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Revista Electrónica Bilingüe       Nº 8     Octubre 1996
Esta Semana
El fraude de la seguridad social en Venezuela
Pedro Carmona Estanga


EL ministro de Educación utilizó con coraje hace algún tiempo la expresión "fraude" para calificar a la educación en Venezuela y el país lo aplaudió con "bravos", consciente de la necesidad de que se le hable claro y de que se conceda una alta prioridad en la agenda nacional a la reforma integral del sistema educativo. Tal expresión es hoy aplicable a la seguridad social, tema sobre el cual me siento estimulado a escribir, ante la vivencia fresca de unos días de permanencia en España, que me permitieron constatar cómo esa nación cuenta con un eficaz sistema de seguridad social, que constituye uno de los pivotes sobre los cuales descansa la calidad de vida del ciudadano hispano. Al recorrer varias regiones peninsulares y conversar con su gente, trabajadores humildes o profesionales, pude apreciar cómo una buena organización del sistema garantiza servicios médicos óptimos, seguro de desempleo y pensiones de vejez dignas a quienes han cumplido su ciclo vital. Por su parte, las cajas o fondos de ahorro constituyen una exitosa experiencia, que al igual que en Chile y otros países de América Latina, estimulan el ahorro, dinamizan la inversión privada y proporcionan sistemas previsionales eficaces al trabajador y a su núcleo familiar. Pude comprobar casos de obreros industriales con pensiones de US$ 1.400 y más mensuales o parejas de trabajadores, ambos pensionados, con ingresos totales de US$ 4.000, que les aseguran una vida decorosa y sin estrechez. Recientemente, el gobierno del presidente Aznar suscribió un importante acuerdo con las principales centrales sindicales que garantiza el futuro de las pensiones y su poder adquisitivo hasta el año 2001, tema que había sido objeto de debates durante la campaña electoral y de prioridad en la discusión política en el marco del llamado Pacto de Toledo.

Mientras tanto, en Venezuela continuamos empantanados en el debate relacionado con las prestaciones sociales y el Seguro Social. Las comisiones presidenciales o tripartitas han fracasado, como también las cinco comisiones reestructuradoras del IVSS designadas hasta el momento, mientras el salario real sigue deprimido y la situación del Seguro Social es de virtual colapso. Es curioso que cuando el sector privado se acerca al planteamiento de los trabajadores en cuanto a que el tema de las prestaciones no se desligue de la suerte del Seguro Social, algunos lo interpreten como una maniobra para suprimir la institución y perjudicar a la clase trabajadora. A nadie en su sano juicio se le ocurriría plantear algo distinto a convertir el inoperante IVSS en un sistema que funcione y beneficie de veras a los trabajadores venezolanos. No es hora de falacias ni elaboraciones demagógicas. El Seguro Social está quebrado su déficit operacional es exagerado no ha presentado estados financieros desde hace años y varias firmas de auditores lo califican como inauditable; los recursos del Fondo de Pensiones han sido utilizados con fines distintos a los establecidos por la ley; el Estado le adeuda montos que bordearían los 500.000 millones de bolívares y las obligaciones con los trabajadores y el Seguro de Paro Forzoso son descomunales, sin hacer mención a la frondosa burocracia, pesado fardo que tiene herido mortalmente a la institución. En suma, el IVSS languidece, los hospitales están casi paralizados y son víctimas de saqueos y la condución del mismo está condicionada por intereses enquistados, lo cual causa frustración nacional ante la mirada impasible de quienes toleran el "statu quo" o viven de él, entre ellos burócratas, políticos, suplidores, traficantes y no pocos dirigentes sindicales, que poca disposición tienen hacia el cambio. Basta remitirse al juicio del presidente del IVSS, Juan José Delpino, quien califica al organismo como una hidra, un monstruo de mil cabezas, infiltrado por vicios y corruptelas que irritan a los trabajadores, quienes se expresan en todas las encuestas abrumadoramente en favor de su radical transformación. El Fondo de Pensiones está descapitalizado después de haber sido repuesto tres veces. Por ello no es razonable plantear de nuevo su recapitalización sin definir previamente las metas de la reestructuración. La burocracia excede en 30.000 el número de trabajadores necesarios, lo cual supone ocio, clientelismo y una importante fuente de ingresos para organizaciones sindicales que, según se afirma, tienen en nómina a centenares de dirigentes que gozan de inamovilidad y perciben ingresos mensuales que sorprendería al país conocer. Pero además, el IVSS supone elevados e injustificados costos para empresarios y trabajadores. La mayoría de las empresas organizadas debe contratar servicios privados de hospitalización, cirugía e incapacidad, adicionales a los aportes obligatorios al IVSS, ya que es casi imposible que un trabajador pueda recurrir a la atención hospitalaria del IVSS sin pérdida de su valioso tiempo o ser atendido por médicos carentes de motivación, entre otros debido a los bajos niveles de remuneración que reciben, todo ello en instalaciones destartaladas y desprovistas del equipamiento necesario. Por lo demás el Estado obliga a que dichos hospitales funcionen como centros de atención general sin retribuir al IVSS por dichos costos, lo cual agrava su situación. Y no hablar de las penurias de aquéllos que han cotizado durante una vida al Seguro Social, para luego recibir pensiones del orden de treinta dólares mensuales nivel inferior al nivel de subsistencia y esperar a veces años para que se hagan efectivas y luego sufrir vergonzosas demoras para cobrarlas.

