Pareciera que ya se ha logrado un considerable consenso regional en torno a la importancia y necesidad que tienen los estados y gobiernos de promover la democracia dentro y fuera de sus fronteras nacionales. Desde el inicio de su primer período constitucional, el Presidente Clinton declaró que la promoción de la democracia sería el objeto central de su política exterior; declaración que parecía poner en evidencia que, a pesar del "triunfo de la democracia en el mundo", el declive de las instituciones, valores, actitudes y procesos democráticos estaba alcanzando hasta las democracias en apariencia más estables y prósperas como es la estadounidense. Como era de esperar, después de Clinton, prácticamente todos los mandatarios latinoamericanos -a excepción de Fidel en Cuba- le dieron la bienvenida a la promoción de la democracia y en la actualidad, el tema se ha posicionado en la agenda política hemisférica como lo evidencian diversos foros regionales, entre los cuales destacan la Cumbre de Las Américas de 1994 y la VI Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo el pasado año en Santiago de Chile. En esta última se reunieron 19 países latinoamericanos —más España y Portugal— bajo una agenda política común, la cual incluyó como prioridad el tema de la gubernabilidad, defensa y promoción de la democracia. El tema, pues, también parece ser de especial interés para los países más golpeados económicamente, que padecen mayores crisis socio-políticas, y en los cuales se manifiestan muy bajos niveles de satisfacción popular con el funcionamiento de sus democracias.

Pero el consenso sobre la importancia del tema es básicamente retórico. No acaba de pasar de la teoría a la práctica. Aún no se logra un acuerdo en torno a las formas y estrategias más idóneas para alcanzar la promoción de la democracia en un momento de cambio de paradigma político y económico regional, y ello es así a pesar de los esfuerzos realizados a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) especialmente tras la Resolución 1080 de 1991.¹

En Venezuela, también el tema ha logrado captar la atención tanto a nivel societal como gubernamental. La defensa y promoción democrática es objeto de reiterado análisis académico y debate público¹, mientras que el Presidente Caldera y diversos voceros de su gabinete le conceden extensos párrafos en sus discursos. Sin embargo, en nuestro país el tema no sólo está desprovisto de un diseño estratégico y de cursos de acción coherentes e integrales, sino que ni siquiera ha pasado a formar parte prioritaria de la agenda de política exterior venezolana como sí sucedía en el pasado. En efecto, más allá de las visitas protocolares y de los viajes de los ministros Matos y Petkoff —esencialmente en busca de préstamos e inversiones— no se observa una política activa de promoción de Venezuela y su sistema político hacia el exterior. La actual política gubernamental en materia internacional se ha centrado más en asuntos bilaterales comerciales y fronterizos destacándose las relaciones con Colombia, Brasil, México y Mercosur, mientras que la tradicional política de promoción de la democracia ha sido limitada a la llamada lucha anti-corrupción.

Cabe reconocer que, en varios foros regionales y frente a algunos casos específicos, la administración Caldera ha invocado el principio tradicional de no intervención y ha hecho llamados a la democratización. Recuérdese, por ejemplo, la actuación venezolana ante los hechos acontecidos en Haití en 1994 y su posición en relación a la necesidad de la democratización cubana. Pero estas actitudes no han dado lugar a una política activa y permanente. Su propuesta prioritaria ha sido más bien la de la lucha contra la corrupción. El propio Presidente Caldera —apenas un mes después de haber iniciado su gestión— declaró que esta lucha sería el objetivo fundamental de su gobierno¹ y de hecho esta propuesta fue llevada posteriormente a la Cumbre de Las Américas, a la IV Conferencia Cumbre Iberoamericana, a diversas reuniones del Grupo de Río y al seno de la ONU y la OEA, presentando en estos dos últimos foros un proyecto para la lucha internacional contra la corrupción con miras a que se estableciera una convención internacional en esa materia. De tal forma, podríamos decir que el objetivo venezolano de defensa y promoción de la democracia ha sido desplazado —al menos durante los dos primeros años del actual período gubernamental— por el de la anti-corrupción.

Hoy más que nunca, sumergidos como estamos en una situación tan compleja e incierta —y por tanto peligrosa— en la que se desarrollan simultáneamente un proceso de crisis del tradicional sistema político populista-estatista y un proceso de cambio hacia un tipo de sistema distinto el cual aún no se percibe claramente, se hace necesaria la puesta en práctica de una serie de conductas y de acciones específicas y permanentes de política exterior, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, dirigidas a defender, consolidar y expandir las formas de gobierno, instituciones, procesos, valores y actitudes propios de una democracia representativa moderna. Es preciso recordar que debido, en gran parte, a los esfuerzos de promoción de la democracia que emprendieron algunos gobiernos venezolanos en época de crisis del sistema, se mantuvo la constitucionalidad democrática. Tal es el caso, por ejemplo, de los esfuerzos del gobierno de Rómulo Betancourt a través de la llamada Doctrina Betancourt, la cual —con todas sus limitaciones y efectos aislacionistas— contribuyó no sólo a la consolidación del recién instaurado régimen democrático, sino a colocar a nuestro país en un sitial de prestigio, ejemplo y respeto en la comunidad hemisférica.

