Introducción: ¿cómo entender la dinámica política de la descentralización?
Hace algunos anos la descentralización se nos presento como la gran solución a los problemas politico-administrativos de Venezuela. Hoy comenzamos a tener dudas sobre sus posibilidades. Algunos estados han tenido un enorme éxito al asumir la administración de ciertos servicios públicos mientras que otros lo han hecho sin la misma fortuna. Algunos estados han logrado que se les apruebe la descentralización de los servicios de educación y salud mientras que otros han tenido que aguardar más tiempo por su aprobación. El propósito de este ensayo no es desarrollar un modelo que explique la variación del desarrollo institucional de los distintos estados venezolanos, es decir, un modelo que logre explicar por que ciertos estados han sido más efectivos que otros al asumir la administración de ciertos servicios públicos y por que en algunos estados el proceso de descentralización ha sido más profundo que en otros. Este es sin duda un problema importante pero que merece una consideración aparte. El propósito de est e ensayo es más modesto y por la misma razón más general. Mi objetivo es el de intentar revelar como ciertas factores políticos moldearon el marco institucional de la descentralización para el momento de su aprobación en 1989 y como ese marco institución al ha limitado y hecho más complejo la descentralización en Venezuela.

Los distintos tipos de descentralización que se han dado en América Latina han estado determinados en gran medida por la naturaleza de los incentivos institucionales a los cuales responden los políticos en el congreso. Si para ser re-electos los políticos son responsables políticamente frente a clientes locales, como ocurre en Brasil, las transferencia de recursos y responsabilidades administrativas no va a estar controlado por el poder central. Si por el contrario, los políticos para ser re-electos en el congreso son políticamente responsables frente a partidos nacionales, y más específicamente, frente a líderes partidistas, como ocurre en México y Venezuela, entonces el poder central va a mantener control sobre el proceso de transferencia administrativa. El hecho que en Venezuela para 1989 dos partidos altamente centralizados y disciplinados como Acción Democrática y COPEI dominaran el congreso es un factor esencial para comprender porque' estas organizaciones estuvieron en capacidad de conducir el proceso de descentralización. Los políticos dependían (y todavía dependen aunque en menor medida) de los líderes partidistas para entrar en las listas electorales. Debido a ello los parlamentarios no reciben ningún tipo de beneficios por ayudar a sus electorados regionales y responden más bien a los intereses de sus líderes partidistas quienes saben que el proceso de descentralización puede erosionar su poder político. Estos elementos institucionales pueden explicar la razón por la cual los parlamentarios e n Venezuela decidieron crear una legislación que les permitiera ex-ante controlar el proceso de descentralización y proteger los intereses de sus partidos políticos. De acuerdo a la ley de descentralización las regiones carecen de autonomía para generar su s propios ingresos, y además de ello, la petición para la descentralización de los servicios públicos son considerados caso por caso y para cada uno de los servicios (desde cultura hasta educación), lo cual hace el proceso no solo dependiente del poder nacional, sino lento, complejo, y arduo.

Esta explicación, sin embargo, solo nos ofrece una visión estática del proceso. Una vez que el proceso de descentralización ha sido iniciado es posible observar, incluso en regímenes con sistema de partidos altamente centralizados, como estos nuevos acto res regionales comienzan a organizarse para ejercer presión para obtener la transferencia de recursos y responsabilidades. En contraste con los políticos en el congreso, los gobernadores son responsables políticamente frente a su electorado regional, y por lo tanto, no siempre van a responder a los intereses de los líderes partidistas. Para ser re-electos tienen que cultivar votos a nivel local. El hecho que en Venezuela los gobernadores puedan ser re-electos por segunda vez crea incentivos para que est os actores cuestionen el poder central. Los gobernadores pueden en ciertas circunstancias llegar a pasar por alto los intereses de sus líderes partidistas con el único propósito de incrementar sus probabilidades electorales. Por el contrario, en países como en México, estos incentivos institucionales no existen. Los gobernadores en México están limitados por el principio de la no re-elección y por lo tanto dependen más del partido a nivel central para preservar un puesto en la burocracia federal o en el congreso. Esto es lo que se conoce como el principio de la rotación burocrática, que ha sido un instrumento usado por el presidente para controlar a los distintos actores dentro del sistema político mexicano.

