El surgimiento de nuevos problemas está generando conflictos que actualmente rebasan los recursos y las posibilidades de solución por parte de muchos estados nacionales. Las contradicciones se agudizan y los antagonismos sociales se imponen como problemas complejos que obstaculizan el proceso de desarrollo y cambio social. La presencia de la droga comienza a obstaculizar de una manera dramática la posibilidad de lograr un cambio social cualitativo que beneficie a toda la población. La producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas, en su conjunto, se orientan hacia la creación de una economía paralela. En este sentido, la droga refleja una crisis social de valores, es una fuente de riqueza ilícita, es un agente destructivo de la familia como sistema e institución, es factor de desestabilización institucional. Es particularmente peligrosa por constituir un problema objeto de guerra, destrucción y corrupción que amenaza con debilitar la cultura como un todo integral, la soberanía nacional como el eje fundamental que determina la vida del sistema democrático y su proyección en la conformación de una sociedad capaz de promover, defender y preservar el derecho a la vida, la libertad, la igualdad de oportunidades y la solidaridad humana como pueblo y como nación.

El discurso sociológico permite examinar la complejidad y los alcances del fenómeno político, económico y social que ha penetrado en la vida nacional de los pueblos de América Latina. Hoy podemos calificar aciertos países por su condición de, unos comprometidos en producción, tráfico y consumo; otros en tráfico y consumo. Venezuela es fundamental y circunstancialmente un país de tráfico y consumo.

El Estado y la sociedad civil venezolana se rigen por un estado de derecho democrático, el cual está llamado a perfeccionarse en el ejercicio y desarrollo de sus funciones y sus principios éticos, jurídicos, políticos, económicos, culturales y sociales. Los fundamentos de la Carta Magna de la República determinan expresamente el derecho a la vida en condiciones que garanticen para siempre la libertad, la justicia, la equidad y las paz a la cual tiene derecho y debe tener opción todo el pueblo de Venezuela.

El estadista chileno Diego Portales, en un grito de fe y desesperanza exclamó: ìLa lucha de la América Latina es la lucha contra el peso de la nocheî. ¿Cómo puede definirse ese peso de la noche? ¿Cómo y donde se percibe? ¿A quien abruma el peso de esa noche milenaria que arropa a la geografía latinoamericana desde más allá de la Patagonia hasta más allá del Río Grande? Cerca de cuatrocientos millones de seres subsisten en el recinto latinoamericano bautizado por Juan Pablo II con el nombre del ìcontinente de la esperanzaî. La mayoría de estos seres, sin embargo, deambula entre las sombras de la ignorancia, el hambre, la enfermedad, la pobreza crítica, la guerra entre pueblos hermanos, reflejando así la decadencia de un sistema social precario, sórdido e injusto. El estilo de vida que nos caracteriza es irreconciliable con los postulados pautados en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos del Niño, en cuyo contexto encontramos un principio que reza así: ìla humanidad debe al niño lo mejor que pueda darleî.

Dentro del panorama de la región latinoamericana surge la realidad social de Venezuela como un reto inexorable, como un hecho y proceso que exige, para su transformación social integral, un plan de acción diaria y permanente de los Poderes Públicos y de la sociedad civil. Nos encontramos en la difícil encrucijada que condiciona nuestro espacio de país del Sur, confrontando nuevos problemas que hoy emergen con una fuerza impía y diabólica tal como la producción, comercialización y el consumo de drogas ilícitas. Estos factores y medios de destrucción pueden desestabilizar el sistema democrático, entorpeciendo y frenando las posibilidades de asegurar una mejor calidad de vida y un desarrollo social integral, cónsono con los principios fundamentales de la Constitución nacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La presencia de la droga como mercancía, como una economía de guerra, constituye la violación y negación de todos los deberes y derechos de los venezolanos como pueblo y nación civilizada, que tiene el derecho a vivir con dignidad, libertad, justicia y paz.

La problemática social, económica y política generada por el tráfico y consumo de drogas ilícitas, debemos enfrentarla con un Estado, un gobierno y una sociedad civil decididos y comprometidos en una acción solidaria de pueblo y gobierno. Esta realidad nos sobrecoge. Las leyes de la República deben perfeccionarse y adecuarse a la dinámica de nuestra realidad social. Tales leyes deben garantizar y perpetuar la existencia de un Estado de derecho democrático. A partir de esta perspectiva se pueden formular políticas de acción social que contribuyan a la búsqueda de opciones posibles en la solución de los problemas que hoy representan la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas.

Proponemos al pueblo de Venezuela una política nacional en materia de drogas como el reto más grave y complejo que debe asumir el gobierno nacional, obligado como está a impulsar y respaldar una gestión audaz y determinante en la lucha contra la invasión de la droga.

Creo que sería una buena forma de comenzar con un enunciado como el anterior que por lo demás, estamos autorizados a reproducir, citando la fuente.