Por otro lado, los programas de ajuste macro-económico, la nueva política de apertura comercial, el proceso de privatizaciones de entes estatales, la restructuración de las empresas del Estado, orientándolas hacia la productividad y la competitividad, la sinceración de las estructuras de costos y precios de los servicios y bienes públicos y los proyectos de reforma de los sistemas de tributación y financieros del país, han significado un cambio radical en el modelo económico sustentado sobre el Estado rentista-distribuidor. Estos cambios también impactan en alto grado a la población, a la que subitamente se le retiran los mecanismos rentistas de los subsidios y regulaciones que soportaban su capacidad adquisitiva. El debate sobre la necesariedad, inevitabilidad y bondades de estos cambios sigue abierto, como parte importante de la agenda de discusión pública actual.

Simultáneamente a estos procesos de cambios estructurales, y en buena parte condicionados por ellos, han ocurrido sucesos dramáticos que han puesto a prueba la solidez de la comunidad democrática venezolana. La conmoción social del 27 de Febrero de 1989, los intentos de golpe de Estado del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992 y la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de Mayo de 1993, estableciendo méritos para enjuiciar al Preidente de la República y a dos de sus ex-ministros, conforman un conjunto de acontecimientos cuyo reto mayor consistió, y aún consiste, en demostrar, hasta que punto los hombres e instituciones que integran la comunidad democrática, han sido y son capaces de producir arreglos relegitimadores y reequilibradores, que eviten la quiebra de la democracia, en situaciones de alta perturbación.

En medio de grandes controversias y tensiones, las tendencias observadas indican que, efectivamente, la sociedad venezolana cuenta con una comunidad política democrática lo suficientemente consolidada, cuyas acciones y productos operan como dique de contención, frente a los peligros de degradación y disolución del orden político democrático.

Resulta importante elaborar una interpretación del desarrollo histórico-político del siglo XX venezolano, centrado en la noción de comunidad política, que permita comprender el origen, proceso constitutivo, reglas procedimentales, valores fundamentales y conductas observadas, de los integrantes de la comunidad política democrática venezolana contemporánea, responsable del establecimiento, consolidación, preservación y profundización de nuestro actual orden político.

Venezuela entró al siglo XX confrontando severos déficits societarios en su orden político y económico social. Efectivamente, el proceso de constitución de un orden político plural y heterogéneo en sus componentes, efectivo y legítimo para segmentos ampliamente mayoritarios de la población y, por ende, perdurable en el tiempo, se desplegó en el marco de la resolución de cinco grandes problemas, originados en los déficits historicamente acumulados, hasta finales del siglo XIX. Dichos problemas conforman grandes etapas del desarrollo político de la Venezuela del siglo XX:

1. La Integración Nacional, comenzada, alcanzada y consolidada entre los últimos años del siglo pasado y 1936 (Castro-Gómez).
2. La Modernización Institucional del Estado, proceso inaugurado con la reforma constitucional de 1936 y el Programa de Febrero (López Contreras).
3. La Liberalización Política, como antesala al establecimiento de un régimen democrático representativo de partidos (Medina Angarita).
4. La Institucionalización de la Democracia, a partir de 1958, sobre una estructura pactista, fundamentada en el aprendizaje de la experiencia histórica ocurrida entre 1945 y 1957.
5. La Reformulación Democrática, cuya reflexión comenzó a mediados de la década de los ochenta, originada en instituciones tanto privadas como públicas, tales como la Comision Presidencial para la Reforma del Estado, Copre, reformulación cuyas líneas maestras fueron esbozadas al principio de este documento.

La idea básica de este esquema de interpretación es que la extensión pacífica o la ruptura de un orden político, depende de la capacidad de su comunidad, en desarrollar las instituciones políticas, ante la presión por ingresar en ellas de nuevas fuerzas sociales.

El desarrollo político y económico de una sociedad produce la movilización de nuevas fuerzas que optan por ocupar un espacio en la estructura de participación política prevaleciente; si la comunidad política dominante, por llamarla de alguna manera, se muestra renuente o incapaz de modificar las instituciones de la participación, a fin de responder a tal demanda, inevitablemente dicho orden político se verá sometido a situaciones de inestabilidad, y, eventualmente, a su ruptura. En buena parte, esta hipótesis, explicaría las quiebras del orden político ocurridas en 1945, 1948 y 1958.

En este sentido, pues, el desarrollo político democrático, es entendido como el desarrollo de las instituciones políticas que, como respuesta a los cambios económicos, sociales y culturales, es capaz de generar una comunidad política. Una comunidad política deficitaria en valores y procedimientos compartidos, sin vision, incapacitada de "reinventar la democracia", es la mejor antesala a la deslegitimación del régimen.

La resistencia al cambio no es exclusividad de los regímenes autoritarios; la inflexibilidad suele observarse también en democracias. Sin embargo, para la democracia venezolana y su reformulación, nuestra hipótesis, como lo sugirieramos anteriormente, es que la comunidad política ha sido capaz de responder a las demandas de modificación de las instituciones políticas, generando la posibilidad de nuevos canales de participación, para una sociedad democrática mucho más activa que aquella de los albores de 1958.

Es indudable que los partidos políticos desempeñaron un papel fundamental en el proceso de desarrollo político, iniciado en Venezuela a partir de 1936. Generadores de la idea de democracia, organizadores de la participación, agregadores de intereses múltiples y confrontados, vinculadores de las fuerzas sociales al Gobierno, los partidos, fundamentalmente desde 1958, unificaron, integraron y pacificaron al país, correspondiéndoles la tutela de la democracia. Pero también resulta evidente que, la presión a la que han estado sometidos en los últimos tiempos, implica no sólo su anuencia a modificar instituciones que permitan la entrada al sistema de nuevos actores, sino fundamentalmente su recomposición interna para democratizar su estructura de poder y mejorar sustancialmente su capacidad gubernativa de una sociedad que ha evolucionado y se ha complejizado.

La crisis de legitimidad
Los sucesos del 27 de Febrero de 1989, pusieron en evidencia una importante crisis de opinión pública y de legitimación del funcionamiento del régimen democrático venezolano y de sus instituciones fundamentales, que afectaba basicamente al Gobierno Nacional y su programa de cambio económico, a los partidos y a la clase política genéricamente considerada, al Poder Judicial, por su politización y falta de independencia respecto de los partidos. Algunos de los fundamentos de esta aseveración refieren a los altos índices de abstención registrados en 1989, en las primeras elecciones para elegir por voto popular a los Gobernadores de Estados, Alcaldes y Concejeros Municipales. Varias encuestas subsiguientes, revelaban un gran descontento hacia la política del Presidente y de su Gobierno.

