Como sucede siempre en Venezuela, cuando las cosas se ponen de moda, todo el mundo desea entrar en ellas lo más rápidamente posible. En este caso particular, tanto la gente del sector público como la del sector privado, han estado promoviendo la creación de fondos de pensiones como una panacea para resolver lo que en última instancia se limita a los problemas de eficiencia y equidad que supone la relación laboral entre el trabajador y el empleador y sus decisiones individuales de ahorrar y de tener cobertura de seguros médicos, de vida y de paro forzoso. Venezuela se ha caracterizado por ser una sociedad corporativa, donde gobiernos, sindicatos y empresarios han llegado a acuerdos para intercambiar beneficios y obligaciones, las cuales, está demostrado a lo largo de esta última década, que por excesos de parte y parte los mismos han colapsado al sistema.

Los gobiernos por su parte, de una manera populista e irresponsable, han promovido unas conquistas laborales, que en la practica no se pueden materializar si el propio gobierno no cumple con los compromisos contraidos en las leyes, pero sobre todo, si no está dispuesto a mantener la estabilidad macroeconómica a ultranza, y un marco legal e institucional que se respete.

Por ejemplo, se entiende que el gobierno central y algunas empresas del Estado no han hecho las previsiones adecuadas para mantener las prestaciones sociales contempladas en la Ley del Trabajo. Al mismo tiempo, que por la sobrecarga financiera y sobre todo por el mal manejo del Seguro Social, la asistencia médica es inexistente o de pésima calidad y el dinero que ha recolectado ha sido tan mal manejado, que no cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones laborales y pagar a los pensionados. De esta manera, todo el sistema de seguridad social que ampara la ley está colapsado. El sector privado, por sus propias presiones, ha obtenido todo tipo de "beneficios": protecciones comerciales a sus industrias, lo cual permite la venta de productos de baja calidad y mucho más caro de lo que se pudieran adquirir en el exterior. Por ejemplo, subsidios a sus insumos, préstamos para desarrollar sus industrias con tasas de intereses muy por debajo de lo que debería ser las tasas de mercado, incentivos a la exportación mediante subsidios y préstamos, garantías cambiarias para su deuda externa y exoneraciones impositivas. Pero a cambio de estos "beneficios", el sector privado ha tenido que aceptar cambios frecuentes en las reglas económicas y legales, cuyo diseño está en función del grupo políticamente más influyente del momento, falta de seguridad y protección jurídica y leyes laborales, que han quebrantado seriamente su eficiencia y productividad. El resultado de estos beneficios, ha sido la creación de empresas, muchas de ellas improductivas y poco competitivas para ser capaces de integrarse a un esquema de liberación comercial internacional.

Los trabajadores, vía sindicatos e influencias políticas, obtuvieron sus grandes conquistas laborales, mediante una participación más activa en las decisiones de las reglas de juego económicas y la aprobación de leyes laborales protectoras "del derecho al trabajo, del salario real, del otorgamiento de seguridad laboral, de seguridad social, asistencia medica, pensión de vejez y de incapacidad, prestaciones sociales. Estas supuestas conquistas por parte de los trabajadores, se han convertido en una fuerte carga financiera para los empleadores, pero esta carga tiene un limite, el limite de la capacidad productiva de las empresas, el limite de generar ganancias suficientes para cubrir sus costos y distribuir dividendos. La protección laboral ilimitada, ha traído como consecuencia un deterioro de la eficiencia. En otras palabras, la inamovilidad laboral que protege la ley, ha generado un descenso desproporcional en la productividad durante todos estos años. No obstante, todas estas supuestas conquistas laborales, la ley del trabajo se convirtió en un bumerán para los trabajadores, porque el salario real ha caído en una forma brutal, ha habido incrementos sostenidos en el desempleo y una proliferación de la economía informal, la cual hoy en día alcanza 49 % del total de la masa laboral, según las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela. Además, el poder adquisitivo de las prestaciones es inexistente, como consecuencia de la tasa de inflación y de la falta de una manejo adecuado de las mismas, por parte de los empleadores. Es así como los trabajadores al retirarse ven disminuidos sus ingresos, en términos reales y su seguridad futura.

Está claro, que durante todos estos años de decisiones consensuales donde cada una de las partes ha pretendido obtener una ganancia mayor para su grupo, a la larga, se ha convertido en un bumerán para empresarios, trabajadores, sindicatos y gobierno. La pregunta que cabe entonces es en que deben consistir las reformas para promover un país productivo, cuales son las verdaderas responsabilidades de cada sector y cuando se deben hacer las reformas?

