Hace pocas décadas, la temática ambiental estaba puesta al margen de la política interna y, consecuentemente, era tratada solamente por expertos técnicos, separadamente de los temas considerados de primera importancia tales como la seguridad y los asuntos económicos internacionales.

La ausencia de debate sobre medio ambiente en la política exterior tanto de los países desarrollados como en desarrollo hasta la década de los 60, denotaba una gran despreocupación por la problemática ambiental, la cual fue resultado de la intensa explotación a que el hombre sometió los recursos naturales en el siglo XX, lo que conllevó a la alteración en los componentes de la biosfera a nivel global, incluyendo la atmósfera, los océanos, los suelos, el clima y las especies animales y vegetales.

Esa situación comenzó a cambiar en gran parte por la acción del movimiento ecológico y partidos verdes, iniciados en Europa Occidental y en los EUA, al final de los años 60, ganando mayor fuerza a mediados de los años 70, cuando comienzan a surtir efecto las preocupaciones de la comunidad internacional en relación a la variable medio ambiente/individuo. Este tema fue objeto de debate por una diversidad de países en la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, más conocida como Conferencia de Estocolmo, donde se adoptaron una Declaración y un Plan de Acción que contenían una serie de recomendaciones que reflejaron esas preocupaciones. Esa reunión representó la primera toma de conciencia de la vulnerabilidad del ecosistema planetario como cuestión verdaderamente global que requiere acciones de cooperación internacional.

A partir de ese momento, el ambientalismo creció y a lo largo de la década de los 80 comenzó a universalizarse, apareciendo cada vez más en la agenda internacional y otorgando papeles de preponderancia internacional a diversos tipos de actores involucrados con la temática, incorporando al debate a la opinión pública y los medios de comunicación de masas, proceso que se consolida con la preparación, realización e implementación de los resultados de la CNUMAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, más conocida como Conferencia de Río, celebrada en 1992 en Río de Janeiro.

América Latina y el Caribe poseen una superficie de más de 20 millones de km², una sorprendente variedad geográfica en términos de relieve, clima y hábitats naturales. En esa región se encuentra la mayor biodiversidad del planeta que cuenta con suficientes recursos para garantizar su desarrollo a largo plazo: para una población de 8% del total mundial, tiene 23% de tierras potencialmente cultivables, 46% de bosques tropicales, 31% de agua de superficie disponible y 20% del potencial hidroeléctrico total. A pesar de eso, los sucesivos e inadecuados programas de desarrollo aplicados durante décadas han tenido como efecto un agudo y creciente deterioro del medio ambiente en numerosas zonas da América Latina, produciendo problemas como el desgaste de los suelos, la contaminación de ríos y mares y la destrucción de bosques, entre otros.

Teniendo América Latina todos esos recursos naturales para el desarrollo de la región, que es necesario conservar, es relativamente reciente la inclusión del tema en los programas políticos nacionales en la mayoría de sus países. Es a partir de la década de los ochenta, después del proceso de redemocratización de algunos de ellos y ahora con el comienzo da ejecución de los documentos y de las Convenciones de Cambio Climático y Biodiversidad, resultantes de la CNUMAD, que pasaron a realizar esfuerzos destinados a responder a una serie de graves problemas ambientales, para aumentar la consciencia pública, así como para elaborar y poner en práctica una legislación apropiada.

En el caso particular de Venezuela, tenemos que este es un país en desarrollo, amazónico, andino y caribeño, que contiene en su territorio recursos naturales renovables y no renovables, condición que lo coloca frente al desafío de conciliar sus metas nacionales a las exigencias y los compromisos internacionales de preservación ambiental. Dicho país presenta una posición estratégica desde el punto de vista geográfico, posee áreas relativamente extensas en diversos ecosistemas de gran interés nacional e internacional y tiene una doble responsabilidad: primeramente, utilizar sus recursos naturales para su propio beneficio sin comprometer su aprovechamiento para sus próximas generaciones, y en segundo lugar, con las otras naciones del planeta, ya que la mayoría de esos ecosistemas tienen un gran significado global. Igualmente, como país productor y exportador de energía, Venezuela también tiene una gran responsabilidad al continuar supliendo al mercado internacional con una fuente energética segura y oportuna y el desafío de no deteriorar el ambiente con su industria petrolera.

