Las declaraciones del embajador Frechette lo rondaron como un fantasma durante la última semana.

Beligerante, locuaz, amigo de la controversia y a veces pendenciero, el ministro Horacio Serpa tuvo más de una dificultad para guardar silencio durante estos días.

El mismo acepta que, desde el domingo pasado, cuando leyó la explosiva entrevista que el embajador Myles Frechette concedió a EL TIEMPO, ha hecho un esfuerzo inusual por no responder.

"Me la pasé escondiéndomele a los periodistas toda la semana, porque si no van y me echan a mi la culpa de la descertificación...".

A mitad de semana se fue a Bucaramanga a las exequias de un amigo y aguardó hasta que el bombardeo de críticas que llovió de todos los lados; el violento artículo del Washington Post llamando a Samper "rehén del enemigo" y los editoriales de El Espectador y El Colombiano pidiendo la renuncia del Presidente, lo lanzaron otra vez al ruedo.

"Tengo que hablar y refrescarle la memoria a este país porque es que hay tantas cosas...".

En entrevista con EL TIEMPO, en fin, Serpa señala a los conservadores y al fiscal Alfonso Valdivieso, cuando habla del por qué no existe hoy una ley de aumento de penas contra la mafia; reclama por lo que llama las 'suspicacias' de Frechette y lanza saetas contra la administración César Gaviria y lo que a su juicio es la hipocresía colombiana.

¿Qué impresión le dejan a usted las afirmaciones hechas por el embajador Frechette en su entrevista con EL TIEMPO?

La señora Canciller fue muy clara en manifestar que el Gobierno no tenía interés en hacer con el señor Frechette una polémica que sería estéril, pero eso no me inhibe para decir que yo, particularmente, me esperaba algo parecido.

Cada vez que se aproxima la fecha del examen que hace el gobierno de Estados alrededor de lo que llaman "la certificación", el señor Frechette sale con opiniones semejantes o aprovecha oportunidades para especular alrededor de temas que agitan el ambiente y que lo calientan en relación con la lucha contra la drogas...

¿Llama usted especular al hecho de que Colombia no haya aprobado las leyes sobre lavado de dinero, que no esté aprobada la ley sobre aumento de penas y que no se haya cumplido el compromiso de poner en marcha la extradición...?

Lo único cierto que hay sobre esos temas es la voluntad política del gobierno del presidente Samper para luchar contra el narcotráfico y sus jefes, en todas las instancias. Lo demás es simple especulación.

¿Y la no aprobación de las leyes?

Las leyes y el trámite de las mismas demuestran ese interés y esa voluntad política. Yo quiero recordar que en 1995 el Gobierno decretó la conmoción interior para asumir las responsabilidades a ese propósito. Dictó un decreto ley por medio del cual elevaba las penas para los miembros de las organizaciones criminales. Esa fue una demostración evidente del señor Presidente. Ese decreto se cayó porque se cayó la conmoción, según disposición que asumió la honorable Corte Constitucional.

Entonces el Gobierno presentó unos proyectos de ley para tratar de reproducir el contenido de los decretos que se habían quedado sin vigencia. Posteriormente, para continuar enfatizando su voluntad real de lucha contra el narcotráfico, presentó el proyecto de ley sobre extinción del dominio sobre bienes adquiridos ilegítimamente y llevó las disposiciones por virtud de las cuales se endurecen las penas a los delincuentes que cometan esta clase de delitos y además se toman disposiciones sobre el blanqueo de capitales. De manera que ímás claro no canta un gallo..!

¿Cómo se explica que el Fiscal no oiga tan claro el cantar de ese gallo y que advirtiera que el Gobierno no presentó, a tiempo, en 1994 el proyecto de ley redactado por el ministro Néstor Humberto Martínez?

Hay Muchas cosas por aclarar. El Gobierno ha hecho muchas demostraciones reales de voluntad, con hechos concretos. Y no solamente en materia legislativa, sino también en lo que tiene que ver con la represión al narcotráfico.

En segundo término, cuando se dice que el señor Presidente y su gobierno son responsables de que a los jefes del narcotráfico se les imponga penas mínimas, se está cometiendo una gran injusticia y se está mirando la paja en el ojo ajeno y no se está mirando el leño en el propio.

¿Cuál es ese "leño"?

