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Revista Electrónica Bilingüe       Nº 8     Octubre 1996
Sociedad
Comercio Internacional de Venezuela
Aspectos Legales

Contenido

ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO

  1. Decisión del Organo de Apelación sobre las exportaciones venezolanas de gasolina a Estados Unidos.
  2. La Ley Helms-Burton y la libertad de comercio.
  3. Oferta de Venezuela en telecomunicaciones.
INTEGRACION:

  1. Acuerdos entre Venezuela y Brasil.
  2. Recientes Decisiones del Grupo Andino.
  3. Aprobación del Protocolo Interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980.
NACIONALES:
  1. Aprobación de la Ley del Banco de Comercio Exterior.
  2. Aprobación del Convenio que crea el Consejo de Cooperación Aduanera.
  3. Implantación de mecanismo de bandas cambiarias.
  4. Creación de la Unidad de Estudios Cambiarios. Sus atribuciones
  5. Liberación de precios en el mercado interno venezolano.
  6. Normas sobre exportación de café y cacao.
  7. Normas sobre origen de importaciones afectadas por medidas antidumping y sobre subsidios y apertura de investigación antidumping sobre importaciones de candados y otras cerraduras y cerrojos originarios de China.
OTROS ASUNTOS DE INTERES:
  1. Protección de la Propiedad Industrial en Venezuela.
  2. Conferencias en Bolivia y México.
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO

01. DECISION DEL ORGANO DE APELACION SOBRE LAS EXPORTACIONES VENEZOLANAS DE GASOLINA A LOS ESTADOS UNIDOS

El 29 de abril de 1996 se dió a conocer el Informe del Organo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sobre la apelación interpuesta por los Estados Unidos en contra de la decisión del panel que conoció del reclamo interpuesto por Venezuela y Brasil contra la aplicación de las normas sobre gasolinas basadas en las disposiciones de la Ley de Aire Limpio ("Clean Air Act") de los Estados Unidos, y más concretamente, contra la reglamentación dictada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente ("Environment Protection Agency - EPA"), de ese país, para controlar la contaminación por sustancias tóxicas y de otro tipo provocada por la combustión de la gasolina producida en Estados Unidos o importada a ese país. Esas normas permiten a los refinadores y mezcladores estadounidenses aplicar "líneas de base", esto es, parámetros para la comparación que permite determinar si la gasolina cumple con las previsiones de esa reglamentación, sobre una base individual, mientras que los refinadores extranjeros están sometidos a líneas de base estatutarias.

Este Informe fue suscrito por los Sres. Florentino P. Feliciano, Christopher Beeby y Mitsuo Matsushita, miembros del Organo de Apelación con que cuenta el mecanismo de solución de controversias de la OMC para la revisión de las decisiones de los paneles, dentro de la orientación general de hacer a ese mecanismo más "jurídico" y menos "político".

Estados Unidos alegó que el panel había incurrido en un error de derecho al mantener que las normas contenidas en esa reglamentación de la EPA para la determinación de las líneas de base. no estaban amparadas por la excepción contenida en el apartado g) del artículo XX del GATT de 1994, así como al interpretar en su conjunto a este artículo. En concreto, Estados Unidos consideró errónea la constatación del panel de que las normas para el establecimiento de esas líneas de base no eran una "medida" "relativa a" la conservación del aire puro, en el sentido que da a esa expresión el apartado g) del artículo XX. Consideró asimismo que esas normas estaban cubiertas por la excepción contenida en el mencionado párrafo del artículo XX.

Para la mejor comprensión del punto debatido, transcribimos a continuación la norma en discusión:

"Artículo XX

Excepciones generales

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas:

(...)

g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales:

(...)"

El Organo de Apelación consideró que, si bien la reglamentación de la EPA era una "medida" "relativa a la conservación de los recursos naturales agotables", y que se aplicaba "conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales", no estaba cubierta por la excepción contenida en el artículo XX, sino que, por el contrario, eran en su aplicación una "discriminación injustificable" y una "restricción encubierta al comercio internacional". Argumentó ese Organo que había detectado "...dos omisiones por parte de los Estados Unidos: explorar adecuadamente los medios, incluida en particular la cooperación con los Gobiernos de Venezuela y el Brasil, de paliar los problemas administrativos aducidos por los Estados Unidos como justificación para rechazar las líneas de base individuales para los refinadores extranjeros; y tener en cuenta los costos a que daría lugar para los refinadores extranjeros la imposición de líneas de base estatutarias...".

Por tanto, aún concediendo la razón a Estados Unidos en cuanto a la interpretación de la letra g) del artículo XX, el Organo de Apelación consideró que la aplicación de líneas de base estatutarias a los refinadores venezolanos y brasileños, mientras que a los refinadores y mezcladores estadounidenses de productos similares se les permitía emplear líneas de base individuales, era contraria al GATT y recomendó que se pidiese a Estados Unidos que pusiese las normas para el establecimiento de líneas de base, en conformidad con sus obligaciones conforme al Acuerdo General.

Estados Unidos comunicó oportunamente a la OMC su intención de ajustar sus normas en esta materia, según lo decidido por el mecanismo de solución de controversias de esa Organización.

Finalmente, creemos oportuno transcribir el criterio del Organo de Apelación sobre lo que no significa su fallo: "...No significa, ni implica, que se ponga en entredicho la capacidad de ningún Miembro de la OMC para adoptar medidas de control de la contaminación del aire o, más en general, para proteger el medio ambiente. Esto equivaldría a ignorar que el artículo XX del Acuerdo General contiene disposiciones destinadas a permitir que encuentren expresión importantes intereses del Estado - entre otros, la protección de la salud de las personas y la conservación de los recursos naturales agotables. Las disposiciones del artículo XX no se modificaron a consecuencia de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay. De hecho, en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC y la Decisión sobre Comercio y Medio Ambiente, se reconoce explícitamente la importancia de coordinar las políticas sobre comercio y medio ambiente. Los Miembros de la OMC tienen amplia autonomía para establecer sus propias políticas medioambientales (incluida la relación entre medio ambiente y comercio), sus objetivos medioambientales y la legislación medioambiental que promulgan y aplican. En lo que a la OMC se refiere, esa autonomía está limitada únicamente por la necesidad de respetar las prescripciones del Acuerdo General y de los demás acuerdos abarcados".

2. LA LEY HELMS-BURTON Y LA LIBERTAD DE COMERCIO

La promulgación por el Presidente de Estados Unidos de la "Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996" (Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana de 1996) el pasado 12 de marzo, ha dado lugar a una fuerte polémica acerca de la situación de esa ley a la luz del Derecho Internacional, así como en cuanto a su impacto sobre las inversiones efectuadas o por efectuarse en Cuba y los derechos de los respectivos inversionistas.

En síntesis la Ley en cuestión, cuyo objetivo declarado es el fortalecimiento de las "sanciones internacionales" contra el gobierno de Fidel Castro, así como la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos y de sus nacionales ante las confiscaciones y el tráfico de propiedades confiscadas por el gobierno de Castro, establece, en cuanto se relaciona con asuntos comerciales o de inversión:

  1. Para el fortalecimiento del embargo contra Cuba, el Congreso de Estados Unidos considera que el Presidente de ese país debe proponer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un embargo internacional obligatorio, conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas;

  2. Para hacer que otros países restrinjan sus relaciones comerciales y de crédito con Cuba, el Congreso urge al Presidente de USA a fin de que éste aplique las sanciones previstas en la "Cuban Democracy Act of 1992" (Ley para la Democracia Cubana de 1992). Esas sanciones consisten en la no eligibilidad de ningún país que provea asistencia a Cuba, para recibir ayuda de Estados Unidos conforme a la "Foreign Assistance Act of 1961", ni ayuda o ventas bajo la "Arms Export Control Act". La asistencia a Cuba según esa Ley consiste en la asistencia a o en beneficio del Gobierno de Cuba, provista mediante donaciones, ventas en condiciones concesionales, garantías, seguros o cualquier otro medio, en términos más favorables que los generalmente disponibles en el mercado aplicable, sea en la forma de préstamo, arrendamiento o cualquier otra forma, incluyendo los subsidios a las exportaciones a Cuba y el trato arancelario más favorable para los artículos que sean cultivados, producidos o manufacturados en Cuba;

  3. El embargo económico es ampliado, al extenderlo a las operaciones de conversión de deuda en inversión en Cuba;

  4. Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos hacer inversiones, incluyendo las donaciones y la concesión de créditos, en el sistema de telecomunicaciones en Cuba;

  5. Se prohíbe asimismo a los nacionales estadounidenses, a los residentes permanentes en ese país y a las agencias del mismo, que otorguen financiamiento a cualquier transacción que involucre alguna propiedad confiscada, si quien reclama esa propiedad es un nacional de Estados Unidos;

  6. El Congreso nota que la legislación estadounidense ya prohíbe la entrada a ese país, y las transacciones fuera de Estados Unidos, en mercancías que sean de origen cubano o estén o hayan sido localizadas en, o transportadas desde o a través de Cuba, o que sean hechas o derivadas, total o parcialmente, de cualquier bien que sea cultivado, producido o manufacturado en Cuba.;

  7. El Congreso nota asimismo que la legislación estadounidense prohíbe al Presidente la asignación de cualquier cuota de importación de azúcar a un país que sea un importador neto de este producto, a menos que se verifique que dicho país no importó azúcar de Cuba para su reexportación a Estados Unidos. En relación a ese producto, se establece que la protección de los intereses de seguridad esenciales de Estados Unidos exige la seguridad de que los productos de azúcar que entran a Estados Unidos, o que son despachados para su consumo en ese país, no son productos de Cuba;

  8. La Ley establece la posibilidad de que se demande ante los tribunales estadounidenses a quienes trafiquen con bienes confiscados a ciudadanos de ese país. La demanda puede alcanzar al triple del monto de la reclamación por el bien confiscado, más los intereses, (o si es mayor, al valor actual de mercado de esa propiedad, o a su valor cuando fue confiscada, más los intereses), las costas y los honorarios de los abogados.