Los venezolanos vivieron acostumbrados durante varias décadas dentro de una idea de crecimiento y progreso constante e ininterrumpido, hasta los años setenta. A partir de la década de los ochenta, el proceso de crecimiento se estanca paulatinamente y, repentinamente, iniciando los noventa, se hace dramáticamente evidente, obligando a una restructuración acelerada del modelo estatista centralizado, distributivo y subsidiador. En una situación de cambios profundos iniciados en 1989, respecto del modelo económico-político que funcionó durante más de treinta años, cambio que impactó significativamente la estructura de poder dominante en el país desde 1958, y que obliga a los partidos y grupos sociales a replantear su funcionamiento interno y sus relaciones con el Estado, la ciudadanía, impreparada en la campaña electoral de 1988 para asimilar los cambios drásticos que inevitablemente se estaban gestando, reaccionó con incomprensión, desconcierto y descontento, ante las dificultades que también inevitablemente ocasionaría la nueva política gubernamental. En este sentido, se fue agudizando el distanciamiento ciudadano respecto del Gobierno, los partidos y los políticos, globalmente considerados como responsables de las severas restricciones a las que repentinamente, se sometía una sociedad relativamente próspera, o con la ilusión de que lo era.

Los partidos políticos empezaron a ser percibidos distantes de los problemas cotidianos y de la nueva calidad y complejidad de la sociedad civil.

Al Gobierno se le reprochaba la aplicación de un programa económico, sin estrategia política y comunicacional, poco esforzado en concertar su programa, ganar aliados y liderizar el cambio, en un contexto caracterizado por el deterioro drástico del salario real, servicios públicos colapsados, inseguridad personal creciente, hechos de corrupción impunes y retardo en un programa de reformas político-institucionales.

El resultado de una tal coyuntura fue la de una sensación generalizada de deterioro indetenible de las condiciones materiales y ético-políticas de la vida, y un clima de pesimismo y desesperanza frente al futuro, responsabilizando principalmente de esta situación, al Presidente de la República, su Gobierno y a los partidos políticos.

La gobernabilidad democrática del cambio
La situación anteriormente descrita, plantea el problema de la reformulación democrática y de la gobernabilidad del proceso necesario de transformación de las bases políticas, económicas y psico-sociales de la democracia venezolana, lo cual se relaciona, entre otras, con las siguientes variables:

• La capacidad gubernamental en diseñar y adoptar oportunamente, un conjunto de decisiones frente a los eventos y estado de las cosas en extremo deterioradas.
• La efectividad del Gobierno en lograr compromisos y acatamiento político-social de los motivos de sus decisiones así como de sus contenidos y efectos nocivos de corto plazo.
• La eficiencia de las decisiones adoptadas en alterar y modificar los estados y eventos que se consideraron perniciosos, en un tiempo prudencial.

La gobernabilidad democrática expresa así, una cuestión de alta política, no reducible exclusivamente a los términos de la pura cualificación técnica; la misma remite inexorablemente a la relación entre bases sociales y representación política, y a la capacidad de construir, suscribir y cumplir compromisos programáticos de transformación, entre un amplio espectro de instituciones representativas. Esta noción de gobernabilidad se refiere a la capacidad de que dispone un gobierno de hacerse obedecer en comportamientos y estados de ánimo, en el marco de las reglas democráticas y constitucionales, sin que la amenaza o solicitud de ruptura de éstas resulte convincente para un conjunto significativo de la sociedad.

En la medida en que Venezuela confronte una coyuntura de sobrecarga de demandas socio-económicas y políticas crecientes, dirigidas al Estado y al mercado, en combinación con deficientes mecanismos de control societal democrático y de logro de consensos, a través de una gestión política eficaz, en una situación de crisis fiscal y de gestión instrumental, resultaran, ineludiblemente, problemas de gobernabilidad originados en déficits económicos, políticos y administrativos.

En efecto, la democracia venezolana aún confronta una coyuntura en la que se combinan cuatro estados que generan problemas de gobernabilidad estructurales:

• la crisis fiscal del Estado y la debilidad del aparato productivo privado,
• las deficiencias administrativas de la burocracia estatal,
• la crisis de legitimidad y el cuestionamiento de las estructuras políticas,
• el déficit en institucionalización de las organizaciones y procesos políticos, que se expresa en la tendencia a la disgregación dentro y entre las organizaciones, y en las confrontaciones entre el liderazgo político, económico y social.

La resolución de los déficits democráticos
La obsolescencia y deterioro de los canales y mecanismos con que cuenta la democracia venezolana en materia de participación, representación y negociación, han incidido negativamente en la gobernabilidad del proceso de transformación económico-político. Buena parte de las reformas políticas e institucionales adoptadas, y otras que están en discusión, apuntan a resolver dichos déficits democráticos procedimentales.

A partir de 1958, con el restablecimiento de la democracia, su estabilización se convirtió en el objetivo prioritario, definiendo los parámetros de los instrumentos, mecanismos y procedimientos de la participación y de la representación. Así, los requerimientos de cohesión social y política del régimen democrático derivaron en cuatro grandes líneas de acción: centralismo estatal y partidista, incorporación de los grandes grupos de interés -empresariales, laborales y gremiales- a las decisiones del Estado, fórmulas de negociación y consensos a través de pactos y políticas económicas de subsidios distributiva. El costo de realización de la instrumentación de este objetivo estratégico fue el de una significativa reducción de la autonomía de acción de los diversos sectores y sub-sistemas de la sociedad civil, interferidas y mediatizadas por la razón de partido y la razón de Estado, que en definitiva representaban la razón democrática.

Las exigencias de consolidación de la democracia, las expectativas difusas de participación política y la falta de una cultura política democrática extendida, imponían la configuración del proceso en torno a un centro de gravedad que garantizara su control y conducción: el Estado y los partidos políticos, ambos altamente centralizados. El primero se encargaría de preservar la integración y coherencia política nacional y los segundos de agregar armónicamente la pluralidad social.

Luego de treinta años de la vigencia de tales parámetros, dado el proceso de complejización creciente de la sociedad venezolana, los canales y mecanismos de la participación política y de la representación, ya no se adecuaban a la nueva situación, por estrechos y escasos; se imponía la necesidad de liberar nuevas energías sociales cuya expresión se encontraba reprimida por el sistema institucional vigente y las prácticas que de él se derivaban. En este sentido, las demandas planteadas se referían a la necesidad de diversificar los canales de representación y participación y a incrementar la autonomía de acción de los distintos componentes del sistema socio-político. Con ello, el sistema político democrático ganaría en capacidad de acción y conducción. El desarrollo político suponía mayor diferenciación y autonomización de las estructuras de participación y representación, para que la democracia de una sociedad más compleja ganara en gobernabilidad; luego, una mayor diversificación de los centros de gravedad de la democracia y dentro de sus organizaciones e instituciones constitutivas, era cuestión ineludible.

