante que una reforma constitucional: estaría signado por un nuevo marco normativo, acorde con los valores fundamentales de la Constitución de 1961, con el cual aun estamos en mora.

Uno de esos aspectos, que considero de primordial trascendencia, es la posibilidad inmediata de cambiar el proceso penal, para ir desde un sistema mixto fundamentalmente inquisitivo, hacia el enfoque acusatorio, garantista , público, oral y transparente. Ya es hora que ingresemos a lo contemporáneo y superemos la rémora colonial de un sistema penal que no admite la presunción de inocencia y mantiene el secreto sumarial como el summun del proceso.

En este sentido, la élite dirigente (políticos, intelectuales, profesionales, empresarios, gerentes y otros) se encuentran ante un dilema: o participa en la reforma de las instituciones fundamentales del estado para que sirvan a la sociedad o será arrollada por iniciativas tan emocionales como las de emergencia judicial o la Alta Comisión de Justicia, que quieren decir un Golpe de Estado contra el Poder Judicial y que podría ocasionar un cambio de jueces de unos partidos por jueces de otros grupos de presión y partidos políticos que han venido surgiendo en un juego de "quítate tu p'a poneme yo" .

Lo que no nos hemos atrevido a afrontar es el principio de independencia de los jueces, de forma tal que no fueren penetrados por poderes externos, especialmente de partido. Ni que hablar del problema del salario (un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia gana menos de US$ 1000.00),lo que lo coloca a los jueces en franca vulnerabilidad.

Entonces, ¿qué jueces queremos? : tendremos los que merecemos. Eso depende de lo que ofrezcamos y exijamos.

Finalmente , parejo con el incremento y fomento de nuevas formas no jurídicas de resolución de conflictos, es imprescindible fortalecer las vías formales , como una manera de re-vitalizar, re-legitimar y re-nacer como país.