  9. La Ley define al "tráfico" en bienes confiscados en términos muy amplios, que incluyen cualquier acto de disposición sobre dichos bienes, cualquier adquisición u obtención de control sobre los mismos, cualquier mejora - que no sea un mantenimiento de rutina - o inversión, gerencia, arrendamiento, posesión, uso o interés en un bien confiscado. Se considera asimismo como tráfico la participación en transacciones comerciales que usan o se benefician de una propiedad confiscada;

  10. Finalmente, la Ley prohíbe el otorgamiento de visas a quienes trafiquen con bienes confiscados, o sean directivos o accionistas con capacidad de control en empresas envueltas en el tráfico de dichos bienes. Esta prohibición se extiende a los cónyugues, hijos menores de edad y agentes.

La Ley Helms-Burton ha sido criticada por ser contraria a los principios de territorialidad de las leyes nacionales, esto es, por pretender aplicarse a personas no sujetas a las leyes de los Estados Unidos, por hechos sucedidos igualmente fuera del territorio de ese país. Baste señalar en este sentido que los efectos de medidas de este tipo por parte de países económica, política y militarmente poderosos pueden ser sumamente perjudiciales para otros países, que podrían ver limitadas sus posibilidades de actuación soberana en el campo internacional o perjudicados sus intereses comerciales.

Por otra parte, conforme a las reglas de la OMC, las disposiciones de esta ley parecieran violatorias del espíritu de libre comercio y de favorecimiento a las inversiones que inspira la normativa de esa Organización.

Por lo que hace específicamente al comercio de bienes, consideramos que las medidas contenidas en los puntos 6 y 7 anteriores son contrarias a lo establecido por el artículo XI del GATT de 1994, conforme al cual "Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá - aparte de los derechos de aduana, impuestos u otros cargos - prohibiciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante, ya sean aplicados mediante contingentes, licencias de importación o de exportación o por medio de otras medidas". Sin embargo, Estados Unidos ha hecho conocer su alegato en el sentido de que esas medidas están amparadas por la excepción por razones de seguridad contenida en el artículo XXI de ese Acuerdo, según el cual no deberá interpretarse ninguna disposición del GATT en el sentido de que impida a una parte contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, aplicadas en caso de grave tensión internacional.

En la historia del GATT, los alegatos de excepción bajo el artículo XXI han llevado reiteradamente a situaciones en las cuales no ha sido posible adoptar decisiones definitivas por parte de los órganos del GATT. Así ocurrió, por ejemplo, en los casos de suspensión indefinida de las importaciones de productos argentinos por parte de las Comunidades Europeas, Canadá y Australia en 1982, a propósito de la guerra por las Islas Malvinas; en la prohibición estadounidense a las importaciones nicaragüenses y a las exportaciones a ese país, en 1985 y en las medidas tomadas por las Comunidades Europeas contra Yugoslavia en 1991. Es de señalar que el embargo estadounidense contra Cuba fué únicamente notificado por Cuba como una medida no arancelaria, mientras que Estados Unidos alegó su justificación bajo el artículo XXI.

En esta situación, podría ser del mayor interés de la comunidad internacional un pronunciamiento sobre las condiciones de aplicabilidad del artículo XXI del GATT por parte del Organo de Solución de Diferencias de la OMC, única manera a la disposición de esa comunidad para determinar la correspondencia entre el GATT de 1994 y las disposiciones de la Ley Helms-Burton.

3. OFERTA DE VENEZUELA EN TELECOMUNICACIONES

En el curso de las negociaciones sobre liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones, en la Organización Mundial del Comercio, Venezuela hizo la siguiente oferta definitiva, la cual será la base de las subsiguientes negociaciones de nuestro país en esa área:

  1. Para todos los subsectores de servicios de telecomunicaciones y para todos los modos de suministro de dichos servicios indicadas en el artículo I:2 del GATS, esto es, del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios que forma parte del Acuerdo de la OMC, Venezuela declaró que para la instalación y explotación de cualquier servicio de telecomunicaciones se requiere del otorgamiento de una concesión por el Estado. Estas concesiones no serán otorgadas a personas naturales o jurídicas no domiciliadas en Venezuela, ni a gobiernos extranjeros. Los modos de suministro de estos servicios que aquí se mencionan son los de suministro transfronterizo (suministro del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro); consumo en el extranjero (suministro de un servicio en el territorio de un Miembro, a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro); presencia comercial (suministro por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro Miembro) y presencia de personas físicas (suministro por un proveedor de servicios de un Miembro, mediante la presencia de personas físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro).

  2. En cuanto a las limitaciones al acceso al mercado y en referencia a los servicios de telefonía local y larga distancia nacional e internacional, por lo que hace a la presencia comercial, Venezuela indicó que a partir del 14 de octubre del año 2000, esto es, una vez que expire el período de exclusividad de que disfruta CANTV, no habrán otras limitaciones que las que pudieren derivarse de la disponibilidad del espectro radioeléctrico. En cuanto a las modalidades de suministro transfronterizo y consumo en el extranjero, Venezuela no consolidó ninguna limitación en lo relativo al acceso al mercado o al trato nacional, lo cual indica que mantiene la posibilidad de establecer limitaciones en esos modos de suministro de los servicios aquí comentados. Declaró asimismo que no había limitación alguna en cuanto al consumo en el extranjero, en lo referente al acceso a los mercados y al trato nacional, ni a la presencia comercial, por lo que se refiere al trato nacional. No consolidó sus limitaciones respecto de movimiento de los prestadores de servicios, excepto por lo que respecta a las medidas horizontales, esto es, a las aplicables a todos los servicios.

  3. En relación a los servicios de telefonía celular, servicios de redes de transmisión de datos con conmutación de paquetes, servicios de redes de transmisión de datos con conmutación de servicios, servicios integrados de telecomunicaciones propios o alquilados, correo electrónico, correo de voz, información en línea y consulta de bases de datos, intercambio electrónico de datos, servicios de radiobúsqueda y servicios de teleconferencia, Venezuela no consolidó sus limitaciones sobre acceso al mercado o trato nacional, en lo relativo al comercio transfronterizo. Declaró que no había limitaciones al acceso al mercado o al trato nacional en lo que respecta al consumo en el extranjero y a la presencia comercial, excepto, en cuanto a este último modo de suministro, por aquéllas que pudieren derivarse de la disponibilidad del espectro radioeléctrico. Finalmente, Venezuela no consolidó sus limitaciones sobre presencia de personas físicas, excepto en cuanto a sus medidas horizontales.
Las negociaciones sobre liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones fueron prorrogadas hasta el 15 de febrero de 1997, luego de que Estados Unidos anunciara que no firmaría los acuerdos alcanzados hasta el 30 de abril de este año, fecha en la cual originalmente estas negociaciones debían haber concluído. Esta posición de Estados Unidos se debe a que, en su opinión, las ofertas de liberalización presentadas por otros países, especialmente asiáticos, eran insuficientes.

INTEGRACION:

4. ACUERDOS ENTRE VENEZUELA Y BRASIL

Durante los días 19 y 23 de mayo de 1996, estuvo el Presidente Caldera, en visita de Estado a la República Federativa del Brasil, durante la cual dos importantes documentos políticos fueron suscritos con el Presidente brasilero Fernando Henrique Cardoso, y en ambos se hace referencia expresa al camino que orienta las relaciones entre Venezuela y el MERCOSUR.

El primero de estos documentos se intitula la "DECLARACION DE BRASILIA". En el mismo, los Presidentes resumen la serie de acuerdos logrados por la máxima voluntad política de ambos Estados. En cuanto al punto de interés para esta publicación los Mandatarios afirman, luego de resaltar la importancia de la integración prácticamente en todos los párrafos del Documento: "... nuestra firme decisión de establecer entre nuestros países, una asociación basada en la complementariedad económica, energética y minera: en los mutuos beneficios, y orientada hacia la perspectiva de la integración" y en el mismo orden "Expresamos, igualmente, la convicción de que el fortalecimiento de nuestras relaciones de amistad representará un factor de promoción a los esfuerzos regionales de integración, orientados a la conformación de un espacio integrado en la América del Sur y, a partir de éste, a la integración hemisférica".

En el segundo Documento, más extenso e incisivo, intitulado el "ACTA DE PLANALTO", los Mandatarios establecen establecen cuestiones tan precisas como: "Al abordar los temas de comercio bilateral y regional, los Presidentes manifestaron su satisfacción con los entendimientos iniciales alcanzados entre el Grupo Ad-Hoc de Relaciones Externas del MERCOSUR y la Delegación de Venezuela en Montevideo, en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en los días 9 y 10 de mayo del presente año, conforme a lo reflejado en el "Aide Memorie" emitido en esa oportunidad", y a continuación "Reafirmaron, a propósito, la gran relevancia que atribuyen a la conclusión, antes de finales de 1996, de la renegociación del patrimonio histórico de preferencias otorgadas, en el ámbito de la ALADI, entre Venezuela y los cuatro países miembros del MERCOSUR. Reiteraron igualmente, los términos de la "Declaración de Brasil y Venezuela sobre la Formación de un Area de Libre Comercio", del 4 de julio de 1995 y, en ese contexto, destacaron la elevada prioridad que ambos confieren a las negociaciones entre MERCOSUR y Venezuela con miras a la celebración de un acuerdo de libre comercio al más breve plazo".