Por las noticias de prensa, se observa que se creó una comisión tripartita, donde participan los sindicatos, el gobierno y los empresarios y que se han traído expertos chilenos para que expliquen su propio proceso con el objeto de tomarlo como ejemplo. No obstante, la discusión entre los participantes en la tripartita parecieran limitarse a la determinación de cual deberían de ser las contribuciones de los trabajadores y si el esquema presentado continua siendo público, privado o mixto (como siempre, en el espíritu consensual tratando de satisfacer peticiones de parte y parte). Como no se si lo expertos chilenos han explicado el proceso en toda su extensión, me voy a permitir esbozar, al menos, algunos de sus lineamientos fundamentales, para que nos sirvan de marco de referencia en el proceso y reflexionar si todas las partes están dispuestas a emprender una reforma de la misma naturaleza.

1) En el momento en que se efectuó la reforma chilena, el sistema de seguridad social estaba colapsado (tal como lo está el venezolano), pero el gobierno chileno realizó la reforma tratando de compensar al trabajador y asumiendo la carga financiera de lo que representaba la adopción de las políticas económicas erróneas del pasado, que habían ido en detrimento principalmente de los trabajadores. En este sentido, aparte de privatizar la asistencia médica, se hizo una evaluación cuantitativa de lo que representaban los pasivos laborales y se decidió emitir unos bonos de reconocimiento, indexados por la inflación, garantizando un rendimiento real positivo de 4% sobre la tasa de inflación. No obstante, dichos bonos no tenían un efecto inmediato sobre la economía pues los mismos representan un activo para los trabajadores liquidable cuando ejerza el derecho a recibir la pensión. Ello significó un incremento del salario real para los trabajadores. Pero para los efectos del déficit fiscal, ello implicó una carga de 5% del producto interno bruto (PIB) desde que se inició la reforma en 1981 hasta 1995 y a partir de esta fecha, 4% del PIB hasta el 2010. Para cubrir este déficit, el gobierno se comprometió a una férrea disciplina fiscal (generar un superávit fiscal primario equivalente al doble del monto de lo que representaba ese déficit. Vale decir 10% del PIB, por los años que dure el déficit que ocasionó los pasivos laborales).

2) El gobierno, además, promovió disciplina monetaria, financiera y cambiaria. En Chile las tasas de interés, en términos reales, nunca han dejado de ser positivas. Como cuando se efectuó la reforma, el país estaba experimentando una crisis financiera y los entes públicos habían sido un desastre en el manejo de las pensiones, legalmente se creo la figura de las Administradoras de Fondos de Pensiones y se promovió el que las mismas, realizaran un manejo de los recursos destinados a cubrir las pensiones que generaran rendimientos muy por encima de las tasas de mercado, con lo cual se estimula un manejo de cartera eficiente y por ende el desarrollo del mercado de capitales. Este punto es fundamental, porque en ultima instancia, los beneficios a los que desea optar el trabajador están en función de sus contribuciones y de los rendimientos que generen un buen manejo de esas inversiones, para lo cual es fundamental contar con una gama de instrumentos del mercado monetario y de capitales que sea cónsono con la tasa de rendimiento esperado, vale decir tasas de rendimientos que cubran el uso del dinero por tiempo de uso, la tasa de inflación esperada y la incertidumbre respecto a obtención efectiva de los rendimientos.

3) Se crea un esquema de contribuciones, transparentemente divididas en diferentes segmentos, para cubrir los distintos beneficios a los que quiere optar el trabajador. Vale decir, contribuciones para pensiones de vejez, de invalidez, para seguro médico etc. Parte de los recursos son utilizados. El monto mínimo es de 10% del salario, pero puede variar en función de lo que el trabajador desea que sea la tasa de restitución salarial, cuando le corresponda ejercer su derecho a recibir la pensión. Al mismo tiempo, para optar a una pensión, se requiere haber aportado 20 años de contribuciones y una edad de 65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres. Adicionalmente, tanto los bonos de reconocimiento, como las contribuciones y sus rendimientos son propiedad individual del trabajador, al cual gradualmente se le ha educado en lo que respecta la cultura financiera y de lo que debe perseguir en materia de ingresos reales cuando se retire. De esta manera, el trabajador puede movilizar sus ahorros de una Administradora de Pensiones a otra, tratando de optimizar el rendimiento de sus ahorros. Esto ha estimulado una elevada competencia entre las Administradoras de los Fondos de Pensiones, que además están comprometidas a promover rendimientos reales positivos.