Diversificar y perfeccionar los canales de representación y participación y establecer mecanismos que aumentaran la autonomía de acción de los sub-sistemas; ampliar el rango de grupos participantes, reducir la centralización y fiscalización partidista y Estatal extendida; democratizar las organizaciones políticas y de intereses sociales para que respondan mejor al interés general, tal y como éste se expresa autonomamente, y no tanto al interés o visión que de este interés general tengan las cúpulas dirigentes; en fin, distribuir más equitativamente los recursos políticos para acercarnos más al ideal democrático y sobre todo para aumentar las capacidades de gobernabilidad de la democracia.

El grado de complejidad y diversificación que alcanzó Venezuela como un todo y al interior de sus diversos componentes, por el despliegue de su sistema democrático, plantea la necesidad de readecuar las estructuras de participación. El crecimiento de la pluralización social expresado en partidos políticos, organizaciones de interés, asociaciones y movimientos sociales, opinión pública y medios de comunicación, deben ser mejor integrados en los procesos de decisión del Estado, en una situación de reducción de la gobernabilidad democrática originada en múltiples fuentes.

Participar implica la posibilidad de influir en el proceso de selección de los ocupantes de cargos estatales, a través de elecciones; la posibilidad de acceder a tales cargos; la posibilidad de comunicar a los ocupantes de cargos la propia visión de los intereses; la posibilidad de influir en el contenido de las decisiones estatales.

Obviamente hay momentos en la vida de toda sociedad en los que los gobernantes tienen que liderizar decisiones novedosas, contradictorias a la estructura de expectativas históricamente conformadas; en este caso, participar significa hacer esfuerzos en explicar convincentemente a la colectividad, las razones de las nuevas decisiones que a veces lucen "impopulares". En este sentido, la negociación sistemática e institucionalizada es también un proceso consustancial a la democracia y a su gobernabilidad, como mecanismo de conciliar intereses y visiones contrapuestas, consideradas igualmente legítimas por sus respectivos portadores.

Las peculiaridades del desarrollo político venezolano, a partir de 1958, generaron un serio déficit en capacidad de negociación de políticas públicas controversiales; ello conforma un ·rea problemática ineludible de ser atendida por el sistema institucional vigente. Es preciso tener en cuenta que no se cambia una sociedad por decreto, y menos aún si ésta es democrática. La tolerancia del otro, la necesidad de negociar con él, convencerlo de las razones propias, someterse al escrutinio de la competencia electoral para la circulación y renovación de los grupos dirigentes, son, entre otros, procesos consustanciales a la democracia, y, por definición, lentos y laboriosos.

La democracia venezolana está lejos de estar petrificada y cuenta con mecanismos y predisposición para su auto-corrección. Que los procesos no son todo lo acelerado que debieran ser, que algunas reformas y discusiones se difieren, que no todas las proposiciones se acogen por unanimidad, que hay discrepancias y controversias que retardan los procesos, todo ello es cierto. Pero es igualmente cierto que, a estas alturas, resulta innegable que los avances en materia de reducir los déficits democráticos derivados de los valores de la representación y de la participación han sido bastante significativos, aunque ello no es totalmente percibido en su justa magnitud por la sociedad venezolana.

La estructura tradicional del poder centralizado está cambiando y seguirá cambiando. Se ha elevado la calidad de la representación; se están reestructurando los mecanismos de la negociación socio-política, para adecuarlos a una situación de conflictividad y controversias institucionalizadas, causada por el agotamiento del modelo consensual de la abundancia; se están gestando nuevos mecanismos e instrumentos de participación; los medios de comunicación nunca como ahora han ejercido tan intensamente su función crítica, y todo ello no puede sino generar incertidumbres a una sociedad que está en trance acelerado de transformación de sus bases políticas, económicas y culturales. En Venezuela, efectivamente, todo está en revisión de manera repentina. La democracia venezolana se está reformulando.

Notas sobre el Estado
Venezuela conoce una crisis que no es ni exclusivamente suya ni coyuntural. La crisis fiscal, la credibilidad de las instituciones políticas, las debilidades administrativas del Estado y el deterioro del aparato productivo, de la producción y de la productividad, la caída dramática de todos los indicadores sociales, es en mayor o menor medida, una crisis que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos y de la Europa democrática occidental, por no mencionar a los países del Este. Se trata de la crisis del Estado Benefactor de la post-guerra, que ha generado severos problemas para la gobernabilidad democrática. Para Acción Democrática es inaceptable enfrentar la crisis del país bajo la premisa darwinista de la sobrevivencia del más apto. Por ello el Partido plantea el refortalecimiento del Estado.

A partir de 1936, el Estado venezolano se propuso, entre otras metas, la protección de las capas más desfavorecidas de la población, y este papel se fortaleció mucho más, desde 1958, con la restauración de la democracia.

La concentración del poder político fueuna consecuencia a la vez que un requerimiento de la construcción del Estado, a principios de este siglo, necesaria para neutralizar las resistencias originadas en la estructura de poder fragmentada del caudillismo, que impedía cualquier tipo de conducción con sentido nacional. En lo sucesivo, el desarrollo político discontinuo del país se fuedesplegando sobre un eje común: la consolidación del Estado y el crecimiento de sus funciones. Desde la dominación personalista despótica hasta la institucionalización de las normas y procedimientos democráticos actuales, el Estado venezolano se ha revelado como una entidad efectiva de conducción, logrando alcanzar niveles apreciables de integración nacional, modernización social y participación política.

El Estado venezolano ha sido el agente principal de movilización, acción y cambio social. Pero la extensión de la presencia estatal, a diferencia de los regímenes de Estado totalitario, no significó un proceso paralelo de reducción de la sociedad civil, antes bien, expandió significativamente las oportunidades de formación y crecimiento de una sociedad civil prácticamente inexistente, finalizando el siglo XIX.

La complejidad y diversificación que ha alcanzado la sociedad democrática como un todo, y sus diferentes componentes, hace que el sistema estatal esté ahora perdiendo su capacidad de respuesta, por lo que se hace necesaria una readecuación de sus estructurar de participación, a fin de cerrar la brecha ocasionada por el proceso de crecimiento de la complejidad social generado por la democracia, y la capacidad actual de gobernar.

La sociedad venezolana se ha pluralizado; los partidos políticos, las diversas organizaciones y grupos de interés, las asociaciones y movimientos sociales y la opinión pública en general, expresada a través de los medios de comunicación, deben ser mejor integrados en los procesos de decisión del Estado, ya que ello proporciona la base para una gestión más democrática y eficiente. El variado pluralismo societal existente requiere ser incorporado al Estado para los procesos de formulación de políticas públicas y toma de decisiones no traumáticas y legítimas.