Aún cuando las modalidades de la relación entre Venezuela y MERCOSUR están siendo negociadas actualmente, parece que la misma tendrá lugar mediante el establecimiento de una zona de libre comercio, tal como ha ocurrido recientemente entre MERCOSUR y Bolivia y entre MERCOSUR y Chile. Parece asimismo que Venezuela no negociará esa zona de libre comercio con MERCOSUR, conjuntamente con Colombia, sino de manera individual.

5. DECISIONES DEL GRUPO ANDINO SOBRE ARMONIZACION DE IMPUESTOS INDIRECTOS, SALVAGUARDIA, ACCESO A RECURSOS GENETICOS, ACCESO A LA CARGA EN EL TRANSPORTE MARITIMO, SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS, TRANSPORTE MULTIMODAL Y ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA:

El 17 de julio de 1996, la Comisión del Acuerdo de Cartagena adoptó un conjunto de Decisiones sobre los asuntos arriba indicados, cuyos elementos más resaltantes son descritos a continuación:

DECISION 388: Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes.

Con esta Decisión la Comisión estableció los principios fundamentales para la armonización de las legislaciones de cada uno de los Países Miembros, en cuanto a la devolución de los impuestos indirectos, como mecanismo de incentivo a las exportaciones de los referidos países, sean éstas dirigidas a otros Países Miembros o a destinos fuera de la Subregión. En este sentido se establece como principio de orden general la no exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación; y se señala la conveniencia de avanzar hacia la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados.

En el texto de la Decisión quedan establecidas las siguientes reglas:

  1. Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio del país de destino, es decir, sólo se causarán en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada;

  2. Estarán exentas del pago de impuestos indirectos todas las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros;

  3. El monto total de los impuestos indirectos vigentes, efectivamente pagados en la adquisición de materias primas, insumos intermedios, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador. Para el caso de bienes de capital esta devolución procederá en la medida en que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación; y

  4. La devolución de estos impuestos se hará dentro de los plazos que cada País Miembro determine, únicamente mediante compensación o reembolso.

En esta Decisión se prevé que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que el beneficio fiscal concedido se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión en comento. Igualmente se consagra la obligación para cada País Miembro de informar a la Junta toda creación o modificación de impuestos indirectos, señalando las acciones emprendidas para el cumplimiento del régimen establecido en esta Decisión.

Por último la Decisión presenta como anexo, una lista de los impuestos indirectos vigentes en cada uno de los Países Miembros a los que se le aplica esta Decisión en forma inmediata. Esta Decisión entró en vigencia desde la fecha de su publicación, lo cual ocurrió el pasado 17 de julio. A continuación la lista señalada:

  1. BOLIVIA: A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a las Transacciones.

  2. COLOMBIA: A. Impuesto sobre las Ventas.

  3. ECUADOR: A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Especiales.

  4. PERU: A. Impuesto General a las Ventas. B. Impuesto de Promoción Municipal.

  5. VENEZUELA: A. Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor. B Impuesto al Alcohol y Bebidas Alcohólicas. C. Impuesto sobre Tabacos y Cigarrillos.

    Es de señalar que, en cuanto concierne a Venezuela, esta Decisión amplía los derechos concedidos por nuestro ordenamiento jurídico interno a los exportadores, en cuanto a la devolución de impuestos indirectos.

DECISION 389: Reglamento para la Aplicación de la Cláusula de Salvaguardia prevista en el Artículo 78 del Acuerdo de Cartagena.

En este caso la Comisión ha establecido la normativa que los Países Miembros deberán cumplir para extender al comercio intrasubregional, las medidas que hubieren adoptado para corregir desequilibrios en sus balanzas de pago, según lo previsto en el artículo 78 del Acuerdo de Cartagena.

En primer lugar, la Decisión ratifica la posibilidad de que un País Miembro extienda las referidas medidas al comercio intrasubregional, con carácter transitorio y en forma no discriminatoria. Luego se establecen el procedimiento que deberán observar los Países Miembros en la aplicación de esta salvaguardia, las facultades de la Junta como órgano controlador y decisorio en esta materia, y las medidas correctivas que se podrán aplicar.

Sobre el procedimiento, el primer paso que deberá cumplir todo País Miembro que pretenda invocar esta salvaguardia, será presentar a la Junta una solicitud que deberá contener un informe sobre la situación y perspectivas de la balanza de pagos; las medidas adoptadas para restablecer el equilibrio de su balanza de pagos; las razones por las cuales se hacen extensivas las medidas correctivas al comercio intrasubregional; y de ser el caso, un informe sobre los préstamos de apoyo a la balanza de pagos que hubiese solicitado.

Se reconoce la posibilidad a un País Miembro, de aplicar providencias inmediatas cuando su situación de balanza de pagos así lo exigiese, en forma provisional y con carácter de emergencia sujetas al pronunciamiento posterior de la Junta; y en este caso el País Miembro de que se trate deberá adjuntar a la correspondiente solicitud, el dispositivo mediante el cual se aprueba la medida temporal. Esta solicitud tendrá que presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su adopción.

Una vez recibida la solicitud respectiva la Junta, dentro de los cinco días hábiles siguientes, verificará si las informaciones presentadas por el País solicitante cumplen con los requisitos indicados. En caso negativo requerirá al País Miembro de que se trate el suministro de la información faltante, lo cual deberá cumplirse dentro de los diez días hábiles siguientes a la requisitoria. Si esto no ocurre la Junta denegará la solicitud, y si el País Miembro estuviese aplicando medidas deberá suspenderlas en forma inmediata.

En el caso de que la solicitud sea admitida a trámite, la Junta emitirá una Resolución motivada señalando la apertura de una investigación. Para el cumplimiento de esta labor, la Junta tendrá las más amplias facultades para acopiar información complementaria de cualquier País Miembro dentro de los diez días hábiles siguientes a la apertura de la investigación; con la posibilidad de otorgar a determinada información el carácter de confidencial, cuando así le sea solicitado de manera fundamentada. Una vez que la Junta reciba toda la información requerida, lo cual no podrá exceder de los veinte días siguientes a la apertura de la investigación, emitirá su pronunciamiento dentro de los diez días siguientes.

En cuanto a las medidas correctivas, se establece que los Países Miembros darán preferencia a aquéllas que menos perturben el comercio o a medidas basadas en los precios: recargos de importación, prescripciones en materia de depósito previo a la importación u otras medidas que repercutan en el precio de las mercaderías; evitándose restricciones cuantitativas a menos que debido a una situación crítica las medidas indicadas no puedan evitar un brusco empeoramiento. En todo caso se podrá excluir de la aplicación de las medidas a algunos productos esenciales, que satisfagan necesidades básicas de consumo o contribuyan a sus esfuerzos para mejorar la situación de la balanza de pagos, tales como bienes de capital o insumos.

Siempre que el pronunciamiento de la Junta sea afirmativo, deberá precisar las medidas cuya aplicación autorice. Asímismo este organismo podrá autorizar la prórroga de la aplicación de las medidas por un lapso mayor de un año, pero proponiendo la realización de negociaciones tendientes a su eliminación. Por último se faculta a la Junta para que de oficio o a solicitud de los Países Miembros afectados, realice investigaciones para la determinación de la suspensión de las medidas o su modificación, cuando las condiciones que la motivaron hubiesen cambiado. En estos casos la Junta tendrá un plazo de veinte días hábiles desde el momento de la recepción a trámite de la solicitud para emitir su pronunciamiento.

DECISION 390: Modificación de la Decisión 314 sobre Libertad de Acceso a las Cargas Transportadas por vía Marítima y Políticas para el Desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino.

Esta Decisión elimina la obligación que tenía la Junta de consultar al Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático para la aplicación de medidas tendientes a controlar, en forma siempre recíproca, las acciones restrictivas que contra las empresas de transporte marítimo de la Subregión fuesen tomadas por terceros países. En este sentido queda sustituido el artículo 4 de la Decisión 314, por el siguiente texto:

"La Junta del Acuerdo de Cartagena, a solicitud de cualquiera de los Países Miembros, podrá establecer transitoriamente y a nivel comunitario restricciones, exclusiones de los tráficos u otras medidas que juzguen pertinentes a empresas de transporte marítimo de terceros países que, a su vez, restrinjan o discriminen a los buques de propiedad, fletados u operados por empresas de transporte marítimo de los Países Miembros, en la forma que establezca la Junta mediante Resolución".

DECISION 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

Esta Decisión, pionera en el mundo en cuanto a la regulación del acceso a los recursos genéticos, parte del reconocimiento de la soberanía de los Países Miembros en el uso y aprovechamiento de sus recursos, principio éste ratificado en el Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en junio de 1992. Parte asimismo del reconocimiento del importante patrimonio biológico y genético de los Países Miembros y del valor económico de los recursos genéticos, por ser fuente primaria de productos y procesos para la industria. Vale aquí destacar su importancia en las industrias farmacéutica y alimentaria, por ejemplo.

La Decisión es aplicable a los recursos genéticos - esto es, a todo material de información biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial - de los cuales los Países Miembros son países de origen, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles y a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en el territorio de los Países Miembros. Los recursos genéticos humanos y sus productos derivados están excluidos de esta Decisión.

De la soberanía de los Países Miembros sobre sus recursos genéticos deviene el que éstos determinen las condiciones de su acceso y el que tales recursos y sus productos derivados, de los cuales los Países Miembros sean países de origen, sean bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada País Miembro, y que por tanto sean inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran o el componente intangible asociado, entendiendo por este último todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, a sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual.

