1. La globalización y sus contradicciones

El proceso de globalización del mundo contemporáneo ha dado lugar a una creciente interdependencia, interconexión e interrelación de los estados y los pueblos del planeta. Al margen de su identificación con una determinada fase de expansión del capitalismo, en el marco de un ciclo espec'fico del mismo (Wallerstein, 1995); m‡s all‡ de la asociación entre la expansión mundial del capitalismo como sistema económico hegemónico y del estadoónación como modelo político dominante en una determinada etapa de la modernidad occidental (Giddens, 1993); independientemente de su mayor o menor condensación e intensidad contemporánea (Camillieri, 1995), lo cierto es que nos enfrentamos con un proceso que afecta, de manera irreversible y compleja a todo el planeta y que, a la vez, no se limita a sus dimensiones económicas.

En la actualidad, más allá de los procesos económicos distintivos que caracterizan a la globalización óintensificación y liberalización del comercio internacional, globalización financiera y restructuración productiva, revolución tecnoócientífica, una serie de aspectos geopol'ticos, pol'ticos, comunicacionales, culturales y sociales articulan asimismo la creciente intervinculación entre estados, naciones, etnias, grupos sociales e individuos a nivel planetario. Es así que, más allá de la aldea global a la que McLuhan refería hace algunos lustros, hoy se habla de política global, de comunicaciones globales, de hábitos de consumo globales, de issues o temas globales, de gobernabilidad (governance) global(1) y de sus efectos delétereos, como así también de las diversas formas de reacción a los mismos, a través de variados particularismos (Žtnicos, nacionales, religiosos) o de modalidades complementarias o antagónicas de regionalización.

En todo caso, no obstante las versiones uniformes y básicamente homogeneizantes de la globalización o a las referencias al fin de la ideología o de la historia, la globalización es vista, como un fenómeno multidimensional, complejo y contradictorio, que caracteriza a una fase de acelerada transición de la sociedad humana, y que requiere de un particular esfuerzo conceptual y anal'tico para su comprensión.

Precisamente es el carácter contradictorio de la globalización es el que queremos resaltar en este artículo, en tanto ésta, pese a su "vocación homogenizadora" en lo económico, lo político y lo cultural, engendra fenómenos no sólo fragmentarios, sino tambiŽn contradictorios y, eventualmente, antagónicos a su mismo devenir.

De hecho, esta fase de desarrollo mundial del capitalismo se configura, en forma progresiva, sobre la dinámica de articulación de tres componentes óel mercado como directriz reguladora creciente de la din‡mica de la econom'a mundial; el estadoónación como actor protagónico de un sistema internacional caracterizado por la anarqu'a (independientemente de sus reformulaciones y redimensionamientos actuales) desde la perspectiva realista, y la emergencia de una sociedad civil transnacional, identificada con el surgimiento, desarrollo y creciente influencia de un conjunto de actores sociales de rasgos noveles y, más específicamente, transnacionales.

Huelga decir que en el marco de la din‡mica entre mercado, estado y sociedad civil a nivel global, las fronteras entre lo internacional y lo domŽstico se vuelven cada vez m‡s tenues y difusas, en tanto la globalización comercial y financiera se asocia con un protagonismo destacado de las corporaciones transnacionales y de los bancos y organizaciones financieras que trascienden los límites territoriales de los estadosónación y ejercen una presión decisiva sobre la formulación e implementación de sus políticas, tanto a nivel doméstico como a nivel de sus políticas exteriores(2).

Sin embargo, a la vez, los estadoónación, cuestionados por este proceso tanto en su soberanía externa como en su desempeño doméstico, se adecúan progresivamente a esta dinámica a través del establecimiento de nuevas regulaciones, organizaciones internacionales y reg'menes varios en el intento de poner coto a los factores financieros, comerciales y productivos con los que interactœan. Pese a ello, estos procesos ponen crecientemente en cuestión la soberan'a de los estadosónación tal como ha emergido y se ha desarrollado desde mediados del siglo XVII y, restringen, sistemáticamente, su eficiencia y capacidad de gobierno y de legitimación en el ámbito doméstico, sin por ello diluir la persistencia de su rol crucial en el sistema internacional y en la formulación e implementación de pol'ticas pœblicas(3).

En este marco, sin embargo, una multitud de actores y redes sociales de carácter transnacional, comienzan a trascender la acción social y política dentro de los márgenes de los estados para, a su vez, adquirir un peso protagónico en la din‡mica global y, eventualmente, incidir sobre las mismas pol'ticas pœblicas. Al respecto baste citar la acción de Amnesty International, Greenpeace, o los movimientos de mujeres, para ilustrar el punto.

Independientemente del carácter crecientemente interactivo de estos tres componentes ómercado, estado y sociedad civil en la dinámica global, la aparición y el reciente desarrollo de estos actores y redes sociales cuestiona y acota asimismo, por un lado, el rol tradicional de los estados como actores clave del sistema internacional y, por otro, intenta influir, regular o modificar, a travŽs de la movilización y de la influencia de la opinión pœblica, muchas de las decisiones y de las pol'ticas que emanan de la articulación eventual de intereses entre los estados y las corporaciones transnacionales, entre los organismos económicos multilaterales y las organizaciones intergubernamentales. Como resultado, el llamado sistema internacional o la sociedad global, deviene más complejo en función de una multiplicación no sólo de actores, sino también de ámbitos, niveles y circuitos de interacción, dando lugar a una dinámica multidimensional de extremada complejidad (Tomassini, 1993), y al creciente desempeño transnacional de actores que Rosenau califica como libres del peso de la soberan'a (sovereigntyófree actors), en el contexto de una din‡mica multicŽntrica del sistema internacional (Rosenau, 1990).

En este marco, y dado el carácter contradictorio del proceso, no es casual que algunos analistas seóalen, por un lado, que frente a la "globalización de arriba" promovida por estados y corporaciones se desarrolla una "globalización de abajo" (Brecher, Brown and Cutler, 1993) impulsada por los actores sociales emergentes y configurada sobre la base de un sociedad civil transnacional y, por otro, que las interpretaciones eminentemente estructurales del sistema mundial en formación no dan cuenta del papel relevante que comienzan a adquirir estos nuevos actores y sus diversos y fragmentados proyectos de contrahegemonía (Cox, 1987).

Estos planteamientos, sin embargo, requieren de matizaciones especiales, en particular en lo referente al alcance teórico y conceptual del término sociedad civil global.

