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Revista Electrónica Bilingüe       Nº 8     Octubre 1996
Sociedad
Reforma Judicial e Inversiones
Por Luis Soto*.


En la última encuesta realizada por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI, 56% de los consultados señaló la Reforma del Sistema Judicial como tercer punto de referencia para medir el éxito de la Agenda Venezuela. Entre 50 ejecutivos de empresas mayoritariamente extranjeras, la preocupación por el problema de la seguridad jurídica surgió como una prioridad junto con temas como el de la privatización y el control de la inflación.

¿Por qué a los inversionistas les preocupa la Reforma del Sistema Judicial?, ¿qué tiene que ver esta reforma con las inversiones? La respuesta es sencilla: un Sistema Judicial ineficiente e imprevisible, afecta los costos de transacción de las empresas. Independientemente de que existan leyes justas, que incentiven o no las inversiones, la mala interpretación, casuística o intencionada, o la aplicación incorrecta o discrecional de las normas, así como la falta de celeridad en la administración de los procesos, incrementa los costos en que incurren las empresas.

Desde el punto de vista operativo, están los costos asociados a aranceles judiciales y demoras en la determinación de una relación comercial. Desde el punto de vista de la protección de derechos, están los costos asociados a la falta de protección de derechos referidos a marcas comerciales y patentes, así como los derivados de la libre competencia. Todo ello sin mencionar el "terrorismo judicial" que no sólo incrementa los costos operativos de las empresas sino que desincentiva cualquier intención de inversión.

Resultaría interesante estimar los gastos totales en que incurre en un año una empresa en Venezuela por concepto de demandas y juicios, y compararlos con las retribuciones o indemnizaciones que la misma empresa recibe. Estos gastos incrementan los costos de transacción de las empresas y en consecuencia afectan la economía. Estos gastos se incorporan a sus hojas de ingresos y egresos y se traducen en aumentos en precios, reducción de los inventarios disponibles, y desestímulo a la inversión en investigación, tecnología y desarrollo. Las ineficiencias del sistema judicial y la inseguridad jurídica que éstas generan, afectan al consumidor final.

Una Reforma del Sistema Judicial que nos permita una administración de justicia moderna, eficiente, transparente e igual para todos, se convierte entonces en una necesidad. La existencia de normas que consagren derechos protegidos a nivel mundial, así como la rápida y transparente aplicación de las mismas, son un prerequisito si queremos ser beneficiarios de un mayor volumen de inversión privada.

Esto lo han entendido otros países. Singapur, por ejemplo, hizo una reforma que significó mejoras en el manejo gerencial de los casos, informatización en el procesamiento de los mismos y restricción del número de casos a ser atendidos por los tribunales, así como un aumento del número de jueces y personal de apoyo disponible.

La reforma del sistema judicial venezolano, debe incluir como objetivos fundamentales el fortalecimiento de la autonomía del poder judicial; la simplificación y actualización de trámites y procedimientos; una mejora sustancial del manejo y la administración de los tribunales; la creación de mecanismos alternos para la resolución de conflictos; una mejora en el acceso al sistema de justicia; la expansión de la educación y entrenamiento sobre el sistema judicial. Sólo de esta manera estaremos avanzando en el proceso de modernización de Venezuela, atrayendo inversiones para que la economía crezca, para, por esa vía, aspirar a un mejor nivel de vida.

*El autor es Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI.

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