La Decisión establece un procedimiento para el acceso a los recursos genéticos, según el cual la correspondiente solicitud de acceso debe ser aprobada, un contrato de acceso con el Estado debe ser suscrito y los actos vinculados con ese acceso deben ser registrados. Se establecen las condiciones que deben cumplir las solicitudes, los contratos de acceso y los contratos accesorios. Corresponderá a las autoridades nacionales la aplicación de las sanciones por las infracciones a las disposiciones de esta Decisión.

Ante la vinculación de esta materia con la protección de la propiedad intelectual, cabe destacar las normas de la Decisión que se comenta a este respecto. La Decisión prevé el que no se reconocerán derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que no cumpla con las disposiciones de esta Decisión. Prevé asimismo que el País Miembro afectado podrá solicitar la nulidad e interponer las acciones que fueren del caso en los países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos de protección.

Establece asimismo la Decisión que las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad intelectual exigirán al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.

DECISION 392: Actualización del Anexo 2 de la Decisión 371 con base en la NANDINA.

Esta Decisión actualizó la lista de productos prevista en el Anexo 2 de la Decisión Nº 371, contentiva del "Sistema Andino de Franjas de Precios", del 26 de noviembre de 1994 (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.888 Extraordinario, de fecha 17 de abril de 1995). Dicha actualización se debe a que la Decisión Nº 381 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció una nueva nomenclatura NANDINA, modificando el código o la descripción, y en algunos casos el contenido de varias subpartidas pertenecientes al Sistema Andino de Franjas de Precios, siendo necesario identificar los productos pertenecientes a dicho sistema, en términos de la NANDINA establecida en la citada Decisión.

DECISION 393: Modificación de la Decisión 331 sobre Transporte Multimodal.

Esta Decisión actualiza la regulación comunitaria en esta materia, bajo las premisas de transparencia y de creación de condiciones jurídicas adecuadas para fomentar la prestación de estos servicios en la Subregión, donde resalta la creación del Registro de Operadores de Transporte Multimodal.

La reforma se inicia con la reformulación del concepto de "Operador de Transporte Multimodal", el cual es definido como "Toda persona que, por sí o por intermedio de otra que actúa en su nombre, celebra un Contrato de Transporte Multimodal, actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de transporte, y asume la responsabilidad de su cumplimiento". En este mismo sentido se consagra que en todo caso, por "...Transporte Multimodal, Operador Multimodal, Operador de Transporte Multimodal, Contrato de Transporte Multimodal o Documento de Transporte Multimodal...", debe entenderse que es "Internacional".

Otro punto de la Decisión 331 que ha sido objeto de reforma, es el relacionado con la responsabilidad del Operador de Transporte Multimodal, por los daños y perjuicios resultantes de la pérdida o el deterioro de las mercancías, así como del retraso en la entrega. En estos casos el operador será siempre responsable si alguno de estos hechos se produjesen cuando las mercancías estaban bajo su custodia en los términos de la Decisión; a menos que pruebe que él, o sus subordinados adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. No obstante el Operador será responsable por el retraso, a menos que el expedidor haya hecho una declaración de interés en la entrega dentro de un plazo determinado y ésta haya sido aceptada por el Operador.

En cualquier caso, el Operador siempre podrá excluir su responsabilidad si demuestra que el hecho ocurrió por acto u omisión del expedidor, de su consignatario o de su representante o agente; por insuficiencia o condición defectuosa del embalaje, marcas o números de las mercancías; por manipuleo, carga, descarga, estiba y desestiba de las mercancías realizadas por el expedidor, el consignatario o por su representante o agente; por vicio propio u oculto de las mercancías; o por huelga, lock-out, paro o trabas impuestas total o parcialmente en el trabajo y otros actos fuera de control del Operador de Transporte Multimodal, debidamente comprobados.

Dentro de este punto de la responsabilidad, la reforma ha otorgado carácter preeminente, sobre lo pactado por las partes, a los convenios internacionales o leyes imperativas aplicables, pues en el caso de que el límite del monto de la responsabilidad fijado por las partes sea inferior al establecido en los nombrados instrumentos jurídicos, estos serán los que se aplicarán. También se otorga, salvo pacto en contrario, primacía a los tratados internacionales que sean aplicables a determinada operación de Transporte Multimodal, sobre las disposiciones de la Decisión.

Por último la Decisión crea un "Registro de Operadores de Transporte Multimodal", en el que se inscribirán las personas naturales y jurídicas que hayan sido autorizadas para prestar este servicio. Este nuevo registro estará a cargo de la autoridad competente de cada país y será reglamentado por la Junta. Su obtención, ante cualquiera de las autoridades nacionales, autoriza al Operador de que se trate para operar en los Países Miembros. Los Operadores de Transporte Multimodal de fuera de la Subregión podrán actuar en ella, pero deberán solicitar su registro en cada uno de los Países Miembros en los que deseen operar.

DECISION 394: Modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, en atención a la propuesta del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hecha con fundamento en lo establecido en el artículo 14 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, del 28 de mayo de 1979 (publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.216 Extraordinario, de fecha 07 de julio de 1983), modificó el Estatuto de ese Tribunal, dictado mediante la Decisión Nº 184, y cuyo texto fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 2 del mencionado Acuerdo, del 07 de septiembre de 1983.

La modificación del Estatuto, tendente a la flexibilización del régimen de sentencias en sesión plenaria, abarca solamente los artículos 26 y 63, los cuales fueron sustituidos por las siguientes normas:

"Artículo 26.- El Tribunal sentenciará en sesión plenaria, salvo lo dispuesto en el artículo 63 de este estatuto. Asimismo, conocerá y resolverá en sesión plenaria cuando se lo exija expresamente el presente estatuto".

"Artículo 63.- Dentro del término de treinta días siguientes al de la recepción de la solicitud, el Tribunal podrá dictar sentencia con el voto de cuatro magistrados, siempre y cuando el quinto se encuentre justificadamente impedido de asistir al acto de deliberación final para dictar sentencia".

6. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 44 DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980

El pasado 17 de mayo del presente año fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.961 la Ley Aprobatoria del Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980. A continuación presentamos un breve análisis de esta primera reforma al Tratado que constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Los países miembros de ALADI son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En conjunto representan 20 millones de kilómetros, cerca de 400 millones de habitantes, más de 780 mil millones de dólares de producto interno bruto (PIB) y más de 150 mil millones de exportaciones globales.

El tratado constitutivo de la ALADI, denominado oficialmente "Tratado de Montevideo 1980", es un marco jurídico que admite la creación de procesos parciales de integración dentro de la región, siempre que permitan la unión de todos estos esquemas en un futuro, cuando existan las condiciones económicas necesarias entre los miembros. Permite asimismo, bajo ciertas condiciones, los acuerdos entre países miembros de ALADI y países no miembros.

Ante las tendencias actuales de la globalización y la regionalización, de las cuales no escapan los miembros de ALADI, ésta requiere de modificaciones que faciliten la participación de sus miembros en estos procesos, sin que tales miembros se vean obligados a optar entre su actuación en otros mercados y su participación en la Asociación.

México, uno de los miembros de mayor peso en la región, forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC); varios miembros de la Asociación se encuentran en proceso de formación de un pacto de comercio con países de Asia y Venezuela negocia, tanto bilateral como multilateralmente, distintos acuerdos comerciales con entidades de fuera de la región.

Es precisamente ante esta realidad que la ALADI ha venido buscando soluciones a las relaciones de los países miembros con terceros estados no miembros de ALADI; enmarcándose dentro de éstas el Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980, el cual tiene por objeto mitigar la obligación establecida en el referido artículo y que consiste en la extensión a favor de los productos de los países miembros, de todas las concesiones arancelarias que éstos puedan otorgar en acuerdos con países ajenos a ALADI, en virtud de la cláusula de nación más favorecida que allí se establece.

El artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980 establece textualmente lo siguiente: "Las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios que los países miembros apliquen a productos originarios de o destinados a cualquier otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no estén previstos en el presente Tratado o en el Acuerdo de Cartagena, serán inmediata e incondicionalmente extendidos a los restantes países miembros".

Conforme al resto de las regulaciones del Tratado, esta disposición se aplica únicamente a los acuerdos celebrados por países miembros con países industrializados o desarrollados.

El artículo 25 del Tratado exime de esta obligación a los miembros con respecto a los acuerdos que suscriban entre ellos mismos, esto es la denominada "excepción latinoamericana", gracias a la cual pueden existir pactos subregionales como el Grupo Andino, el MERCOSUR y otros; y el artículo 27 establece la denominada "excepción en favor del mundo en desarrollo", la cual permite a los países miembros celebrar acuerdos con otros países en desarrollo fuera de América Latina, sin que las concesiones, ventajas y beneficios se hagan extensivos a los demás países de la Asociación. Por supuesto, en ambos casos con las excepciones que se establecen sobre los países de menor desarrollo relativo de la región, y sobre concesiones ya negociadas dentro de ALADI.

Conforme al Protocolo Interpretativo del artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980, los países miembros podrán solicitar la suspensión de sus obligaciones establecidas en el referido artículo, con el compromiso de llevar a cabo negociaciones bilaterales con los restantes países de la Asociación que lo soliciten, a fin de que "las concesiones otorgadas a dichos países se mantengan en un nivel no menos favorable para el comercio que el que resulta de los acuerdos concertados en el marco del Tratado de Montevideo 1980 preexistente a la entrada en vigor..." de los acuerdos que firmaren con países no miembros.

