Aquí caben dos aclaratorias, histórica la primera y ética la segunda. La histórica apunta a un hecho fuera de cualquier posibilidad de cuestionarlo. Los Estados de las sociedades altamente industrializadas han invertido e invierten fuertemente en sus sistemas educativos, incluso desde el momento mismo en el que deciden emprender la vía del desarrollo, tal y como ocurrió durante el siglo XIX en Alemania, Japón e Italia (pueblos llegados tardamente a la modernización de aquel entonces) y hoy da en los pases de reciente industrialización (Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Malasia y otros). Muchas veces bajo la presión de regímenes Políticos autoritarios, semejantes Estados actuaron estadista y no politiqueramente.

La segunda aclaratorio es ética. La obligación del Estado para con la inversión en educación no exime a la sociedad, esto es: El conjunto de los diferentes actores y fuerzas sociales, de la responsabilidad de participar en la educación; la reafirmación de tal obligación no es por ende parte de ningún discurso estatista mal llamado "populista". Está claro que la educación privada tiene derecho a existir, pero también debe estar claro que los sistemas educativos privados, en todos sus niveles, obedecen a intereses particulares y por lo tanto a una racionalidad no necesariamente societal.

Ahora bien, sistemas de educación pública son caros. La Unesco estima (si mi memoria no me falla) que un siete por ciento del Producto Interno Bruto, no del presupuesto, debe dedicarse a la educación y el 1,5 por ciento a la investigación e innovación científico-tecnológica. Ello significa que la inversión en educación debe tener necesariamente una marcada incidencia en los presupuestos de los Estados. Imponer que ello sea así es una obligación imprescindible del Estado, si realmente quiere cumplir con su esencia de estadista colectivo.

Claro está que, si el Estado invierte ingentes sumas en el sistema educativo, la sociedad también tiene derecho a exigir que: (a) tales inversiones sean bien administradas y (b) se le rinda cuentas sobre sus destinos y resultados. Un índice para medir el cumplimiento de ambas exigencias es la calidad de los egresados (como seres humanos, ciudadanos e integrantes de la mano de obra), otro la capacidad del sistema científico-tecnológico de contribuir a la solución de problemas de la sociedad (que incluye obviamente la economía).

No voy a negar que los Estados de América Latina y del Caribe (el venezolano en destacado lugar) han hecho, durante las décadas de los cincuenta, sesenta y buena parte de los setenta, grandes esfuerzos en cuanto al financiamiento de la educación y, desde finales de los sesenta, también de la investigación científico-tecnológica. El resultado, indudablemente positivo, ha sido la masificación de la educación, por un lado, y una mayor productividad innovativa, por el otro. Pero ahora, en estos tiempos de crisis y transición, el esfuerzo deberá dirigirse a buscar una mayor excelencia en el sistema como un todo. Ello implica que las inversiones al menos no deberían bajar, al tiempo que el sistema educativo debería responder con una mayor capacidad de modernizarse a sí mismo, mediante nuevas formas de organización, gestión y mayor eficiencia, por ejemplo, lo cual constituiría una manera de rendirle cuentas a la sociedad y legitimar la inversión de hasta mayores sumas.

Pienso que, adicionalmente, debe emprenderse la búsqueda de novedosas formas de financiar la educación. En este sentido, el reciente anuncio gubernamental de una participación de tres universidades autónomas (y no sólo del capital privado local e internacional) en "alianzas estratégicas" con la industria petrolera puede indicar un sendero promisorio.

¿Son estas reflexiones lugares comunes, verdades de perogrullo? Es posible. Pero en tiempos de confusión ("neoliberal", "postmoderna" y "antiestatista"), hasta repetir lugares comunes puede cumplir una función. A lo mejor esclarecedora.