El potencial que representa para Venezuela la posesión dentro de sus fronteras de una extensión de bosques que abarca el 20% de su territorio, el tener una de las mayores variedades de reservas genéticas de América Latina, el controlar el 70% de la Cuenca del Orinoco - tercer mayor río del mundo --, unido a los serios desafíos ambientales que ha tenido que enfrentar a lo largo de las últimas décadas, hace que si se compara con otros países de la región, esa Nación muestre ante esa problemática un comportamiento muy particular a nivel nacional e internacional. Si dicho patrimonio es explotado con criterios de aprovechamiento sustentable y con métodos ambientalmente adecuados, podría ser de mayor utilidad al proceso de desarrollo del país y servir como elemento en las negociaciones para la consecución de cooperación internacional.

No obstante, gran parte de ese potencial de recursos naturales que Venezuela dispone se encuentra profundamente deteriorado, razón por la cual se hace necesario rescatarlo de ese desgaste a que está siendo sometido e intentar preservarlo por su valor para la comunidad nacional y internacional. El nivel de contaminación ambiental está agravado por factores tales como: el crecimiento de la población y su inadecuada distribución territorial, la pobreza, el consumismo y la explotación irracional del medio físico.

Por otra parte, Venezuela ha testimoniado su vocación ambientalista a través del esfuerzo y evidente interés de las autoridades gubernamentales en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales internos, a través de legislación ambiental avanzada, da adopción de políticas públicas efectivas, así como de profundos cambios en la organización del Estado. Se verifica también la inclusión del tema como prioridad en la planificación estratégica del país y la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en 1976 como institución pionera en la América Latina, dedicada al estudio, manejo y preservación del medio ambiente, y que, no obstante, todavía presenta una débil capacidad institucional, administrativa y jurídica para enfrentar los desafíos ambientales. Es evidente que las políticas hasta ahora implementadas no han sido suficientemente fuertes para enfrentar los desafíos ambientales, y que existe una pérdida de efectividad frente a ciertos intereses económicos, tanto del sector público como privado.

Cabe considerar, entretanto, que a pesar de la crisis económica que Venezuela está pasando, el país todavía dispone de una expresiva renta proveniente de la comercialización de petróleo, razón por la cual esa Nación muchas veces no califica para captar recursos vía cooperación internacional, lo que se refleja en prejuicios para la protección del ambiente venezolano. Por esta razón, se hace necesario que Venezuela se empeñe en negociar la captación de recursos a escala internacional para encarar a la problemática ambiental que la está afectando.

Por otro lado, en el ámbito interno, se impone la revisión de los patrones de administración de los presupuestos públicos, principalmente por el combate y erradicación de prácticas viciadas como la corrupción. Esta reforma político-administrativa, asociada a una distribución más equilibrada de la renta nacional - por las diferentes capas de la población y por los diversos sectores del Estado --, ciertamente contribuiría para dar mayor credibilidad a Venezuela en el contexto internacional, lo que podría conllevar a un incremento del flujo de inversiones extranjeras destinadas a la recuperación, protección y uso sustentable de los recursos naturales venezolanos.

El hecho de Estocolmo haber sentado las bases para el debate y la concertación internacional de medidas destinadas a la búsqueda de soluciones para enfrentar la problemática ambiental, tuvo amplia influencia sobre la toma de acciones de carácter interno y sobre su política exterior, evidenciada en la activa participación de delegaciones venezolanas multidisciplinarias en esas negociaciones y, en los procesos de negociación de las Convenciones sobre Cambio Climático y Diversidad Biológica, adoptadas en ese ámbito. Esto ha otorgado a Venezuela una buena imagen y credibilidad por parte de la Comunidad Internacional, ubicándolo en una posición de "país respetado" y "país de referencia" en materia ambiental, sobre todo a nivel regional.

La preparación de la delegación venezolana en las negociaciones para la configuración de la Convención sobre Cambios Climáticos, ayudó para que sus normativas no perjudicasen sus intereses como país petrolero e influyó para que el sector energético nacional pudiese promover el aprovechamiento de su enorme potencial hidroeléctrico, y de sus reservas de gas natural y gas líquido, haciendo una contribución a la protección de la atmósfera al minimizar significativamente las emisiones de gases "efecto invernadero".

Definitivamente, la problemática ambiental no puede solucionarse con la aplicación de simples recetas técnicas o con el mero ejercicio de una sólida conciencia ambientalista y ecológica, sino que las mismas deben ser acompañadas por una profunda acción de desarrollo económico-social que disminuya la disparidad de los ingresos y recursos entre los países desarrollados y los que todavía no han alcanzado ese nivel, como es el caso de Venezuela.