El Estado venezolano tiene un papel al que no puede renunciar, en una sociedad que no puede, al menos por ahora, confiar en la dinámica exclusiva del mercado. La concentración de la riqueza, la regulación de comportamientos económicos especulativos, la reasignación de recursos para amortiguar las desigualdades regionales y sociales, configuran, entre otras, un cuadro de exigencias que solo el Estado puede realizar.

Los objetivos que como sociedad debemos proponernos, incluyen no sólo el establecimiento de un aparato productivo vigoroso, sino también la recuperación de la equidad social, la ampliación de la participación y la estabilidad política de la democracia. En la medida en que los mecanismos del mercado económico no bastan para alcanzarlos todos, en esa medida se explica y se requiere del desarrollo de instrumentos complementarios tales como los partidos políticos y la presencia del Estado en la vida de la sociedad.

En principio, un orden económico social competitivo es mejor que un orden altamente centralizado, para promover la producción y el consumo económico, político y cultural. Pero aún en las sociedades contemporáneas más competitivas, las desigualdades sociales debilitan el sentido de solidaridad; por ello las democracias occidentales han desarrollado mecanismos de protección social desde el Estado.

Acción Democrática como partido socialdemócrata sostiene, desde el gobierno o la oposición, la compatibilidad de la libre empresa como valor económico, con la democracia como valor político y la equidad como valor social. Allí radica su sentido ético fundamental en el proceso de formulación de políticas. Reconocer este hecho ideológico no implica sin embargo desconocer que el Estado social interventor de la post-guerra está en crisis. Pero sostener el repliegue del Estado es una formulación simplista que olvida que a pesar de sus defectos y patologías, la presencia estatal ha servido para mantener los equilibrios sociales globales de las sociedades democráticas. Es cierto que la intervención estatal ha generado lentitud, ineficacia, facilismo y corrupción; pero el remedio anti-estatal ha significado la agravación de las injusticias y desigualdades sociales.

Es indudable que el modo de intervención estatal en la vida social debe cambiar. Ciertas funciones del Estado son inútiles y perniciosas; pero el nivel general de presencia estatal, al menos para un futuro próximo, debe permanecer, en nombre del interés general y de la democracia, a menos que a la democracia se la quiera sacrificar por salidas ilusoriamente eficientistas. ¿QuÈ se necesita un gran esfuerzo de reflexión e imaginación para que la presencia estatal sea más operativa y menos nociva y arbitraria? esto es igualmente cierto, pero sin olvidar que una sociedad democrática no se reforma por decreto, a menos que la democracia misma sea considerada como un obstáculo.

Las tesis anti-estatistas a ultranza intentan ser una respuesta a las dificultades económicas y políticas propias del Estado social contemporáneo; son un producto teórico e ideológico de las sociedades capitalistas avanzadas, cuyo dinamismo económico y cultural descansa de manera importante y preponderante sobre una sociedad activa, bastante independiente de la acción estatal.

En Venezuela, en cambio, quien le ha imprimido su peculiar dinamismo a la sociedad ha sido el Estado, espacio de confluencia de sectores sociales, económicos, políticos y culturales, para la gestión de la sociedad. La hipertrofia del Estado venezolano no ha sido pues, obra exclusiva del sector político y tampoco el Estado ha sido de su dominio exclusivo. El Estado venezolano ha intervenido, protegido y subsidiado la vida en sociedad, no tanto porque así lo quisieron unos políticos mañosos sino porque así se lo exigió la sociedad desde sus múltiples estratos y sectores.

La requisitoria contra el Estado de la democracia, no debería olvidar que sus acciones han servido para amortiguar las tremendas desigualdades históricamente acumuladas de Venezuela, originadas en una sociedad civil carente de capacidad para generar riqueza, desarrollo científico tecnológico, empleo y cultura, al margen del petróleo. Es gracias a esta presencia estatal, que hoy se considera perniciosa, que la democracia venezolana pudo estabilizarse y la sociedad civil expandirse.

El reto actual de los hombres del Estado es el de entrenarse en el diseño de políticas públicas que tienen por parámetro la escasez y, sobre todo, aprender a adaptarse a las exigencias y consecuencias de tal tipo de políticas. No se trata de la reducción del Estado, ni de su simplificación o retraimiento; se trata más bien de la conversión de la actual complejidad estatal, desorganizada, desarticulada y débil, en una nueva complejidad estatal organizada, democráticamente controlada, eficiente en su funcionamiento y productos para la gente, representativa de la pluralidad y responsable ante la sociedad y el derecho.

La meta debe ser efectivamente, un orden socio económico y político mas competitivo y descentralizado que el actual; pero no sostengamos, así no mas, ni el repliegue del Estado ni su conservación en las formas, o deformaciones, que actualmente tiene. No miremos al pasado con nostalgia, al presente con temor y simplisno, ni al futuro con rechazo.

Evitemos el ejemplo del pueblo sueco que en sus últimas elecciones, abrumado por el desempleo, el déficit fiscal y una tremenda deuda del Estado, parecía gritar, al decir de los reportajes: "al diablo con el futuro, queremos el pasado".

El pasado nunca vuelve, la nostalgia es inútil para la acción social. Un partido como Acción Democrática, constructor histórico de las grandes transformaciones de Venezuela durante el siglo XX, debe colocarse nuevamente a la vanguardia de los cambios necesarios, de cara al siglo XXI, para seguir construyendo futuro.

La identidad socialdemócrata
Tanto en sus principios como en sus fundamentos ideológicas y programas de acción, Acción Democrática es un partido socialdemócrata. Para AD, la democracia política, la equidad social y el desarrollo económico, conforman un todo indisoluble e indivisible. La idea de sacrificar cualquiera de estos valores es inaceptable por lo cual se rechaza y se enfrenta categóricamente la prédica ideológica de la nueva derecha reaccionaria, según la cual la equidad social o la propia vida democrática debe sacrificarse, así sea temporalmente, para alcanzar el desarrollo económico. Para Acción Democrática, democracia, equidad y desarrollo, forman parte medular y amalgamada de todo programa de políticas públicas.

Los tres valores que fundamentan la orientación ideológica socialdemócrata, democracia política, equidad y desarrollo económico, se especifican en libertad individual y colectiva, extensión del bienestar, participación, producción y distribución de riqueza, pluralismo ideológico, libre competencia social, política y económica, protección de los derechos humanos y solución pacífica de los conflictos. Acción Democrática, lejos de revisar estos valores y principios que históricamente han orientado su gestión, los reafirma con vigor.

Reafirmado el carácter socialdemócrata del Partido, tocará definir el programa de políticas públicas que mejor se adecua a la realización de los valores y principios enunciados, considerando las nuevas circunstancias mundiales, latinoamericanas y, particularmente, las transformaciones ocurridas en Venezuela.

