Al fin, después de varios años de ásperas discusiones entre trabajadores y empresarios, se logró un acuerdo sobre un tema que estuvo a punto de dividir al movimiento sindical en cuyas filas surgieron dos tendencias bien definidas con respecto al cambio de régimen de pago de las prestaciones sociales.

En torno a la cuestión se planteó un asunto de carácter constitucional porque en efecto, las prestaciones sociales no pueden abolirse de cuajo por tener rango constitucional (Art. 88 de la Constitución).

Así por mandato de dicho artículo, tanto la antigüedad como la cesantía se declararan como derechos adquiridos en la legislación del trabajo y son irrenunciables por el trabajador al tenor de lo dispuesto en el Art. 85, in fines de la Constitución.

Estos dos preceptos sirvieron de escudo a los trabajadores para mantener a raya al sector patronal en sus aspiraciones por resolver un problema que a su juicio, era una rémora para elevar los salarios debido a la carga que representa la retroactividad establecida en texto legal, lo cual, decían, les impedía determinar y acumular pasivos gigantescos pues cualquier aumento incidía en el monto de las prestaciones.

Los trabajadores siempre sostuvieron que por convenios entre patronos y obreros era imposible resolver la cuestión, llevándose la interpretación al extremo de sostenerse que ni el mismo trabajador beneficiario directo de la norma podía aceptar cambio alguno por aquello de la irrenunciabilidad.

Así se mantuvieron inflexibles durante años y las discusiones se caracterizaron por la acrimonia y tirantez entre las partes.

Varios intentos de búsquedas de soluciones terminaron en rotundo fracaso.

El Congreso designó una comisión presidida por el senador Reinaldo Leandro Mora, a comienzo de los años 90, y se trabajó con gran sentido de equilibrio en busca de un avenimiento entre las partes; al final, el senador Leando Mora, en vista del rechazo de que fue objeto el proyecto de ley preparado por la comisión, se retiró de la presidencia de la misma y fue sustituido por el senador Juan Strédel quien como su antecesor, dedicó muchas horas durante varios meses con el propósito de lograr consenso mínimo para aprobar un nuevo hecho de ajustes y afinaciones, ampliando algunos artículos en favor de los trabajadores. Nada esto logró convencer a los sindicalistas sobre sus bondades, perdiéndose un tiempo precioso en orden a resolver el delicado asunto por vía legislativa.

El sector patronal incurrió en un error tácito al plantear el problema pues, ciertamente, presentó sus ideas en una reunión en la casa de Yuto Benedetti, a parlamentarios y políticos, sin invitar a los dolientes principales: los trabajadores.

No resultó nada fácil, no obstante la grave crisis que venimos padeciendo desde 1994, quebrantar la solidaridad de los trabajadores en defensa del único patrimonio seguro con que cuentan al final de su ciclo activo, y no les falta razón.

Los erosionantes efectos de la crisis, la implacable inflación que desde 1989 nos abate, sin permitirnos descanso desde entonces, hicieron posible, sentar a la mesa de negociaciones a patronos y trabajadores para acercar posiciones, a aliviar tensiones y vencer resistencias, pues cada sector estaba tras lo suyo. La comisión tripartita pudo finalmente llegar a conclusiones aceptables sobre diferencias que parecían insalvables.

El acto del lunes 17 marca un hito histórico en las relaciones obrero-patronales y esperamos que aun cuando falta un largo trecho por recorrer, el espíritu de cooperación, de entendimiento y diálogo, no se disipará antes de tiempo, resquebrajados por suspicacias y reservas que pudieran empañar el panorama, pues bien sabemos, por publicaciones, que sectores minoritarios de trabajadores rechazan los acuerdos ya firmados. Y, además por la desconfianza de los trabajadores en sus patronos (oficiales y privados) en cuanto al fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, rodean el acuerdo de una atmósfera de dudas y recelos.

Pero sea cual sea el estado de ánimo de las partes, el país ha recibido con optimismo el acuerdo porque abre nuevas perspectivas a la inversión privada con el consiguiente estímulo del aparato productivo, lo cual significa creación de nuevos planes de trabajo para aliviar el alto desempleo, situado en niveles alarmantes, con índices reales de más del 12% de la masa laboral activa y por el incremento de la economía informal, a niveles de más del 50% de la masa laboral. Y, encima de estos números, debemos colocar los bajos salarios percibidos y el deterioro del poder adquisitivo de los mismos.

No olvidemos que el salario mínimo en Venezuela es de los más bajos del mundo y, con razón, los trabajadores piden elevarlo a 97 mil bolívares mensuales, en contraposición a la oferta patronal, de 62 mil quinientos bolívares. El arbitraje del señor Presidente debería acercarse más a la aspiración de los trbajadores, pues bien sabe él, como todos nosotros, que la sola cesta básica ronda ya los 130 mil bolívares.

El cuantum de los trabajadores no resulta una pretensión desmedida, si se tiene en cuenta los sacrificios que han venido haciendo en los últimos 15 años.

Los términos un tanto complicados del texto del Convenio no están muy al alcance del común de los ciudadanos. Vale la pena iniciar una campaña explicativa, a fin de que los interesados no se planteen expectativas más allá del límite de los acuerdos, evitándose frustraciones y reacciones de disgustos al no obtenerse lo que cada quien supone le corresponde. Sobre todo cuando los lapsos para el pago de los acumulados no se van a desembolsar de inmediato. Valga decir que los trabajadores no recibirán de una sola vez el monto acumulado de sus prestaciones debido a razones de suprema consideración: no agudizar la inflación y esto es, sin dudas, saludable para todos.

Muchas y complejas decisiones faltan por tomar que demandan la activa colaboración del Congreso de la República para darle piso legal al andamiage de la obra, especialmente en lo relativo a la creación de los fondos de pensiones y de fideicomisos, y al nuevo sistema de seguridad social.