Las implicaciones de estas ideas son muy simples. En Venezuela los gobernadores para mantenerse en el poder deben proveer ciertos bienes públicos (educación, salud, infraestructura, etc.) que aun siguen en control del poder central. De hecho en Venezuela los nuevos gobernadores crearon una asociación permanente para solucionar problemas de acción colectiva y mejorar su posición de negociación frente al congreso. La asociación fue creada a pesar de que estos gobernadores pertenecían a cuatro partidos diferentes (COPEI, AD, CAUSA R y MAS), y con el objetivo de acelerar el proceso de descentralización. Esta asociación fue el resultado de un grupo de actores políticos que comprendieron que para ser re-electos tenían que proveer ciertos bienes públicos para su s regiones, y actuaron acordemente. Además, la crisis fiscal del Estado, las amenazas de intervención militar, y la existencia de una sensación general de descontento social, que han caracterizado la situación venezolana durante la ultima década, y que ha n contribuido a la segmentación del sistema bi-partidista venezolano, han permitido también aumentar el poder de estos nuevos actores políticos.

Hay dos preguntas, sin embargo, que quedan por resolver. La primera tiene que ver con los razones que permiten explicar como los gobernadores lograron solventar problemas de acción colectiva. Hasta ahora he sugerido que estaba en su propio interés político hacerlo. Pero esta explicación es insuficiente. Sabemos que la noción de interés no siempre conlleva a una determinada acción. La experiencia latinoamericana sugiere que en sistemas presidencialistas el poder ejecutivo juega un rol fundamental en el pro ceso de descentralización. De hecho en Venezuela el presidente -a través de la COPRE- jugo un papel fundamental para permitir que los gobernadores superaran problemas de acción colectiva. De ahí que no siempre sea el caso que en países con sistema de partidos centralizados (otra vez utilizo los casos de México y Venezuela) los intereses del ejecutivo y el legislativo coincidan necesariamente en relación al proceso de descentralización. Los presidentes (esto es claro durante la administraciones de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, así como en la de Carlos Salinas de Gortari y Zedillo en México), pueden llegar, bajo ciertas circunstancias, a darle apoyo a la descentralización como una estrategia política para debilitar a los políticos de línea dura dentro de su propio partido. Un incremento de la competencia electoral a nivel regional puede ser una estrategia efectiva (aunque no siempre exitosa) para cambiar las relaciones de poder dentro de su propia organización política. Cambiar arreglos institucional es a través de la descentralización puede ser un instrumento alternativo a través del cual un nuevo grupo de actores políticos pueda llegar apoyar un programa de gobierno que es abiertamente resistido a nivel del poder central.

La segunda pregunta tiene que ver con el momento en el cual los gobernadores van a decidir presionar al congreso, en particular al senado, para conseguir la descentralización de ciertos recursos y servicios. Bajo que circunstancias van a ejercer esa presión ¿Qué condiciones mejoran su poder de negociación y su habilidad para obtener la transferencia de recursos y servicios? Pareciera ser que el poder de los actores a nivel regional viene dada por la vulnerabilidad de la administración central. Durante una crisis política o económica estos actores regionales intentan mejorar su posición de negociación para influenciar las decisiones del poder central.