2. La socialización de la globalización y la sociedad civil global

En los últimos veinte años, se ha producido una proliferación de actores y redes noóestatales en la escena internacional, incluyendo un amplio espectro de organizaciones humanitarias, religiosas o laborales; movimientos sociales de diverso tipo, u organizaciones que promueven temas globales espec'ficos en torno a la paz, los derechos humanos, el desarrollo y el balance ecológico (Coate, Alger, Lipschutz, 1996, 103). Muchas han surgido al calor de sus v'nculos y relaciones con organismos intergubernamentales (OIG) y, en especial, con agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, en particular, con su Consejo Económico y Social (ECOSOC); otras han emergido y se han desarrollado en torno a temas y reivindicaciones específicas de carácter global o regional, en función del surgimiento de foros en el marco de la Cumbre Ecológica de Río, de la Cumbre Social de Estocolmo o de las actividades promovidas por el Año Internacional de la Mujer; algunas otras, finalmente, responden a temas y dinámicas propias como en el caso de los ya señalados Amnesty International, Greenpeace o Oxfam. Asimismo, junto con estas expresiones más específicamente asociadas con el proceso de globalización, como reacción a éste, asimismo, se han desarrollado con un creciente carácter global y transnacional, variadas formas de particularismos, ya sea de carácter étnico, nacional o religioso, que cuestionan tanto el proceso de globalización como, en especial, las expresiones de la modernidad occidental asociadas a ésta (BadieóSmouts, 1992).

Algunos de estos actores y organizaciones responden a la caracterización de organismos noógubernamentales de variado cuño; otras a movimientos sociales de diversas características, pero, en su conjunto, responden a una visión de lo pol'tico que excede la referencia exclusiva a lo nacional o al estadoónación, que da pie a una perspectiva global y que postula nuevas modalidades de enfocar lo pol'tico a un nivel planetario.

En principio, cuando de ONGs se trata, sus características definitorias refieren a su carácter de organizaciones formales, con continuidad institucional; que aspiran a autogobernarse en base a arreglos constitucionales o reglas de funcionamiento propias; que son privadas en el sentido de ser autónomas con respecto a los gobiernos y no tienen capacidad de conducción o de dirección en las sociedades respectivas; que vinculan a organizaciones de varios países; que promueven una gama de temas sociales; que no tienen fines de lucro o que buscan beneficios pecuniarios; y que tienen, b‡sicamente, objetivos, operaciones y conexiones transnacionales (Gordenker/Weiss, 1995, 20).

La mayoría mantiene vínculos variados tanto con los gobiernos como otras organizaciones noógubernamentales pero, predominantemente, en su conjunto buscan poner coto, con frecuencia, tanto a la acción de los estados como, eventualmente, del mercado y, en particular de sus actores m‡s destacados ólas corporaciones transnacionales y los organismos financieros tanto privados como intergubernamentales. En este sentido, tienden a promover sus actividades más allá "de las categorías convencionales del estado y de la empresa" (ibidem, 19), y, en esencia, tienden a politizar ámbitos previamente no politizados y a conectar lo local con lo global, vinculando en sus actividades a organizaciones populares de base local, organizaciones noógubernamentales nacionales y organizaciones noógubernamentales internacionales (Macdonald, 1994, 277)(4).

Por otra parte, la globalización ha dado lugar asimismo al desarrollo de "nuevos movimientos sociales" de carácter transnacional, entendidos como "un actor colectivo constituido por individuos que entienden tener intereses comunes y, por lo menos en lo que se refiere a una significativa parte de su existencia social, una identidad común" (Scott, 1990, 6) que, para promover estos intereses, tienen capacidad de movilización masiva o utilizan esta capacidad como un elemento de presión y que se distinguen de otros actores colectivos tales como partidos políticos, grupos de presión o asociaciones voluntarias. En particular, lo que los diferencia de estas asociaciones y de algunas ONGs es su preocupación por la defensa o el cambio de la sociedad existente, o la bœsqueda de cambiar la posición relativa del grupo que representa en la sociedad.

La diferencia entre los viejos y los nuevos movimientos sociales no consiste tanto en el mayor alcance de la proyección transnacional de estos últimos en el marco de la globalización, como que mientras los primeros tendían a organizarse en torno a divisiones de car‡cter clasista (movimiento obrero movimientos campesinos), los segundos se articulan en torno a contradicciones sociales tales como el gŽnero, los estilos de vida, el ambiente, la desigualdad racial y la guerra (Shaw, 1994, 651), de tal manera que expanden la noción de lo político a un ámbito mucho más abarcante que incluye lo social y lo cultural.

En esencia, este entramado complejo y contradictorio de actores y organizaciones sociales diversas, articuladas a través de redes transnacionales, con reivindicaciones e intereses globales y, con frecuencia, con raíces en reivindicaciones e intereses locales, da lugar a la emergencia de una sociedad civil global que "reproduce en sus interacciones los conflictos y contradicciones de las sociedades civiles domésticas de las cuales emerge y, a la par, crea nuevas que reflejan la dinámica del poder a nivel internacional" (Macdonald, 1994, 285). Pero, a la vez, expresa de hecho el impacto no sólo de la globalización económica en tŽrminos generales, sino tambiŽn se corresponde con la globalización del poder estatal en una abigarrada y compleja agregación del poder estatal nacional y del poder global que caracteriza al actual sistema interestatal, con su acelerado cambio transicional y sus contradicciones (Shaw, 1994, 650).

En todo caso, tanto las diferentes expresiones de organizaciones noógubernamentales como los diversos movimientos sociales de carácter transnacional han dado lugar a una sociedad civil global, definida por sus propios códigos y reglas legales, con frecuencia en oposición y en autonom'a de los estados, a travŽs de la creación y del desarrollo de redes transnacionales que generan nuevos espacios pol'ticos en el sistema internacional. Sin embargo, como bien lo seóala Lipschutz (1992), este proceso, a su vez, ha dado lugar a un cuestionamiento al discurso estadoócéntrico dominante que se manifiesta tanto a través de la emergencia de esta sociedad civil global, como a través de diversas expresiones étnicas, religiosas y nacionalistas, poniendo en cuestión la misma ideolog'a de la globalización.

En este sentido, estos actores, en su heterogeneidad, tienden a promover la gobernabilidad en ámbitos y áreas del sistema internacional, más allá o en asociación con la acción de gobiernos, en tanto desarrollan "la capacidad de lograr que se hagan cosas sin la competencia legal de ordenar que sean hechas" (Czempiel, 1992, 250). Desde esta perspectiva, y en el marco del seóalamiento de que si bien "no hay un gobierno mundial, si hay gobernabilidad global", junto con los arreglos regulatorios institucionalizados en los diversos regimenes parciales a nivel global, se desarrollan e imponen normas, regulaciones y procedimientos menos formalizados que imponen patrones a las conductas internacionales sin recurrir a constituciones escritas o al recurso del poder material (Coate, Algier, Lipschutz, 1996, 99), poniendo en cuestión la visión realista de un sistema internacional anárquico.