Venezuela y Acción Democrática
Constituido formalmente en 1941, el partido es el sucesor directo de los movimientos revolucionarios democráticos que combatieron la dictadura de Juan Vicente Gómez. El análisis de la realidad nacional y de su desarrollo político y socio-económico contenido en el Plan de Barranquilla de 1931, en el Manifiesto Programa de Organización Venezolana, ORVE, de 1936 y, especialmente en la Tesis y Programa del Partido Democrático Nacional, PDN, de 1939, constituyen la fuente ideológica y programática de Acción Democrática.

La Venezuela de hoy es en buena parte, y en sus grandes lineamientos producto del programa político, económico y social que le trazó Acción Democrática. Es así como el país avanzó gracias a la propuesta original de Acción Democrática, sin tropiezos totalitarios, con un Estado Social empresario y dinamizador del sector privado, con una economía que debía y podía ampliar los niveles de bienestar de la población, garantizando niveles adecuados de ingreso, reduciendo el desempleo, proporcionando salud, vivienda, educación a las capas de menores recursos. Todo ello en el marco estable de la institucionalidad democrática.

Esas metas se expresaron en diversos logros. No obstante, arrastraron limitaciones en su desarrollo, deficiencias crónicas como la extensión de la pobreza, la improductividad económica creciente, los déficits institucionales, culturales, educativos y tecno-científicos, la creciente deuda externa, la sobre-protección industrial y comercial, la contracción agroalimentaria y, especialmente en los últimos años, la extensión de una actitud social con baja solidaridad y alto grado de descontento.Venezuela cambió sus parámetros y está en crisis; el partido debe atender estos cambios y liderizar la superación de las dificultades actuales.

Acción Democrática, significa simultáneamente continuidad y cambio. Continuidad, en cuanto a preservar los valores, principios y metas fundamentales, para cuyo logro el partido se comprometió desde su nacimiento. Cambio, porque el partido no se queda rezagado ante las transformaciones acaecidas en el mundo y las urgencias de Venezuela. Vivimos en un mundo sacudido por la revolución científico-técnica, la globalización de la economía y del comercio, el deterioro de las condiciones sociales y ecológicas de la vida cotidiana y la ofensiva de las ideologías regresivas, y a ello debemos dar respuesta.

Venezuela está en crisis
El déficit fiscal, la caída del producto interno bruto, el deterioro de los servicios públicos, la reducción del poder adquisitivo, la inflación, el aumento de la pobreza, el drama médico-asistencial y educativo, la inseguridad, el desempleo y el crecimiento de la economía informal, el narco-tráfico y narco-consumo, la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones públicas, en fin, el deterioro grave y generalizado de la calidad de vida. La relación rentista, interventora, proteccionista y subsidiadora entre el Estado y la sociedad, colapsó. El modelo político de Estado democrático centralizado con una economía rentista llegó a su fin. La confianza en la democracia dependió durante mucho tiempo, de su capacidad para distribuir beneficios. Pero los beneficios de un tiempo se transformaron en privilegios y prerrogativas, que ahora son generadores de descontentos, protestas y conflictos.

El rescate de la confianza en la democracia
Se requiere de la reducción drástica de los desequilibrios sociales, del enfrentamiento decidido de la decadencia económica y de la reconstrucción de la autoridad, eficacia y legitimidad de las instituciones públicas. Debemos romper definitivamente con el rentismo y darle paso decidido a la Venezuela moderna, descentralizada, participativa, abierta y productiva.

Hoy Venezuela atraviesa por una nueva crisis, cuyo significado esencial es el desafío para corregir errores, superar limitaciones, resolver nuevos problemas, para transformar nuestro presente, sin renegar del pasado, tomando fuerza de lo que somos para garantizar un porvenir donde todas nuestras potencialidades se realicen.

Venezuela se encuentra con una fuerte extensión y profundización de los problemas sociales tales como el alto costo de la vida, la inseguridad personal y jurídica, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, con graves porcentajes de pobreza crítica y extensión de la economía informal. Importantes sectores de la clase media sufren una caída significativa en sus condiciones de vida mientras los estratos altos de la sociedad concentran cada vez mas poder y riqueza.

Adquiere también, cada vez más, un peso mayor la demanda por un consistente marco ético que defina las conductas del liderazgo nacional y de las diversas organizaciones responsables de las decisiones públicas.

Nuestra sociedad se ha tornado peligrosamente regresiva y polarizada en cuanto a la distribución del ingreso y a la concentración del poder. Por tanto, nuestra estructura socio-económica tiene que ser replanteada profundamente, para que potencie sus objetivos democráticos y sociales.

Acción Democrática quiere liderizar los procesos de transformación de la democracia venezolana, como instrumento social y político de las demandas más avanzadas de Venezuela, dentro de un exigente marco ético, que defina las conductas del liderazgo del partido.

El partido debe desarrollar vínculos participativos abiertos, sin sectarismos, con las instituciones económicas y sociales del país, en la definición y formulación de las políticas que se requieren para enfrentar la crisis.

Acción Democrática, para responder a los retos actuales de Venezuela, requiere de una nueva visión del país y de programas acordes con esta visión, para seguir ocupando el lugar de vanguardia, que la voluntad popular siempre le ha asignado.

La sociedad venezolana de hoy, sus problemas y posibilidades, demandan la visión y acción de un partido socialdemócrata de avanzada, moderno en su programa y democrático en su estructura y procedimientos.

Acción Democrática y la Sociedad Civil
AD es un partido unido y disciplinado, pero también es un partido abierto, participativo y representativo.

Es evidente que uno de los rasgos nuevos de Venezuela consiste en la expansión, fuerza y autonomía que han ido adquiriendo los diversos movimientos de la sociedad civil, constituidos por los sindicatos, los gremios, las asociaciones de vecinos, las asociaciones empresariales, los grupos ecológicos, los movimientos culturales y, en general, todo tipo de organización que expresa intereses sociales sectoriales representativos y definidos.

Acción Democrática promueve el fortalecimiento de la sociedad civil, como modalidad operante y activa de un permanente consenso social a favor de la democracia, las reformas para la modernización económica y la equidad social de Venezuela.

Acción Democrática es un escenario para los debates más importantes de interés nacional. El partido está abierto a la opinión social, mediante sus vinculaciones con sindicatos, gremios, asociaciones. Las puertas del partido están abiertas para que toda organización social significativa, toda opinión social acceda directamente a las instancias partidistas.

El sindicalismo debe ser un instrumento social efectivo para garantizar una redistribución adecuada del ingreso y de la riqueza social, es decir, de la democratización y extensión social de la calidad de vida. El sindicalismo tiene frente a sí un conjunto perentorio de exigencias para mejorar la incorporación de los grupos laborales a un entorno de calidad de vida y de trabajo cada vez más humano, productivo y democrático.