Durante la década de los ochenta los países latinoamericanos han experimentado un proceso deliberado de desmantelamiento institucional. La crisis de la deuda, y además de ello, las reducciones presupuestarias introducidas por los programas de ajuste, han contribuido al deterioro de los servicios públicos. Esto sin duda ha incrementado la fortaleza de las demandas regionales para descentralizar servicios públicos como educación y salud. Dado el colapso de los servicios a nivel nacional la descentralización se convirtió en una alternativa cada vez más viable. Más importante aun, sin embargo, son los factores políticos que han hecho de la política regional, y en particular, la dinámica entre el centro y las regiones, un elemento cada vez más resaltante de los sistemas políticos de nuestros países. El colapso gradual del sistema hegemónico del PRI en México, por ejemplo, ha producido una dispersión de poder entre los distintos estados, que ha transformado el poder de negociación de las regiones frente al pode r central. De hecho el arreglo constitucional federal, que no era sino letra muerta, esta actualmente moldeando las estrategias y opciones de los distintos actores dentro del sistema político mexicano. En Venezuela algo muy similar ha venido ocurriendo. L os dos fallidos golpes de estado que ocurrieron en 1992 erosionaron el poder del presidente y del congreso. Los gobernadores actuaron oportunistamente y tomaron ventaja de esta situación para iniciar la descentralización administrativa. Antes de esta fecha el congreso había aprobado la ley pero se había resistido a iniciar la descentralización de los servicios. Seria interesante analizar como la descentralización de los servicios ha venido ocurriendo y tratar de identificar las variables que han influido e l proceso. Hasta ahora, sin embargo, tan solo he intentado identificar las variables políticas que permiten explicar por que la descentralización se dio de cierta manera en Venezuela.

Breve historia de la descentralización en Venezuela
La historia de la descentralización en Venezuela es ampliamente conocida. La descentralización ha sido vista como el resultado de las presiones que ciertos grupos sociales, partidos minoritarios, intelectuales, grupos económicos, y asociaciones civiles, ejercieron para incrementar la democratización del sistema político venezolano. También la descentralización ha sido vista como la consecuencia natural de la crisis del sistema populista de conciliación dada la creciente incapacidad de los partidos políticos de utilizar mecanismos utilitarios (la renta petrolera) para mantener el tradicional sistema de cooperación política. En vista de ello la descentralización fue diseñada como un mecanismo para reducir las tensiones generadas por la decadencia del sistema populista de conciliación. Lo cierto es que no fue sino hasta mediados de la década de los ochenta cuando Acción Democrática y Copei reconocieron la necesidad de introducir reformas institucionales, entre ellas la descentralización, para resolver problemas politico-administrativos. La COPRE fue la organización creada por Jaime Lusinchi para atender estos problemas. Durante su administración la descentralización no tuvo mayor éxito -esto viene explicado básicamente por la mayoría parlamentaria de Acción Democrática- aprobándose tan solo hacia el final de este periodo presidencial la creación y elección de la figura del alcalde.

Carlos Andrés Pérez prometio durante su campana electoral profundizar la reforma del estado. Durante su campana Pérez tuvo que enfrentar las acusaciones que Eduardo Fernández hiciera sobre la credibilidad del compromiso de Acción Democrática hacia la reforma del estado. Fernández describió a Lusinchi como un presidente débil, atado a los intereses de la cúpula de su partido, lo cual había impedido la continuación de las reformas. Esta posición forzó a Pérez a reconocer públicamente la necesidad de apoyar reformas institucionales como la elección directa de gobernadores. Pero además de la posición electoral de Pérez, otros dos factores tienen que ser tomados en consideración para entender porque' durante su administración la descentralización prometía tener un destino diferente.