En este proceso, crecientemente el rol de los diversos actores sociales emergentes a nivel transnacional se vuelve crucial y da lugar a la emergencia de una sociedad civil global que genera, en palabras de Camillieri (1995, 218), una difuminación del control social al erosionar la competencia de los estados y que postula una sociedad civil que, a diferencia de la domŽstica, no tiene por referente al estado, sino a las diferentes formas de articulación interestatal e internacional del poder.

Sin embargo, es necesario entender que la sociedad civil en general y la sociedad civil global emergente en particular, no constituyen un actor homogéneo y unificado. De hecho, la sociedad civil global, al margen de constituir una respuesta a la globalización en tŽrminos de una "globalización de abajo" y de intentar, en líneas generales, poner coto e influenciar la acción de los estados introduciendo formas de gobernabilidad global, está marcada asimismo por contradicciones y conflictos (Macdonald, 1994, 269). En la acepción gramsciana del término, la sociedad civil es un campo de conflicto entre fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas, pero en el caso de la sociedad civil global, este cuadro se complejiza aœn mas, en tanto reproduce los conflictos y contradicciones de las sociedades civiles domŽsticas de las que emergen, a la vez de crear nuevas contradicciones que reflejan la din‡mica de poder a nivel internacional y el mismo rol del mercado y del estado. Esta complejización se evidencia asimismo de varias maneras.

En primer lugar porque la sociedad civil nacional es definida generalmente en relación con el estado y, en el marco de la anarquía imperante en el sistema internacional, este referente se diluye en diferentes centros de poder ó estados, organizaciones intergubernamentales, regímenes varios, que constituyen una referente multidimensional y complejo para el accionar de los actores de la sociedad civil global generando diversas formas de vinculación, disociación o rechazo con los centros tradicionales de poder por parte de los actores sociales transnacionales. En este marco, junto con la interlocución en el sistema internacional de diversas modalidades de gobernabilidad con o sin participación directa de los estados, se desarrollan eventualmente iniciativas de cuestionamiento y antagonismo frente a las mismas iniciativas gubernamentales o intergubernamentales de carácter internacional.

En segundo lugar, porque la noción tradicional de sociedad civil refiere a diferentes actores noóestatales que incluyen organizaciones representativas formales, tales como partidos políticos, iglesias, sindicatos y asociaciones profesionales; organizaciones formales de tipo funcional (escuelas, universidades y medios masivos de comunicación), y redes pol'ticas y sociales m‡s informales (que abarcan desde grupos voluntarios locales y coaliciones ad hoc de activistas a movimientos sociales coordinados a nivel nacional o internacional) (Shaw, 1994, 648). En esta perspectiva, la sociedad civil global esta configurada no sólo por las ONGs reconocidas por los OIGs o por los gobiernos en función de temas globales; por los movimientos sociales de base clasista y de car‡cter internacional que preceden a la eclosión actual de la sociedad civil global (tales como los movimientos campesinos, los movimientos obreros o las internacionales pol'ticas de fuerzas de izquierda) o por los mecanismos formales de socialización que se expanden a nivel transnacional, sino tambiŽn por un conjunto de "nuevos movimientos sociales" de proyección internacional que, con frecuencia, trascienden las nociones tradicionales de política y de ciudadanía, en función de articular planteamientos culturales vinculados a valores y estilos de vida específicos.

De tal manera que las nociones tradicionales de una sociedad civil dividida horizontalmente en función de proyectos hegemónicos y contrahegemónicos, en el marco de la sociedad civil global (y con frecuencia en función de los acelerados cambios en las sociedades civiles domŽsticas), se complejizan con la presencia de diversas formas de articulación vertical no sólo en torno a reivindicaciones y proyectos de orden global promovidos por diversas ONGs, sino también en función de iniciativas menos institucionalizadas de diversos movimientos sociales con énfasis culturales(5). A este cuadro de clivajes verticales cabe agregar, incidentalmente, las diversas modalidades de utilización, por parte de estos actores, de la influencia de la opinión pœblica y de los medios masivos de comunicación, con frecuencia instrumentos cruciales, junto con la movilización nacional e internacional, para ejercer presión sobre los gobiernos e inclusive los organismos intergubernamentales o para cuestionar los proyectos gubernamentales.

En tercer lugar, un elemento a considerar es que junto con los clivajes y contradicciones internas de la sociedad civil global introducidos por las diversas modalidades de relación con las instituciones establecidas de poder y de control financiero y productivo, y las diversas formas de expresión pol'tica y pol'ticoócultural de los actores sociales transnacionales, un clivaje fundamental es el que, de una manera frecuentemente ambigua y difusa, establece una división entre los actores sociales transnacionales del Norte industrializado y los del Sur. En este sentido, si bien los acontecimientos de la postóGuerra Fría han desdibujado significativamente la dicotomía tradicional entre Norte y Sur (en tanto la concentración de dinamismo comercial, financiero y tecnológico se ha concentrado cada vez más en los tres focos económicoópolíticos de Europa, América del Norte y Japón, y las similitudes y convergencias pol'ticoóeconómicas del Sur han tendido a diferenciarse, a atomizarse y a diluir la noción misma de un Sur homogŽneo en v'as de desarrollo al punto de plantear que "el tercer mundo est‡ muerto" ó Olsen, 1995), Žsta persiste manifiestamente en las relaciones entre los actores sociales del Norte y del Sur. La misma categor'a de DONGOs implica, en esencia, una relación vertical entre ONGs del Norte y del Sur, en tanto, con frecuencia, las primeras dictan o influencian, a travŽs de la asignación de recursos para programas, las agendas de las segundas en el marco de redes transnacionales que vinculan a ambas.

Por otra parte, la misma vinculación de las respectivas ONGs (particularmente en el caso de los CONGOs o QUANGOs) con los respectivos estados del Norte condicionan circunstancialmente sus estrategias y agendas, en especial en torno a temas ecológicos, de derechos humanos y de paz y seguridad, frente a la promoción de posiciones nacionalistas de los estados del Sur que, a su vez, y de manera distintiva, condicionan eventualmente el desempeño ó cooperativo, reactivo o antagónico ó de ONGs y movimientos sociales en el Sur, en particular en relación con temas sociopolíticos y económicos como el desarrollo, la desigualdad, la pobreza y el desempleo. En suma, pese al carácter frecuentemente autónomo de muchos de estos actores sociales con respecto a los respectivos estados, su base socioópolítica se refleja no sólo en el accionar de los mismos sino también inciden sobre el del accionar de muchas ONGs y movimientos sociales.

