Después de ocho meses de ajuste económico, los profesionales de la Medicina al servicio del Estado iniciaron una huelga para lograr un salario mínimo de $1.000. El conflicto empañó el optimismo oficial para 1997 y se transformó en un problema de orden público que mantuvo cerradas las emergencias por más de diez días. El gremio médico cumplió un papel catalizador de las reinvindicaciones de la clase media. En los días finales del pugilato sobre la apertura de las emergencias, otros gremios profesionales se fueron solidarizando, quedando al final en claro que fue rechazado el cierre de las emergencias, pero que la ilusión de un salario superior es común a todos los profesionales al servicio del Estado. Esta es la primera conclusión de este proceso.

Los salarios nominales (quince y último)
En los procesos inflacionarios, los sectores sociales más afectados son aquellos cuyos ingresos son fijos, sobre todo por razones contractuales. Por ejemplo, durante los últimos quince años en que hemos vivido con una inflación alta, antes no conocida en el país, los jubilados y pensionados constituyen el grupo social que ha visto más erosionado su nivel de vida. Una corrección de su ingreso nominal depende de una resolución administrativa, que normalmente se toma después de meses de crecimiento de los precios de los bienes y servicios que ellos compran (inflación).

Pero ese rezago respecto a los precios también se observa en la remuneración de los trabajadores y profesionales, que normalmente revisan sus salarios en tiempos estipulados por 'la contratación colectiva'. Este desfase entre los ajustes de precios y de salarios genera una disminución en la capacidad de compra de las familias, que se empobrecen en la medida que se ven obligados a sustituir bienes por otros de menor calidad en su canasta de consumo. Para aminorar los efectos de ese desfase se recurre a la práctica de indexar, es decir permitir que los contratos (comerciales, laborales, de servicios, financieros, etcétera) se firmen con precios que incorporan la inflación esperada. En esos momentos todo el mundo trata de cubrirse contra la inflación, empujando aun más los precios hacia arriba. Para evaluar la conveniencia de la indexación salarial hay que considerar dos efectos contrarios que se producen cuando se aumentan los salarios: En primer lugar se restituye el poder de compra del ingreso perdido por la inflación. Pero en segundo lugar, se incrementan los costos de producción de los bienes y servicios al aumentar la retribución de uno de los factores productivos (el trabajo); esto a su vez genera un aumento en los costos totales, que se cubre con un incremento de los precios. Los agentes económicos, en anticipación de ese aumento de precios en el futuro cercano, tratan de mejorar sus ingresos exigiendo una mayor remuneración. Los aumentos generalizados de sueldos y salarios constituyen una ilusión, porque en la medida que generan expectativas de mayor inflación permiten a los agentes económicos mejor informados y más poderosos aumentar sus ingresos y empujar más los precios hacia arriba. Esta fue la experiencia venezolana de los aumentos por decreto de Luis Herrera, Lusinchi y Pérez.

Las clases medias
Venezuela ha vivido un largo período de moderada inflación, con importantes perturbaciones puntuales que han creado un pico de inflación como ocurrió en 1989, 1995 y 1996. Esto hace que el poder del ingreso proveniente del trabajo, que se ajusta a posteriori, se deteriore permanentemente. En situaciones como éstas, aquellos grupos que pueden ajustar más rápidamente sus ingresos pueden defenderse del efecto de la inflación sobre su riqueza e ingreso. En la época de altas tasas de interés, quienes colocaron sus depósitos en la banca nacional recibieron una renta muy alta que les permitió vivir mejor y trabajar menos; cuando se anticipó la devaluación, quienes cambiaron sus activos nominados en bolívares a dólares vieron incrementar su riqueza, a pesar de la caída de las reservas internacionales.

Pero el grueso de los ingresos de las familias de clase media provienen de alguna manera del trabajo de sus miembros, y la remuneración del mismo se ha ido deteriorando continuamente. Esta condición, que ha existido por varios años en el país, se agravó como resultado de la política de controles aplicada en 1994 y 1995. Los resultados de la misma fueron deterioro de las reservas internacionales, alta inflación con desabastecimiento, aumento del desempleo y caída de la inversión. Al modificarse la política en abril-1995, se logró un ambiente macroeconómico favorable, se acabaron los mitos respecto a la necesidad de los controles, se creó un ambiente económico favorable y una esperanza de crecimiento económico, pero el largo rezago de los salarios respecto de los precios continuó erosionando el ingreso de la clase media.

En este contexto, el conflicto de los médicos adquirió una dimensión social mayor; la propuesta de un salario mínimo de $1.000 como una forma ingenua de indexar el ingreso, anticipando una pérdida adquisitiva del bolívar, se transforma en una consigna para el resto de los profesionales de la Administración Pública, y quizás del país.

La solidaridad de los gremios profesionales se basa en los intereses compartidos. Todos los trabajadores al servicio del Estado esperan un aumento similar al de los médicos, es decir de hecho se planteará un aumento generalizado de sueldos y salarios con varias consecuencias: En primer lugar, aumentará el gasto público corriente sin mejoras en la calidad de los servicios públicos. En segundo lugar, en otros sectores de la economía se plantearán demandas similares, lo cual alimentará una expectativa de un gasto fiscal mayor al consistente con la meta inflacionaria del Gobierno. En estas circunstancias, el sector privado y los trabajadores por cuenta propia replantearán sus expectativas de precios e ingresos, anticipando aumentos cuando sea posible. Los aumentos salariales pueden ser sólo una ilusión de clase media si no se adelantan las reformas estructurales necesarias.