La primera tiene ver con la diferencia de la relación que tanto Lusinchi como Pérez establecieron con Acción Democrática. Mientras que Lusinchi gano las elecciones como el candidato consensual del CEN, Pérez gano las elecciones internas sin el mismo apoyo de la cúpula del partido. De hecho las elecciones internas de Acción Democrática estuvieron polarizadas por la fuerte rivalidades entre sus dos facciones internas. Esta confrontación política es esencial para revelar las razones políticas que motivaron a Pérez apoyar la descentralización. Dada la resistencia natural de Acción Democrática hacia las reformas económicas, que tenían como consecuencia directa el desmantelamiento de su estructura clientelar, y dada la falta de control del ejecutivo sobre las decisiones del CEN (cuyo apoyo era esencial para pasar ciertas leyes en el congreso), apoyar la descentralización, en principio, era una solución optima para crear un piso político alternativo. La descentralización les permitía a los nuevos líderes políticos que apoyaron su candidatura competir por puestos públicos tanto a nivel estadal como local; más importante aun, un proceso de descentralización obligaría a todos los partidos políticos, incluso Acción Democrática, a reestructurar su organización interna para adaptarse a una mayor competencia electoral. El surgimiento de un conjunto de nuevos actores políticos (los gobernadores), con un electorado regional, se llego a pensar, podría haber creado un apoyo político alrededor del programa de ajuste económico. Finalmente, la oposición que ciertos partidos como el MAS y la CAUSA R, incluso COPEI, llegaran a realizar, serian mitigados a través de un mayor acceso a los puestos públicos a través del mecanismo electoral. Quizá esta fue la racionaliadad política del poder ejecutivo para apoyar la reforma del estado.

Pero más que la presión ejercida por el poder ejecutivo lo que en realidad precipito a los parlamentarios apoyar la descentralización fue la envergadura de la crisis política y social en Venezuela producida por la abstención electoral de las elecciones de 1988 y por la magnitud del 27-F. De hecho los disturbios del 27-F le revelo a la mayor parte de los partidos políticos que la crisis tenia tanto causas económicas como políticas. La mayor parte de la élite política venezolana se sorprendió al ver como la población había perdido contacto con sus instituciones representativas y como esto estaba siendo expresado violentamente en las calles. A pesar de que los líderes de los partidos políticos declararon en publico que los disturbios eran una respuesta natural a las reformas económicas del gobierno de Pérez, en privado se reconoció la necesidad de introducir importantes reformas políticas. Partidos políticos como Acción Democrática estuvieron virtualmente obligados a abandonar su tradicional resistencia a la reforma del estado y aceptar finalmente las elección directa de gobernadores y la reforma del sistema electoral para disminuir de esta manera la distancia entre los votantes y sus representantes.

Sin embargo, una vez aceptada la posibilidad de la reforma, los incentivos institucionales a los cuales responden los políticos en el congreso, comenzaron a moldear el tipo de descentralización que se dio en Venezuela. Ya he sugerido que en sistemas de partidos altamente centralizados el tipo de descentralización va a ser uno que le da una autonomía limitada a las regiones. La razón es que la dispersión de poder que produce un proceso de descentralización tanto política como administrativa debilita la capacidad de la cúpula partidista de controlar su propia organización. De ahí que estuviera en el interés de los líderes partidistas, para ese momento tanto los de AD como los de COPEI, de obligar a los parlamentarios a diseñar reglas que hicieran más difícil para las regiones obtener un control efectivo sobre los servicios públicos. En Venezuela no es ningún misterio que tanto los parlamentarios de COPEI como los de AD cultivan más su identificación partidista que el voto personalizado y que por esta misma razón están sometidos a una rígida disciplina partidista. La causa de este fenómeno puede rastrearse al modo de selección de los candidatos para el congreso, que para el momento de la descentralización, estaba completamente controlado por la cúpula de los partidos.