4) Se estableció un cuerpo de regulaciones para crear y supervisar a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales si no muestran un manejo verdaderamente eficiente se les obliga a fusionarse con otras administradoras. Pero si quiebran el gobierno se compromete a respaldar los activos de los trabajadores.

5) Los beneficios, propiedad de los trabajadores, son iguales al valor presente de sus contribuciones. Los mismos pueden ser heredados por aquellos que los trabajadores designen. El gobierno garantiza una pensión mínima pero bajo la condición de que el trabajador tiene que demostrar que sus aportes no fueron suficientes para obtener una pensión que le permita vivir decentemente.

6) Una cuestión bien importante, es el hecho de que un trabajador ejerza su derecho a recibir una pensión no quiere decir que no pueda continuar trabajando. La inamovilidad laboral no existe. Lo que se promueve es la excelencia y el incremento de la productividad, al mismo tiempo que las empresas establecen una remuneración que compense esta mejora en la productividad (el salario de la eficiencia). En ultima instancia, empresarios y trabajadores deben de estar embarcados en la persecución de objetivos comunes, aumentos en la productividad para ser competitivos en un mundo cada vez más integrado internacionalmente. Un aumento en la competitividad, implica mejoras en la rentabilidad de las empresas y por ende en las remuneraciones salariales.

7) Fondos de Pensiones y empresas públicas o privadas manejados eficientemente promueven el desarrollo genuino del mercado de capitales. Así observamos, una proliferación de instrumentos, idexados por la inflación, pero además, por la buena administración de los recursos, los rendimientos de las Administradora de los Fondos de Pensiones, en términos reales, desde 1981 cuando se inició la reforma hasta 1996, han sido de 13 % sobre la tasa de inflación. En consecuencia, ha habido un incremento de los fondos de $ 300 millones en 1981 a $ 26.000 millones en 1996, un desarrollo efectivo del mercado de capitales y un manejo tanto domestico como externo, que le permita al trabajador mantener, y si es posible superar el poder adquisitivo de sus ahorros.

A los efectos venezolanos la pregunta que surge es ésta:

¿Están el gobierno, los trabajadores y los empresarios dispuestos a acometer una reforma como la descrita?

En Venezuela, el sistema de seguridad social está colapsado; la inamovilidad laboral que protege la ley ha dado lugar a una declinación sostenida de la productividad desde los años setenta y en consecuencia una caída brutal del salario real; exceptuando los años 92 y 93, las tasas de interés han sido negativas porque la indisciplina fiscal, los choques petroleros y el juego de poderes políticos y económicos ha promovido que esa situación sea así. El mercado de capitales no está desarrollado y a las prestaciones sociales cuando se han provisionado y manejado, se ha hecho con el único objetivo de financiar el déficit fiscal, es decir en bonos del Estado con rendimientos negativos. Sin embargo, nuestros trabajadores y sindicatos parecieran estar sufriendo de ilusión monetaria, pues piensan que manteniendo el esquema actual les beneficiará, pero está visto que ha sido todo lo contrario, porque tanto el salario, como las prestaciones, en términos reales han caído brutalmente. Los trabajadores no son dueños genuinos de sus ahorros, mucho menos de los beneficios que ellos generan. De esta manera, la única solución es una reforma que implique transparencia en las obligaciones y responsabilidades de todas las partes.

El gobierno pareciera estar atrapado en su propia trampa, pero el gobierno tiene una obligación moral con los trabajadores por los errores permanentes en la instrumentación de sus políticas económicas. Por ello debe aprovechar la coyuntura petrolera y de privatizaciones para obtener fondos que dirija a una solución definitiva del problema estructural, vale decir, que de lugar a las reformas de las leyes laborales y de todo el sistema de seguridad social. De igual manera, el sector privado tiene un deber consigo mismo, de clarificar de una vez por todas, lo que implica verdaderos beneficios para la empresas y para los trabajadores. En un mundo de innovaciones tecnológicas, de apertura de mercados, de globalización, de movilización laboral, aunque trate de impedirla los gobiernos mediante leyes anacrónicas, está encaminada a asignar responsabilidades serias a todas las parte, sobre todo, a vivir en un mundo más productivo donde los méritos y la excelencia por parte de empresarios, trabajadores y gobierno sean los principios básicos que promuevan el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en la que está atrapado el país.

Por todo lo anterior, es conveniente que todos los venezolanos reflexionemos sobre la posibilidad de efectuar, lo más rápidamente, lo que debe ser una reforma genuina, que ataque los problemas desde su raíz y que no se limiten, como siempre, a efectuar reformas consensuales subjetivas que crean instituciones inoperantes que, a la larga, terminan por colapsar