VENEZUELA ha cambiado y sigue cambiando y, con el pesar de no pocos, lo seguirá haciendo. Las viejas rutinas y modos de hacer las cosas no pueden proseguir, constituyen obstáculos muy costosos frente a los cuales son muy pocos los desaprensivos dispuestos a hacerse de la vista gorda.

¿Cómo parece que tiende a caracterizarse esta nueva Venezuela?

En un lugar muy principal por el respeto a la Ley contra la rutina de las ilegalidades y de la inseguridad jurídica: reglas claras iguales para todos y tan permanentes como sea posible, es éste el clamor frente a la insólita producción de leyes que no se cumplen adecuadamente y en la mayoría de los casos. Igual es la exigencia para tener en el sistema judicial un conjunto imparcial y profesional de jueces capaces de cumplir a cabalidad con su papel de árbitros legales y pacíficos, no venales, de los conflictos entre ciudadanos, organizaciones o instituciones.

Otro componente lo constituye la necesidad de romper la tradición de la impunidad y aplicar sin vacilación las sanciones a quienes violentan la ley, sean quienes fueren. .Es decir, que la juridicidad sea el espacio privilegiado donde se mantengan y desarrollen las relaciones sociales y, en caso contrario, que el sistema normado de sanciones sea puesto en acción de modo pertinente y eficaz.

Por último es indispensable rehacer el tejido institucional y rehabilitar el Estado, aniquilando la cultura del clientelismo, del favoritismo, del privilegio y del amiguismo. Es decir, el establecimiento de un cierto orden normativo que se corresponda con la cultura y sea aceptado por las demandas sociales, al mismo tiempo que apunta a la expansión de un tejido civilizatorio cada vez mas moderno y, ante todo, eficiente y capaz de excluir los fueros especiales o los privilegios.

Esto significa contar con un Estado fuerte, es decir, que cumpla su papel de coordinador del esfuerzo de proyecto nuevo de país, ejecutor del aspecto gubernamental, programático, del mismo y que use el patrimonio público de manera legal, adecuada y productiva. Hoy por hoy

carecen de sentido las propuestas que claman por "menos Estado" o que afirman que "el mejor Estado es el que no existe".

Todo lo anterior tiene muchas vertientes y fines, pero lo principal es su perentoria e imperiosa necesidad para afrontar la lucha contra la corrupción en todas sus facetas (malversación, peculado, enriquecimiento ilícito, irregularidades administrativas, ineficiencia, incumplimiento de normas). Especialmente en el caso venezolano donde la corrupción es culpada del empobrecimiento social y, todavía más grave, de la legitimación de la democracia por parte de más de un sector ultrista.

Es obvio que este proceso, que apenas se india en algunos aspecto, tardar un buen tiempo en asentarse de modo permanente.

La nueva Contraloría necesaria

Esas inaplazables exigencias son las que demanda y exige el país y crean la necesidad de una Contralora General de la República adecuada a los cambios y dinámicas que ellas crean. Es decir, la Contraloría, como muchas, otras instituciones, cumplió el papel que le era posible en el sistema público que ahora ha entrado en bancarrota y que debe ser reemplazado. Ella misma, como parte de ese sistema, estaría incapacitada, si no se renueva significativamente, para las nuevas demandas de una democracia y una sociedad menos permisiva y más exigente, más descontenta y menos dispuesta a que todo siga igual. De allí que le sea imperativo el cambio, no como crítica de su pasado sino como apuesta por su validez en el presente y porvenir.

En esa dirección tiene que subrayar su función como organismo constitucional, es decir, de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes nacionales y de todas las operaciones relacionadas con ellos, inserto en la estructura misma del republicanismo democrático y de derecho.

Dicho control constitucional y legal, debe hacerlo sobre toda la administración y todos los funcionarios, sin distinciones, de manera objetiva, imparcial y responsable. De tal modo que le sea posible, sin asomo de vulnerabilidades, fijar la responsabilidad administrativa donde la encuentre, trátese de quien se trate, e imponer las multas, establecer los reparos y, si fuere el caso, solicitar la destitución e inhabilitación del funcionario , además de cursar los expedientes, cuando determine indicios de delito, a la Fiscalía para los eventuales juicios civiles y penales.

Lo anterior implica la defensa de la autonomía institucional, y la independencia plena de la Contraloría contra cualquier presión: que no sea enemiga ni amiga del gobierno, de los funcionarios o de los grupos de oposición. Su misión debe cumplirse en acuerdo pleno con sus claras competencias legales, sin cuidarse de las simpatías o antipatías que pueda crear a su alrededor.

Un soporte fundamental para alcanzar esos objetivos, no tan novedosos como impostergables, es la inserción en algo que se aproxime a una auténtica cultura de la información al ciudadano: las instituciones tienen que dejar atrás su viejo carácter de auténticas "cajas negras", impenetrables. Es una obligación institucional en la sociedad democrática lograr que el ciudadano esté informado de manera veraz, oportuna y sin estridencias de lo que pasa en la administración pública y de lo que realiza la Contraloría para defender el uso correcto, legal y eficiente del patrimonio público.