Quiero recordar que, según la Constitución de la República, muchos son los que tienen iniciativa legislativa. La tienen, salvo excepciones, todos los miembros del Congreso. Entonces el señor Valencia Cossio, presidente del Directorio Nacional Conservador, pudo haber presentado un proyecto de ley sobre endurecimiento de penas o cualquiera de sus amigos del directorio que están en el Senado o en la Cámara pudieron hacerlo.

En lo que corresponde a sus funciones, otro artículo de la Constitución Nacional les atribuye a muchas autoridades iniciativa en materia legislativa. El numeral tercero del artículo 253 dice que al señor Fiscal le corresponde participar en el diseño de la política criminal y presentar proyectos de ley al respecto. La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría tienen iniciativa legislativa en lo de su resorte. Además de eso, en Colombia hay iniciativa popular, de manera que sectores de la sociedad civil, interesados en asuntos de esta naturaleza. también pueden promover iniciativas ante el Congreso.

¿No se está lavando las manos el Gobierno?

No, de ninguna manera. Estamos haciendo claridad. El Gobierno asume todas sus responsabilidades, pero por eso vale la pena recordar situaciones como las que estoy comentando. Lo digo con todo el respeto, con todo el comedimiento, pero también con toda energía.

¿Entre esas responsabilidades está el hecho de que no se haya podido dar penas más severas contra los Rodríguez por falta de una ley?

Esa es una afirmación que vale la pena examinar detenidamente. Ya dije que el Gobierno no era el único que podía tener iniciativa sobre la materia, pero el Gobierno sí fue el único que llevó esas iniciativas al Congreso y que antes las asumió por medio de legislación extraordinaria.

Ahora se dice que, si el Gobierno hubiera llevado el proyecto en el 94 o a comienzos del 95, a los Rodríguez, a quienes se les aplicó una pena muy baja, se les habría aplicado otra más alta y que los responsables son entonces el Presidente o sus ministros.

Por lo que yo le leído en la prensa, la prueba fundamental para aplicación de las sanciones en el caso de los señores Rodríguez fue la confesión. Se dice que si hubiesen existido esas penas en 1995, se les hubiera aplicado la nueva legislación porque ellos confesaron delitos en ese año.

Yo pregunto: ¿Si hubiese existido en 1995 una nueva legislación en materia de penas, estos implicados hubieran sido tan bobos como para aceptar la comisión de delitos en la época en que estaban en aplicación las nuevas normas? ¡Por su puesto que no! Lo que se está tratando es de hacer una nueva especulación para comprometer al Presidente y al Gobierno en una responsabilidad que no tienen.

Ministro, ¿por qué hablar de las confesiones, pero no del 8.000 ni de las operaciones de las firmas de fachada del cartel hasta el 95...

Yo registro lo que leo en los periódicos. Me he informado de que la prueba fundamental había sido lo de la confesión. Desde luego que, si existen otras modalidades probatorias, tanto mejor.

Todos estamos de acuerdo en que en Colombia el delito se sancione severamente y en que la sanción corresponda al grado del daño ocasionado. En este caso comparto el criterio de quienes dicen que las sanciones fueron bajas y estoy de acuerdo con la apelación que presentó el señor Procurador. También con las intervenciones que, para llevar el caso a consideración del Tribunal Nacional, ha hecho la Fiscalía General.

Lo que si me parece muy hipócrita es el escándalo que han hecho algunos en relación con las sanciones bajas: ¡Todo el mundo estaba advertido de que se tenía que aplicar una norma que estaba vigente!

¿Cree realmente el Gobierno que a la Fiscalía le faltó empeño investigador?

Miren, en cambio de darle al país un espectáculo de enfrentamiento entre los poderes, lo que debemos hacer es tratar de superar las dificultades. Por eso no quiero ahondar en esas consideraciones, que me llevarían también a hacer observaciones sobre la carta de los señores fiscales sin rostro.

Estoy diciendo todo esto porque me parece una injusticia de tamaño mayor la que se está cometiendo con el Gobierno y con Colombia al hacer especulaciones y señalamientos que no corresponden a la verdad. Tratar de implicar al presidente Samper en unas decisiones de la Rama Judicial es desconocer la separación de los poderes.

Me extraña, a propósito de eso, que quienes hablan tanto de democracia y que se preocupan mucho por la democracia en el mundo, no interpreten bien las normas de ésta cuando se trata de hacer consideraciones sobre el presidente Samper. Aquí hay separación de poderes. De manera que, cuando un diario de Estados Unidos dice que el Presidente intervino para lograr las sanciones bajas para los capos en Colombia, comete un exabrupto y una canallada.

