Desde hace varios años la administración de justicia se paraliza aproximadamente por la misma época. Se trata de una huelga de empleados y demás funcionarios al servicio de los tribunales, quienes reclaman con justeza la cancelación de deudas que tiene el Consejo de la Judicatura y del cumplimiento de obligaciones contraídas de forma solemne. El problema es que ni la burocracia oficial, entiéndase Poder Ejecutivo, Consejo de la Judicatura y hasta el propio Congreso, han podido dar respuesta oportuna a las necesidades del Poder Judicial, ni los integrantes de este último han sabido canalizar asertivamente las acciones reivindicativas a las cuales son acreedores.

Para el inversionista y el ciudadano común el asunto es peor ya que una parálisis de la administración de justicia es una situación que supera la simple suspensión de garantías constitucionales. En efecto, al haber suspensión de garantías por lo menos quedan los tribunales, en los cuales, aun con los problemas que los aquejan, todavía existe en ellos una serie de jueces y funcionarios bien intencionados, capacitados y honestos que hacen que las cosas funcionen y cuya labor es la única explicación por la cual el sistema judicial no ha colapsado totalmente. Por eso, aun cuando no haya garantías constitucionales, porque el Poder Ejecutivo las suspenda, siempre habrá un refugio en un sector sano del Poder Judicial que, gracias a Dios, todavía existe.

En cambio, cuando se suspenden las actividades tribunalicias el asunto se complica. Por cuanto esos jueces y funcionarios que permiten que haya un equilibrio, aun cuando sea precario, ya no laboran. Por esa razón, al no haber trámites de ningún asunto judicial la repercusión para inversionistas y ciudadanos es mucho mayor.

En conclusión, si hubiera la base mínima jurídica, ingresarían a Venezuela muchísimos más capitales que los que toman el riesgo de venir. Para ello, se requiere un calendario judicial cierto y predecible. La solución al problema económico del Poder Judicial es reconocerle su autonomía presupuestaria y la creación del Situado Judicial. Sólo de esa forma se equipararían a los otros poderes y no habría excusas para su parálisis.