Esas administraciones que pretenden confinar la información en las cúpulas y que, además, son proclives a sustraer de la discusión pública los grandes asuntos de interés colectivo, no son democráticas. La Contraloría es una institución de la democracia para la democracia. Fuera de ella carece de sentido, pues los gobiernos antidemocráticos, por definición, aniquilan todos los controles que se quieran ejercer sobre ellos mismos. Y todo control y escrutinio sobre el ejercicio gubernamental, comienza por la cantidad, calidad y oportunidad de la información que se encuentre disponible. Por tanto, la Contraloría tiene que informar no sólo al Congreso sino a la sociedad para que ésta sea enterada legítimamente de sus actuaciones, las apoye y se apoye en ellas.

En síntesis: es necesario institucional y democráticamente, contar con una Contraloría fuerte.

Una democracia con mayor legitimidad

En medio de todas las críticas recordemos que "la democracia es el arribo de las sociedades a la mayoría de edad" de acuerdo con la afirmación de Fernando Savater. No se trata de un proceso puramente formal o de instituciones impuestas. Lo determinante es la identificación de la sociedad con su tarea de "Producir" democracia.

Uno de los espacios desde los cuales es posible y necesaria tal producción es, sin lugar a dudas, la Contraloría, puesto que, entre otras cosas y como ya lo hemos dicho, el poder contralor sólo tiene validez y realidad en los regímenes democráticos.

Por tanto, es necesario que la Contraloría, mediante la eficacia, transparencia y solidez de los resultados de sus actuaciones, logre reforzar la legitimidad de la democracia y sea, a la vez, uno de los componentes de la urgente rehabilitación modernización del funcionamiento del Estado en las nuevas condiciones más complejas y exigentes de la nación y el mundo.

En concreto, tiene que poner el énfasis en adecentar y cooperar en la modernización y eficiencia de la administración pública, en rehabilitar la importancia de la función pública y de la conducta proba y responsable del funcionario público, siempre en el horizonte de que no hay ninguna razón de Estado para violentar la ley.

En ese panorama resulta obvio que se toma en absolutamente necesario la innovación y reorganización del propio poder contralor, a saber: independizarlo en todo el país mediante, entre otras decisiones, la elección de los contralores por concurso en todos los niveles de la administración; realizar la transferencia de competencias ordinarias, hacia la administración, de tal modo que se permita al poder contralor la concentración en los nudos centrales de los sectores y la actividad programática y administrativa gubernamental; poner en ejecución el control de gestión, que supere la actividad auditora y fiscalizadora dispersa en puntualismos, en contabilidades menores, en procedimientos rutinarios, y que se afinque en el alcance real de los objetivos planteados para gobernar y del presupuesto público invertido;constituir el sistema nacional de control que permita unificar los procedimientos de fiscalización sobre toda la administración pública y complementar el trabajo de todas las contralorías (administración central y descentralizada, estadal y municipal). Que sea, pues, un poder efectivo y articulado y no laxo y disperso.

Todos los descritos son elementos para configurar una democracia fuerte.

¿Ni un minuto más de corrupción?

Parece evidente que la sociedad civil venezolana está ahíta de soportar la corrupción y las ineficiencias. Y la Contraloría, resultados en mano, tiene que responder a esa demanda clamorosa.

De lo contrario su gestión pasará a engrosar más la capa de escepticismo y cólera que hoy parece anidar en nuestro clima social. La impunidad debe desaparecer. Sin aplicar estilos terroristas ni reeditar persecuciones de brujas, con fría y firme prudencia, una Contraloría nueva para una Venezuela nueva, tiene que descabezar en un porcentaje alto y significativo la impunidad en la administración pública, los lazos de corrupción con los agentes del sector privado y los nexos entre actividad económica protegida y privilegiada, financiamiento partidista y trasiego de bienes para fines sectoriales, grupales o individuales.

Claro está: todo cambio implica conflictos, tensiones, acusaciones, descalificaciones; siempre ha sido así porque ellos vulneran intereses de mucho poder y hábitos muy arraigados. Pero la obligación histórica, hoy por hoy, de la Contraloría, es la de cooperar en que se imponga la CULTURA DE LA HONESTIDAD.

Para ese fin no solamente valen razones de orden moral o ético, sino más inmediatamente tangibles: la corrupción y la ineficiencia tienen un costo inmenso sobre la actividad económica y, en general, sobre la disposición para el trabajo y la creatividad de la población, con efectos mortales sobre nuestra competitividad interna e internacional. Por eso es que en una sociedad que pretende profundizar su democracia y su competitividad, una Contraloría fuerte es tan necesaria.

Dicho de modo sumario: requerimos de una Contraloría que contribuya a una Venezuela moderna, con una administración pública decente y un Estado que sea eficaz, contando con una sociedad civil informada y participante en medio de un gran proceso de reinstitucionalización de la vida pública.

Para lo cual, concluyamos, tenemos que merecernos e imponer una Contraloría que sea eficaz, objetiva, imparcial, legal e institucional; guíe cumpla a fondo con sus obligaciones y que sólo se inclina ante la verdad de los hechos y de la ley, tal y como se lo propone la gestión actual.

No se trata, como es fácil, percibir, de un desafío sencillo para la agenda de los venezolanos de estos años, puesto que no es una labor de porvenir sino de hoy. Pero es una de las tareas de cuya resolución depende una buena parte de las esperanzas y estímulos que todos necesitamos para creer que es posible "hacer Estado" en una democracia eficiente. Además, es un reto que bien vale una misa, como se dijo de París hace unos cuantos años.