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En la última encuesta realizada
por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI,
56% de los consultados señaló la Reforma del
Sistema Judicial como tercer punto de referencia para medir
el éxito de la Agenda Venezuela. Entre 50 ejecutivos de
empresas mayoritariamente extranjeras, la preocupación
por el problema de la seguridad jurídica surgió
como una prioridad junto con temas como el de la privatización
y el control de la inflación.
¿Por qué a los inversionistas
les preocupa la Reforma del Sistema Judicial?, ¿qué
tiene que ver esta reforma con las inversiones? La respuesta es
sencilla: un Sistema Judicial ineficiente e imprevisible, afecta
los costos de transacción de las empresas. Independientemente
de que existan leyes justas, que incentiven o no las inversiones,
la mala interpretación, casuística o intencionada,
o la aplicación incorrecta o discrecional de las normas,
así como la falta de celeridad en la administración
de los procesos, incrementa los costos en que incurren las empresas.
Desde el punto de vista operativo, están
los costos asociados a aranceles judiciales y demoras en la determinación
de una relación comercial. Desde el punto de vista de la
protección de derechos, están los costos asociados
a la falta de protección de derechos referidos a marcas
comerciales y patentes, así como los derivados de la libre
competencia. Todo ello sin mencionar el "terrorismo judicial"
que no sólo incrementa los costos operativos de las empresas
sino que desincentiva cualquier intención de inversión.
Resultaría interesante estimar
los gastos totales en que incurre en un año una empresa
en Venezuela por concepto de demandas y juicios, y compararlos
con las retribuciones o indemnizaciones que la misma empresa recibe.
Estos gastos incrementan los costos de transacción de las
empresas y en consecuencia afectan la economía. Estos gastos
se incorporan a sus hojas de ingresos y egresos y se traducen
en aumentos en precios, reducción de los inventarios disponibles,
y desestímulo a la inversión en investigación,
tecnología y desarrollo. Las ineficiencias del sistema
judicial y la inseguridad jurídica que éstas generan,
afectan al consumidor final.
Una Reforma del Sistema Judicial que
nos permita una administración de justicia moderna, eficiente,
transparente e igual para todos, se convierte entonces en una
necesidad. La existencia de normas que consagren derechos protegidos
a nivel mundial, así como la rápida y transparente
aplicación de las mismas, son un prerequisito si queremos
ser beneficiarios de un mayor volumen de inversión privada.
Esto lo han entendido otros países.
Singapur, por ejemplo, hizo una reforma que significó mejoras
en el manejo gerencial de los casos, informatización en
el procesamiento de los mismos y restricción del número
de casos a ser atendidos por los tribunales, así como un
aumento del número de jueces y personal de apoyo disponible.
La reforma del sistema judicial venezolano,
debe incluir como objetivos fundamentales el fortalecimiento de
la autonomía del poder judicial; la simplificación
y actualización de trámites y procedimientos; una
mejora sustancial del manejo y la administración de los
tribunales; la creación de mecanismos alternos para la
resolución de conflictos; una mejora en el acceso al sistema
de justicia; la expansión de la educación y entrenamiento
sobre el sistema judicial. Sólo de esta manera estaremos
avanzando en el proceso de modernización de Venezuela,
atrayendo inversiones para que la economía crezca, para,
por esa vía, aspirar a un mejor nivel de vida.
*El autor es Director Ejecutivo del
Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI.
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