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Revista Electrónica Bilingüe       Nº 12     Febrero 1997

Titular Economía y Petróleo
El impuesto al valor agregado en Venezuela
José Andrés Octavio*

La promulgación de este impuesto en septiembre de 1993, por Decreto-Ley dictado por el Presidente Ramón J. Velázquez autorizado por el Congreso, con una alícuota de 10%, después de más de dos años de demora de dicho Cuerpo en decretarlo, representó el paso de avance más importante en el sistema tributario venezolano, desde la adopción del impuesto sobre la renta en 1942 y del Código Orgánico Tributario en 1982.

Lamentablemente, motivaciones circunstanciales de carácter político, unidas a deficiencias en el manejo técnico de la materia, llevaron al Presidente Rafael Caldera, con la autorización del Congreso, a modificar la estructura del tributo, bajo la denominación del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, que sin dejar de ser un impuesto al valor agregado, plurifásico, de débitos y créditos en la cadena de comercialización, lo limitó al nivel mayorista bajo el objetivo, falso e ineficaz de que el tributo no afectaría al consumidor.

Este objetivo, en efecto, no se cumple en la realidad, pues el impuesto llega al consumidor, como tributo al consumo que es por su naturaleza, bien esté indicado en la factura, cuando la operación se hace entre contribuyentes, bien sea incorporado al precio de la venta o servicio, cuando lo recibe el consumidor fina, como la propia Ley lo establece. Esta modalidad, dirigida a disimular el tributo, no disminuye su incidencia sobre el consumidor, y aún es posible que en muchos casos la aumente, mediante el uso de operaciones especulativas.

Por otra parte, el incremento de la alícuota inicial de 10%, primero al 12% y después al elevado índice de 16,5%, representa una pesada carga tributaria para el consumidor, a pesar de las numerosas exenciones, que complican y dificultan la neutralidad y el ámbito de aplicación del impuesto.

Un claro ejemplo de lo dicho, lo encontramos en la reciente reforma de la Ley, para autorizar la exoneración del impuesto a las adquisiciones y servicios de las industrias en estado preoperativo, mineras, de hidrocarburos y de cualquier otra clase, cuya realización mediante el correspondiente decreto ha tropezado con serias dificultades y discrepancias técnicas de la Ley en general, y de la reforma en particular.

Lo deseable respecto a este tributo, como lo recomendó recientemente la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, es reducir la tarifa a un 10% y suprimir muchas de las exenciones, sin llegar a destacar las que se refieren a las exportaciones, y tampoco algunas otras de elevado interés social, utilizando también, en algunos casos, tarifas impositivas reducidas, no obstante las complicaciones que este procedimiento puede producir.

También requiere la Ley una cuidadosa revisión, a fin de modificar adecuadamente diversas disposiciones imprecisas, y varias de ellas violatorias de las normas fundamentales del Código Orgánico Tributario, de aplicación preferente sobre las leyes ordinarias, por mandanto del propio Código y de la Constitución de la República.


*Abogado especialista en Derecho Tributario y profesor en la UCV, Ex-Contralor General de la República (1976-1979), Ex-Ministro de Estado, Presidente de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE).
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