En conclusión, y dados estos rasgos, pese a las características relevantes que en el sistema internacional emergente bajo el impacto del proceso de globalización adquiere una sociedad civil global, en interlocución e interacción, as' sea cr'tica, con el estado y con el mercado, es evidente que esta sociedad civil no est‡ exenta de las complejidades y contradicciones introducidas por la globalización.

En este marco, una de las interrogantes es, sin embargo, como, al emerger la sociedad civil global como un factor relevante de la dinámica internacional, puede incidir sobre los procesos concomitantes a la globalización, superando el "déficit democrático" engendrado por el despliegue de alternativas "globalitarias" donde estados, organismos intergubernamentales y agentes económicos transnacionales toman decisiones sin la participación y sin el control de amplios sectores sociales del planeta que, sin embargo, se ven decisivamente afectados por estas decisiones. Si bien esta es una interrogante de car‡cter muy amplio, afecta, en el plano de las pol'ticas espec'ficas, el devenir del proceso de globalización, en tanto pone en cuestión la orientación de la "globalización de arriba" en función de plantear una globalización con una participación creciente no sólo de pa'ses y de regiones marginalizadas del sistema económico internacional, sino tambiŽn de actores y de sectores sociales espec'ficos de la sociedad civil global emergente. Esta interrogante es particularmente relevante en el entorno de los procesos de regionalización que, como respuesta y complemento a la globalización, se desarrollan en América Latina y el Caribe.

3. Regionalización y déficit democrático en los procesos de integración de América Latina y el Caribe

Frente a la amenaza de la exclusión o marginación del sistema económico internacional a ra'z del proceso de globalización, los pa'ses de AmŽrica Latina y el Caribe han reaccionado, desde finales de la dŽcada del ochenta, reactivando, profundizando o desplegando procesos de integración regional y subregional, en un amplio espectro que abarca la reactivación del Mercado Común Centroamericano (MCCA) a través de la creación del SICA, la CARICOM y el Grupo Andino a la creación de MERCOSUR, el Grupo de los Tres (Gó3) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) (Serbin, 1995; 1996). Independientemente de los alcances que cada uno de estos esquemas intenta materializar en función de la integración ódesde acuerdos de libre comercio como el Gó3 hasta plataformas políticas regionales como la AEC pasando por diversas variantes de mercado común y uniones aduaneras, un denominador común ha sido su identificación con los postulados del regionalismo abierto promovido por la CEPAL.

En este sentido, junto con el objetivo explícito de promover, en el marco de las pol'ticas de ajuste predominantes en los pa'ses de la región bajo efectos del "consenso de Washington" y los planteamientos neoliberales de los organismos financieros multilaterales, un m‡s activo intercambio comercial intrarregional y una competitiva inserción en la economía mundial, las nuevas formas de regionalismo en América Latina y el Caribe han estado asociadas con el intento de vincular más estrechamente a estas iniciativas al sector gubernamental y al sector empresarial en el marco de los programas de ajuste en curso. De hecho, generalizado, ha implicado una creciente conjunción entre las élites políticas y las élites económicas latinoamericanas y caribeñas en las iniciativas orientadas a profundizar en la regionalización, evidenciadas con frecuencia tanto en la modalidad de consulta de los gobiernos con el sector empresarial en los procesos de libre comercio e integración a travŽs de la modalidad del "cuarto de al lado" en las negociaciones regionales, o en el establecimiento de mecanismos formales de consulta con este sector a travŽs de Consejos Consultivos creados en el Grupo Andino, MERCOSUR, el Sistema de Integración Centroamericano o la CARICOM.

Sin embargo, en estos procesos, reiteradamente, se hace evidente la ausencia de participación de otros actores de la sociedad civil ó tanto de los movimientos sociales como inclusive, con matizaciones y variaciones, de actores políticos formales como los partidos pol'ticos. Con la excepción de la participación, en algunos de los esquemas, del sector laboral a través de mecanismos de consulta o de mecanismos tripartitos con la participación de gobierno y empresarios, los restantes actores sociales no han estado representados en la mayoría de los procesos de regionalización. En la pr‡ctica, la tendencia dominante a la incorporación de actores sociales, en los casos que se da, en AmŽrica Latina y el Caribe ha sido a travŽs del tripartismo, en función de integrar con carácter consultivo al sector empresarial y al sector laboral, a travŽs de sus representaciones sindicales, junto con representantes del gobierno, en mecanismos de consulta. Una clara ilustración al respecto, se vincula con el Subgrupo de Trabajo No. 11 de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del MERCOSUR y el propuesto Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del mismo esquema, con facultades consultivas y de asesoramiento, más no con capacidad de adoptar decisiones. Como señala un analista, sin embargo, el FCES "espera aún por una mayor definición" y no incluye a otros actores sociales (Podestá, 1995a y b). Asimismo, la inclusión de actores socioóeconómicos noógubernamentales en este tipo de mecanismos consultivos, pese a la temprana aparición del tema social en el proceso de integración, es, en general, posterior a la creación y a los avances del mismo, inclusive en lo que se refiere al sector laboral (ibidem).

De una manera similar, en el Grupo Andino, si bien la cuestión social recibió una significativa atención y dio lugar a la creación del Consejo Consultivo Empresarial y del Consejo Consultivo Laboral, la Carta Social Andina aprobada por el Parlamento Andino, responde, asimismo, a una concepción tripartista, tomando en cuenta a los sectores gubernamental, empresarial y laboral, pero con una limitada referencia a otros grupos básicamente representados por mujeres, niños y la familia (Fundación Friederich EbertóPRS, 1994, 57).

En este sentido, es evidente el papel que las tradiciones sindicales y el peso de estas organizaciones detectan en el contexto latinoamericano, aunado a la creciente preocupación por los planteamientos del "dumping social" en la OMC, y a los efectos de la globalización y de la restructuración productiva sobre los mercados laborales y el empleo.

Paradójicamente, sin embargo, desde la década del ochenta, numerosos movimientos sociales y organizaciones noógubernamentales han hecho irrupción en la escena doméstica de la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, particularmente en torno a temas como los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, los derechos de género y las reivindicaciones y derechos indígenas. Muchos de ellos, a la vez, han adquirido una proyección transnacional, tanto a nivel regional como global, como en el caso de los movimientos de mujeres, de derechos humanos y de las organizaciones ind'genas, dando lugar al desarrollo de un entramado social que, eventualmente, configura los gŽrmenes de una sociedad civil regional, pese a los clivajes y divisiones engendrados por experiencias pol'ticas y culturales subregionales diferenciadas ó entre las sociedades andinas y las sociedades del Cono Sur; entre las sociedades centroamericanas y las sociedades caribeóas; entre el conglomerado amazónico y los procesos de la Cuenca del Caribe.