Venezuela necesita de un movimiento sindical fuerte, autónomo, moderno, capaz de hacer frente a los nuevos contextos laborales, económicos y sociales, comprometido con la modernización del mundo laboral y capaz de rechazar cualquier desviación que pretenda hacer del sindicalismo un factor de privilegios y favoritismos. En tal sentido, el sindicalismo debe tener una visión y programas para adelantarse a las consecuencias del proceso de internacionalización de la economía, conciente de la necesidad de incorporar las innovaciones tecnológicas, de la reforma hacia empresas eficientes y rentables, de la expansión del sector privado, de la elaboración de programas modernos de políticas sociales y de seguridad social.

La democracia venezolana necesita movimientos vecinales y comunales activos, independientes y representativos, pues el proceso de descentralización y la cada vez más compleja trama institucional de nuestra sociedad hacen indispensable procesos de autogestión y cogestión en servicios públicos, acuerdos entre el sector público y el social en materia de seguridad, recreación, ordenamiento urbano, educación.

El desarrollo de nuestro proceso democrático y el fortalecimiento de la sociedad civil significan un legítimo y necesario movimiento de desestatización de la sociedad venezolana, distinto al planteamiento anti-estatal extremo que conduce a reducir al Estado a su mas mínima e inoperante presencia.

El Estado es imprescindible
El Estado tiene que ser eficiente y fuerte para ser eficaz. No debe ser minúsculo, mínimo, marginal o ineficiente. El Estado en las sociedades democráticas modernas, complejas, por fuerza tiene funciones indispensables e indelegables. Al Estado le corresponde la función política de dirigente y regulador de los procesos de toma de decisiones de interés general, de propiciador de los procesos de consenso entre grupos e intereses sociales, de garante del Estado de Derecho y de la legalidad.

El Estado debe desarrollar, mediante la consulta, la planificación de los proyectos nacionales, así como asumir funciones directas y compartidas en campos como el educativo, la salud, el tecno-científico, el de seguridad ciudadana, el de las políticas sociales. El Estado debe mantener la función económica de potenciar y determinar los sectores que deben recibir estímulos, de supervisar el funcionamiento competitivo y abierto de la economía, incluidas las empresas públicas. Es pues, el Estado, un agente catalizador de primer orden, insustituible, para movilizar y orientar las fuerzas sociales, para facilitar sus escenarios de desarrollo y para que sean capaces de generar riqueza cultural y material y promover su distribución equilibrada y equitativa.

Acción Democrática reconoce que un orden político y socio-económico descentralizado y competitivo es mas eficiente y efectivo que un orden altamente centralizado, para promover la producción y el consumo económico, la equidad y participación social y la creación y uso de los bienes culturales.

Pero aún en las sociedades contemporáneas más competitivas, las desigualdades sociales generadas por el libre mercado debilitan el sentido de la solidaridad social y de la equidad, creando obstrucciones al crecimiento y desarrollo democráticos. Por ello, todas esas sociedades, de muy diverso signo, sostienen la presencia dirigente y coordinadora del Estado en el funcionamiento social.

El intervencionismo estatal, junto con innegables logros, ha generado lentitud, burocratismo, ineficacia y corrupción, de tal manera que sus procedimientos y presencia en la sociedad tienen que replantearse con el objetivo de concentrarlo en las funciones que le son propias, aliviarlo de la sobrecarga de demandas que ha tenido que soportar en Venezuela, para liberar la iniciativa social dentro del correspondiente marco regulatorio y de objetivos nacionales compartidos.

De lo que se trata es de una presencia estratégica y selectiva del Estado, más que de una intervención masiva que se hace tan innecesaria como inútil. Se trata de rehabilitar y fortalecer al Estado mediante el crecimiento de su eficacia y la reducción de sus costos. Es decir, mediante su fortalecimiento compartido con el de la sociedad civil. Ello supone un proceso intenso de modernización institucional del sector público como un asunto de primera prioridad.

Serias carencias procedimentales, estructurales y de objetivos pesan sobre la Presidencia de la República, la Administración Central, el Consejo de Ministros, el Poder Judicial, entre otros. Es necesario modernizarlos y redimensionarlos para que presten un eficaz servicio a la sociedad y a la modernización de nuestra democracia. Acción Democrática plantea la necesidad de un vigoroso programa de modernización, rehabilitación y democratización de las instituciones públicas, como parte integrante del necesario consenso nacional.

En este aspecto merece particular atención la Reforma Judicial, ya que sin un Estado sólido de Derecho, los principios democráticos de legalidad y de legimitidad se muestran altamente vulnerables. Esto, no hay duda, afecta de manera severa la transparencia social y las bases mismas y más sensibles de la democracia.

La descentralización
La personalización del voto para escoger Diputados al Congreso y a las Asambleas Legislativas y Concejales, son piedras angulares en este proceso, en el cual tuvo Acción Democrática una participación fundamental.

Ahora bien, la descentralización se encuentra apenas en sus inicios. Es indispensable un programa coherente que permita una real y eficaz transferencia de atribuciones entre el poder central y las regiones y entre éstas y los municipios. Sin perder de vista, en ningún caso, el objetivo de mayor participación y mayor eficiencia en la integración nacional. Sería necesario, por tanto, reforzar las funciones estratégicas y políticas del gobierno central y la entrega a los Estados y Municipios de la mayoría de las operaciones y servicios públicos en sus respectivas áreas. Esto supone una sólida cooperación entre los entes y la aniquilación de todo espíritu competitivo, de tal modo que no se duplique ninguna función o gestión.

Hacia los Estados se hace necesario agilizar los procesos de transferencia descentralizada mediante políticas y reglamentaciones coherentes y consensuales. Este proceso requiere de los correspondientes instrumentos de financiamiento, más allá del situado constitucional. El apoyo a la descentralización real hacia Estados y Municipios debe consistir en la transferencia de servicios, con la correspondiente partida de inversión que para ello tenía el poder central, y de las tasas por cobro de servicios que se presten. Además es indispensable el incremento de la capacidad tributaria de Estados y Municipios, no sólo para que tengan ingresos para apoyar su gestión sino, lo que es más importante, para que la ciudadanía tributaria tenga razones evidentes para cuidar de la inversión de sus impuestos.

Acción Democrática estimula el desarrollo de la cultura descentralizadora y de las diversas decisiones que la consoliden. Así mismo, contribuye en la formación de sus miembros para la gestión descentralizadora, ya que la gestión regional y local, por específica, requiere de capacidades muy concretas que hasta ahora no ha desarrollado el funcionario público.

