Desde los tiempos del Primer Ministro Louis St. Laurent y del Ministro de Relaciones Exteriores Lester Pearson, pocos años después de la II Guerra Mundial, y en particular cuando el propio Pearson asume el cargo de Primer Ministro en 1963, Canadá empezó a definir su presencia y papel internacional en base a tres objetivos prioritarios de política exterior: 1) mantenimiento de la paz mundial, especialmente a través de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas; 2) defensa del Derecho Internacional, en particular de los Derechos Humanos; y 3) promoción del desarrollo económico del Tercer Mundo, mediante una activa asistencia y cooperación financiera. A partir de esa definición, Canadá ha ido gradualmente adoptando una posición internacionalista en los asuntos mundiales y abandonando su tradicional posición aislacionista.

No obstante, en lo que respecta a su política exterior hacia el continente americano, no es sino hasta finales de la década de los ochenta -en especial tras su ingreso como miembro en la Organización de Estados Americanos (OEA), en enero de 1990- cuando Canadá realmente deja de lado su "bajo perfil" hemisférico y emprende un rol más activo tanto en sus relaciones bilaterales como multilaterales, políticas y económicas, con los países de América Latina. De hecho, en la actualidad, a Canadá se le reconoce como un país líder en el área de los derechos humanos en la región, tarea ésta que está ampliándose hacia la promoción y defensa de la democracia, así como un poder en ascenso en el área del comercio y la inversión extranjera del continente.

En virtud de este fortalecimiento de la presencia canadiense en América Latina, el cual coincide con las necesidades de promoción democrática y liberalización económica que se han planteado en el continente para el período de postguerra fría, la cuestión de qué Canadá puede efectivamente hacer en favor de la consolidación de las prácticas e instituciones democráticas en Latinoamérica, es de suma importancia. En el caso de Venezuela, este problema adquiere especial relevancia en virtud de que este país es uno de los principales socios comerciales de Canadá en materia petrolera y minera, y dado que su crisis -hecha evidente desde 1989- ha adquirido proporciones sin precedentes y ha amenazado seriamente su estabilidad democrática, así como su desarrollo económico.

En este sentido, el tema específico del presente trabajo se refiere al interés e impacto que Canadá ha tenido en el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela en un período crucial de la historia política venezolana. Para ello, me he centrado en las principales acciones de política exterior que Canadá ha emprendido hacia Venezuela desde 1989 al presente. La idea es precisar hasta qué punto estas acciones constituyen mecanismos de promoción democrática o, en otras palabras, si forman parte de una política deliberada tendiente a la promoción de la democracia en Venezuela Un propósito fundamental me ha guiado en la elaboración de este trabajo: extraer lecciones de esta experiencia a objeto de analizar la efectividad y posibilidades de desarrollo de una estrategia de promoción y defensa de la democracia por parte de Canadá hacia América Latina en general; estrategia que, a mi modo de ver, se hace imprescindible para la necesaria conformación de un nuevo y más positivo sistema de relaciones interamericanas.

II. La Nueva Presencia Canadiense en América Latina.

Históricamente, las relaciones entre Canadá y América Latina se habían caracterizado por la moderación y el distanciamiento; por una situación -como bien lo ha expresado la especialista venezolana en asuntos norteamericanos, Vilma Petrásh- de mutua "ignorancia y desinterés". Hasta bien entrada la década de los 80, Canadá carecía de la visión hemisférica necesaria como para darle real importancia y énfasis a las relaciones con sus vecinos Latinoamericanos. Esto se debía, fundamentalmente, a que en forma casi automática Canadá percibía a los Estados Unidos como el gran y único poder en el continente americano -percepción en gran parte derivada de la aplicación de la Doctrina Monroe por los gobiernos estadounidenses en la región- y, en consecuencia, consideraba a la América Latina como la zona natural de influencia y dominación estadounidense. Canadá, dada su relación especial con Estados Unidos no sólo por su ubicación geográfica, sino especialmente por su alta dependencia del comercio y la inversión con ese país vecino, siempre rehusó, al menos hasta la década de los 60 bajo los gobiernos de Diefenbaker, Pearson y Pierre Elliot Trudeau, a cambiar dicha percepción. Por su parte, los países Latinoamericanos, por la casi iguales razones canadienses e incluso con una visión hemisférica más limitada que no iba más allá de las fronteras de los Estados Unidos, tampoco manifestaron interés de acercarse a Canadá; un país que, además, era percibido como esencialmente europeo.

Si bien se puede afirmar que es en los años 60 cuando Canadá y América Latina realizan esfuerzos más contundentes a objeto de afirmar sus autonomías vís-a-vis los Estados Unidos -en especial a través del caso cubano- y por tanto es en ese momento cuando los canadienses y los latinoamericanos empiezan a verse frente a frente, no es sino hasta finales de la década de los 80 cuando se inicia entre ambos una política de real acercamiento.

