Con verdadero alivio, esa es la forma más exacta de decirlo, escuché la lectura de los acuerdos alcanzados por la comisión tripartita que tuvo a cargo iniciar la reforma de la seguridad social en Venezuela. Alivio porque por fin, después de tantas comisiones de estudio y después de tantos meses, se presentó al público un documento concreto que parece contar con un considerable apoyo. Y porque esta vez, a diferencia de otros intentos anteriores que fallaron, el texto que leyó Teodoro Petkoff no es un adefesio jurídico sino un punto de partida constructivo para los cambios que hay que realizar. Más allá de los detalles específicos, más allá del mecanismo que se puso en práctica para reformar la normativa vigente, debemos reconocer que se ha dado un paso importante para salir de un punto muerto que afectaba profundamente la economía del país en su conjunto.

El sistema que hoy padecemos era absolutamente incapaz para proporcionar pensiones y jubilaciones dignas, para prestar atención en salud y para garantizar la meta que era precisamente su razón de ser: la seguridad del trabajador. Cuando en el país hay miles de jubilados que cobran 14.800 bolívares mensuales, cuando las prestaciones llegan, devaluadas, después de un atraso de años, cuando no es posible -de hecho- obtener atención gratuita en materia de salud, era obvio que se imponía un cambio radical y profundo. Las opiniones de quienes sostenían que se trataba simplemente de poner orden en el IVSS y de eliminar la corrupción no tomaban en cuenta el hecho fundamental de que el sistema fallaba desde su propia concepción: era un sistema de reparto, donde los aportes del trabajador se diluían en un fondo común siempre apetecido por el Estado y que no ganaba siquiera intereses cercanos a la inflación. En cuanto a la salud, el IVSS, con un criterio que predominaba hace 40 años, pero que hoy casi nadie acepta, asumía a la vez funciones de asegurador, de administrador de fondos y de prestador del servicio concreto de salud.

El acuerdo alcanzado subsana, de una vez, estas profundas fallas de base: Al establecer un sistema mixto permite, por lo menos, que se creen los fondos de capitalización individual que garantizarán un retiro digno para miles de trabajadores y que, de paso, favorecerán el incremento del ahorro interno del país y su crecimiento. Al separar la función aseguradora de la prestación de servicios médicos podrá ir restableciéndose, poco a poco, la cobertura en salud que tanto se necesita en el país.

Estos son los puntos más favorables del documento, lo mismo que el reconocimiento pleno de los derechos que, según la legislación vigente, tienen actualmente los trabajadores. Pero en este respecto, y en cuanto al futuro que podrán correr los nuevos fondos de capitalización, es preciso hacer una seria advertencia: no se ha concebido aún en el mundo ningún sistema de seguridad social que pueda ofrecer una protección a los trabajadores en condiciones de alta y persistente inflación . Si la aprobación de la ley se demora exageradamente o si el Gobierno deja escapar de control las variables macroeconómicas básicas, los trabajadores recibirán una cifra irrisoria como aporte para iniciar el nuevo sistema pues, en términos reales, se habrán devaluado fuertemente antes de que las pueda transferir.

Otro punto que llama la atención, y que proyecta una sombra preocupante, es el referido a las funciones que se asignan a la comisión tripartita en cuanto a definir, año a año, el salario mínimo. El mecanismo no me parece, a pesar de las afirmaciones del ministro Petkoff; ni democrático ni favorable a la marcha de una economía abierta y flexible. No es democrático porque resulta bastante dudosa la representantividad que, en el país real, tengan ciertas organizaciones a las cuales se les asignaría un poder desmedido; no me parece propicio para la creación de una economía abierta porque dejaría en manos de un organismo corporativo la fijación de una de las variables fundamentales de la economía. Pero el análisis de este tema, como comprenderá el lector, no se puede hacer en las escasas líneas de que ahora dispongo.

Baste por ello decir que se ha dado un primer paso, y bastante positivo, en la solución de un grave problema social que llevaba años sin ser encarado de una manera constructiva. Ojalá que el Congreso ahora, saliendo de su absoluta pasividad, encuentre la forma de poner en marcha los acuerdos.