La entrevista del embajador Myles Frechette publicada por EL TIEMPO, las reacciones políticas de Washington frente a las sentencias de los hermanos Rodríguez Orejuela y los comentarios académicos y periodísticos en Estados Unidos sobre Colombia se orientan en una única dirección: en marzo el país será descertificado.

Sin embargo, las causas de la eventual descertificación deben ser analizadas desde tres perspectivas concurrentes. En primer lugar, el cambio ocurrido con la certificación misma, aunque hoy es un recurso diplomático menos ideologizado, éste se ha tornado más político. Desde cuando fue establecido en 1986, la lógica de la Guerra Fría predominó por sobre la idea de una Guerra contra las Drogas.

Los aliados de Washington, entre ellos Colombia, siempre eran certificados plenamente sin importar la efectividad de su comportamiento en la lucha anti-narcóticos. Los enemigos de Estados Unidos, por ejemplo Irán, eran invariablemente descertificados a pesar de que el gobierno de Teherán aplica cada año la pena de muerte a cientos de traficantes. Un país geopolíticamente gravitante para Washington, como el Líbano, era perpetuamente certificado con una cláusula excepcional por motivos de interés vital estadounidense, aunque ese país sea un epicentro clave del negocio de la heroína.

Terminada la Guerra Fría, la racionalidad predominante es la de la Guerra contra las Drogas como parte del combate contra el crimen organizado y el terrorismo. Para Washington, la noción ideológica de amigo-enemigo se desdibuja y en su lugar se refuerza la imagen imperial de acatamiento-amenaza para identificar el grado de cercanía o distancia de un país.

Es así como Colombia ya no puede dar por garantizada su alianza con Estados Unidos, menos aun cuando, además, la certificación ha dejado de ser técnica. Hasta 1993, Washington evaluaba la labor anti-drogas de un país con base en criterios empíricos y medibles. Se certificaba o descertificaba la cooperación de acuerdo con el número de hectáreas erradicadas, la cantidad de laboratorios destruidos, etc. Desde 1994, se ha incluido el criterio de nivel de narcocorrupción para analizar el compromiso de un país contra las drogas. Esto significa la incorporación de pautas subjetivas y caprichosas. Según las expresiones de Frechette, el grado de la narcocorrupción en Colombia es rampante.

En segundo lugar, la posible descertificación de Colombia dependerá de los vaivenes de la política interna y externa anti-drogas de Estados Unidos; la mezcla de unilaterismo y volatilidad que la caracteriza es funesta para Colombia. La dureza de varios funcionarios medios y altos en los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, la Oficina del Zar anti-drogas y el Consejo Nacional de Seguridad prevalece. En el Congreso, demócratas y republicanos por igual se perfilan como crecientemente intransigentes frente a un claro ascenso del consumo de drogas que se viene manifestando desde 1995. El presidente Bill Clinton se involucrará en la decisión sobre Colombia y el termómetro de sus propios escándalos influirá en su determinación.

En el frente exterior, Bolivia no sería descertificada pues firmó en 1996 un tratado de extradición con Estados Unidos que no impide el envío de nacionales. México se volvería a salvar de la no certificación más por su valor estratégico para Washington que por la destreza diplomática azteca. Perú, que optó por no prometer nada en materia de lucha anti-drogas, podría recibir nuevamente una certificación por motivos de interés vital. Así, la descertificación solitaria de Colombia en Latinoamérica focalizaría el problema de las drogas en un país, evitaría que se conforme una coalición regional contra la certificación y lograría de los demás concesiones anticipadas.

En tercer lugar, la factible descertificación de Colombia obedecerá a la insuficiencia de la estrategia anti-drogas. La aprobación de la ley 333 sobre extinción de dominio fue una condición necesaria pero no suficiente para asegurar una recertificación. Por una parte, el reflejo natural de la Cámara fue hundir la ley en su primera votación. La norma aún no ha sido reglamentada y todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad.

Por otra parte, la mayoría de los compromisos solicitados por Washington, y nunca rechazados por Bogotá, no se ha concretado: el sistema carcelario no ha mejorado notablemente, la ley de aumento de penas permanece en el aire, el intento de revivir la extradición de nacionales colapsó a la espera de dos nuevas legislaturas, no se han producido avances contundentes en cuanto al control del lavado de dólares y el complicado acuerdo marítimo permanece sin firma.

Sin embargo, el embajador Frechette fue más allá de anunciar dificultades debido al asunto de las drogas. Sugirió una suerte de descertificación de la democracia colombiana por la situación de los derechos humanos, cuando a finales de enero el Departamento de Estado presente su informe anual sobre esa cuestión.

Además, insinuó una especie de descertificación militar al criticar el nombramiento de Guillermo A. González y así poner en entredicho la tercera cumbre hemisférica de ministros de defensa a efectuarse en Cartagena próximamente; el entrante Secretario de Defensa, el republicano William Cohen, no querrá iniciar su gestión repitiendo el ridículo que vivió el vice presidente Al Gore, quien en la cumbre de Williamsburg de 1995 felicitó al ex ministro Fernando Botero, el que pocos días después terminó encarcelado.

Si lo anterior se produce, sería mejor prepararse para una descertificación en materia de narcóticos acompañada de sanciones materiales. Su gradualidad y selectividad indicarían un peligroso escalamiento en la crisis entre Estados Unidos y Colombia. Si las medidas económicas son masivas e indiscriminadas estaríamos entrando en un sendero de confrontación bilateral inexorable.

En ambos casos, sería más prudente que los empresarios evitaran un peregrinaje estéril a Washington y se quedaran en Bogotá aportando con seriedad a solucionar los graves problemas internos y externos del país.