Dado este factor institucional las leyes en Venezuela están moldeadas para proteger los intereses de estos líderes partidistas, y aun más en el caso de una ley como la de la descentralización que tiene enormes consecuencias políticas. De ahí que la legislación sobre la descentralización refleje, como de hecho lo hace, estos intereses. En la ley sobre descentralización, delimitaron, y transferencia de responsabilidades, que se aprobó en el congreso en 1989, los políticos protegieron sus interés de la siguiente manera: a) La ley sobre descentralización no obliga al poder central abdicar ciertas responsabilidades y ciertos recursos; b) La petición para la transferencia de responsabilidades es considerada caso por caso y para cada uno de los servicios; y c) Los ingresos de los estados dependen significativamente del poder central. En Venezuela la ley sobre descentralización no incluye una transferencia inmediata de ciertos servicios y tampoco incluye un mecanismo de compromiso del legislativo hacia el proceso; un claro ejemplo de este tipo de compromiso seria una agenda que obligara al senado a decentralizar de cierta forma y a cierto tiempo para poder de esta manera cumplir con sus intenciones formales. Por el contrario, la ley de descentralización tan so lo especifica los pasos que cada uno de los gobernadores debe seguir para obtener la descentralización de los servicios públicos.

Otro aspecto significativo de la ley es que estas peticiones deben ser sometidas por cada gobernador para cada servicio publico y son consideradas caso por caso. En otras palabras, este proceso no es una negociación que toma lugar sobre la base de un paquete de servicios, ni los servicios son decentralizados a todos los estados al mismo tiempo; por el contrario, cada estado tiene que pedirle al poder central la descentralización de servicios que van desde educación, agricultura, salud, y política socia l, hasta servicios como cultura, tecnología, nutrición, turismo y vivienda. En un país como Venezuela este procedimiento significa que el senado debe considerar más de 220 peticiones en distintos momentos y sobre distintos servicios. Este mecanismo también tiene como consecuencia directa que algunos estados van a tener responsabilidades sobre ciertos servicios mientras que otros van a tener responsabilidades sobre servicios muy distintos, y quizá algunos, sobre ninguno. En el largo plazo este proceso va a generar serias desigualdades regionales. Además de ello la ley no incluye un compromiso del estado central en ayudar a los distintos estados regionales a crear capacidades administrativas para cuando asuman sus nuevas responsabilidades.

Finalmente, el gobierno central tiene absoluto control sobre la asignación de recursos. Los presupuestos de los estados dependen del situado constitucional que obliga al gobierno a destinar parte de sus recursos a los estados. Entre 1989 y 1990, por ejemplo, 98% de los ingresos de los estados venían dados por el gobierno central. En 1991, solo los estados de Bolívar, Miranda, y Carabobo, fueron capaces de reducir su nivel de dependencia al incrementar sus ingresos propios al más del 10%. Sin embargo, el h echo que solo los municipios y el poder central puedan cobrar impuestos hace más difícil la posibilidad de los estados de mejorar aun más sus ingresos propios. De acuerdo a la ley de descentralización los ingresos de los estados dependen del situado constitucional, de los ingresos adicionales atados a proyectos especiales, de la transferencia de recursos para la administración de los servicios públicos, así como de los recursos generados por la administración de ciertas infraestructuras. Recientemente, si n embargo, esta situación se ha intentado revertir con la creación del FIDES.

Deflación de poder y la dinámica política de la descentralización
La transferencia de recursos y responsabilidades después de las primeras elecciones de gobernadores en 1989 no se realizo inmediatamente. Los gobernadores entre 1990 y 1992 no tuvieron ningún éxito en hacer que el congreso aprobara la administración regional de ciertos servicios públicos. En Venezuela los partidos estuvieron renuentes a iniciar un proceso de descentralización que inevitablemente debilitaría la red clientelar que estos servicios les proveía. Fue tan solo dentro del contexto de una profunda crisis política, marcada por dos intentonas golpistas, y la deflación de poder tanto de la presidencia como del congreso, que los gobernadores lograron finalmente que se iniciara la transferencia de la administración de algunos servicios públicos.

