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Revista Electrónica Bilingüe       Nº 8     Octubre 1996
Sociedad
El Problema de las Drogas en Venezuela
Por Carlos Armando Figueredo


El Departamento de Estado de los Estados Unidos, dentro del programa de la Estrategia Internacional sobre Control de Drogas, publica periódicamente informes sobre la situación de determinados países en cuanto a la producción, el tráfico y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Recientemente se ha hecho público, a través de Internet, un informe sobre la situación de Venezuela en esta materia tan delicada. Por la importancia que tiene ese informe, sobre todo si se toman en cuentan las consecuencias tan negativas que puede tener para cualquier país el hecho de que, eventualmente, no cuente con la "certificación" del gobierno norteamericano, vamos a citar y comentar algunos aspectos del referido informe.

El informe de la Estrategia Internacional sobre Control de Drogas abre expresando lo siguiente:

"Venezuela es un país de los más importantes para el tránsito de cocaína, marijuana y heroína con destino a los Estados Unidos y Europa, y para los productos químicos desviados hacia Colombia. Se ha convertido en un país fuente para drogas ilícitas, con cultivos de amapola de opio en la frontera con Colombia. Venezuela es igualmente un centro importante de lavado de dinero. Se enfrenta a una amenaza creciente de consumo de drogas."

Quienes han venido ocupándose de estudiar el problema de las drogas en Venezuela, enfrentados casi siempre a la carencia de una generalizada toma de conciencia nacional sobre la gravedad de la situación, desde hace muchos años tenían el muy claro convencimiento de que Venezuela era un "país puente", es decir un país a través del cual la droga, proveniente de otros países de América del Sur, transitaba, con rumbo hacia Estados Unidos y Europa fundamentalmente. También sabían estas personas preocupadas que nuestro país tenía un serio problema de consumo de drogas. La estadística directa relativa a este consumo no provenía de encuestas especializadas sino principalmente de datos extraídos de prontuarios policiales y judiciales que indicaban que un porcentaje sumamente elevado de los delitos cometidos en Venezuela estaba asociado a la droga, ya fuere por consumo o por comercialización. También existía la noción de que Venezuela, por su importante estructura institucional financiera era un centro de blanqueo de dinero proveniente, directa o indirectamente del comercio ilícito de drogas. No estaba tan generalizada, sin embargo, la idea de que ya Venezuela se estaba convirtiendo en un país productor.

El gobierno de los Estados Unidos, en el documento que citamos, informa que, "en 1995, el Gobierno de Venezuela (GOA) elaboró e implementó la primera estrategia nacional de drogas del país, que designa a la Comisión Nacional de Drogas (CONACUID) como al cuerpo coordinador central en asuntos de drogas". En nuestra opinión, esta afirmación no se corresponde totalmente con la verdad. Venezuela carece de una estrategia nacional de drogas. La designación de la CONACUID como organismo coordinador central en asuntos de drogas, no implica la adopción de una estrategia. Nada hay de nuevo en esta asignación de funciones que ya estuvo prevista cuando se creó la Comisión contra el Uso Ilícito de Drogas, en la década de los 60, luego convertida en Comisión nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (CONACUID). La finalidad que se tuvo presente al crear el organismo era, y sigue siendo, que actuara como coordinador central. Esa finalidad no ha podido cumplirse por una serie de razones y, entre ellas, podemos citar las siguientes: al organismo nunca se le ha dotado de recursos suficientes para cumplir con sus cometidos, la Comisión no siempre ha estado presidida por los profesionales más capaces, ni ha contado con la debida asistencia profesional y, lo que es más importante, la modestia de sus logros se debe, precisamente a la carencia de una estrategia nacional en materia de drogas.