La decisión canadiense de acentuar su presencia en América Latina, se manifiesta claramente en 1989 cuando el propio Primer Ministro Mulroney expresa públicamente en la reunión interamericana de San José de Costa Rica de octubre de ese año que "Canadá no va a permanecer más apartada de Las Américas". Esta decisión fue reforzada, en principio, por dos acciones fundamentales:

En enero de 1990, después de 18 años de mantenerse como "observador permanente", Canadá ingresa como miembro pleno de la OEA. Ningún gobierno de Ottawa había tomado antes esta decisión crucial porque, entre otras razones, veía al organismo como el principal frente político multilateral de Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. Sin embargo, desde su ingreso, Canadá ha sido especialmente activa en la organización manifestando una posición distinta e independiente a la de los Estados Unidos, como veremos más adelante. Como prioridades, se ha planteado la reforma político-administrativa de la OEA; el ingreso de Cuba en la organización; así como el establecimiento de un nuevo sistema de defensa y seguridad interamericano y el desarrollo de una política de promoción de la democracia y de los derechos humanos a través de la OEA. Sobre estos dos últimos puntos, cabe señalar que para Canadá el sistema de defensa interamericano es visto como obsoleto y como parte del Departamento de Asuntos Exteriores del Pentágono. Esto explica el hecho de que al entrar en la OEA el gobierno canadiense escogiera no firmar el Tratado de Río que obliga a la defensa mutua entre los países americanos. En su opinión, debería canalizarse un nuevo sistema y aparato de seguridad interamericano a través de la OEA, sistema además que debería basarse en una noción más amplia de seguridad, centrada más en el bienestar humano y menos en la seguridad nacional del Estado. Por otro lado, Canadá por su gran tendencia multilateralista, concibe la OEA como la principal promotora de la democratización y de los derechos humanos en el hemisferio. No por casualidad, el gobierno canadiense fue quien tomó la iniciativa de crear "la Unidad de Promoción para la Democracia" de la OEA en octubre de 1990, la cual siempre ha estado liderizada por destacados diplomáticos canadienses. El ex-Embajador de Canadá en Venezuela, John W. Graham, fue un gran promotor de la UPD durante los años que ejerció el cargo de Coordinador Ejecutivo. En la actualidad, la canadiense Elizabeth Spehar ocupa el cargo de Coordinadora Ejecutiva de la misma.

Otra acción de envergadura pero referida al campo económico, fue su participación en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y México, y que condujeron al establecimiento del bloque comercial norteamericano. La decisión canadiense de pasar de un acuerdo de libre comercio bilateral con los Estados Unidos (CUFTA, 1989) a un acuerdo más amplio que incluyera a México (NAFTA, 1993), fue determinante en su política de acercamiento con los países latinoamericanos. Esta decisión, basada en su lógico interés de abrir la economía canadiense, ampliar sus inversiones y diversificar sus fuentes comerciales, busca además que "la liberación comercial en el hemisferio se convierta en una verdadera zona de libre comercio en Las Américas, y no en un área de libre comercio americana, es decir, estadounidense".

A partir de NAFTA y del ingreso a la OEA, Canadá ha emprendido una serie de acciones y actuaciones tendientes a profundizar las relaciones político-diplomáticas y comerciales con América Latina. Según el especialista Robert Miller, Director del Parlamentary Centre de Canadá, las mismas han transformado la política exterior canadiense hacia Las Américas en una más amplia, coherente, consistente y centralizada. Esta política, cabe destacar, ha sido en gran parte producto de la voluntad e interés político del actual gobierno liberal canadiense quien apenas llegó al poder en octubre de 1993 nombró, por primera vez en la historia, un Ministro de Estado para América Latina y Africa, y solicitó al Senado y a la Cámara de los Comunes una revisión total de la política exterior canadiense en la cual se incluía como propuesta que América Latina pasara a ser un área prioritaria. Mas la alta prioridad que el actual gobierno le otorga a las relaciones interamericanas, la ilustra ampliamente la presencia del Primer Ministro Cretién en la Cumbre de Miami que tuvo lugar en diciembre de 1994, convirtiéndose en el primer líder canadiense que jamás haya asistido a una cumbre hemisférica, así como su visita a varios países latinoamericanos en enero de 1995, entre los que se contaban Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Trinidad y Costa Rica. En esta visita de misión comercial que resultó en nuevos negocios calculados en casi tres mil millones de dólares, el gobernante canadiense, quien estuvo acompañado por una numerosa delegación de empresarios de ese país, felicitó a cada gobierno visitado por sus esfuerzos en el proceso de reformas económicas y ofreció estrechar las relaciones con Canadá.

III. Intereses y motivaciones canadienses.

Dados los recientes esfuerzos canadienses por procurar mayores y más fructíferas relaciones con los países latinoamericanos, se hace necesario ubicar las motivaciones e intereses que han impulsado a Canadá a buscar ese acercamiento.

En primer lugar, es obvio el interés económico el cual abarca, como hemos señalado, los ámbitos comercial, financiero y de inversión. Son muchos los factores que hacen que los intereses y motivaciones económicas de Canadá sean el principal motor de la nueva presencia canadiense en América Latina. Entre ellos se impone la tendencia mundial hacia la globalización y la conformación de bloques comerciales. El nuevo orden económico de postguerra fría ha impulsado a Canadá -un país cuyo bienestar y sobrevivencia económica se basan casi exclusivamente en el comercio exterior y la inversión- a ingresar al bloque del continente americano. En realidad, es el único al cual puede efectivamente ingresar en virtud de que los bloques europeo y asiático presentan más limitaciones que posibilidades en estos momentos. En el caso de Europa occidental, a pesar de los fuertes vínculos históricos y culturales que algunos de sus países, como Francia e Inglaterra, mantienen con Canadá, se observa un creciente desinterés hacia este país como socio económico dada la propia tendencia europea de regionalización e integración. De hecho, se podría decir que Europa ha venido relegando a Canadá en forma creciente, pasando a considerarla como "potencia media". En relación a Asia (en especial el área del Pacífico) y Africa, si bien constituyen zonas comerciales de creciente interés para Canadá -en especial Japón y los llamados "tigres asiáticos" con los cuales, incluso, los procesos de importación y exportación son más fluidos y numerosos que con los países latinoamericanos- su importancia económica es menor que la representada por el bloque americano. Y ello no tanto se explica por la intensa relación existente entre Canadá y los Estados Unidos, que sin duda opaca la relación económica que Canadá tiene efectivamente con América Latina, sino por el enorme potencial de desarrollo que tiene el mercado latinoamericano especialmente en el área de bienes y servicios; potencial que no manifiestan ni los europeos, ni los asiáticos ni los africanos. Para nadie es un secreto que para los inicios del próximo milenio, la región latinoamericana se convertirá en el mayor mercado mundial con una población cercana a los 700 millones.