No obstante, estos actores y la sociedad civil en general, frecuentemente impactada no sólo por los programas de ajuste, sino también por los efectos directos o indirectos de los acuerdos regionales, han estado ausentes de una participación en la toma de decisiones en estos procesos y de alguna incidencia sobre el curso de estas iniciativas, en el marco del apotegma "decidiremos por ustedes, para ustedes, pero sin ustedes".

Este "déficit democrático" significativo en la implementación de los procesos de regionalización se produce en un contexto donde, de una manera crecientemente destacada, la sociedad civil reclama una participación mayor y exige un grado de responsabilidad o de rendición de cuentas de los respectivos gobiernos sobre un proceso de toma de decisiones en los cuales no tiene arte ni parte pese a sus efectos sociales desvastadores en términos de incremento de la desigualdad y la polarización social, la pobreza y el desempleo en la sociedades de la región.

Pese al reconocimiento, desde la década pasada, de las agencias y organismos de las Naciones Unidas acerca de la necesidad de vincularse, consultar y, eventualmente, implementar programas conjuntos con ONGs y movimientos sociales o los intentos limitados de la Unión Europea de superar este "dŽficit", tanto los gobiernos como los organismos intergubernamentales regionales en América Latina y el Caribe han tendido a reaccionar con retiscencia frente a las reivindicaciones y propuestas de los actores sociales regionales, y han evitado, en general, profundizar en la implementación de mecanismos para su participación o para su consulta.

En este sentido, si bien los actores políticos formales ó partidos y sindicatos, han encontrado canales de expresión a través de los Parlamentos regionales, en el primer caso, o de mecanismos consultivos (incluyendo aspectos espec'ficos como el planteamiento de una carta social en el Grupo Andino), en el segundo, asumiendo los componentes sociopol'ticos de su participación, los restantes actores de la sociedad civil (con la excepción de las agrupaciones y gremios empresariales) han estado excluidos de este proceso, pese a la emergencia y consolidación progresiva del entramado de una sociedad o de un conjunto de sociedades civiles regionales en América Latina y el Caribe.

En este marco, la trilog'a de la articulación regional de estado, mercado y sociedad civil, evidencia un fuerte debilitamiento del reconocimiento y de la institucionalización de la participación o interlocución pol'tica del œltimo de ellos, similar a la que seóal‡bamos en el marco general del proceso de globalización

Sin embargo, la movilización de los actores de la sociedad civil regional ómovimientos de mujeres y ecologistas, y organizaciones indígenas y de derechos humanos en particularó ha impactado, con sus reivindicaciones, no sólo la opinión pœblica y los medios masivos de comunicación, sino tambiŽn ha comenzado a ejercer una creciente influencia sobre los estados y, eventualmente, sobre las corporaciones y los organismos financieros.

4. Sociedad civil y participación democrática en el proceso de regionalización en el Gran Caribe

El proceso de globalización y las reacciones regionalizadoras, como así también las concepciones asociadas al regionalismo abierto y al consenso de Washington, con las diferencias del caso, han afectado asimismo de una manera significativa al conjunto de sociedades demogr‡ficamente y territorialmente pequeóas, económicamente vulnerables y geopol'ticamente sensibles del Gran Caribe(6). De por sí la región, más allá de su original diferenciación geopolítica en el marco de la guerra fría, presenta una gran heterogeneidad cultural y étnica, como así también política, como consecuencia de los diversos legados y tradiciones de los diferentes sistemas coloniales que se establecieron en ella.

La reciente creación de la AEC, sin embargo, valida una nueva concepción de la región, en el marco del proceso de regionalización en curso, que permite, en función de coincidencias pol'ticas, la bœsqueda de la cooperación económica y de la emergencia de una "comunidad social" regional de características propias, la superación de las diferencias y de la heterogeneidad en función de un valor común y de la defensa del Mar Caribe y de las sociedades que lo habitan (Asociación de Estados del Caribe, 1994).

Sin embargo, la misma acta de constitución de la AEC presenta una serie de limitaciones en torno a la participación de diversos actores sociales en el proceso de regionalización e integración, particularmente en su referencia a los actores sociales reconocidos y a los mecanismos de participación de los mismos en la toma de decisiones.

Junto con las diferentes referencias a "social partners" o "actores sociales" del documento y de las normativas de reconocimiento y privilegización de los mismos en la AEC, con diferentes concepciones acerca de los mismos y de su rol en el proceso de regionalización, existen marcadas diferencias en las experiencias, historias y culturas pol'ticas de las diversas subregiones que hacen a distintas concepciones y Žnfasis en su tratamiento por los gobiernos. En este sentido, las tradiciones y culturas políticas del Gran Caribe abarcan una gama muy extensa de experiencias históricas con efectos particulares sobre las concepciones acerca de la participación de la sociedad civil y de la gobernabilidad democrática que, a su vez, se reflejan en las actitudes y percepciones de los gobiernos y de sus representantes frente a la participación de una emergente sociedad civil regional en el proceso de integración. De hecho, la historia política de los países miembros del Grupo de los Tres, de los pa'ses centroamericanos, de Cuba y de Repœblica Dominicana, de Hait' y Suriname, y de los pa'ses de habla inglesa en el Caribe, marcan la pauta de una compleja heterogeneidad pol'tica y de actitudes y percepciones diversas frente a la participación de la sociedad civil en el proceso de gobernabilidad de la integración regional.

Para tomar sólo a las dos subregiones más destacadas ó el Caribe de habla inglesa y la subregión centroamericana, las diferentes historias políticas recientes hacen a marcadas diferencias en las tradiciones y concepciones acerca de la participación política de la sociedad civil en el proceso de regionalización.

En el caso de Centroamérica es de notar, en primer lugar que, junto con el Parlamento Centroamericano creado como un foro consultivo de los representantes de los partidos pol'ticos del mismo y pese a una consulta amplia realizada entre 1972 y 1976 con los actores sociales por parte del ComitŽ de Alto Nivel para la Reestructuración y Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano (CAN), el proyecto resultante no fue aceptado por los gobiernos de la región en el marco de la crisis por la que atravesaba Centroamérica (de la Ossa, 1996, 20). Sin embargo, una vez avanzado el proceso de pacificación iniciado con los acuerdos de Esquipulas y reactivado el proceso de integración centroamericano con la creación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) en 1991, el protocolo de Tegucigalpa que le dio origen estableció la constitución de un Consejo Consultivo Centroamericano, conformado por "...los sectores empresarial, laboral, acadŽmico y otras principales fuerzas vivas del Istmo centroamericano representativas de los sectores económicos, sociales y culturales, comprometidos con el esfuerzo de integración 'stmica" (ibidem, 21).