Durante los primeros anos de la administración de Carlos Andrés Pérez la COPRE le dio ayuda política y técnica a los nuevos gobernadores para adelantar el proceso de descentralización administrativa. La COPRE incluso abrió oficinas regionales con el explícito propósito de asistir a las gobernaciones en la conducción de sus nuevas administraciones así como para ayudarlos en el proceso de petición de descentralización de cada uno de los servicios públicos. El poder ejecutivo hizo esto pensando que esa asistencia aceleraría el proceso de descentralización y que les mostraría a los gobernadores la dirección que debían tomar. De hecho la presidencia jugo un rol fundamental en hacer que los gobernadores endosaran La Declaración de la Casa de la Estrella. En es te documento los gobernadores de cuatro partidos políticos (AD, COPEI, MAS y CAUSA R) se comprometieron a reunirse cada sies meses para coordinar acciones políticas que aceleraran el proceso de descentralización. En Venezuela el poder ejecutivo asumió rápidamente la función de hacer que los gobernadores resolvieran problemas de acción colectiva y ayudarlos a incrementar la presión sobre los políticos a nivel central para iniciar la más radical de las reformas administrativas que haya ocurrido en el país.

A pesar de ello el congreso pudo resistir las demandas tanto del poder ejecutivo como de los gobernadores. En 1991 la discusión sobre la petición para la descentralización de la salud presentadas por los estados de Aragua, Anzoategui, Bolívar, Carabobo, y Falcón, fueron pospuestas. Para ser más preciso entre 1989 y 1992 no se aprobó la descentralización de ningún servicio. En 1992, sin embargo, el destino de la descentralización cambio radicalmente. Durante ese mismo ano las dos intentonas golpistas contribuyeron a la repentina erosión de poder tanto de la presidencia como del congreso. La crisis política ayudo a catalizar la percepción de la población en contra del programa económico de Pérez así como a las practicas políticas que AD y COPEI habían utilizado en el pasado para limitar los espacios para la participación política. Después de las intentonas golpistas la polarización política alcanzo niveles inusitados. Los gobernadores tomaron ventaja de esta situación y declararon abiertamente la incapacidad del estado central de administrar adecuadamente los servicios públicos más esenciales. Los gobernadores hicieron una declararon conjunta en la que afirmaron que el modelo de administración central en Venezuela estaba completamente agotado. De acuerdo a esta declaración solo la inmediata transferencia de recursos y responsabilidades podría solventar los problemas sociales, políticos, y administrativos del sistema democrático en Venezuela. Estos nuevos actores políticos incluso se presentaron como un movimiento de vanguardia cuyo propósito fundamental era liderizar los cambios políticos del país. En una serie de declaraciones conjuntas los gobernadores también demandaron la reforma del sistema electoral así como la ley de partidos políticos. Estas reforma s, según ellos, tendrían como consecuencia directa hacer a los políticos en el congreso más responsables frente a sus electorados regionales, y por lo tanto, serian reformas que permitirían dinamizar el proceso de descentralización.

La presión que la asociación de gobernadores ejerció sobre el congreso, la baja percepción de la opinión publica de los partidos políticos tradicionales, y en términos más generales, la naturaleza de la crisis política que surgió después de las dos fallidas intervenciones militares, obligaron a los líderes partidistas a iniciar la descentralización administrativa. Después de la salida de Pérez, y durante la presidencia de Ramón J. Velázquez, la transferencia de los servicios de salud fueron aprobados para los estados de Anzoategui, Aragua, Bolívar y Falcón, así como también la descentralización de los cuidados diarios para niños y ancianos para el estado Aragua. Durante ese mismo ano el senado recibió deiciseis peticiones de descentralización relacionados con los servicios de educación, salud, agricultura, vivienda, deporte, y nutrición. La mayor parte de estas peticiones fueron aprobadas entre 1994 y 1995 en un congreso electo con un sistema electoral distinto y con una distribución de fuerzas radicalmente diferente a la del periodo de Carlos Andrés Pérez. Seria interesante ver si la reforma electoral en Venezuela realmente ha cambiado los incentivos de los senadores con respecto al proceso de descentralización durante el periodo de Rafael Caldera. Carezco, sin embargo, de la información necesaria como para dar una opinión final al respecto.