Ahora bien, en términos económicos, el acercamiento canadiense a América Latina no se limita a las tendencias mundiales citadas. También se encuentra el hecho que el mercado latinoamericano (por su proximidad geográfica y porque en la mayoría de los países de la región se viene produciendo un interesante proceso de liberación económica que los hace aún más atractivos a los intereses canadienses) plantea una de las mejores oportunidades de "liberar" a la economía canadiense de su cada vez más pesada dependencia de los Estados Unidos, y especialmente ahora cuando Canadá atraviesa una crisis económica severa signada por una alta deuda pública y un enorme déficit fiscal. De tal forma, en la medida que Europa se aleja y Estados Unidos se acerca, Canadá busca a América Latina como factor de equilibrio en sus relaciones económicas norteamericanas.

Pero si bien la búsqueda de sus intereses comerciales y económicos -sin los cuales no puede vivir- son esenciales y prioritarios, no son los únicos que explican la determinación canadiense de profundizar sus relaciones con América Latina. Canadá también tiene interés en que los países latinoamericanos y caribeños se conviertan en aliados político-estratégicos y que Las Américas en general conformen una comunidad amplia de países que compartan principios democráticos comunes. Si ello no fuera así, no se explicarían los esfuerzos en pro de la democratización, la seguridad hemisférica y los derechos humanos que Canadá ha emprendido en el área, especialmente a través de la OEA Como bien ha afirmado David Makenzie en su reporte sobre los primeros años de Canadá en la OEA: "Las actividades de Canadá en sus primeros cinco años en la organización sugieren que está tomando en serio su nuevo rol en el hemisferio" Y ello, deja entrever Makenzie, sólo se puede interpretar como la búsqueda de un liderazgo hemisférico aunque al estilo canadiense, es decir, muy distinto al ejercido por los Estados Unidos. Relegada a un segundo plano en el juego europeo; vista por Asia y el Pacífico - a pesar de lo que representa desde el punto de vista democrático, geográfico y comercial- como un país extra-regional; y en búsqueda de su independencia económica y cultural de los Estados Unidos, es lógico que Canadá canalice su bien ganada capacidad de influencia y poder mundial, así como su tradicional vocación y compromiso con los ideales y valores democráticos, hacia la región de América Latina. No obstante, ello lo ha hecho en forma moderada -ya que no ha dejado de reconocer la supremacía estadounidense en la región- y desplegando su tradicional estilo diplomático multilateral, pacifista y no intervencionista que, de paso, coincide con la visión latinoamericana de lo que debería ser el sistema interamericano del siglo XXI.

Estos intereses político-económicos canadiense han sido no sólo aceptados sino reforzados por los países latinoamericanos, quienes han manifestado que desean ver a Canadá más activa en todos los ámbitos del hemisferio: económico, político, estratégico, social, cultural, tecnológico, turístico. De allí que hayan acogido tan entusiastamente -para sólo citar un ejemplo- el ingreso de Canadá en la OEA. Para los latinoamericanos, el nuevo papel canadiense es percibido como una fuerza positiva para el desarrollo y diversificación económica, la integración hemisférica, la profundización del proceso multicultural y, en especial, para el logro de un mayor equilibrio en sus relaciones asimétricas con los Estados Unidos. Y en consecuencia, hoy en día Canadá es vista como un miembro natural y especialmente querido de la comunidad hemisférica.

V. Una Promoción Democrática Diferente

A la luz de la discusión anterior, somos de la opinión que si bien Canadá aún no tiene una estrategia consolidada de "Promoción de la Democracia" -entendiéndose por ella una serie de conductas discursivas y de acciones específicas y permanentes de política exterior, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, y dirigida a defender, consolidar y expandir las formas de gobierno, instituciones, procesos, valores y actitudes propios de una democracia representativa y participativa, capitalista y liberal, la cual con todos y sus defectos sí posee los Estados Unidos- ella sí ha venido paulatinamente estructurando una política de promoción democrática, al menos desde la década de los 80 en el continente americano. El análisis anterior indica, además, que esta política ha logrado su propia impronta y estilo, buscando diferenciarse a la de los Estados Unidos.

En Las Américas, esta política, como bien lo ha establecido el nuevo gobierno liberal en su reporte de 1995, el cual fue producto de fructíferos debates en el seno del Parlamento y en la sociedad civil canadiense, se fundamenta en los siguientes términos: buen gobierno y gobierno según la ley, derechos humanos, seguridad cooperativa y desarrollo sustentable. Estos conceptos definen la promoción democrática canadiense y como tal amplían la concepción más ideologizada, intervencionista y militarista prevaleciente durante el período de guerra fría en las relaciones interamericanas.