No obstante esta iniciativa, surgieron, por un lado, una serie de críticas por los "criterios selectivos unilaterales" utilizado por la Secretaría General del SICA para establecer un grupo previo para organizarlo y preparar sus normas básicas (ibidem) y, por otro, divergencias entre las organizaciones de la sociedad civil en torno a la representatividad en el ComitŽ, particularmente entre el ComitŽ de Coordinación Intersectorial Centroamericano (CACI) creado en 1993 y la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC) constituida en abril de 1994 (Vargas Roldán, 1996, 7)(7).

Sin embargo, pese a estas dificultades iniciales, el 2 de noviembre de 1996 se estableció el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (SSóSICA) como "una instancia inicialmente de consulta a la sociedad civil organizada regionalmente, a fin de institucionalizar la participación de los actores económicos y sociales en el proceso de toma de decisiones dentro de la integración centroamericana", con la participación de 17 organizaciones regionales, incluyendo a FEDEPRICAP en representación de las cámaras empresariales; CTCA, CCT y COCENTRA como las tres principales centrales de trabajadores sindicalizados de Centroamérica; CONCAPE por la pequeóa y mediana empresa; CCCóCA por los cooperativistas de la región; FECAICA por el empresariado industrial de la región; FECAMCO en representación de las c‡maras de comercio; FECATRANS de los transportistas; ASOCODE por el campesinado organizado; AUPRICA y CSUCA en representación de las universidades privadas y estatales; CONCERTACIîN CENTROAMERICANA que agrupa a los organismos noógubernamentales; UPROCAFE en representación de los pequeóos y medianos productores cafetaleros; el cap'tulo centroamericano del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas; el Consejo Centroamericano de Trabajadores de la Educación y de la Cultura; y FEMICA que agrupa a los gobiernos municipales de la región (Vargas Roldán, 1996, 7ó8). Este listado extenso de organizaciones de carácter regional que aboga por la integración del istmo y por la participación de la sociedad civil en este proceso a través de mecanismos regionales no se agota con las organizaciones citadas, ya que se encuentran en proceso de incorporación asimismo la organización regional de las mujeres y los organismos de defensa de los Derechos Humanos (CODEHUCA) (ibidem).

Es importante resaltar que junto con organizaciones del sector empresarial, laboral, cultural/académico participan en el Comité Consultivo de SICA no sólo las organizaciones ind'genas y cooperativas, sino tambiŽn aquellas ONGs que actœan en m‡s de tres pa'ses de la región. El ComitŽ Consultivo constituye un foro regional cuyos representantes son designados por las respectivas organizaciones y no por los gobiernos, y sus decisiones son tomadas por unanimidad y no por mayoría.

En el caso de los países de la CARICOM, los procesos de descolonización que llevaron a la independencia de los países del Caribe de habla inglesa, fueron originariamente promovidos por los sindicatos locales que, con frecuencia, dieron origen o se vincularon con los partidos pol'ticos que llevaron a la independencia pol'tica. Estos or'genes, particularmente en las postrimer'as de la Segunda Guerra Mundial, pudieron haber dado lugar a una visión tripartista de la participación de los actores políticos y sociales en el proceso de integración, similar a la que señalábamos en el caso de Mercosur y quizás con la diferencia significativa de una incorporación inicial de los sindicatos en el proceso. Sin embargo, la convergencia de un creciente proceso de deterioro de los sindicatos y de los partidos políticos tradicionales en la subregión bajo los efectos de los cambios globalizadores y del fin de la guerra fría (Serbin, 1995), junto con la existencia de una tradición de actividades comunitarias noógubernamentales ha dado lugar a una mayor proyección y relevancia de la importancia de otros actores de la sociedad civil en el proceso de integración de la CARICOM (Duncan, 1996).

Como ilustración baste seóalar que en 1993, este organismo se ha planteado la creación de una Asamblea de Parlamentarios de la Comunidad Caribeóa recientemente aprobada, mientras que desde finales de la dŽcada del ochenta, la propia West Indian Commission y la CARICOM han postulado una Carta de la Sociedad Civil para la Comunidad Caribeña, para "crear un verdadero ambiente político participativo en el seno de la Comunidad Caribeña que sea propicio a la consulta genuina en el proceso de gobernabilidad" (CARICOM, 1993).

En este marco, como consecuencia de una participación inicial de organizaciones noógubernamentales en la Conferencia Económica Regional convocada por la CARICOM en 1991, en 1992 los gobiernos de los países miembros de la CARICOM han adaptado la recomendación, en el art'culo XX de la Carta, de que los estados signatarios "tomen medidas para establecer en sus respectivos estados (territorios) un marco para consultas continuas y genuinas que involucren a socios sociales consistentes en partidos pol'ticos, la comunidad empresarial, los sindicatos, las organizaciones noógubernamentales, grupos en desventaja social y otros cuerpos representativos de los intereses de la comunidad en función de alcanzar acuerdos comunes y apoyo a los objetivos, contenidos e implementación de los programas nacionales y sociales" (pp. 16ó17).

Inclusive, en esta perspectiva, el Centro para el Desarrollo de Políticas Caribeñas (CPDC) basado en Barbados y establecido por organizaciones noógubernamentales en febrero de 1991 como una red regional de ONGs, est‡ avanzado en la posibilidad de ser reconocido como un mecanismo consultivo de la CARICOM. El objetivo del CPDC, que agrupa a m‡s de 21 organizaciones de habla inglesa, francesa, espaóola y holandesa del Caribe de car‡cter regional, subregional o nacional con perspectiva regional, apunta a "comprender dónde y cómo las políticas son formuladas y cómo éstas afectan nuestras vidas diarias; compartir información sobre estas políticas; desarrollar la confianza y la habilidad del pueblo caribeño para influenciar la política pública; apoyar políticas que favorezcan al pueblo caribeño; y trabajar juntos para cambiar políticas que no benefician al pueblo caribeño" (Wederbrun, 1996). Este organismo agrupa a una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, concebidas como organizaciones noógubernamentales en un sentido amplio y que incluye agencias de desarrollo, organizaciones religiosas, grupos de mujeres y de jóvenes, trabajadores del teatro popular, economistas, comunicadores sociales, organizaciones de derechos humanos y de campesinos, y pueblos ind'genas (ibidem, 8).