Algunas propuestas a modo de conclusión
La descentralización ha sido vista como una alternativa para incrementar la capacidad del estado en Venezuela y como un mecanismo para hacer a los políticos más responsables frente a las demandas de los ciudadanos. Esto, sin duda, puede ser cierto. Pero reformas institucionales como la descentralización no son simples programas que podemos planificar en abstracto e imponerlos desde arriba. Una de las principales características de la descentralización es que abarca complejas negociaciones entre los políticos, tanto a nivel nacional como regional, y que estos mismos actores están limitados por ciertos arreglos institucionales. De ahí que para entender las posibilidades de la descentralización tengamos que comprender e identificar los elementos institucionales que vienen dándole cuerpo a este proceso.

En Venezuela la descentralización ha estado significativamente influenciada por variables puramente políticas: el tipo de sistema de partidos y el sistema electoral. Más aun el 'timing' de la descentralización también ha venido determinado por las distintas crisis que ha experimentado la democracia venezolana durante la ultima década. La ley de descentralización se aprobó justo después del 27-F y la iniciación de la descentralización administrativa comenzó justo después de las intentonas golpistas. Esto significa que el proceso de descentralización -por la misma naturaleza de la ley que fue aprobada- va a tener un carácter muy irregular. Probablemente veamos al congreso decentralizando en momentos en los cuales confronta algún tipo de crisis económica, política, o social. Y en caso de que decida decentralizar en la ausencia de este tipo de crisis probablemente lo haga de una forma que proteja sus propios intereses, es decir, decentralizando los servicios con los mismos problemas que venían confrontando a nivel central. Otra conclusión que podemos derivar de este análisis es que durante periodos de crisis el conflicto entre las regiones y el poder central se va acentuar. Los gobernadores durante momentos de crisis a nivel nacional van actuar oportunistamente para obtener arreglos favorables para la descentralización de ciertos servicios públicos.

Hay tres formas de hacer menos irregular y problemático el proceso de descentralización. La primera posibilidad es nivelar los incentivos a los cuales responden los políticos tanto a nivel central como a nivel regional. La mejor forma de hacer esto seria adoptando un sistema electoral uninominal. Esto haría que los políticos en el congreso respondan a sus electorados regionales. Creo, sin embargo, que en Venezuela se debate las bondades del sistema uninominal sin tomar en cuenta una cantidad de problemas que puede generar en términos de gobernabilidad, como por ejemplo, el hecho que la uninominalidad incrementa el riesgo de hacer las coaliciones políticas en el congreso menos estables pues disminuye los beneficios -aunque también elimina los excesos- de la disciplina partidista. La unimonalidad crearía también un sesgo gigantesco hacia los estados frente al poder central.

Otra alternativa seria intentar cambiar por completo el marco institucional de la descentralización. Veo esta solución con cierto escepticismo. Un nuevo marco institucional no nos garantiza que las variables políticas sigan afectando el proceso de descentralización y tampoco nos garantiza que el nuevo marco sea necesariamente mejor que el anterior. Creo que la mejor forma de encaminar la descentralización en Venezuela seria proponiendo un cambio sencillo pero importante a la ley de descentralización. Un cambio que elimine los mecanismos de negociación entre cada uno de los gobernadores y el senado para la descentralización de cada uno de los servicios. La irregularidad del proceso de descentralización puede ser controlado si el congreso aceptara introducir en la ley un mecanismo que lo comprometiera formalmente. Un ejemplo de ello seria un cronograma de descentralización y una serie de requerimientos, que no importa con quien este negociando, la descentralización se va a realizar de la misma manera para cada estado. Otro compromiso importante es la de hacer que el estado central ayude a los distintos estados regionales a construir las capacidades administrativas necesarias antes de asumir la responsabilidad de estos servicios. Estos compromisos eliminarían de alguna manera las presiones políticas a las cuales esta sometido actualmente el proceso de descentralización y garantizarían un proceso mucho más ordenado.