El Protocolo prevé que las negociaciones bilaterales se realicen dentro de ciertos plazos y fija también plazos límites para su finalización a fin de llegar a la suspensión definitiva de las obligaciones previstas en el artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980. El mecanismo establecido por el Protocolo contempla la participación de un Grupo Especial con potestad para determinar las que considere compensaciones suficientes en los casos en que los países miembros que negocien no llegaren a un acuerdo.

NACIONALES:

7. APROBACION DE LA LEY DEL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

El pasado 12 de julio fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.999, la Ley del Banco de Comercio Exterior (BCE), por medio de la cual se crea el basamento jurídico para esta nueva institución financiera, tan largamente esperada por los sectores productivos y comerciales exportadores del país. Es de destacar que el proyecto de esta ley fue redactado, a solicitud del Ejecutivo Nacional, por el Dr. Gonzalo Capriles, Socio de esta firma a cargo del Departamento de Derecho del Comercio Internacional.

Los aspectos más importantes de esta Ley son los siguientes:

1. Naturaleza Jurídica, Duración y Objeto:

Se establece que el BCE será una institución financiera de capital mixto, con forma de compañía anónima, personalidad jurídica y patrimonio propio, con una duración de 50 años, prorrogable por periodos iguales automáticamente, a menos que se acuerde su fusión, liquidación o se ordene su extinción.

El BCE "tiene por objeto el financiamiento, promoción de inversiones y exportaciones, asesoría y prestación de servicios al exportador de bienes y servicios nacionales, todo ello dentro de los lineamientos de las políticas que con relación al comercio exterior fije el Ejecutivo Nacional".

2. Capital y acciones:

El capital suscrito del BCE será el equivalente en bolívares a la cantidad de 200 millones de dólares estadounidenses; y el capital pagado será el que resulte de los aportes hechos conforme a lo establecido en la Ley para su constitución, y será al menos la suma equivalente a 100 millones de dólares. Este capital estará dividido en acciones de Bs. 100.000 cada una, las cuales serán nominativas y no convertibles al portador. Todas las acciones darán derecho a un voto e iguales dividendos o beneficios sobre las utilidades, salvo los casos de acciones privilegiadas que acuerde la Asamblea.

Taxativamente se enumera a las personas que podrán adquirir las acciones del Banco, así: "la República y demás entes referidos en el artículo 2º de la Ley Orgánica de Crédito Público; personas jurídicas de carácter internacional, en las cuales sea accionista el Estado venezolano; personas naturales o jurídicas nacionales; personas naturales o jurídicas nacionales, a tenor de lo establecido en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y Regalías, y en la reglamentación nacional de dicho régimen común; y, aquellos inversionistas extranjeros, conforme a lo que al respecto establezca, de manera expresa, la Asamblea de Accionistas".

3. Dirección y administración:

La Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y las autoridades del Banco son los órganos de dirección y administración establecidos en la Ley.

La Asamblea de Accionistas será la máxima autoridad, Se reunirá de manera ordinaria dentro de los dos primeros meses de cada semestre, y en forma extraordinaria cada vez que interese al Banco. Será presidida por el Presidente del BCE, y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos. Dentro de sus competencias más importantes destacan la consideración de los aumentos de capital; el conocimiento y decisión sobre los informes que semestralmente presente la Junta Directiva acerca de la situación de las empresas en las cuales el BCE sea accionista, así como de los que presente dicha Junta sobre la constitución de reservas y otras provisiones para la cobertura de riesgos, en especial de naturaleza cambiaria; la aprobación o no de los informes semestrales que presente el Comité del Fondo de Contingencias Políticas y Extraordinarias, sobre el estado de las inversiones de los recursos del Fondo, para la cobertura de este riesgo, etc.

La Junta Directiva será la encargada de la dirección del Banco y estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente Ejecutivo y cinco Directores, con sus suplentes respectivos.

En la Ley se enumeran las atribuciones de la Junta Directiva, entre las cuales destacan las de velar por la integridad del patrimonio del Banco, el mantenimiento de los apropiados índices de solvencia y el establecimiento de adecuados controles sobre los riesgos en que incurra el Banco, especialmente en las operaciones de moneda extranjera; aprobar los programas del Banco, así como sus operaciones y contratos y seleccionar a los bancos e instituciones financieras a las cuales suministrará recursos en cumplimiento de su objeto.

Al Presidente le corresponderá la dirección inmediata, la administración de los negocios y la representación legal del mismo. Un Vicepresidente Ejecutivo será el encargado de suplir al Presidente en caso de ausencia temporal de éste. Ambos funcionarios se dedicarán en forma exclusiva a las actividades del Banco. El BCE contará con uno o más representantes judiciales quiénes serán de libre elección y remoción de la Junta Directiva.

4. Las operaciones y prohibiciones del BCE:

En el ámbito de su objeto y conforme a los programas que al efecto apruebe la Junta Directiva, el Banco podrá recibir depósitos a la vista o a plazo, en bolívares o en moneda extranjera, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y devolverlos en la misma clase de moneda recibida; proveer de los fondos necesarios a los bancos y otras instituciones financieras, que sean seleccionados por la Junta Directiva para el financiamiento de las operaciones de comercio exterior y, en especial, de las exportaciones de bienes y servicios de origen nacional; otorgar créditos o garantías a exportadores de bienes y servicios de origen nacional, así como también a los importadores de otro país que soliciten al Banco financiamiento para adquirir bienes y servicios de origen venezolano, en los términos y condiciones que determine la Junta Directiva, de conformidad con los lineamientos de política de comercio exterior, fijada por el Ejecutivo Nacional; colocar transitoriamente, en condiciones de mercado, en inversiones seguras, rentables y de fácil realización, las disponibilidades líquidas no comprometidas en las operaciones indicadas anteriormente y las demás operaciones que conduzcan al logro de su objeto y que la Junta Directiva considere compatible con su naturaleza.

Expresamente se excluyen las exportaciones de petróleo de los programas de crédito con recursos del Banco; se establece que los Bancos y otras Instituciones Financieras asumirán en cada caso, la totalidad del riesgo derivado de los créditos que otorguen con recursos del Banco, cualquiera sea la modalidad jurídica empleada; la no sujeción del BCE en sus operaciones a la Ley Orgánica de Crédito Público; y la posibilidad de efectuar las más variadas operaciones conexas con las bancarias o crediticias.

Además el BCE podrá proporcionar información y asistencia técnico-financiera a las personas naturales y jurídicas relacionadas con operaciones de comercio exterior, en especial con las exportaciones de bienes y servicios de origen nacional; participar en la negociación de convenios de créditos recíprocos u otras modalidades de facilitación de pagos internacionales; fungir como órgano de consulta de las autoridades competentes en materia de financiamiento del comercio internacional; actuar como conciliador y árbitro, a solicitud de las partes, en controversias que surjan entre entre importadores y exportadores domiciliados en Venezuela.

La lista de operaciones prohibidas al BCE incluye el otorgamiento, directa o indirectamente, de crédito a sus accionistas, así como a las empresas en cuyo capital participe; la participación en el capital de empresas exportadoras de bienes y servicios, así como en consorcios exportadores; la adquisición de acciones y obligaciones de mediano y largo plazo por una cantidad que en conjunto exceda del veinte por ciento (20%) de su capital pagado o fondos de reservas; la inversión en títulos valores que no estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o equivalentes en el exterior; la tranferencia de recursos de su patrimonio propio ni de su gestión ordinaria al Fondo de Contingencias Políticas Extraordinarias de las Exportaciones, y la realización de gastos distintos de los que corresponden al giro normal de los negocios de las instituciones financieras y que tengan el propósito de contribuir al pago de bienes y servicios recibidos por la Nación o por otras entidades públicas.

5. El seguro de crédito a las exportaciones y el Fondo para el Pago de Contingencias Políticas y Extraordinarias:

Mediante estos dos mecanismos el BCE prestará un servicio de apoyo financiero a los exportadores en cuanto a los riesgos de sus operaciones. En el primer caso, la Ley permite al BCE el constituir o propiciar la constitución de empresas de seguros de crédito a la exportación o de empresas de reaseguro que cubran este ramo, participar en el capital de empresas de este tipo existentes, contratar con ellas para que presten el servicio o financiar a los usuarios del servicio; igualmente podrá otorgar o facilitar el otorgamiento de asistencia técnica a las referidas empresas.

En el segundo caso y como soporte a la actividad del seguro comentado, se establece la creación del Fondo para el Pago de Contingencias Políticas y Extraordinarias a través del cual la República será responsable del pago de las indemnizaciones de los siniestros que ocurran en relación al aseguramiento de las exportaciones de bienes y servicios de origen nacional, no petroleras, contra riesgos políticos y extraordinarios.

Este Fondo se creará bajo la figura de fondo autónomo, sin personalidad jurídica, adscrito al BCE y administrado por éste.

El Fondo contará con un comité que será presidido por el Presidente del Banco, entre cuyas atribuciones destaca la aprobación, sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia de Seguros, de los lineamientos generales para la emisión de pólizas de seguro de crédito a la exportación, en cuanto a riesgos políticos y extraordinarios, o de pólizas globales a la exportación. En este último caso, la aprobación del Fondo se requerirá únicamente en cuanto al aseguramiento de riesgos políticos y extraordinarios. Le corresponde asimismo la aprobación del pago de indemnizaciones con cargo a los recursos del Fondo para Contingencias Políticas y Extraordinarias.

Las exportaciones que financie el Banco de Comercio Exterior deben estar amparadas por un seguro de crédito a la exportación.