Una razón adicional para priorizar el tema

Y recordando el impacto internacional de la Doctrina Betancourt, se me ocurre que la necesidad de darle prioridad al tema y llevarlo a la práctica también deviene del hecho evidente de que la actual administración Caldera no goza de una buena imagen internacional. El cúmulo de errores en política exterior y doméstica más los efectos siempre perversos que se producen al implementar un programa de ajuste económico y procesos de reforma estatales —así sean estos efectos muy tímidos como sucede en Venezuela— han conspirado en contra del prestigio y credibilidad del gobierno. Si bien la imagen de Caldera y su gabinete ha mejorado desde abril del año pasado cuando el gobierno decide finalmente cambiar de rumbo en materia económica y comercial y afloja su agresiva campaña anti-corrupción, todavía se encuentra en malas condiciones. Sin una buena imagen gubernamental, la presencia y poder de influencia y negociación de Venezuela fuera de sus fronteras se reduce considerablemente. No somos una superpotencia. Aquí no sucede como en Estados Unidos, por ejemplo, en que por más que pierda prestigio y sea cuestionada una determinada administración, su poder como estado-nación permanecen casi incólume. Las negociaciones, especialmente las comerciales, continúan fluyendo. De modo tal que con la crisis económica que padecemos y en un momento internacional signado por la globalización, la integración y la interdependencia, no podemos darnos el lujo de continuar rezagados y siendo mal vistos en el mundo.

Una estrategia de promoción de la democracia podría contribuir positivamente tanto a la imagen de Venezuela como a la de su gobierno actual. Convirtiéndose ésta en rectora de nuestra política exterior —bajo cuyo paragua se integrarían las demás políticas y acciones en los diversos frentes y asuntos internacionales que nos conciernen— se lograría, al menos, que la administración Caldera —y por ende, Venezuela— se movilizara externamente y fuera percibida como más activa y coherente, siguiendo un rumbo claro en política exterior. Ello, además, redundaría en beneficio de nuestro menguado liderazgo internacional.

¿Es posible promover la democracia en una democracia en crisis?

A esta interrogante cabe contestar con otra: ¿es que acaso los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez II —para nombrar sólo dos ejemplos recientes— no pasaban por tiempos de crisis cuando llevaban a cabo sus acciones de promoción de la democracia?. Tal vez las crisis no habían llegado al punto de la actual, pero se hacían sentir en especial la que rodeo, e hizo caer, al gobierno de Pérez. Una política activa de promoción de la democracia no debe confundirse con protagonismo sobredimensionado, como aquél llevado a cabo por el Presidente Carlos Andrés Pérez durante su primer período gubernamental. Una política activa, seria y coherente de promoción de la democracia no sólo se construye en base a una diplomacia viajera y a unos cuantiosos recursos económicos. Más bien requiere de un diseño estratégico racional basado en una visión clara del país que se quiere construir y promover para el futuro; de un capital humano realmente profesional con capacidad diplomática y de negociación actualizada; y de una élite política, económica y social (ni siquiera hablo de toda la población) verdaderamente comprometida con los valores, creencias e instituciones de una democracia moderna. Para esto, obviamente, más que dinero se necesita conciencia y disposición.

Viejos y nuevos estilos e instrumentos de promoción de la democracia

Ahora bien, una política con las características señaladas también requiere de estilos e instrumentos de promoción cónsonos con la realidad nacional y regional que vivimos. Sería un error recurrir a viejos modelos por más eficientes que resultaran en el pasado. Podríamos distinguir en Venezuela dos modalidades o estilos fundamentales de promoción de la democracia en materia de política exterior; son aquellos correspondientes a las ideologías y partidos que fundaron y consolidaron la democracia que nació en 1958 y que se encuentra en transformación. Se trata del estilo socialdemócrata o adeco y del estilo socialcristiano o copeyano. Aunque en ambos, por cierto, se encuentran diversas versiones según el líder que lo encarne, según la forma de implementación que se adopte y el impacto que se logre. Así, también podríamos diferenciar entre el estilo betancourista, calvinista (por Arístides Calvani), autoritario, consensual, imperialista, internacionalista, pluralista, etc. Todos ellos, sin embargo, se resumen -a mi modo de ver- en un estilo de más alto perfil, claro y protagónico (por lo general éste corresponde al estilo socialdemócrata) y en uno de más bajo perfil (socialcristiano). Mas lo importante a tomar en cuenta es que ambos estilos correspondieron a la defensa y promoción de un tipo de democracia particular, la llamada democracia partidista, estatista, populista, clientelar que si bien aún sobrevive ya dejó de ser el ideal del venezolano actual. En consecuencia, nuevos estilos e instrumentos son imperativos.

No conocemos todavía con exactitud cuál es el ideal democrático, la democracia que queremos y a la cual aspiramos. Pero si nos guiamos por el ideal prevaleciente en la mayoría de los países del hemisferio, el mismo se orienta hacia una democracia representativa y capitalista, más pluralista, participativa y liberal. Lo cual llama, o debería llamar, a estilos e instrumentos menos autoritarios e imperialistas, más moderados, consensuales y flexibles. Modalidades que cuenten con una concertación previa y permanente a nivel nacional y regional. Antes, durante el período de Guerra Fría, la tarea de cómo promover la democracia se regía por el conflicto este-oeste, la orientaban los países con mayor poder económico-militar y mayor influencia política y se implementaba esencialmente "desde arriba", es decir desde la esfera gubernamental. Los nuevos tiempos imponen formas de promoción más amplias y complejas. El proceso democrático requiere consolidación y promoción desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Si algo nos ha enseñado la presente etapa post-bipolar es que necesitamos trabajar en múltiples planos. Uno de ellos es el nivel individual, el del ciudadano común. Se trata de las creencias y comportamientos democráticos de la ciudadanía. Porque si la democracia no se convierte en parte integral de nuestra cultura, no tenemos garantizada su vigencia para las generaciones futuras.

¹ La política exterior de Lusinchi, por ejemplo, se diseño e implementó especialmente para el momento critico que le tocó vivir y tuvo muy buenos resultados como bien se demuestra en el libro del ex-Canciller Simón Alberto Consalvi Una Política Exterior Democrática en Tiempos de Crisis . Editorial Pomaire. Caracas, 1988