En función de planteamientos alternativos a las estrategias de desarrollo regionales postuladas en el marco de los programas de ajuste, el CPDC ha desarrollado una importante interlocución con la CARICOM con el propósito de que sea reconocido, junto con los sindicatos y el sector empresarial, su status consultivo como el tercer "socio social" en el proceso de integración, al punto que en julio de 1995, los jefes de gobierno de la CARICOM han aceptado su incorporación a un Consejo Consultivo regional.

5. ¿Hacia una sociedad civil regional?: Los problemas de la participación de la sociedad civil en el proceso de regionalización

Esta somera revisión de los procesos de organización de la sociedad civil en dos de las subregiones del Gran Caribe y de sus logros actuales en función de la participación en el proceso de regionalización, plantean una serie de conclusiones tentativas pero, asimismo, una serie de interrogantes.

En primer lugar, es de señalar que la emergencia de una sociedad civil regional parece estar signada por el desarrollo de los procesos de consolidación y de participación de las emergentes sociedades civiles a nivel subregional ó como en el caso de CentroamŽrica y del Caribe, con poca o limitada vinculación entre ellas en esta etapa y fuertemente signadas por las respectivas experiencias y legados pol'ticos. En este sentido, una primera comparación entre las dos subregiones permite apuntar, preliminarmente y en forma tentativa, un mayor desarrollo y una mayor participación de las ONGs, incluidas las religiosas, en el Caribe, y una m‡s reducida presencia de las mismas en la participación en el proceso de integración centroamericano. Asimismo, es de seóalar, el desarrollo de un proceso de interlocución aparentemente más fluido entre los gobiernos, la CARICOM y la sociedad civil regional en el Caribe, en tanto en Centroamérica la incorporación de la sociedad civil al proceso de integración ha tropezado con mayores retiscencias por parte de los gobiernos y en función de contradicciones internas.

En segundo lugar, este incipiente proceso de incorporación de la sociedad civil en la regionalización, a través de una profundización de su propia organización e institucionalización, señala su creciente desarrollo pero no marca aún modalidades distintivas de participación a nivel regional, m‡s all‡ de su car‡cter consultivo en el marco de mecanismos acordados y promovidos en conjunto con los organismos intergubernamentales de integración subregional.

Es llamativa, asimismo, en tercer lugar, la limitada vinculación entre las instancias políticas de representación institucionalizada a nivel subregional ótales como la Asamblea de Parlamentarios Caribeños y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y las organizaciones de la sociedad civil ótales como el CPDC y el CAIC y la ICIC, respectivamente, marcando, en principio, un aparente divorcio entre los partidos pol'ticos y las iniciativas de la sociedad civil. En este sentido, es de subrayar, por un lado, la frecuente crítica de estas organizaciones a los partidos políticos tradicionales, y por otro, su insistencia en la necesidad de avanzar más allá de la democracia representativa hacia una democracia participativa. Estos planteamientos en el plano pol'tico, con frecuencia se ven articulados con cr'ticas a las estrategias de desarrollo impulsadas por los gobiernos y propuestas de estrategias alternativas que hagan m‡s Žnfasis en las demandas sociales y en las necesidades de sectores sociales marginados en la pobreza y el desempleo a nivel subregional.

Sin embargo, es importante resaltar, en cuarto lugar, la creciente presencia que adquiere un entramado de actores sociales a nivel regional, al configurar, en el marco de los procesos de regionalización, una sociedad civil regional que promueve una serie de iniciativas en la dirección de una "regionalización desde abajo" que tome en cuenta las demandas y las necesidades de amplios sectores de la población afectados tanto por las secuelas del proceso de globalización, como por el impacto de las medidas que acompañan la profundización de la regionalización.

Finalmente, en el plano regional y hemisférico estas conclusiones preliminares abren una serie de interrogantes específicas. En primer lugar, ¿hasta qué punto el desarrollo de estas experiencias subregionales podrá encauzarse, a través de barreras lingüísticas, Žtnicas e históricas, hacia la conformación de una sociedad civil regional en el Gran Caribe? y, en segundo lugar, Àhasta que punto las diferencias y heterogeneidades políticas y sociales acotadas podrán dar lugar a posiciones comunes en cuanto a la definición de mecanismos de participación en el proceso de regionalización del Gran Caribe y, en particular, en el marco de la Asociación de Estados del Caribe? En este mismo sentido se abre una tercera interrogante acerca de la capacidad de este organismo intergubernamental de promover y diseóar mecanismos idóneos para impulsar esta participación, en el contexto de las heterogeneidades y disimilitudes pol'ticas que caracterizan la región?

Por último, en el plano hemisférico, cabe plantear la pregunta de ¿si estas experiencias son aplicables a los restantes procesos de integración en América Latina, con sus diferentes tradiciones y culturas políticas y con sus particulares ritmos de avance de la integración, en el sentido de que pueda emerger una sociedad civil regional y de que se pueda promover una más amplia participación de la misma en el proceso de integración de AmŽrica Latina y el Caribe?

*Presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) y Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente Asesor Especial del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

**Las opiniones expresadas en el presente artículo son a título personal y no comprometen a ninguna de las instituciones mencionadas.

Notas al pie

1.óEs necesario diferenciar entre el término anglosajón governance y la noción de gobernabilidad en español, como bien lo señala Tomassini, en tanto el segundo engloba al primero y remite a procesos mas amplios que refieren "a la capacidad de la autoridad para canalizar los intereses de la sociedad civil, a la interacción que se da entre ambos segmentos y, por lo tanto, a la legitimidad del primero de ellos: el gobierno", Tomassini, 1993, 5.

2.óComo señala Falk (1996, 15) "The state is being subtly deformed as an instrument of human wellóbeing by the dynamics of globalisation, which are pushing the state by degrees and to varying extents into a subordinate relationship with global market forces". Sobre la dificultosa interrelación entre los estados y la din‡mica del mercado, y sobre sus efectos sobre la soberan'a de los primeros, cfr. Strange y Camillieri.

3.óCfr. al respecto Guéhenno, 1993 y Ohmae, 1995.

4.óUna tipología reciente las clasifica en ONGs específicas con las características señaladas; en GONGO (governmentóorganised nongovernmental organisations), promovidas por gobiernos especialmente en el marco de la Guerra Fría; QUANGOs (quasiónongovernmental organisations) que, pese a mantener una cierta autonom'a reciben recursos de gobiernos como muchas ONGs de los pa'ses escandinavos y de Canad‡; y DONGOs (donoróorganised NGO) diferenciadas por sus fuentes de recursos (ibidem, 21). En todo caso, en cualquiera de las categorías, las ONGs no gobiernan ni intentan gobernar, sino que intentan imponer alguna medida de responsabilidad y rendición de cuentas a los gobiernos y empresas y a gerenciar complejas interrelaciones y cambios políticos, económicos y sociales promoviendo, en algunos casos, la cooperación con y entre otros actores, con especial Žnfasis en los gobiernos (ib., 19).