6. La promoción de exportaciones e inversiones y de los servicios a los exportadores:

Para estas actividades, que constituyen objetivos principales del BCE junto con el financiamiento, se constituirá un patrimonio con los aportes que a estos efectos reciba y por sus frutos, por los ingresos que generen las actividades de promoción y prestación de servicios y por las utilidades del Banco que la Asamblea decida destinar a este propósito. Asímismo se prevé que los funcionarios del servicio exterior del país colaborarán con el BCE en el cumplimiento de sus objetivos en relación a la promoción de inversiones y exportaciones nacionales.

7. Proceso de constitución del Banco de Comercio Exterior:

Para llevar a cabo esta labor la Ley crea el Comité promotor del BCE, que estará conformado por el Presidente del Instituto de Comercio Exterior, quien lo presidirá; el Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, y el Vicepresidente de Financiamiento de las Exportaciones del Banco Central de Venezuela. Este Comité tendrá un plazo máximo de 180 días, contados desde la entrada en vigencia de la Ley en comentario, para proceder a la constitución del BCE, mediante la primera Asamblea de Accionistas, en conformidad con el Código de Comercio; este plazo podrá ser extendido por una sola vez y hasta por noventa días.

Una vez iniciadas las actividades del BCE, y transcurridos 60 días continuos quedará derogada la Ley que Crea el Fondo de Financiamiento de las Exportaciones. Todo lo que no estuviese previsto en la Ley del BCE se regirá supletoriamente por las disposiciones de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Código de Comercio.

8. APROBACIÓN DEL CONVENIO QUE CREA EL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA

El pasado del 24 de mayo de 1996 fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.966, la Ley Aprobatoria del Convenio que crea el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), hoy en día conocido en forma oficiosa como la Organización Mundial de Aduanas.

Con este paso Venezuela se adhiere a la única Organización Internacional dedicada en forma exclusiva a la cooperación en materia aduanera, la cual fue creada el 15 de diciembre de 1950 mediante la firma en Bruselas del Convenio Constitutivo del CCA, y que entró en vigencia el 4 de noviembre de 1952. Su origen es paralelo al de la Unión Europea, siendo de hecho sus miembros fundadores los países parte de dos convenios suscritos en el mismo año y lugar, que tenían en miras el establecimiento de una Unión Aduanera Europea, a saber, el Convenio sobre el Valor en Aduanas de las Mercaderías y el Convenio sobre la Nomenclatura Arancelaria.

Hoy en día esta Organización Internacional de vocación universal -cuenta con 137 miembros-, representa una importante institución en el comercio internacional que persigue facilitar y simplificar las negociaciones internacionales relativas a los aranceles aduaneros y al valor de las mercaderías, así como mejorar la comparación de estadísticas de comercio exterior.

Los principales socios comerciales de Venezuela son miembros de esta Organización: Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea, Japón; en Latinoamérica son miembros: Argentina, Brasil, Chile, Colombia; Cuba, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El órgano máximo del CCA es el Consejo, el cual se reúne una vez al año y está integrado por representantes de las Partes Contratantes, por lo general los Jefes de las administraciones de Aduanas. Este Consejo cuenta con dos órganos para su asistencia que son: a) el Comité Técnico Permanente, constituido por representantes de los miembros del Consejo especializados en cuestiones de técnica aduanera; b) la Secretaria General, constituida por un Secretario General y un adjunto elegidos por el Consejo. Asímismo el Consejo tiene la potestad de crear los comités que juzgue convenientes, entre los cuales cabe mencionar al Comité de Nomenclatura y al Comité de Valoración. La mayoría de los comités tienen uno o más subgrupos encargados de problemas especializados de Aduanas.

En 1988, el Consejo aprobó el plan de acción para la década de los años noventa, estructurado de acuerdo a tres misiones básicas: 1) Lograr mayor armonización y simplificación de los procedimientos aduaneros y fomentar la cooperación entre las administraciones miembros; 2) Desarrollar mejores capacidades de control y aplicación de la Ley; y 3) Mejorar el desarrollo de recursos humanos así como la organización y gestión de las administraciones aduaneras miembros.

Varias son las áreas donde el CCA ha venido desempeñando su acción a los fines de cumplir con las metas indicadas.

La automatización de las aduanas para hacer frente a los nuevos tiempos, ha sido reconocida como una de las acciones donde se requieren esfuerzos concertados, por lo tanto se vienen implantando medidas cooperativas sobre desarrollo y puesta en práctica de sistemas de intercambio electrónico de información.

La lucha contra los crímenes internacionales, como el narcotráfico y el terrorismo; así como el contrabando de patrimonios culturales y de especies amenazadas, y la declaración falsa del valor u otras formas de fraude comercial representan materia del máximo interés para el CCA, el cual ha elaborado una serie de recomendaciones relativas a la aplicación de la Ley y ha aprobado la Convención de Nairobi, acuerdo internacional sobre asistencia mutua administrativa para la prevención, investigación y represión de los delitos aduaneros.

Sin lugar a dudas, la importancia que tiene el Sistema Armonizado para la Codificación de Artículos como idioma universalmente aceptado para la clasificación aduanera y estadística de productos objeto de comercio internacional, permite armonizar las clasificaciones y hacer estimados más precisos de los derechos de aduana y aranceles. En este sentido, el CCA aprobó otro instrumento jurídico internacional, la Convención de Kyoto, que busca fomentar la simplificación y armonización de los sistemas y procedimientos aduaneros. Estos dos importantes acuerdos se desarrollan en el foro del CCA.

Otra de las cuestiones de la mayor relevancia para el CCA, es la relacionada con la valoración aduanera. El CCA representa un foro permanente para discusiones y recomendaciones sobre métodos apropiados para hacer frente a los nuevos problemas de valoración. Es importante destacar que el CCA administra, a través del Comité Técnico de Valoración en Aduana, uno de los dos sistemas internacionales de valoración en aduanas, a saber, la Definición de Valor de Bruselas (DVB). En cuanto al otro sistema, esto es, el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, el cual es administrado por el correspondiente Comité de Valoración en Aduana de la OMC, el Comité Técnico del CCA cumple las funciones que le son atribuídas en el Anexo II del mencionado Acuerdo de la OMC, a fin de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación de ese Acuerdo.

Otra de las funciones que cumple el CCA es la de proporcionar ayuda técnica y de asesoría a las administraciones de aduanas en todo el mundo, cuando requieran ampliar su capacidad administrativa y su experiencia técnica. El Consejo reconoce esta necesidad y respalda las iniciativas de capacitación en estas áreas, a través de, entre otros, programas de becas para funcionarios, seminarios, intercambio de misiones de expertos, etc.

9. MECANISMO DE BANDAS CAMBIARIAS

Desde que el pasado 22 de abril fuese desmontado el régimen de control cambiario, vigente desde julio de 1994, a través del Decreto 1.292 publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.941 del 17 de abril; la paridad cambiaria había quedado a la determinación del mercado conforme a la oferta y la demanda, lo cual estaba y esta garantizado por el establecimiento de la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional.

Esta situación cambiaria, desde el pasado 8 de julio, ha sufrido una modificación en cuanto a la fijación de la paridad; la libre convertibilidad se mantiene incólume. En efecto, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha anunciado una nueva política cambiaria consistente en un Sistema de Bandas.

En concreto, la actuación del BCV en materia cambiaria consistirá en una participación directa y deliberada en el mercado de divisas, donde ya de por sí es el mayor oferente, con el objetivo de mantener el precio de las divisas dentro de unos niveles previamente establecidos.

Los parámetros de esta nueva política fueron establecidos por el BCV en base al establecimiento de una paridad central, inicialmente establecida en Bs. 470/US$ 1, esto es, a la paridad alrededor de la cual se ha mantenido fluctuando el tipo de cambio a lo largo del período de flotación. Esta paridad será ajustada en línea con la inflación objetivo para el último trimestre del año, esto es 1,5% mensual.

Existirá un sistema de bandas con una amplitud de 7,5%, como límites superior e inferior de la paridad central.

El BCV continuará participando en el mercado cambiario para atender las necesidades de la economía y asegurar que la evolución del tipo de cambio se mantenga dentro de las bandas definidas, teniendo presente la mayor disciplina fiscal contemplada en el Programa.

Queda configurada así la nueva política cambiaria del BCV. Varias cuestiones merecen ser señaladas:

  1. Es obvio que la actuación del BCV dependerá en forma crucial, de los logros que el Gobierno pueda obtener en materia de sus finanzas y de sus metas económicas, principalmente en cuanto a inflación se refiere;

  2. Preocupa un tanto el hecho de que el BCV no establezca expresamente su intención de mantener informados en forma permanente, a los agentes económicos sobre las variaciones que puedan irse presentado en la política que se implanta (paridad central y amplitud de bandas); y,

  3. Conforme a los parámetros iniciales señalados, la paridad máxima, mientras estos se mantengan, sería de Bs. 505,25/US$ 1 y la mínima de Bs. 434,75/US$ 1; todo dependiendo de la oferta y la demanda que se presenten en el mercado.

10. CREACION DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS CAMBIARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

En fecha 10 de mayo de 1996, mediante Resolución Nº 3.083 del Ministerio de Hacienda, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.957, del 13 de mayo de 1996, fue creada la Unidad de Estudios Cambiarios (UNEC), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, en ejecución de lo previsto en el Decreto Nº 1.292, del 17 de abril de 1996, que deroga el régimen de control de cambios imperante en Venezuela desde el 09 de julio de 1994. Esta Unidad tiene a su cargo el proceso de liquidación de los organismos administrativos controladores del proceso de obtención de divisas por parte de los particulares, bajo el ya derogado régimen de control de cambios, así como la solución de los problemas pendientes relacionados con ese régimen, incluyendo las correspondientes averiguaciones administrativas.