En primer término, el apoyo a la democracia es entendida por Canadá como la búsqueda del buen gobierno (good governance) y del gobierno según la ley (rule of law). De tal forma, el ejercicio del poder gubernamental, dentro y fuera de sus fronteras, debe ser efectivo, honesto, justo, transparente, responsable (más que simplemente responsable "accountable", palabra que no tiene traducción al Español pero que apunta a un gobierno que rinde cuentas a sus gobernados), y enmarcado dentro de una estructura legal predecible e independiente.En esta visión, se hace énfasis en los procesos de participación y consenso político. Estrechamente vinculado a la búsqueda del buen gobierno y del gobierno de las leyes, Canadá entiende la promoción de la democracia como la lucha y defensa de los derechos humanos los cuales son considerados inherentes a la dignidad del ser humano y fundamentales para el bienestar de los individuos y para la permanencia de los valores de libertad, justicia, igualdad y paz en el mundo. La defensa y promoción de los derechos humanos incluye una amplia gama de derechos económicos, políticos, civiles, sociales, religiosos y culturales. A su vez, la promoción democrática también es entendida en términos de seguridad y defensa colectiva pero partiendo de una "seguridad cooperativa", es decir, que se base en el consenso y cooperación de todos los estados y que procure una agenda amplia de seguridad hemisférica que tenga como meta la seguridad humana en todas sus dimensiones. Por último, la promoción de la democracia en la visión canadiense incluye la promoción del "desarrollo sustentable" dado que se parte de la premisa de que sin prosperidad y desarrollo integral en todos los países, no es posible la estabilidad democrática ni en Canadá ni en la región en general. De tal modo, para Canadá es vital la superación y lucha por el desempleo, la inflación, la pobreza, el subdesarrollo, la protección ambiental, la justicia social, el narcotráfico etc. especialmente en los países del Tercer Mundo.

Como se dijo con anterioridad, esta visión canadiense de la promoción de la democracia que podríamos catalogar de comprehensiva u holística se ha venido desarrollando, básicamente, en forma multilateral, en particular a través de la OEA y mediante su actuación en la Unidad de Promoción para la Democracia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y mediante estos organismos, se ha puesto énfasis en iniciativas que sirvan para reforzar la democracia "desde abajo", más desde la sociedad civil que desde los gobiernos centrales dado que para Canadá la democracia es un proceso más horizontal que vertical. De allí que programas de consolidación de instituciones, procesos y valores democráticos como monitoreo de elecciones, educación cívica especialmente a través de Organismos no gubernamentales, entrenamiento de alcaldes y gobernadores, etc. sean esenciales.

Ello se debe principalmente a dos razones: Primero, porque al utilizar los canales multilaterales y "desde abajo" se evita que las iniciativas de promoción democrática canadienses sean vistas como intervencionistas o como transgresoras del principio de autodeterminación de los pueblos, los cuales no sólo violarían la Carta de la OEA sino la propia constitución y tradición canadienses. Al no ser percibidos como intervencionistas, el respeto hacia el liderazgo canadiense por parte de los latinoamericanos aumenta en tanto que el "temor" estadounidense por el protagonismo canadiense disminuye (recordemos que, en última instancia, para Canadá sus relaciones con Estados Unidos son prioritarias). Por otra parte, el multilateralismo en la promoción democrática canadiense hacia Las Américas es producto de su atención y preferencia por las relaciones comerciales interamericanas. En efecto, el gobierno canadiense se cuida mucho de que sus iniciativas democratizadoras no choquen con sus intereses comerciales y ello explica que en repetidas oportunidades afirme que "nada estimula más el progreso hacia la democracia y los derechos humanos que unas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas".

No obstante, a pesar de su acentuado multilateralismo y su estilo horizontal de promoción democrática, Canadá ha emprendido algunos esfuerzos unilaterales significativos a nivel gubernamental de promoción democrática, en los cuales ha mostrado un perfil político-diplomático más alto y un compromiso en asistencia financiera más relevante (particularmente a través de su Agencia de Desarrollo Internacional, CIDA) y que van más allá de sus conocidas iniciativas hacia Cuba. Entre ellos, destacan los casos peruano, haitiano e incluso el venezolano, dignos de consideración para el posterior desarrollo de una estrategia global de promoción democrática canadiense aun cuando, cabe destacar, son muchos los analistas canadienses que ponen en duda hasta la existencia de una política bilateral de promoción democrática por parte del gobierno canadiense hacia Las Américas. Para Robert Miller, Luis Peret y Jean Daudelin, por ejemplo, las relaciones económicas bilaterales no sólo son la prioridad para Canadá, sino que están completamente divorciadas de cualquier intento de promoción de la democracia en América Latina. Y sobre estas dudas fundamentan sus cuestionamientos acerca del verdadero sentido y efectividad de la promoción democrática de Canadá hacia el hemisferio en general.

¿Hasta qué punto, nos preguntamos, son esas dudas ciertas a la luz del caso venezolano?

