Al recordar el 23 de enero de 1958 estamos hablando de Venezuela como uno de los países latinoamericanos que ha demostrado voluntad para vivir en democracia. Dentro de un año serán cuarenta de estabilidad institucional. Uno de los pocos países del Tercer Mundo que ofrece este récord. Creo que es uno de los valores a destacar, en la remembranza del 23 de enero. Porque estamos viviendo tiempos calamitosos y los que vienen pueden ser peores. Va a ser sometida a una prueba muy exigente la vocación democrática del país. Surgirá la interrogante de si la estabilidad institucional debe seguir siendo una prioridad.

Estabilidad institucional, en esencia, es mantener la vigencia de la Constitución. Desde luego que la Constitución puede ser objeto de reformas o enmiendas, pero en conformidad con los procedimientos que ella misma establece. La ruptura del orden institucional ocurre cuando por hecho de fuerza se deroga la Constitución. En Venezuela, en este siglo, ha ocurrido tres veces, siempre con argumentos grandilocuentes. El 18 de octubre de 1945, para 'realizar la segunda independencia'. El 24 de noviembre de 1948, 'para ponerle orden al país', y el 23 de enero de 1958 para 'restablecer la libertad'.

Ahora los historiadores, examinando el asunto con objetividad, llegan a la conclusión de que los tres hechos de fuerza estuvieron concatenados. En todo caso, ocurrieron porque en la tradición de la República ha gravitado siempre la violencia como mecanismo para dirimir conflictos. Las cuatro décadas de estabilidad institucional, el que tengamos la Constitución de más larga duración, no significa que hayamos disfrutado de un proceso idílico. La década de los 60 fue terriblemente violenta, cuartelazos, rebeliones, guerrillas, magnicidio frustrado, etcétera. En la actual, la de los 90, van dos rebeliones militares, una de ellas, la del 4 de febrero de 1992, con efectos tan perturbadores que aún no hemos podido recuperarnos.

El país confronta una situación difícil y peligrosa. Se habla de emergencia. Quizás vale la pena decir que la Constitución venezolana utiliza la palabra emergencia como sustituto de la palabra guerra. Se autoriza al Presidente para declarar la emergencia en caso de conflicto interior (guerra civil) o conflicto exterior (guerra internacional). Técnicamente la emergencia sería el reconocimiento de que estamos ante la inminencia de una guerra civil. Es la otra situación en la cual se declara la emergencia. Inminencia de un conflicto interior, un conflicto con características de guerra civil.

Algunos de quienes recuerdan el 23 de enero ponen el acento en la frustración. Necesario decir que la democracia, per se, no es culpable de los males de la República. La causa está en la deformación, en la perversión, de las prácticas democráticas. Muchas de las cosas peores que padecemos se dan iguales en regímenes autoritarios. La corrupción, por ejemplo.

Destacar el valor de la estabilidad institucional no significa que podemos preservarla por inercia. El malestar es tan grande y la ineptitud del régimen tan abrumadora que nos podemos reencontrar con propuestas de solución de fuerza.

Tenemos que defender el orden constitucional. Ello plantea una reformulación del sistema. Las cosas como van pueden colapsar. Además, no hay excusa para seguir indiferentes ante el bloqueamiento del sistema. Hace años que se realizan diagnósticos y se proponen soluciones. Se señalan las causas de los males y se indican los remedios. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Del discurso a las realizaciones. El sistema está bloqueado. No funciona. Los problemas en las áreas de la educación, la salud y la justicia no son coyunturales. Tienen que ver con la estructura del sistema, con su desgaste y maltrato.

Para garantizar perdurabilidad al proyecto que se inició el 23 de enero de 1958 hay que producir los cambios sustantivos que está requiriendo la democracia. Recordar que ese proyecto y los 40 años de estabilidad fueron producto de un gran consenso nacional. Un consenso similar, ahora, es indispensable. Más aún, obligante. Si a ver vamos, los voceros de los sectores fundamentales insisten en ideas y propuestas bastante parecidas. Con toda razón se podría pensar que todo lo que se dice es farsa si no somos capaces de acordarnos para las reformas que restablezcan la salud de la democracia y le den firme proyección hacia el próximo siglo.

Naturalmente que reformular el sistema no se podrá hacer de un día para otro, pero la tarea hay que asumirla de inmediato. El país tiene que percibir la voluntad de cambios, de reformas, más allá de la retórica.

En el enfoque hay un aspecto que no admite dilación. Es el funcionamiento del Gobierno. Sin ánimo crítico, con la mayor objetividad tenemos que decir que el gobierno del doctor Caldera, al cumplir tres años de gestión, luce agotado, sin rumbo y sin timón. Insisto en que no hay propósito de crítica. Simplemente recojo lo que se percibe en la calle, en todos los sectores, incluidos los que mantienen simpatía por el doctor Caldera. La sensación general es que no hay gobierno.

Estos comentarios, inspirados en el recuerdo del 23 de enero de 1958, los hago para insistir en que el bien venezolano por excelencia en esta segunda mitad del siglo es la estabilidad de las instituciones democráticas. Para preservar ese valor tenemos que reformular el sistema. De no hacerlo corre grave riesgo la estabilidad institucional. Tarea de todos. Compromiso para el gran acuerdo nacional.

En lo inmediato, condición necesaria es que el doctor Caldera perciba la realidad y reoriente la gestión presidencial. Los vacíos de poder son muy peligrosos. Aunque sólo sea en la percepción de los ciudadanos.