Los cambios que el país exige no admiten ya actitudes "gatopardianas" ni falta de coraje, mucho menos en temas prioritarios como lo es en lugar destacado el de la seguridad social. El problema del IVSS no tiene salida por la vía de incrementos en la recaudación o en el monto de las cotizaciones, sino a través de modificaciones sustantivas. Se requiere reducir drásticamente personal en el IVSS, descentralizar o privatizar los servicios de salud, cuya experiencia piloto puede ser Carabobo, sin temor a otorgar banderas políticas al ex gobernador Salas Romer, romper los hilos de la corrupción modificando de cuajo los sistemas de compras de medicamentos y equipos y combatiendo el reposerismo y la indiferencia. Sorprende que un hombre respetable como Delpino, sostenga una tesis reacia a la descentralización, a la desburocratización y que propicie de nuevo soluciones sesgadas a la vía de los realazos. De ser así, el monstruo de mil cabezas lo devorará y en cumplimiento de su promesa tendrá que renunciar, fracaso que no será no el de una persona que aceptó dicho desafío, sino una nueva frustración para una nación que anhela mejorar su nivel de vida y recuperar la confianza en su dirigencia.

En tal sentido, mientras el 75% de empresarios encuestados piensa que el IVSS debe cambiarse profundamente, el 85% de los trabajadores afirma que es un fraude. Es necesario por tanto acometer con equidad y sin demoras tanto la modificación del sistema de prestaciones sociales como el de seguridad social, incluyendo el IVSS y en una segunda etapa el seguro de paro forzoso y la política habitacional, también inoperantes, y aprobar los fondos de capitalización individual para retiro bajo administración privada y un adecuado sistema control, para ofrecer al trabajador opciones que mejoren sensiblemente su nivel de bienestar. Basta ya de postergaciones a las soluciones de fondo y de malgastar cuantiosos recursos en ese pozo sin fondo del cual se han alimentado tantos sin proporcionar al beneficiario final la asistencia que merece. No hay alternativas: cirugía mayor, desburocratizar, adecentrar, descentralizar, abrir opción a formas privadas de manejo. Ha llegado el momento de actuar y de reabrir un diálogo sensato y auténtico entre las partes, sin demagogia ni concesiones al público de galerías. El país no tolera más deterioro y postergaciones en la solución de problemas que le son fundamentales.


El Universal, sábado 26 de octubre, 1996.
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