VI. El caso venezolano: el comercio como prioridad.

Por supuesto que el comercio representa el principal interés y, en consecuencia, constituye el más significativo curso de acción en las relaciones bilaterales de Canadá y Venezuela. De hecho, Venezuela -después de México y Brasil- es el tercer socio comercial de Canadá en la región de América Latina, y ha sido considerablemente más importante para Canadá que centroamérica y el caribe del Commonwealth, zona esta última con la que mantiene fuertes vínculos culturales. El intercambio comercial entre ambos países, que comprende especialmente petróleo y sus derivados, bienes y servicios, se ha incrementado en los últimos cinco años a pesar de la situación de crisis económica y política por la cual atraviesa Venezuela. Uno de los años más fructíferos para el intercambio comercial entre ambos fue el de 1994. Como bien lo explica el informe sobre "Relaciones Comerciales entre Venezuela y Canadá" producido por la Embajada de Venezuela en Ottawa: "En 1994 las exportaciones totales de Venezuela a Canadá aumentaron en un 44% con respecto a 1993; y ello se debió a dos razones fundamentales: 1) al incremento en las exportaciones de petróleo en un 40% (68 MBD), principalmente por un aumento en las exportaciones de crudo (21MBD) y el inicio de las exportaciones del nuevo combustible venezolano Orimulsión a la planta canadiense New Bruswick Power (2.8 MBD en 1993). 2) al incremento de un 96% de las exportaciones no tradicionales". Por su parte, las exportaciones canadienses hacia Venezuela en ese año llegaron a 607 millones de dólares canadienses, mientras que en 1993 eran de $585, en 1992 de $526, en 1991 de $445, en 1990 de $287, y en 1989 de $164.. Sin embargo, en 1995-1996 estas exportaciones venezolanas han tenido una leve baja, la cual ha inclinado la balanza comercial a favor de Canadá. Según Pierre Giroux, Consejero de la Embajada de Canadá en Venezuela, el total de las exportaciones canadienses a Venezuela en el primer trimestre de 1996 se incrementaron en un 30% con respecto a 1995 y ello se debió al aumento de la exportación de autopartes y papel canadiense.

En su interesante trabajo "Converging interests of Canadá and Venezuela in the Nineties", el Profesor Roland Ely presenta una evolución detallada no sólo de las relaciones comerciales, sino financieras y de inversión entre Venezuela y Canadá en los últimos años, en particular desde 1984 cuando el gobierno de Pierre Trudeau firma un acuerdo de cooperación bilateral con el entonces gobierno venezolano de Jaime Lusinchi, en el cual se enfatiza la expansión comercial entre ambos países. En este trabajo se explica el activismo que bancos comerciales canadienses como el Royal Bank of Canada y el Bank of Nova Scotia han tenido en nuestro país. Así mismo, se hace referencia al protagonismo de un gran número de empresas privadas canadienses -en especial industrias manufactureras y de servicios- entre las que destacan: Alcan de Venezuela (aluminio); Corporación venezolana-canadiense (vino y licor); Formulario y Procedimientos Moore (formas comerciales); ICONE (cables y tubos); Placer Dome (exploración minera); SNC Lavalin (ingeniería industrial); y Wester Chemical (solventes bionergéticos). En el área de negocios, la Canadian Fruit Juice ha estado bien interesada en el mercado de frutas venezolano.

Considerando que las firmas canadienses controlan casi el 80% del mercado mundial en tecnología minera y el casi 40% de los servicios de asesoría en este campo, Canadá es uno de los principales socios venezolanos en el área de explotación y producción de oro. Las inversiones canadienses en el área de la minería incluyen, además, importantes proyectos en zinc, cobre, y plata. El sector petrolero, también capta importantes inversiones canadienses, así como el sector ambiental, destacándose en el primer caso la inversión, a partir de 1993, de las empresas canadienses Norcen y Canadian Occidental en la producción de campos marginales. De tal forma, no cabe duda que otro de los aspectos relevantes en las relaciones comerciales con Canadá es el de las inversiones directas de Canadá en Venezuela aun cuando estas han sufrido un estancamiento durante el gobierno de Rafael Caldera debido, fundamentalmente, a la falta de un clima de estabilidad y seguridad jurídica sobre todo para las empresas mineras. Las empresas mineras canadienses han manifestado preocupación por la repatriación de capitales y las exportaciones de los minerales y, en consecuencia, se encuentran a la espera de la aprobación en el Congreso venezolano de la nueva Ley de Minas y los decretos del Gobierno Nacional sobre esta materia. Hasta el momento lo único que se ha logrado en esta materia es la suspensión en 1995 -por parte de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela- del decreto presidencial de 1991 en relación a los títulos de las concesiones mineras. Con esta suspensión, ahora esos títulos sólo los puede otorgar el Ministerio de Energía y Minas, no la Corporación Venezolana de Guayana como sucedía anteriormente. Esta nueva disposición sin duda ofrece mayor seguridad jurídica. Los inversionistas canadienses en general estuvieron por varios años pendientes de la firma del acuerdo de Protección y Promoción de las Inversiones el cual finalmente se firmó (falta su ratificación por los congresos respectivos) el pasado 1 de julio de 1996. Quedan todavía a la espera del acuerdo para evitar la Doble Tributación en materia de impuestos sobre la renta, que aún se encuentra en negociación. Según la opinión de prácticamente todos los entrevistados para este trabajo, para los canadienses fue un gran alivio la eliminación de medidas limitantes para la inversión como la de control de cambio; así mismo la Agenda Venezuela representa un paso importante dado por el actual gobierno venezolano a objeto de favorecer las inversiones, pero aún se encuentran a la espera de sus resultados concretos.