En la edición de Venezuela Analítica correspondiente al pasado mes de septiembre habíamos informado acerca de una propuesta que se le presentó en 1989 al entonces Presidente Electo, acerca de una política nacional en materia de drogas. El fundamental objetivo de esa propuesta era lograr que se definiera una estrategia nacional. Desgraciadamente, a esa propuesta no se le dio seguimiento. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno provisional de Ramón J. Velásquez y el de Rafael Caldera, han hecho muy poco por lograr que exista una toma de conciencia de todos los venezolanos sobre la amenaza que representa el problema de las drogas para el futuro de nuestro país y el de su democracia. Sin una toma de conciencia de la magnitud del peligro, sin que haya lo que los anglo-parlantes llaman "awareness", es difícil que pueda implementarse una estrategia, por bien concebida que esté. En síntesis, la toma de conciencia es uno de los principales pilares de sustentación de una estrategia. Para dar una idea concreta de lo que significa esa toma de conciencia, podemos llevarla al extremo individual, al de la familia. Vemos allí que los miembros de la familia —los padres fundamentalmente— no se interesan por el problema de las drogas porque a ellos nunca les va a tocar. Por desgracia, hace falta que ocurra algo muy grave con algún miembro de la familia para que el mal de las drogas los impacte con toda su fuerza destructora.

Al analizar el informe del gobierno norteamericano, apreciamos que en parte es favorable a Venezuela porque el gobierno venezolano sigue algunas de las líneas de ataque de Washington en el esfuerzo por erradicar el problema, o al menos limitarlo a niveles tolerables —si es que puede hablarse de tolerancia en esta materia. El informe dice, por ejemplo: "Como parte de su mandato, la CONACUID está trabajando para implementar las normas de la Convención de la ONU de 1988 referidas a lavado de dinero y control de productos químicos precursores". En varias partes del informe se subraya que "En 1995, el [Gobierno venezolano], con asistencia del [Gobierno de los Estados Unidos], identificó y destruyó 1,600 hectáreas de amapola de opio, 30 has, de coca y 20 has. de marijuana en la región de frontera con Colombia de la Sierra de Perijá." A este último respecto se añade que "El gobierno ha autorizado el uso aéreo del herbicida glifosfato contra los cultivos ilícitos de drogas".

El excesivo consumo de drogas por parte de quienes viven en los Estados Unidos implica un enorme costo social y económico para el gran país del Norte. De allí que el esfuerzo por atacar un problema de Estado tan serio tenga un asidero muy fuerte en consideraciones de seguridad nacional. Dentro de ese muy justificado esfuerzo, hasta ahora ha tenido mayor peso todo lo relativo a la eliminación de la oferta, siendo que mayor importancia tiene la eliminación de la demanda. Cuando se tienen ideas claras y se implementan planes bien concebidos que utilicen todos los recursos de las avanzadas técnicas de información, pueden lograrse resultados positivos en plazos más breves; prueba de ello la tenemos en la extraordinaria campaña nacional de los Estados Unidos contra el la droga ilícita que es el tabaco: su consumo ha disminuido notablemente. Sin que se justifique abandonar los esfuerzos en contra de la oferta de drogas ilícitas —y tal vez podrían lograrse resultados más positivos con una política tendiente a auspiciar la sustitución de cultivos en los países productores— hay que revertir la proporción de lo mucho que se gasta en represión y lo poco que se gasta en prevención. Es necesario que los Estados Unidos le den mayor importancia a la asistencia a los países con problemas de producción, tráfico y consumo de drogas en el campo de frenar la demanda a través de la prevención, partiendo desde la prevención primaria.

Dentro de la necesidad de un mayor esfuerzo en el área de la prevención, es positivo constatar lo que el informe comentado dice acerca de planes recientes de Washington:

En agosto de 1995, los Estados Unidos y Venezuela firmaron una carta convenio para suministrar fondos para proyectos de prevención conducidos por la CONACUID. Estos proyectos incluyen la primera encuesta epidemiológica nacional sobre drogas que se haya realizado hasta ahora en el país, programas de prevención referidos a drogas en las escuelas y en las comunidades, y un centro de entrenamiento.

Se trata de un primer intento, modesto tal vez pero va por el buen camino. Hay que insistir más en la necesidad de propiciar una toma de conciencia general sobre el problema. En este sentido, los Estados Unidos están llamados a auspiciar los esfuerzo de la OEA, a través de la CICAD para que nuestros pueblos se den cuenta de que el problema de la producción, el tráfico y el consumo de drogas es un problema de Estado que hay que atacar en forma inteligente y eficaz, sin despilfarro de recursos.


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