En efecto, al quedar reestablecida la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional el 22 de abril de 1996, dejaron de tener vigencia los procedimientos y formalidades que debían llevar a cabo los particulares, trátese de registros y/o solicitudes de compra de divisas por ante los órganos administrativos competentes, y cesaron asimismo en sus funciones los organismos administrativos que fueron creados para la administración de ese régimen.

La eliminación del régimen de control de cambios no implica la liberación de los particulares con respecto a aquellas obligaciones surgidas en virtud de dicho régimen; pues las personas que de acuerdo a la normativa cambiaria derogada debían hacer reintegros o venta de divisas al Banco Central de Venezuela, permanecen obligadas a hacer tales reintegros o ventas.

La Unidad de Estudios Cambiarios (UNEC) tendrá a su cargo el establecimiento de los procedimientos de desmontaje del régimen cambiario; la dirección y coordinación de los asuntos y procedimientos pendientes que estaban a cargo de la Junta de Administración Cambiaria (J.A.C.) y la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (O.T.A.C.), y la ejecución de las normas que dicte el Ministerio de Hacienda para la culminación del proceso de Registro de Deuda Privada Externa en aquellos casos en los que se entregaron anticipos, a los sólos fines de verificar el cumplimiento del régimen cambiario derogado o de ejecutar la correspondiente fianza e imponer las sanciones.

Respecto de estas últimas atribuciones de la UNEC, cabe destacar que el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución 3.087 del 10 de mayo de 1996, republicada en la Gaceta Oficial Nº 35.963, del 21 de mayo de 1996, dictó las normas conforme a las cuales la UNEC debe analizar y evaluar las solicitudes de registro, para la posterior expedición, por parte del Ministerio de Hacienda, del correspondiente registro, a los fines de liberar las garantías constituidas con ocasión del otorgamiento de anticipos. A tal efecto, se establece que tales solicitudes serán evaluadas de conformidad con el procedimiento señalado en la normativa cambiaria vigente para la fecha en que fue realizada la solicitud de que se trate; y el Ministerio de Hacienda podrá otorgar mediante resolución motivada, de ser procedente, uno o varios registros parciales hasta por el monto total de los anticipos recibidos.

Los deudores que hubieren recibido anticipos menores o iguales a un millón y medio de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.500.000,00) o su equivalente en otras divisas, deberán presentar los siguientes recaudos:

  1. Fotocopia de la constancia de haber iniciado el registro de su deuda;

  2. Declaración del deudor en la que jura la veracidad de la deuda y se obliga a mantener a disposición de la UNEC los documentos que sustenten la deuda, así como a suministrarle las aclaraciones, recaudos y comprobaciones que le sean requeridos, aún con posterioridad al otorgamiento del registro;

  3. Certificación detallada del auditor externo, acreditando la relación de activos y pasivos en moneda extranjera para el 27 de junio de 1994; y

  4. Fotocopia de las planillas de Aduana (forma A, B y C) o de la constancia bancaria del ingreso del capital, según sea el caso, de los pasivos objeto de este proceso.

En los casos de pasivos garantizados por agencias u organismos multilaterales o gubernamentales de promoción de exportaciones o de inversiones, así como aquéllos que fueron pagados mediante el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, se otorgará el registro de la deuda y se eximirá la presentación de cualquier tipo de documentos generales u específicos.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda podrá, mediante resolución motivada, otorgar el registro de los anticipos recibidos en aquellos casos en que el deudor presente documentos que evidencien que los pasivos objeto de registro fueron contratados en forma legítima y que los fondos obtenidos fueron aplicados en actividades de lícito comercio, aunque el deudor no estuviese en capacidad de cumplir con alguno de los requisitos establecidos, según fuere el caso.

11. LIBERACION DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERNO VENEZOLANO

El Ministerio de Fomento, mediante Resolución Nº 1779 del 23 de mayo de 1996, republicada en la Gaceta Oficial Nº 35.967, del 27 de mayo de 1996, para corregir errores de imprenta, liberó los precios máximos de venta al público (PMVP) de los productos que conforman la cesta básica alimenticia.

Dicha resolución prevé que los fabricantes, productores e importadores de los productos pertenecientes a la cesta básica establecerán el precio máximo (PM) de los mismos, en función de su estructura de costos y un margen razonable de ganancias. El precio de venta al público (PVP) deberá ser establecido por quien haga la venta al consumidor final y marcarlo en el cuerpo o envoltorio del producto.

Asimismo, este programa incluye la liberación de los precios a ser cobrados por los establecimientos destinados a la recepción, guarda o custodia de vehículos para su estacionamiento, cuya fijación corresponde a las personas prestatarias de tales servicios, según Resolución del Ministerio de Fomento del 18 de abril de 1996, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.944, del 23 de abril de 1996; así como también, la liberación de los precios a ser cobrados por las salas de difusión cinematográfica y autocines, por la prestación del servicio de exhibición de espectáculos cinematográficos, los cuales deberán ser fijados por quienes realizan dichos servicios, según Resolución del Ministerio de Fomento del 08 de marzo de 1996, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.936, del 10 de abril de 1996.

Tales medidas tienen los siguientes efectos:

  1. Se restituye a los particulares la facultad de establecer los precios a ser pagados por los consumidores, por la compra de bienes o la prestación de servicios.

  2. No existe un límite cuantitativo para la fijación de los precios, sino que éstos deberán obedecer a un margen de ganancias razonable, en atención a los costos que implica su prestación.

  3. Se crean las condiciones favorables para el desarrollo de una libre competencia entre los oferentes.

  4. Desde el punto de vista del comercio exterior, se eliminan las posibilidades de incumplimiento con las disposiciones del GATT de 1994 o del GATS (normativas rectoras del comercio de bienes y de servicios, respectivamente, en la OMC), que pudieran haberse planteado por prácticas discriminatorias o limitaciones indebidas al comercio internacional, derivadas de la fijación de precios por parte del Estado venezolano.

Con estas normas prácticamente concluye la fijación de precios por parte del Estado, instituida coetáneamente con el control de cambios en julio de 1994, y que fue progresivamente eliminada. Persisten precios fijados administrativamente para algunos productos farmacéuticos, así como precios mínimos a los productores de ciertos productos agrícolas.

12. NORMAS PARA LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE Y DEL CACAO

Los Ministerios de Hacienda, de Fomento y de Agricultura y Cría, mediante resoluciones conjuntas, fechadas todas el 15 de marzo de 1996 y publicadas en la Gaceta Oficial Nº 35.928, del 26 de marzo de 1996, dictaron las Normas para la Comercialización Interna y Externa del Cacao, y la Comercialización Externa del Café, cuyos aspectos fundamentales se explican a continuación:

1. Comercialización Externa del Cacao:

Según la normativa antes mencionada, la exportación del cacao en grano y sus productos derivados puede ser ejercida únicamente por el Fondo Nacional del Cacao, los productores independientes, las organizaciones de productores, los consorcios, las industrias procesadoras de cacao y las empresas integradas por éstas, quienes requerirán autorización expedida por la Dirección General de Mercadeo Agrícola del Ministerio de Agricultura y Cría. Dicha autorización tendrá vigencia por un mes, prorrogable por igual período. Consideramos que la restricción de las exportaciones de cacao a sólo las personas naturales y jurídicas mencionadas en la Resolución que se comenta, es una clara violación del artículo XI del GATT de 1994, por cuanto estimamos que no puede justificarse la imposición de este tipo de restricciones por razones de clasificación, control de calidad o comercialización de productos destinados al comercio internacional.

Asimismo, los exportadores deberán registrar, por ante la mencionada Dirección General, los contratos de venta con especificación de cantidad, precios fijados o abiertos y calidad del cacao a exportar; y en caso de incumplimiento injustificado de lo establecido en el contrato de venta, serán sancionados con la suspensión de la correspondiente autorización, por un lapso de tres (3) meses. Igualmente, estarán obligados a contribuir, en proporción a los volumenes del producto exportado durante el año correspondiente, con las cuotas, aportes y otros gastos originados como consecuencia de convenios, acuerdos o compromisos internacionales que, en materia de cacao, adquiera la República.

Como complemento, es importante señalar que el Congreso de la República de Venezuela, mediante ley publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.042, Extraordinario, de fecha 15 de febrero de 1996, aprobó en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio Internacional del Cacao, 1993, suscrito en Nueva York, el 13 de septiembre de 1994.

2. Comercialización Externa del Café:

Se establece que los exportadores de café deberán registrarse en la Dirección General Sectorial de Mercadeo Agrícola del Ministerio de Agricultura y Cría, mediante la presentación de los documentos que allí se señalan para los productores, las empresas de productores y torrefactoras. Nótese que no se menciona la documentación que deba ser presentada por exportadores que no sean productores o empresas de productores y torrefactoras. Sin embargo, consideramos que otras personas, por ejemplo, comercializadores de café, tendrían derecho a exportar café, previo cumplimiento con los trámites administrativos que les fuesen aplicables, ya que de otra forma se violarían diversas disposiciones legales, tales como el artículo XI del GATT de 1994.

Las exportaciones de café requerirán de una autorización de exportación y certificado de origen, expedido por el Ministerio de Agricultura y Cría, a través de la Dirección General Sectorial de Mercadeo Agrícola, los cuales serán exigidos, junto con el permiso fitosanitario, por las autoridades aduaneras para el embarque de la mercancía. Estas autorizaciones serán válidas por un (1) mes y podrán ser prorrogadas por igual período.

