Uno de los elementos más significativos de la reforma del Estado es la privatización de empresas y activos de índole económica y financiera que forman parte del patrimonio público. Este aspecto de la reforma no ha sido analizado en profundidad. Sólo se ha considerado, en lo que he podido conocer y apreciar, el alcance de la privatización en cuanto pueda representar, por una parte, un ingreso para el Fisco Nacional o para algunos de los órganos autónomos del Estado, y, por la otra, un alivio a la carga fiscal al implicar una economía de gasto en los casos en que las empresas que sean objeto de privatización incurran en pérdida o requieran aportaciones no recuperables a expensas del erario público. El doble efecto del acto privatizador: ingreso y ahorro, contribuye a mejorar las finanzas públicas y permite atender necesidades fiscales fuera de los límites del presupuesto ordinario.

Sería exagerado afirmar que el otro aspecto que deseo tratar en este artículo no ha sido considerado; lo que sí es cierto es que no ha sido tenido en cuenta con suficiente importancia en el ámbito de la reforma del Estado. La privatización significa un cambio fundamental en la estructura y en el funcionamiento del Estado. Desde luego, ese alcance depende de los propios límites del proceso privatizador y también de las condiciones y los términos en que se realiza. Puede ilustrarse esta observación con un sencillo ejemplo: al privatizar empresas y activos que han ingresado al patrimonio público en virtud de la ejecución de garantías otorgadas por particulares en relación con deudas contraídas con un ente público o por razón de las contingencias derivadas de una crisis financiera (como la que tuvo lugar el año 1994), puede interpretarse que aquéllos reingresan al sector privado, ya que se han incorporado transitoriamente al activo del Estado y el propósito fue siempre el de desprenderse de ellos en circunstancias determinadas. Empresas y bienes que entraron en posesión de la antigua Corporación Venezolana de Fomento por los motivos mencionados, o del Banco Central o de Fogade en la actualidad, están en el caso que se considera.

En el orden de ideas que vengo examinando, diferente es el caso de empresas que el propio Estado ha creado o fundado en la prosecución de objetivos de políticas económicas y con la manifiesta intención de que sirvan a las funciones del Estado con respecto a la economía nacional. Ello supone una característica estructural de la gestión pública, una participación directa y real en el proceso económico, una instancia más profunda que la intervención administrativa o normativa en la economía de mercado. La característica estructural que considero -persistente en la organización actual de la economía venezolana- puede denominarse economía mixta, compuesta por dos sectores definidos: el público y el privado, coexistentes y deseablemente conviventes. La economía mixta tiene en Venezuela una historia de casi 70 años, con particular importancia los últimos 50 años. En ese largo período se fue formando una economía empresarial del Estado, que adquirió relieve y decisiva influencia en virtud de dos procesos: el desarrollo de las industrias básicas de Guayana y la reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos en vigencia desde 1976. El primero de esos procesos tenía como objetivo la creación de un núcleo para la industrialización del país; el otro, de mayor trascendencia, el dominio del Estado sobre la actividad básica de generación de riqueza, como lo es la explotación de hidrocarburos. Un perfil histórico de estrategia de desarrollo nacional combina esos procesos necesariamente.

El programa de privatización -y la política que lo sustenta- contempla sin lugar a duda la enajenación, total o parcial, de las industrias básicas de Guayana (con la excepción, hasta ahora, de la electrificación del Caroní), mediante una interpretación no bien clara y en mi opinión no convincente de la disposición constitucional que crea para el Estado la obligación de promover y mantener una industria pesada bajo su control. Los resultados en buena medida adversos o desafortunados que se han obtenido de algunas de las industrias pesadas de Guayana dan pie para el propósito oficial de modificar el carácter de tales explotaciones, desvinculándolas de la función de elementos nucleares de la industrialización del país. Este propósito evidencia la intención de los dirigentes y administradores de la cosa pública de reducir el ámbito real en que el Estado participa de la actividad económica.

Asunto de mayor entidad es el referente a la industria petrolera nacional. No es posible negar el carácter fundamental, básico, para nuestra economía de la mencionada industria. La vida económica del país se desenvuelve sobre el eje del petróleo, lo que no necesita demostración. Tampoco la necesita la afirmación de que el Estado venezolano, inclusive en su situación actual, se sustenta, directa o indirectamente, de la actividad petrolera. No es exagerado decir que el futuro de este país, en el largo plazo previsible, va a depender del curso de la mencionada actividad. No es sostenible una proyección del desarrollo nacional sin tener como elemento principal la explotación de los hidrocarburos. El argumento que se aplica a las industrias de Guayana para justificar su privatización no es válido en el caso de la industria petrolera: en lugar de carga para la economía del Estado -y de la nación- es fuente de ingresos y factor de creación de potencial para el desarrollo. Nadie niega que es una industria con ingente superávit. La experiencia de la explotación petrolera en el ámbito privado -la etapa concesionaria cancelada en 1975- no es positiva y ésta puede demostrarse. Lo hice ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República durante la discusión de la Ley de Nacionalización. Este núcleo estratégico del desarrollo de Venezuela no está, ni puede estar, en la ruta de la privatización. La reforma del Estado tiene que hacerse tomando ese núcleo como condicionante del proceso y como factor de transformación de la entera vida nacional.