¿Y cuando lo ve como 'rehén del enemigo'?

Absurdo. Nadie ha trabajado tanto en la lucha contra la delincuencia como el presidente Samper. Y hay quienes se atreven a decir, por desconocimiento de la lucha judicial en Colombia, o porque no tienen una buena memoria, que todas esas rebajonas que se presentan en el momento de la dosimetría penal son por culpa de este gobierno.

Quiero hacer énfasis en que las modalidades que corresponden a lo que se denomina el sometimiento a la justicia no fueron aprobadas por éste sino por otro gobierno.

En otras palabras, ¿las penas irrisorias a los narcos son responsabilidad de la administración Gaviria?

Lo que estoy diciendo es que en Colombia nos atrasamos en el aspecto punitivo. Se han mantenido las penas que correspondían a una época en la que en el país había una delincuencia ocasional y no mafias, ni organizaciones delincuenciales, ni había surgido el narcotráfico.

Eso se ha mantenido y, en un momento dado, hubo unos planteamientos dirigidos a buscar que quienes se entregaran a la justicia, quienes confesaran, quienes manifestaran su intención de resarcir los daños cometidos con sus acciones delincuenciales, recibirían importantes rebajas en materia de penas y eso no ocurrió en esta administración.

Quiero darles otro detallito porque a mí me ponen mucho el sambenito de la no extradición. La no extradición en Colombia fue convenida antes de que la Constituyente se pronunciara sobre el tema. Lo hizo el Gobierno de la época a través de un decreto según el cual cuando se presentaran los delincuentes y confesaran sus fechorías y manifestaran su intención de reivindicarse, no serían extraditados. Eso también hay que comentarlo porque aquí en Colombia es bueno refrescarle la memoria a mucha gente.

¿Acabó el episodio de los Rodríguez con la certificación?

Esa es una sanción muy unilateral y por lo que he visto en los años anteriores, los criterios que se utilizan no son muy objetivos sino muy políticos.

¿A quien cree que se refería el embajador Frechette cuando dijo: 'un cierto ministro del Gobierno participaba en el caso del narcomico pidiéndoles a los senadores que votaran a favor de él'?.

¡Por su puesto que a mí! Y me decepcionó muy el señor Frechette porque, por encima de cualquier otra cosa, me parecía siempre que era una persona frentera. Aquí tuvo el buen cuidado de lanzar la suspicacia y no mencionarme.

Pues yo le quiero decir al señor Frechette que su suspicacia está originada en un hecho absolutamente falso y mentiroso. Como yo tuve oportunidad de expresarlo ante la Cámara de Representantes, cuando me opuse resueltamente al narcómico, en las semanas anteriores se había conversado con congresistas que me habían visitado para comentarme iniciativas que algunos consideraban viables y sobre las cuales el Gobierno siempre se pronunció negativamente. Yo mismo transmití esa opinión a los señores congresistas.

¿Falsean también la realidad los 'no documentos' del señor Villamil cuando consignan contactos para impulsar diálogos con el cartel de Cali, con el respaldo del gobierno alemán?

Cuando alguien mencionó esa posibilidad, el Gobierno dijo terminantemente que no. En segundo término, cuando yo recibí una misión para hacer gestiones en Alemania, nunca recibí una instrucción para tratar el tema del narcotráfico.

La cosa es demasiado clara. Hubiese sido una torpeza muy grande que este gobierno no iba nunca a cometer. Ya había una política de persecución a los capos. ¡Qué negociación ni que nada!

Nunca en mis conversaciones con el ministro Schmidbauer se mencionó para nada el tema de lograr acuerdos sobre el narcotráfico. Por lo demás, el gobierno de Alemania, a través del embajador en Bogotá, ha sido explícito sobre ese particular.

Allí hay un pleito entre dos naciones muy poderosas. Pienso que nosotros ya nos estamos saliendo de esa contradicción.

¿Realmente cree que Alemania se ideó el 'plan de paz' que incluye la posibilidad de que los narcotraficantes conserven el 20 por ciento de sus fortunas, paguen las penas en Colombia, que Estados Unidos lo acepte y que puedan después salir del país?

No sé, no tengo ni idea, no opino sobre el punto. No he considerado nunca eso... jamás. Nadie me abocó a mí sobre el tema, ni el Gobierno nunca ha estado interesado en ello.

Ministro ¿renuncian?