Se obliga al registro de los contratos de venta para exportación, en la Dirección General antes mencionada y se fijan las condiciones de calidad de las distintas variedades de café para exportación, así como los plazos de los contratos de venta de café a futuro. Para la verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad, se crea la Junta Clasificadora del Café, integrada por un representante, con su respectivo suplente, del Ministerio de Agricultura y Cría, el Fondo Nacional del Café y la Asociación Venezolana de Caficultores.

En caso de incumplimiento injustificado a lo establecido en el contrato de venta a mercados externos, los exportadores de café serán sancionados con la suspensión de las autorizaciones de exportación, sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables en virtud de disposiciones internacionales que regulen la comercialización del café.

13. NORMAS SOBRE ORIGEN DE IMPORTACIONES AFECTADAS POR MEDIDAS ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS Y APERTURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE IMPORTACIONES DE CANDADOS Y OTRAS CERRADURAS Y CERROJOS ORIGINARIOS DE CHINA:

La protección de la producción nacional contra las prácticas desleales del comercio internacional está regulada en Venezuela por los siguientes instrumentos jurídicos:

  1. Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.829 Extraordinario del 29/12/94, especificamente por dos de sus acuerdos anexos y que forman parte integrante del mismo, a saber, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (para el caso de dumping), y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (para el caso de los subsidios);

  2. Decisión 283 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.284 Extraordinario del 28 de junio de 1991;

  3. Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.441 Extraordinario del 18/06/92 y,

  4. Reglamento de la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional, publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.657 Extraordinario del 26/04/93.
Para la mejor comprensión de las normas que se comentan, a continuación presentamos las definiciones generalmente aceptadas del dumping y del subsidio, recogidas por nuestra legislación. Por una parte el dumping es la introducción de bienes para su comercialización o consumo en el territorio nacional a un precio inferior a su valor normal (entendiendo por este último el precio en su mercado de origen); y por la otra, se entiende por subsidio cualquier contribución financiera, prima, ayuda, forma de subvención o premio establecido por un gobierno o un organismo público o mixto, existente en un país extranjero, o cualquier forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios, mediante los cuales se otorgue una ventaja a determinadas empresas o ramas de la producción, adicional a las existentes para otras empresas o ramas de la producción.

En aplicación de estas disposiciones, se adoptaron las Resoluciones que se comentan a continuación:

I. Normas sobre origen de productos sujetos a derechos antidumping o compensatorios:

El pasado 25 de julio de 1996 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.007 una Resolución Conjunta de los Ministerios de Hacienda y Fomento mediante la cual "...se dispone que las personas que importen productos similares a aquéllos que hayan sido sometidos a derechos antidumping o compensatorios por las autoridades nacionales competentes, deberán acreditar el origen de tales productos ante la aduana de destino habilitada para la respectiva operación de importación, con el fin de demostrar que tales productos no están sujetos a las medidas en referencia".

A través de esta decisión, el Ejecutivo Nacional ha impuesto la obligación de presentar, ante la aduana de destino habilitada, los respectivos certificados de origen, o, en el caso de productos provenientes de mercados de reexportación, una declaración de origen en razón de la imposibilidad de la obtención del mencionado certificado, para todos los productos importados a Venezuela, que sean similares a aquéllos que han sido sometidos a derechos antidumping o compensatorios. Los productos que se encuentran sometidos a este tipo de medidas en nuestro país hasta la presente fecha, son los siguientes:

Producto
País
Monto de la medida
Poliestireno tipos cristal y alto impacto. Estados Unidos de América.9% ad-valorem
Pantalones de algodón tipo blue jeans para damas y caballeros. República Popular de China.100% ad-valorem y $1,46 c/u.
*Queso pasta semidura.

*Queso pasta azul.

*Queso pasta dura tipo gruyere.

Varios países de la Unión Europea. 1 $/Kg

0,95 $/Kg

0,50 $/Kg

La medida que se comenta persigue proteger a la producción nacional de bienes similares a los mencionados, evitando que a través de operaciones triangulares de comercio internacional se burlen las medidas antidumping o compensatorias adoptadas.

Todo importador de los productos antes señalados o de productos que pudieran en el futuro ser objeto de este tipo de medidas, deberá llenar un certificado o declaración de origen de su mercancía, según el caso, conforme a un modelo que se anexa a la referida Resolución conjunta, con su correspondiente instructivo de definiciones y llenado.

Además se exige que este certificado o declaración sea expedido por el productor o exportador y certificado por la autoridad gubernamental competente establecida en el país de origen o de reexportación; igualmente podrán ser expedidos por un ente autorizado para tal efecto por el gobierno del país donde se emite. En todo caso la información requerirá de la legalización de la autoridad consular venezolana, y donde ésta no exista, de la autoridad consular de un país amigo. Es importante resaltar que la Resolución da preferencia a las normas de origen establecidas en acuerdos de comercio internacional suscritos por Venezuela, cuando se trate de importaciones provenientes de los países parte en esos acuerdos.

En el caso de que el importador no presente el certificado o declaración de origen, o la información suministrada esté incompleta, se le permitirá el desaduanamiento de los productos siempre que preste garantía en forma de depósito o fianza emitida por un banco o una compañía de seguros, por el monto total de los derechos antidumping o compensatorios que pudieran corresponder a la importación del producto y el monto será devuelto si dentro de los sesenta días continuos el importador cumple con la demostración del origen de las mercancías. Se establece además, que igual procedimiento se seguirá, en caso de productos similares a aquellos sometidos a derechos antidumping o compensatorios, que ingresen al territorio venezolano, con etiquetas, marcas o cualquier otra identificación, que evidencie un origen distinto al expresado en el certificado de origen que los ampara.

II. Apertura de investigación antidumping por la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS):

El 30 de mayo del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial Nº 35.970 una Resolución de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS) "...por la cual se acuerda la apertura de la investigación antidumping contra las importaciones de candados, originarios de la República Popular de China y procedentes de Hong Kong, Panamá y Taiwán."

La apertura de esta investigación fue solicitada por dos empresas venezolanas productoras de bienes similares a los investigados, siendo de destacar que, dado que la República Popular de China es un país de economía centralmente planificada, los solicitantes presentaron pruebas del valor normal del producto, esto es, del valor de éste en el mercado del país de origen, mediante el método del valor de exportación comparado aplicado a un tercer país con economía de mercado y grado de desarrollo similar al de China, escogiendo a estos efectos a la India.

OTROS ASUNTOS DE INTERES

14. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VENEZUELA

El 30 de abril del año en curso, el Gobierno de Estados Unidos hizo pública, como lo hace todos los años, la lista de países que, en su criterio, no protegen adecuadamente los derechos de propiedad intelectual de las empresas estadounidenses. Como en años anteriores, Venezuela fue incluida en la llamada "Watch List", o lista de observación, de lo cual no se desprende la inminencia de la aplicación unilateral de sanciones comerciales por parte de Estados Unidos.

Venezuela ha permanecido en esa lista a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años para fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, los cuales se han reflejado en la aplicación de las Decisiones 344, 345 y 351 del Grupo Andino, relativas respectivamente a la propiedad industrial, la protección de las variedades vegetales y el derecho de autor; en la aprobación de las normas sobre propiedad intelectual contenidas en el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres y en las del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo de los ADPIC), que forma parte del Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, así como en la aprobación de diversos Convenios administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre los cuales destacan el Convenio de París y la Convención de Roma.

Ciertamente, aún se discute en el Congreso una reforma a la Ley sobre Propiedad Industrial, que consideramos debe respetar plenamente las obligaciones internacionales asumidas mediante los tratados y decisiones antes mencionados, y circunscribirse a los aspectos procedimentales y a la cobertura de las materias sustantivas que no hubiesen sido reguladas en dichos tratados y decisiones.

Esta firma participó en reuniones convocadas por el Congreso con miras a conocer la posición de diversos sectores, públicos y privados, que pudieren verse afectados por las disposiciones de la nueva Ley sobre Propiedad Industrial. El Dr. Gonzalo Capriles socio de esta firma a cargo del Departamento de Derecho del Comercio Internacional, presentó a la consideración del Congreso un documento sobre la Aplicación en Venezuela del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, cuya copia ponemos a disposición de los interesados.

15. CONFERENCIAS EN BOLIVIA Y MEXICO

Nuestro socio, Dr. Gonzalo Capriles Baena, participó, contratado por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), en un Simposio sobre Políticas de Promoción de Exportaciones celebrado en La Paz, Bolivia, los días 9 y 10 de mayo del corriente año. Ese Simposio fue organizado por el Programa de Cooperación Andina a Bolivia, la Secretaría Nacional de Industria y Comercio de ese país y la Cámara Nacional de Exportadores y en él le correspondió al Dr. Capriles dictar una conferencia sobre la normativa de la Organización Mundial del Comercio aplicable a las políticas de promoción de exportaciones, especialmente a la luz del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, así como participar en una mesa redonda, con representantes de los sectores público y privado de Bolivia, donde se evaluó el Sistema de Promoción de Exportaciones de ese país.

Asimismo, el Dr. Capriles participó, también contratado por el SELA, en un Taller Técnico donde se analizó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el cual se celebró en Ciudad de México entre el 20 y el 25 de mayo del mismo año, bajo los auspicios conjuntos del SELA y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Le correspondió en esa oportunidad ser instructor en un estudio pormenorizado del mencionado Anexo del Acuerdo de Marrakech por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio. Asistieron a este Taller funcionarios de los organismos competentes en materias relacionadas con la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, de Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, así como de la Secretaría del CARICOM.

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