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EL ministro de Educación utilizó con coraje hace
algún tiempo la expresión "fraude" para
calificar a la educación en Venezuela y el país
lo aplaudió con "bravos", consciente de la necesidad
de que se le hable claro y de que se conceda una alta prioridad
en la agenda nacional a la reforma integral del sistema educativo.
Tal expresión es hoy aplicable a la seguridad social, tema
sobre el cual me siento estimulado a escribir, ante la vivencia
fresca de unos días de permanencia en España, que
me permitieron constatar cómo esa nación cuenta
con un eficaz sistema de seguridad social, que constituye uno
de los pivotes sobre los cuales descansa la calidad de vida del
ciudadano hispano. Al recorrer varias regiones peninsulares y
conversar con su gente, trabajadores humildes o profesionales,
pude apreciar cómo una buena organización del sistema
garantiza servicios médicos óptimos, seguro de desempleo
y pensiones de vejez dignas a quienes han cumplido su ciclo vital.
Por su parte, las cajas o fondos de ahorro constituyen una exitosa
experiencia, que al igual que en Chile y otros países de
América Latina, estimulan el ahorro, dinamizan la inversión
privada y proporcionan sistemas previsionales eficaces al trabajador
y a su núcleo familiar. Pude comprobar casos de obreros
industriales con pensiones de US$ 1.400 y más mensuales
o parejas de trabajadores, ambos pensionados, con ingresos totales
de US$ 4.000, que les aseguran una vida decorosa y sin estrechez.
Recientemente, el gobierno del presidente Aznar suscribió
un importante acuerdo con las principales centrales sindicales
que garantiza el futuro de las pensiones y su poder adquisitivo
hasta el año 2001, tema que había sido objeto de
debates durante la campaña electoral y de prioridad en
la discusión política en el marco del llamado Pacto
de Toledo.
Mientras tanto, en Venezuela continuamos empantanados en el debate
relacionado con las prestaciones sociales y el Seguro Social.
Las comisiones presidenciales o tripartitas han fracasado, como
también las cinco comisiones reestructuradoras del IVSS
designadas hasta el momento, mientras el salario real sigue deprimido
y la situación del Seguro Social es de virtual colapso.
Es curioso que cuando el sector privado se acerca al planteamiento
de los trabajadores en cuanto a que el tema de las prestaciones
no se desligue de la suerte del Seguro Social, algunos lo interpreten
como una maniobra para suprimir la institución y perjudicar
a la clase trabajadora. A nadie en su sano juicio se le ocurriría
plantear algo distinto a convertir el inoperante IVSS en un sistema
que funcione y beneficie de veras a los trabajadores venezolanos.
No es hora de falacias ni elaboraciones demagógicas. El
Seguro Social está quebrado su déficit operacional
es exagerado no ha presentado estados financieros desde hace años
y varias firmas de auditores lo califican como inauditable; los
recursos del Fondo de Pensiones han sido utilizados con fines
distintos a los establecidos por la ley; el Estado le adeuda montos
que bordearían los 500.000 millones de bolívares
y las obligaciones con los trabajadores y el Seguro de Paro Forzoso
son descomunales, sin hacer mención a la frondosa burocracia,
pesado fardo que tiene herido mortalmente a la institución.