La cultura de país petrolero
La economía rentista, enmarcada en un modelo de desarrollo exageradamente proteccionista, el atraso tecnológico con respecto a los países desarrollados, la existencia de un amplio sector económico informal, la heterogeneidad y la disparidad de rendimientos de los diversos sectores de nuestra economía, la falta de una demanda alta y estable, entre otros aspectos, han determinado que Venezuela tenga una baja tasa de productividad, con exclusión del sector petrolero. Esta circunstancia, aunada a la relación desfavorable entre los índices de inflación internos y externos, ha conformado condiciones poco propicias para promover y aumentar la productividad. La competitividad es la condición para participar en la economía mundial y para hacer eficiente y productiva la economía nacional. No hay futuro posible para ninguna economía fuera de los marcos de la competitividad.

Para ello es necesario mejorar la calidad y la productividad tanto en la empresa industrial, agroalimentaria y comercial, en la pública y en la privada. Esto exige un salto en la calidad y productividad en todo el país. Es así como nuestro empresario público y privado tiene que acometer los desafíos de diseñar, producir, mercadear bienes y servicios, penetrar los mercados con precios y calidad de niveles competitivos.

Pero debemos tener claro que hoy por hoy la competitividad no descansa en la mano de obra barata, en la posesión de recursos naturales o en ventajas comparativas. Lo esencial reside en la calidad de nuestros recursos humanos, el desarrollo tecnológico, la capacidad innovativa y la adaptación a los cambios, una visión internacional, una real competencia interna y una distribución del ingreso equitativa, para lograr que el mercado interno adquiera una sostenida capacidad social de demanda.

La capacitación es otra tarea vinculada a la competitividad y en la que el Estado tiene que asumir una inaplazable responsabilidad. El talento y la información son la nueva y real materia prima de la calidad y productividad económica y, por tanto, de la competitividad. Así como este escenario supone obligaciones para el Estado, también las impone a la empresa. Esta debe ser flexible, privilegiar la calidad y la productividad. Tiene que incorporarse a los vertiginosos desarrollos tecnológicos, captarlos, difundirlos, usarlos. Así mismo, su estilo gerencial debe modernizarse en el sentido de ser altamente competente y competitivo, previsivo e innovador.

De lo anterior se desprende inevitablemente un replanteamiento del mundo laboral y de las relaciones obrero-patronales, lo cual le impone a los sindicatos y a las asociaciones empresariales retos vinculados a una relación más inter-activa y cooperativa entre ellos. Esto, desde luego, los obligará a incrementar sus competencias y capacidades como dirigentes de los trabajadores y de los empresarios, con capacidad efectiva de consenso y negociación que hagan compatibles los intereses sectoriales, productivos y nacionales.

Ninguna sociedad se desarrolla sin equidad social.
Una política social no debe ni puede reducirse a un coyuntural sentido compensatorio, es decir, mitigar los costos del ajuste económico. Tiene que ser permanente, universal, de largo plazo, solidaria e integral. Más allá del indeclinable propósito de justicia social, la equidad es un principio para la integración de la sociedad en un sistema económico productivo competitivo y expansivamente sano. En consecuencia, tiene que plantearse un nuevo ordenamiento institucional del sistema de producción de servicios sociales, que permita aumentar su eficiencia y focalizar los sectores que deben ser servidos, atendidos y protegidos de manera prioritaria.

Las políticas sociales son un objetivo de primer orden para el Estado. Pero toda la sociedad debe participar tanto en su definición, dirección, gestión, como en su financiamento. Esto supone borrar de una vez por todas el viejo hábito de convertir las políticas sociales en territorio del clientelismo, la ineficacia, la corrupción y el falso gremialismo y sindicalismo, expresión de una creciente insolidaridad social.

Los servicios que surjan de las políticas y programas sociales, deben centrarse en los que sean aspectos claves y sectores fundamentales, al mismo tiempo tienen que superar el tradicional esquema de su gratuidad bajo fórmulas de pagos diferenciales según la comprobada capacidad del usuario, así como subsidios selectivos, directos y limitados. Esto mejorará sus rendimientos y la atención, calidad y oportunidad con que se prestan.

Pero ni la focalización ni el cobro por servicios prestados pueden estar por encima de la universalidad como principio de las políticas sociales. Es decir, del derecho inalienable de todos los ciudadanos a gozar de un nivel digno de educación, salud y seguridad social. En todo caso es indudable que deben explorarse nuevas formas, ampliamente participativas de financiamiento de las políticas sociales, vigilando la calidad y los rendimientos del servicio prestado.

En esa dirección es indispensable definir e instrumentar una concepción global de política social, fortalecer la capacidad técnica del sistema y explorar formas de descentralización de la organización de los servicios, para incrementar la participación de la sociedad civil en el sistema. Esta es una de las exigencias para mantener una sociedad viable, donde alcance para todos un nivel básico de calidad de vida.

La política social no debe reducirse a ser un alivio a la pobreza, sino ser un sistema productor y dispensador de servicios de educación, salud y seguridad social. En este último aspecto destacan cuestiones novedosas como el fortalecimiento del sistema de empleo y del seguro de desempleo, del acceso a vivienda digna, de la garantía de prestaciones sociales justas y seguras, del régimen de pensiones y jubilaciones para toda la población.

La inseguridad personal y de los bienes es otro asunto de capital importancia en una concepción integral y moderna de las políticas sociales. La policía tiene que modernizarse, tecnificarse y profesionalizarse a fondo. Esto supone programas de formación, de salarios y de protección social muy superiores a los actuales. La seguridad personal y de bienes, la erradicación del miedo, el castigo al delito y la reduccción de sus indicadores, son aspectos muy sensibles y sentidos en el marco de la calidad de vida que exigen los venezolanos. Este es especialmente clave en los sectores más pobres de la población, asediados por formas cotidianas de violencia, y en la clase media que es objeto continuo de la acción delictiva.

No podemos permitir que la seguridad personal sea un aspecto cada vez mas regresivo en nuestra sociedad, donde los grupos pudientes pagan su seguridad a servicios privados, y los que no tienen esta posiblidad quedan a merced del azar. El Estado no puede seguir cediendo terreno en su indelegable función de proporcionar seguridad a las personas y los bienes. Recuperar su eficiencia en este aspecto forma parte de la estrategia de su rehabilitación y fortalecimiento.

La Educación
La educación es la política social por excelencia; tiene como orientación básica servir al desarrollo humano y social de la persona, así como crear condiciones para el desarrollo nacional. En ella se tienen que fortalecer los valores éticos y los democráticos, la identidad histórica y contemporánea nacional, así como los instrumentos básicos para el trabajo, la responsabilidad y la solidaridad social.

En la educación se observa un importante deterioro en su calidad, a la par de su amplia masificación. El gasto en términos reales ha descendido y se ha convertido en esencialmente regresivo; se está subsidiando al sector pudiente de la sociedad en detrimento de los sectores de bajos ingresos. Estas dos tendencias tienen que ser revertidas, pues la educación no puede servir para incrementar las desigualdades sino para crear condiciones iguales de oportunidad.