En cuanto a la cooperación a nivel intergubernamental, The Export Development Corporation (EDC) de Canadá ha dado créditos importantes en el área del ambiente y los recursos naturales, particularmente en el Lago de Maracaibo y en la ciudad de Barquisimeto. Así, por ejemplo, en 1990 los créditos provenientes de EDC totalizaron una suma de 100 millones de dólares canadienses. Otro programa importante es el de Cooperación Industrial (Industrial Cooperation Program, INC) que se inició en Venezuela en el año de 1988 y el cual ha crecido considerablemente en los últimos años al punto que en la actualidad constituye el programa más grande que maneja el gobierno canadiense en América Latina. En líneas generales, la cooperación industrial, técnica y científica, de comercio y medio ambiente se vio repotenciada a partir de 1992 cuando tuvo lugar la IV Reunión del Comité Consultivo Venezuela -Canadá, la cual fue creada en 1982. No obstante, cabe destacar que este importante Comité, no sólo en términos de cooperación sino en términos de desarrollo comercial y de inversiones, no se ha vuelto a reunir a pesar que su V Reunión estaba firmemente pautada para el año de 1994. El actual Embajador de Canadá en Venezuela, Ives Gagnon, ha tenido como meta prioritaria la reactivación de este Comité consciente de la importancia que el mismo también ofrece para el fortalecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países. Está prevista una reunión técnica en el mes de octubre del presente año, a objeto de preparar la agenda y la organización dela V Reunión que se aspira celebrar a principios de 1997.

Aparte de las relaciones económico-comerciales, también destacan -aunque en menor grado- las relaciones político-diplomáticas bilaterales. Así, desde 1989 al presente, Venezuela y Canadá han adoptado compromisos de trabajar conjuntamente en el diseño y ejecución de programas destinados a reducir la producción y consumo de drogas; han firmado o negociado el acuerdo para evitar la Doble Tributación con respecto al Transporte Marítimo y Aéreo, el tratado de Asistencia Legal Mutua, el acuerdo de Cooperación Audiovisual, el acuerdo sobre el desempeño de trabajos remunerados por parte de los descendientes de los funcionarios adscritos a nuestras misiones diplomáticas y consulares, el acuerdo sobre Transporte Aéreo y el tratado de Ejecución de Sentencias Penales; y han puesto en marcha importantes programas de formación y de intercambio profesional. La creación en 1991 de la Asociación de Estudios Canadienses ha sido esencial para el logro de un mayor y profundo conocimiento entre ambos países e indirectamente ha redundado en el beneficio de sus relaciones bilaterales, tanto políticas como económicas.

Ahora bien, el hecho de que las relaciones bilaterales, económicas y políticas, entre Canadá y Venezuela se han mantenido -e incluso incrementado y fortalecido- desde 1989 al presente -a pesar de la citada paralización relativa de las inversiones canadienses y de la disminución de las exportaciones venezolanas en los últimos dos años- pudiera significar que las mismas han formado parte de una política canadiense específica dirigida a apuntalar la democracia en Venezuela, en un momento en que este país atraviesa una de sus mayores crisis económicas y una de sus peores situaciones de inestabilidad política y crisis de gubernabilidad. Pero en realidad, el gobierno canadiense se ha cuidado mucho de que tanto sus relaciones económicas como sus relaciones político-diplomáticas bilaterales no interfieran en sus iniciativas multilaterales y sus acciones bilaterales en pro de la democracia venezolana y latinoamericana en general. Esta separación entre las acciones económicas y políticas "rutinarias"o formales y las iniciativas más de índole estratégico de alto perfil, puede derivarse claramente, por ejemplo, de la actitud critica y contundente emprendida por Canadá en contra de la Ley Helms-Burton aprobada recientemente por los Estados Unidos. Precisamente, uno de los argumentos empleados por Canadá para el rechazo de dicha Ley es que la misma forma parte de la estrategia política del gobierno estadounidense en contra del gobierno cubano de Fidel Castro. Canadá siempre ha estado en desacuerdo con el bloqueo económico de los Estados Unidos hacia Cuba porque considera no sólo que ese mecanismo es ineficiente para el logro de la democratización del régimen cubano, sino porque viola los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, así como el principio universal de libertad económica al cual se acogen la mayoría de los países occidentales.

No obstante, a pesar de todo lo anterior, se pueden observar ciertas conductas y actitudes en pro de la democracia venezolana a partir de 1989 al presente

VII. La defensa y promoción de la democracia venezolana.

Una de las acciones más evidentes en pro de la democracia venezolana fue el apoyo otorgado por el gobierno de Mulroney a los intentos de golpes de Estado producidos en Venezuela en febrero y noviembre de 1992. En esa ocasión el gobierno canadiense le dio pleno respaldo al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en una forma que fue más allá de los recursos diplomáticos formales (Canadá envió notas diplomáticas y apoyó activamente la moción especial de condena a los golpes que se dio en la OEA), en el sentido que el entonces Primer Ministro canadiense llamó telefónicamente y escribió cartas personales al ex-Presidente venezolano ofreciéndole su solidaridad, y su apoyo personal e incondicional. Por supuesto, como bien lo expresa el propio Presidente Pérez en entrevista personal, esta actitud del Primer Ministro fue producto fundamentalmente de la amistad existente entre ambos mandatarios, quienes compartían ideas y posiciones iguales en cuanto a la promoción de la democracia en el continente, y trabajaron juntos en iniciativas de democratización regional, como es el caso de Haití en el que Canadá y Venezuela impulsaron y conformaron el "grupo de apoyo a Haití". Este apoyo fue consolidado y ampliado por el entonces Embajador de Canadá en Venezuela, John Graham, quien también fue amigo personal de Carlos Andrés Pérez. Según fuentes confidenciales, Mr. Graham -posterior Director Ejecutivo de la Unidad de Promoción de la Democracia de la OEA, fue un factor decisivo no sólo en el envío de una misión especial de observación de la OEA en las elecciones presidenciales venezolanas de diciembre de 1993, sino en la participación de expertos canadienses en dicha misión electoral.