En suma, el IVSS languidece, los hospitales están casi
paralizados y son víctimas de saqueos y la condución
del mismo está condicionada por intereses enquistados,
lo cual causa frustración nacional ante la mirada impasible
de quienes toleran el "statu quo" o viven de él,
entre ellos burócratas, políticos, suplidores, traficantes
y no pocos dirigentes sindicales, que poca disposición
tienen hacia el cambio. Basta remitirse al juicio del presidente
del IVSS, Juan José Delpino, quien califica al organismo
como una hidra, un monstruo de mil cabezas, infiltrado por vicios
y corruptelas que irritan a los trabajadores, quienes se expresan
en todas las encuestas abrumadoramente en favor de su radical
transformación. El Fondo de Pensiones está descapitalizado
después de haber sido repuesto tres veces. Por ello no
es razonable plantear de nuevo su recapitalización sin
definir previamente las metas de la reestructuración. La
burocracia excede en 30.000 el número de trabajadores necesarios,
lo cual supone ocio, clientelismo y una importante fuente de ingresos
para organizaciones sindicales que, según se afirma, tienen
en nómina a centenares de dirigentes que gozan de inamovilidad
y perciben ingresos mensuales que sorprendería al país
conocer. Pero además, el IVSS supone elevados e injustificados
costos para empresarios y trabajadores. La mayoría de las
empresas organizadas debe contratar servicios privados de hospitalización,
cirugía e incapacidad, adicionales a los aportes obligatorios
al IVSS, ya que es casi imposible que un trabajador pueda recurrir
a la atención hospitalaria del IVSS sin pérdida
de su valioso tiempo o ser atendido por médicos carentes
de motivación, entre otros debido a los bajos niveles de
remuneración que reciben, todo ello en instalaciones destartaladas
y desprovistas del equipamiento necesario. Por lo demás
el Estado obliga a que dichos hospitales funcionen como centros
de atención general sin retribuir al IVSS por dichos costos,
lo cual agrava su situación. Y no hablar de las penurias
de aquéllos que han cotizado durante una vida al Seguro
Social, para luego recibir pensiones del orden de treinta dólares
mensuales nivel inferior al nivel de subsistencia y esperar a
veces años para que se hagan efectivas y luego sufrir vergonzosas
demoras para cobrarlas.
Los cambios que el país exige no admiten ya actitudes "gatopardianas"
ni falta de coraje, mucho menos en temas prioritarios como lo
es en lugar destacado el de la seguridad social. El problema del
IVSS no tiene salida por la vía de incrementos en la recaudación
o en el monto de las cotizaciones, sino a través de modificaciones
sustantivas. Se requiere reducir drásticamente personal
en el IVSS, descentralizar o privatizar los servicios de salud,
cuya experiencia piloto puede ser Carabobo, sin temor a otorgar
banderas políticas al ex gobernador Salas Romer, romper
los hilos de la corrupción modificando de cuajo los sistemas
de compras de medicamentos y equipos y combatiendo el reposerismo
y la indiferencia. Sorprende que un hombre respetable como Delpino,
sostenga una tesis reacia a la descentralización, a la
desburocratización y que propicie de nuevo soluciones sesgadas
a la vía de los realazos. De ser así, el monstruo
de mil cabezas lo devorará y en cumplimiento de su promesa
tendrá que renunciar, fracaso que no será no el
de una persona que aceptó dicho desafío, sino una
nueva frustración para una nación que anhela mejorar
su nivel de vida y recuperar la confianza en su dirigencia.
En tal sentido, mientras el 75% de empresarios encuestados piensa
que el IVSS debe cambiarse profundamente, el 85% de los trabajadores
afirma que es un fraude. Es necesario por tanto acometer con equidad
y sin demoras tanto la modificación del sistema de prestaciones
sociales como el de seguridad social, incluyendo el IVSS y en
una segunda etapa el seguro de paro forzoso y la política
habitacional, también inoperantes, y aprobar los fondos
de capitalización individual para retiro bajo administración
privada y un adecuado sistema control, para ofrecer al trabajador
opciones que mejoren sensiblemente su nivel de bienestar. Basta
ya de postergaciones a las soluciones de fondo y de malgastar
cuantiosos recursos en ese pozo sin fondo del cual se han alimentado
tantos sin proporcionar al beneficiario final la asistencia que
merece. No hay alternativas: cirugía mayor, desburocratizar,
adecentrar, descentralizar, abrir opción a formas privadas
de manejo. Ha llegado el momento de actuar y de reabrir un diálogo
sensato y auténtico entre las partes, sin demagogia ni
concesiones al público de galerías. El país
no tolera más deterioro y postergaciones en la solución
de problemas que le son fundamentales.
El Universal, sábado 26 de octubre, 1996.
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