El gasto rígido derivado de compromisos políticos engloba innumerables organismos e instituciones, que prestan un servicio en virtud de lo cual generan una demanda hacia el presupuesto, que es políticamente consentida. En este universo hay de todo. Desde pequeñas agrupaciones locales hasta empresas del Estado deficitarias, pasando por las Universidades, fundaciones, centros culturales, subsidios a empresas y familias, organismos internacionales, etcétera.

Este gasto rígido, equivalente a lo que denominamos costo del Gobierno en su sentido operativo, contractual y político, representa en un año el 25% del PIB (producto interno bruto, es decir, la suma de todos los bienes y servicios producidos por el país).

Cuando la casi totalidad del presupuesto de gastos fiscales está destinada a cubrir el costo del Gobierno, ocurren dos consecuencias terribles para la fortaleza del Estado y la viabilidad financiera del país: por un lado, se minimiza la capacidad del Gobierno para invertir (construir carreteras, hospitales, escuelas), lo que inevitablemente deteriora la calidad y estructura de vida. Por otro lado, restringe hasta hacerla imperceptible la facultad de ejecutar una política fiscal.

Esta última consecuencia es un poco abstracta, pero tan nefasta como la primera. En la imposibilidad de una política fiscal, el presupuesto se reproduce a sí mismo, cada año, según su inercia. Esto lleva a que en situación de caída de ingresos del Gobierno, el presupuesto sea deficitario e inflacionario. Cuando los ingresos aumentan, por el contrario, las demandas presupuestarias no quedan inmóviles, sino que aumentan. El llamado gasto rígido es así rígido a la baja, pero flexible al alza. Algo así como un organismo que come y crece según la disponibilidad de recursos a su alcance.

El comportamiento de este gasto es así inercial al alza; el costo del Gobierno sólo deja de subir en época de crisis fiscal, para intentar recuperar su tendencia cuando, como ahora, aumenta la disponibilidad de ingresos.

Los centros rectores del presupuesto, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Finanzas del Congreso, comienzan ahora la discusión del presupuesto para 1997. Si ambos son dominados por la inercia, el ingreso fiscal petrolero extra que este año y el próximo sumarán entre $ 5.000 y $ 6.000 millones, terminará siendo utilizado para reproducir el mismo Estado, a un nivel mayor de gasto y costo para el país.

La oportunidad para reducir el costo permanente del Gobierno, de 25% del PIB que es en la actualidad, pasa por reformar el Estado. Es posible llevar este costo a menos de 20% del PIB, reduciendo transferencias y subsidios, entre otras cosas. Pero ello pasa por la reforma del Estado, de lo cual la privatización de empresas es sólo un aspecto (el costo fiscal de las universidades, por ejemplo, puede ser reducido a la mitad, lo cual ya alcanzaría a 1% del PIB). En lugar de aplicar los ingresos petroleros no anticipados para atender la tendencia incremental de su costo, Gobierno y Congreso tienen la oportunidad y responsabilidad de aplicar estos recursos a reducir el costo del Estado en forma permanente. Si son atrapados por el "Presupuesto Inercial", estarán creando las condiciones para la próxima crisis fiscal antes de fin de siglo.