Pero más allá de esta manifestación que podría catalogarse no tanto de promoción propiamente dicha sino de defensa de la democracia venezolana, encontramos una serie de acciones democratizadoras cuyo bajo o alto perfil oscilan según los intereses y las necesidades de los gobiernos y embajadores canadienses y venezolanos que han transitado en ambos países desde 1989 al presente. De tal forma, en el período que ocupa los años 1989 a 1993 siendo B. Mulroney Primer Ministro de Canadá, Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez Presidentes de Venezuela, J. Graham Embajador de Canadá en nuestro país, Vladimir Gessen y Roy Chaderton Embajadores de Venezuela en Canadá, se dio una confluencia de intereses y percepciones en torno a la democratización regional y la necesidad de defender la estabilidad de la democracia venezolana que hicieron posible que se activaran mayores mecanismos y acciones canadienses tendientes a la promoción de nuestra democracia. Si bien en estos años Venezuela no pasó a ser el gran "issue" en la agenda de desarrollo democrático de Canadá -aún los casos de Haití y Cuba eran prioritarios- si fue objeto de especial atención, mucho más que en el período posterior 1994-1995.

Así, por ejemplo, en 1989 se creó el Fondo Canadiense de Iniciativas Locales que es operado directamente por la Embajada de Canadá en Venezuela. El mismo, dirigido a fomentar el desarrollo político y social a través de proyectos y organismos de la sociedad civil, no había sido implementado con anterioridad -este fondo ya existía en muchos países latinoamericanos- en vista que Venezuela era considerada como un país de gran estabilidad democrática. Se inició con 50.000 $Can y en la actualidad maneja un promedio de 200.000 $can y entre 15 a 20 proyectos anuales. De estos proyectos, destacan aquellos dirigidos al desarrollo del movimiento indigenista venezolano y a la promoción de los derechos humanos en las cárceles venezolanas. Por otra parte, entre 1989 y 1993, el gobierno de Canadá incrementó su asistencia financiera para el desarrollo especialmente a través de su Agencia Internacional para el Desarrollo (CIDA); asistencia que, en términos generales, siempre ha sido modesta y limitada. En este sentido, cabe apuntar el programa de Cooperación Institucional y de Servicios para el Desarrollo (Institutional Cooperation and Development Services, ICDS. Mediante este programa, CIDA apoya los vínculos existentes entre instituciones, universidades, asociaciones profesionales, etc. canadienses y venezolanas. El total del financiamiento otorgado por este programa hasta 1993 fue de 328.000 $can, alcanzando la cifra de 280.000 $can. en 1991-1992. No obstante, este proyecto no ha funcionado más en nuestro país desde 1993. Otra asistencia financiera canadiense que se incrementó luego de los intentos de golpes de Estado venezolanos, fue la otorgada a través del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo (International Development Research Centre, IDRC. -que alcanzó la cifra de 252.000 $can. en 1992/1993- y mediante el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático (International Centre for Human Rights and Democratic Development, ICHRDD, cuyo único desembolso por 60.000$can. se dio en el período 1992/1993. En cuanto a la asistencia financiera indirecta, otorgada a través de los organismos multilaterales, en 1993 la cifra ascendió a $570,000 Millones.

Esta asistencia financiera canadiense, si bien es modesta si la comparamos con la otorgada por otros gobiernos occidentales como el de los Estados Unidos, evidencia una preocupación sin precedentes hacia la situación democrática venezolana. En el período posterior, es decir cuando se inician los gobiernos del Primer Ministro Cretién y de Rafael Caldera a finales de 1993 y, la asistencia y cooperación canadiense hacia Venezuela disminuyen en términos relativos observándose que este mecanismo de promoción democrática, así como las relaciones políticas bilaterales en general, pasan a un segundo plano. La actividad canadiense se centra en los asuntos comerciales y su diplomacia pro-democracia adquiere un muy bajo perfil. Ello es producto de varios factores. En primer lugar, Canadá, en un momento en que NAFTA y la posibilidad de expandirlo hacia la América del Sur era el asunto prioritario, se centra en sus intereses y relaciones comerciales en todo el continente. Segundo, en Venezuela se encuentra un nuevo gobierno que interrumpe el proceso de liberación económica, emprende políticas populistas, y no se encuentra interesado en una política de promoción democrática continental como la seguida por sus antecesores (esta política sólo se ha limitado a la lucha anti-corrupción). A su vez, la política exterior general del Presidente Caldera se desarrolla hacia el sur, especialmente hacia Colombia y Brasil. Tercero, es significativo el hecho de que no existiera ni se fomentara una amistad estrecha, tal vez por la falta de coincidencia política e ideológica, entre Caldera y Cretién. Por otra parte, sus respectivos Embajadores de ese momento, Russell Davidson por Canadá y Félix Rossi Guerrero por Venezuela, manifestaron mucho más interés en los relaciones comerciales -en particular las petroleras- que en las políticas y ambos, por razones de personalidad, se inclinaron por una diplomacia de muy bajo perfil. Este último factor tiene un peso significativo más si tomamos en cuenta que en la tradición de la política exterior canadiense los primeros ministros le otorgan un amplio poder de actuación a sus embajadores.