5.óComo señala Lipshutz, en realidad no hay una sola red sino varias redes políticas transnacionales heteronomas en el marco de la sociedad civil global, en función de diversas "comunidades imaginarias" propuestas (Lipshutz, 1992, 391).

6.óEntendemos por Gran Caribe a la región que está configurada por el conjunto de estados, estados asociados y territorios coloniales vinculados al mar Caribe, y que incluye tanto a los estados y territorios insulares como a los estados que bordean al mar Caribe ó los pa'ses centroamericanos, MŽxico, Colombia, Venezuela, Guyana y Suriname, de acuerdo a la concepción introducida con la creación de la Asociación de Estados del Caribe en 1994.

7.óEl CAI está conformado por la Federación de Empresas Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP); la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT); la Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT); el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas en su cap'tulo centroamericano; el Consejo Centroamericano de Trabajadores de la Educación y la Cultura; el Consejo Centroamericano Campesino (COCECA); la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCCóCA); la Federación Centroamericana de Transportistas; el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), y la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica, mientras que la ICIC esta constituida por la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE); la Confederación de Cooperativas del Caribe y de centroamŽrica (CCCóCA); la Coordinadora Centroamericana de Trabajadores (COCENTRA); la Confederación Centroamericana de la Pequeóa y Medina Industria (CONCAPE); la Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo (CONCERTACION CENTROAMERICANA); la Confederación de Trabajadores de centroamŽrica (CTCAóORIT); la Federación Centroamericana de Organizaciones Comunales (FECOP); y la Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de México, Centroamérica y el Caribe (UPROCAFE) (de la Ossa, 1996, 38).

Bibliografía

• Asociación de Estados del Caribe (1994) Carta Constitutiva.
• Badie, Batrand et MarieóClaude Smouts (1992) Le retournement du monde, Paris: Presses de la Fondation National des Sciences Politiques et Dalloz.
• Brecher, Jeremy; John Brown Childs, y Jill Cutler (1993) Global Visions. Beyond the New World Order, Boston: South End Press.
• Camillieri, Joseph A. (1995) "State, Civil Society and Economy", en Camillieri, Joseph; Anthony P. Jarvis y Albert J. Paolini (Eds.) The State in Transition. Reimagining Political Space, Boulder: Lynne Rienner.
• CARICOM (1993) Charter of Civil Society for CARICOM, Georgetown, junio 1993.
• Coate, Roger; Chadwick F. Alger y Ronnie Lipschutz (1996) "The United Nations and Civil Society: Creative Partnership for Sustainable Development", en Alternatives, Vol. 21, No. 1, eneroómarzo, pp. 93ó122.
• Cox, Robert W. Cox (1987) Production, Power, and World Order. Social Forces in the Making of History, New York: Columbia University Press.
• Czempiel, ErnstóOtto (1992) "Governance and democratization", en Rosenau, James N. y ErnstóOtto Czempiel (Eds.) Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 250ó270.
• De la Ossa, Alvaro (1996) "Cuenca del Caribe: Mecanismos para profundizar la participación de los actores sociales en el proceso de regionalización", ponencia al Seminario "La nueva agenda sociopolítica del proceso de integración en el Gran Caribe", 12 y 13 de febrero de 1996, INVESP/SELA, Caracas.
• Duncan, Neville (1996) "A New model of Governance and Community Development", ponencia en el Taller Regional "Actores políticos e integración regional en el Gran Caribe", 2 y 3 de mayo de 1996, INVESP/IRIPAZ/SELA, Guatemala.
• Fundación Friederich Ebert/Proyecto Regional Sindical (1995) La carta social andina, Caracas.
• Giddens, A. (1993) Consecuencias de la modernidad, Madrid: Alianza Universidad.
• Gordenker, León y Thomas G. Weiss (1995) "Pluralizing Global Governance: Analytical Approaches and Dimensions", en Thomas G. Weiss y León Gordenker (Eds.) NGOs, the UN, and Global Governance, Boulder: Lynne Rienner, pp. 17ó50.
• Lipshutz, Ronnie (1992) "Reconstructing World Politics: The Emergence of Global Civil Society", en Millenium, Vol. 21, No. 3, pp. 389ó420.
• Macdonald, Laura (1994) "Globalizing Civil Society: Interpreting International NGOs in Central America", en Millenium, Vol. 23, No. 2, pp. 267ó286.
• Olsen, Gorm Rye (1995) "NorthóSouth Relations in the Process of Change: The Significance of International Civil Society", en The European Journal of Development Research, Vol. 7, No. 2, diciembre, pp. 233ó256.
• Podestá, Bruno (1995a) "La representación socioóprofesional en los países del MERCOSUR en relación al CES", en Revista del Trabajo, año 2, No. 6, marzoóabril, pp. 229ó235.
• (1995b) "Seis comentarios sobre la cuestión social", ponencia preparada para el Seminario "La dimensión social de la integración regional", 24ó29 de abril de 1995, CEFIR, Santiago de Chile.
• Rosenau, James N. (1990) Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton: Princeton University Press.
• Serbin, Andrés (1995) "Los desafíos del proceso de regionalización de la Cuenca del Caribe: Integración, soberan'a, democracia e identidad", en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, No. 4, pp. 75ó112.
• (1996) El ocaso de las islas. El Gran Caribe frente a los desafíos globales y regionales, Caracas: Nueva Sociedad/INVESP.
• Scott, Alan (1990) Ideology and the New Social Movements; London: Routledge.
• Shaw, Martin (1994) "Civil Society and Global Politics: Beyond a Social Movements Approach", en Millenium, Vol. 23, No. 3, pp. 647ó668.
• Tomassini, Luciano (1993) Estado, gobernabilidad y desarrollo, Washington: Serie de Monografías del Banco Interamericano de Desarrollo.
• Vargas Roldán, Jorge (1996) "Los actores de la sociedad civil en el proceso de integración centroamericana", ponencia al Taller "Los actores políticos y la integración en el Gran Caribe", 2 y 3 de mayo de 1996, INVESP/IRIPAZ/SELA, Guatemala.
• Wallerstein, Immanuel (1995) After Liberalism, New York: The New Press.
• Wedderburn, Judith (1996) "Organizations and Social Actors in the Regionalization Process, ponencia presentada al Seminario "La nueva agenda sociopolítica de la integración en el Gran Caribe", INVESP/SELA, 12 y 13 de febrero, Caracas.