La educación es hoy por hoy, en tanto espacio para la formación de nuestros recursos humanos calificados, el verdadero cuello de botella de nuestras posibilidades modernas y democráticas de desarrollo. Desde este perspectiva, su función de apoyo clave para el desarrollo de nuestra capacidad económica real y potencial tiene que ser subrayada de modo muy especial, como una estrategia esencial de su reforma. Lo anterior potencia la función social integradora y participativa que debe sostener cualquier proceso educativo democrático. En ese punto crucial estriba la esencia de la reforma profunda de nuestro sistema educativo.

Sin una educación renovadora que produzca los recursos humanos para una sociedad democrática, igualitaria, económicamente competitiva, cultural y tecno-científicamente creadora, capacitada para desarrollar toda su potencialidad y estimular la autoestima del venezolano, con una fuerte ética solidaria, responsable y de trabajo, poco se estará haciendo. Por tanto, no se trata de reducir sino de ampliar la inversión en la educación, pero creando todos los mecanismos que permitan que ello se revierta en rendimiento y calidad. Desde luego que este gasto tiene que ser compartido con el Estado, propiciándose la participación social, bajo todas las modalidades posibles, en el gasto educativo.

La educación es una tarea estratégica e indelegable del Estado. Pero en ella debe participar responsablemente toda la sociedad: familias, comunidades, empresas, y usuarios. Así concebida, la educación debe contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia, de la ética personal y social, de la sociedad civil y de nuestras posibilidades de desarrollo económico. Ella será, en definitiva, nuestra real ventaja competitiva, en sus resultados cualitativos, en su producción de recursos humanos de excelencia.

La educación no puede perder su rasgo de universal y abierta a todos los venezolanos. Pero la democratización que ello implica tiene que fundamentarse en un rendimiento cada vez mas exigente. Esto supone, necesariamente, una política de mejoramiento de la profesionalidad y capacitación del personal vinculado a la educación, especialmente del docente e investigativo. Ello no será posible sino con políticas realistas de ingreso y protección social que hagan de la carrera educativa, tanto pública como privada, una instancia meritocrática y de alta competitividad. Sólo así es posible imaginar la expansión, como empresa básica del Estado, de la educación pre-escolar y de la primaria y diversificada, gratuitas, y con diversos estímulos para los estudiantes destacados.

La educación técnica y tecnológica debe tener especial atención. Está exhaustivamente documentado que sin una expansión de la mano de obra especializada, de los recursos humanos de especialización intermedia, no es posible ningún tipo moderno y competitivo de desarrollo, y mucho menos la ampliación de las oportunidades de igualdad social.

La educación superior tiene que reconvertirse profundamente según las demandas de nuestro desarrollo. La excelencia tiene que ser su meta. Su financiamiento tiene que buscar una alta diversificación de fuentes y el rendimiento de cada institución debe ser determinante para el apoyo del gasto público.

La educación es una política estratégica del Estado, abierta a la participación y responsabilidad del conjunto de nuestra sociedad. En esa perspectiva ella es nuestro recurso fundamental para cerrar el siglo, creando condiciones reales y potenciales de calidad de vida y desarrollo humano y social de alta excelencia. Este es su reto y no podemos conformarnos con menos. De allí que se hace necesario un amplio y activo consenso nacional progresista, para encarar esta tarea como una causa impostergable que a todos compete.

La ineficiencia de los servicios públicos
La mala calidad de su prestación, su baja cobertura, constituyen una de las deudas más importantes de la democracia con Venezuela y su gente. Los servicios públicos constituyen una infraestructura fundamental para nuestra desarrollo, concebido en términos de la economía moderna. Esta no puede abrirse a los desafíos de la contemporaneidad sin servicios públicos eficientes de agua, luz, comunicaciones, vialidad, transporte y seguridad.

Los servicios públicos deben configurar una tarea esencial del Estado, con la complementariedad y apoyo necesarios por parte de la sociedad. Estos servicios deben ser eficaces, de calidad, accesibles y modernos. Ellos deben tener una cobertura social universal, sin exclusiones. Pueden servir como factor compensatorio de las desigualdades sociales, especialmente el costo de la vida. Pero su función va más allá de este concepto tradicional; ella consiste en dotar a la sociedad, con su propia participación, de la infraestructura necesaria para su desarrollo.

Un papel estratégico de los servicios públicos, generalmente poco reconocido entre nosotros, es que ellos constituyen, el entorno nacional decisivo para dotar de ventajas competitivas a nuestra economía. De aquí se desprende una lógica imperativa: no tendremos equidad social ni economía competitiva sin servicios públicos funcionales. Por eso tal objetivo es una prioridad estratégica del Estado venezolano y de su sector social productivo.

Desde el punto de vista político su prestación eficiente significa el relanzamiento de la legitimidad de nuestro sector público, cuestión ésta de la más alta perentoriedad. Desde la perspectiva cultural, los servicios públicos tiene que desarrollar los hábitos de la preservación y del mantenimiento.

Los servicios públicos son pues, como infraestructura básica de la calidad de vida, un recurso para la expansión social y humana, para la competitividad económica, para la revalorización del Estado. Así mismo, son un escenario excepcional para la cooperación entre los sectores público y privado.

El valor ético de la política
La acción política para Acción Democrática tiene que concebirse y practicarse con un sentido profundo de compromiso social con las mejores causas del progreso, la modernidad y la democracia en Venezuela. La política es una tarea noble, un oficio ético y colectivo que exige de una alta dedicación y responsabilidad. Venezuela no puede ser escenario de actos que lesionen el respeto a los bienes públicos. La lucha para erradicar la corrupción en el país comienza por eliminar su presencia, por escasa que sea, en todas las instituciones públicas.

El nuestro es un país sano, y Acción Democrática se asemeja a esa característica esencial de la mayoría de los venezolanos. Pero sin duda que la corrupción en el uso de la política y de los cargos públicos, como escenario de aprovechamiento personal, se han extendido de manera intolerable. Por tanto, tenemos que ser radicales en la lucha frontal por adecentar la política, el ejercicio de la función pública, para así relegitimar a los partidos como genuinos representantes de los más altos valores éticos, de un país que no debe ser percibido como degradado y corrompido. La alta moralidad de la inmensa mayoría del país se debe imponer.

La democracia permite que todo lo que deba depurarse se conozca y que, en efecto, sea depurado. Para Acción Democrática, la política no puede dejar de ser un compromiso ético, social y colectivo; la militancia partidista tiene que ser una expresión de solidaridad y la democracia es una exigencia para potenciar las mejores cualidades humanas políticas y sociales. Acción Democrática se compromete a dar su contribución sin límites para que ello sea así.