A partir de finales de 1995 y principios de 1996 observamos un cambio en la conducta canadiense y en las relaciones venezolano-canadienses en general. Se percibe un mayor equilibrio entre las relaciones políticas y económicas así como un mayor dinamismo en la diplomacia canadiense. Todavía este cambio se encuentra en período de gestación, pero cada día se hace más evidente. Ello, a nuestro modo de ver, responde básicamente a la llegada a nuestro país de una nueva misión diplomática canadiense liderizada por el Embajador Ives Gagnon y el Consejero Político Pierre Giroux, misión ésta que, entre otras acciones, ha empujado la firma de tratados cuyas negociaciones estaban prácticamente paralizadas (e.i. el acuerdo de Protección y Promoción a las Inversiones); está tratando de reactivar el Comité Consultivo Canadá-Venezuela cuya última reunión se realizó, como ya anotamos, en el año de 1992; ha emprendido una serie de encuentros políticos con parlamentarios venezolanos y funcionarios de nuestra cancillería; y está promocionando de una forma más visible, a través de actividades culturales y sociales, los intereses y valores canadienses. Hasta el momento, sin embargo, no se observa una política bilateral clara de promoción de la democracia así sea al estilo canadiense, es decir, activando mecanismos y emprendiendo acciones específicas en favor de los derechos humanos, la institucionalización y buen gobierno democrático, la expansión y consolidación de nuestra sociedad civil, etc. Pero, al menos, se aprecia una actitud más favorable hacia ese objetivo en el discurso diplomática.

Sin duda, este cambio sutil en la conducta canadiense también se debe a un cambio, aún más exiguo, por parte del gobierno venezolano que si bien continua mirando hacia el sur y no termina de voltear hacia el norte se ha visto en la obligación de reemprender el proceso de liberación económica interrumpida y, por otra parte, ya no tan beligerante en su política de anti-corrupción hemisférica, está tratando de abrir su agenda de política exterior. La actuación del actual vicecanciller Milós Alcalay así lo demuestra. El nombramiento de José Ignacio Moreno León como Embajador en Canadá también es un síntoma favorable porque además de ser experto en materia petrolera, al igual que el ex-Embajador Rossi Guerrero, parece tener una actitud política diplomática más activa. Finalmente, la misma situación Venezolana de mayor estabilidad política y económica que se manifiestan en los últimos meses del presente año, contribuyen a un cambio de conducta canadiense.

VIII. Recomendaciones.

Luego de este breve análisis del caso venezolano en que sobresalen, a pesar de los esfuerzos realizados particularmente entre 1989 y 1993, las limitaciones de la política bilateral canadiense en materia de promoción democrática, es preciso apuntar la importancia de una estrategia coherente de promoción de la democracia para Canadá en el contexto hemisférico actual. Empecemos por este último.

En un contexto de postguerra fría en que el la región americana, o de Las Américas, presenta como nunca antes posibilidades de integración, cooperación, democratización y de transformación en su sistema de relaciones tan asimétricas con la potencia mayor -los Estados Unidos- es necesario lograr consenso en torno a principios y acciones de promoción y defensa democrática. Lamentablemente, este consenso aún no se ha logrado ni siquiera en el seno de la Organización de Estados Americanos, organismo natural de confluencia interamericana, aun cuando han sido muchos los discursos e iniciativas que apelan a ese objetivo. Y soy de la opinión, que ese necesario consenso no se ha logrado, ni se logrará, hasta tanto los países americanos con mayor influencia y poder no adopten como prioritaria en sus políticas exteriores, y en consecuencia implementen, una estrategia de promoción democrática propia. Porque una visión y diseño estratégico no sólo es imprescindible en un mundo post-bipolar para neutralizar las tendencias anárquicas, como bien lo ha señalado el ex-Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, sino que debe realizarse "desde abajo", bajo el liderazgo de las potencias medias, dado el carácter pluralista de los nuevos sistemas y subsistemas regionales. De allí la importancia de una estrategia de tal naturaleza en la política exterior de Canadá como país de reconocido poder mundial, que realmente se manifieste en sus relaciones bilaterales.

Una estrategia bilateral canadiense más coherente y efectiva no tendría porque ir en contra de sus principios y estilo, con los cuales tienen más afinidad los países latinoamericanos en la actualidad en virtud de la oposición manifiesta con aquellos que han caracterizado la estrategia de los Estados Unidos en el hemisferio. Se trataría, más bien, que la actual política democrática bilateral canadiense acentuara su activismo, pasara más de la retórica a la acción práctica, que equilibrara sus relaciones políticas y económicas, y que fuera más cónsona con su política democrática multilateral. Para ello se requieren, al menos, dos condiciones:

Primero, que el gobierno canadiense pierda el miedo a tener un liderazgo bilateral. Un mayor protagonismo no necesariamente implica el desarrollo de acciones intervencionistas, que violen los asuntos internos de otras naciones. En segundo lugar, es necesario que el gobierno canadiense invierta más dinero en su política democrática bilateral, tanto a través de sus organismos de cooperación (el CIDA y el Centro de Derechos Humanos en especial), como de sus embajadas en los países latinoamericanos las cuales deben ampliar sus proyectos para el desarrollo de la sociedad civil, y de las instituciones y procesos políticos.