Por fin salió humo blanco de la comisión tripartita que se había establecido para la revisión del problema de las prestaciones sociales, y de una manera más integral, del sistema de seguridad social vigente en Venezuela. Después de tantas y seguidas malas noticias que el país ha recibido en los últimos tiempos, es reconfortante y estimulante el anuncio de que empresarios, trabajadores y representantes del Gobierno finalmente se pusieron de acuerdo en un nuevo esquema que comprende pensiones, salud, paro forzoso, política habitacional, formación profesional y recreación. De todos estos aspectos fueron abordados los tres primeros de ellos, quedando pendientes los otros tres para futuras negociaciones.

Sin embargo, el aspecto más relevante en el corto plazo, ha sido el modo como se calculan las prestaciones sociales. Se ha mantenido el concepto jurídico de las prestaciones sociales y se ha reconocido que el sistema vigente había perdido su finalidad, tales como atender los requerimientos de salud, educación y vivienda, debido a los intensos cambios que se han producido en la economía venezolana en el transcurso de los últimos años. En efecto, el pavoroso proceso de empobrecimiento colectivo en el cual se encuentra sumida la población venezolana, producto de la incapacidad de la dirigencia, ha tenido en el aumento en el costo de la vida, y en el deterioro en el poder adquisitivo del salario del trabajador que la inflación produce, así como en el desempleo, sus causas fundamentales. Lo que uno no logra explicarse es cómo no se había producido antes el cambio del régimen de prestaciones sociales que estaba colapsado y que era absolutamente inconveniente para los trabajadores, para los jóvenes que todos los años se incorporan al mercado de trabajo, para los empresarios y para la propia economía nacional que no ha aprovechado la formidable palanca de desarrollo económico y social que ha podido ser el ahorro interno producido por un sistema moderno de fondos de pensiones.

Lamentablemente, por razones de cultura política y económica, es decir, de la mentalidad de buena parte de los venezolanos, las cosas en nuestro país no se entienden, y los problemas no se atacan y resuelven sino cuando hacen crisis y la situación se convierte en algo insostenible. Así pasó con el control de cambios y de precios que el Gobierno del presidente Caldera estableció en junio de 1994, la medida era un absurdo. Los controles no habían funcionado jamás, ni en nuestro país ni en ninguna otra parte del mundo, pero el país mayoritariamente aplaudió y apoyó la decisión de implantarlo, sólo que casi dos años más tarde, cuando la situación se tornó insoportable por su evidente fracaso, se dio marcha atrás y los controles se eliminaron. Pero no es sólo este caso. Lo ocurrido con Viasa y Aeropostal se ha podido evitar si las decisiones se hubieran tomado a tiempo y correctamente. Pero no se procedió así. Se le dio largas al asunto. Se pretendió estar bien con todo el mundo, y finalmente la inacción produjo el colapso de ambas aerolíneas y miles de trabajadores quedaron desempleados.

Con el sistema actual, y que ahora se anuncia su sustitución, ha pasado otro tanto. Hace siete años se viene discutiendo el asunto, por cuanto desde esa época existía el convencimiento que el sistema era ineficaz. La Cámara de Comercio de Caracas presentó una magnífica propuesta que planteaba la sustitución del sistema de prestaciones sociales, y su modalidad de cálculo retroactivo, por la creación de los fondos de pensiones, tal y como para esos tiempos ya había puesto en vigencia Chile con tan buenos resultados para todos, particularmente para los trabajadores. Lamentablemente, la empecinada oposición de algunos dirigentes sindicales impidió que se produjera el tan necesario cambio. No haber procedido con antelación ha significado un gran daño para los trabajadores. En una economía como la venezolana que ha transitado, durante los últimos diez años, por niveles de inflación superiores a 30%, el valor de las prestaciones sociales se ha reducido de una manera alarmante y se han pulverizado en los últimos tiempos. Para hacerlo simple y comprensible, cuando el presidente Caldera llegó al poder, al inicio de 1994, el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores al servicio del Estado se situaba en 20 millardos de dólares. Con la devaluación de la moneda, al pasar el dólar de 100 bolívares a 470 bolívares, las prestaciones se han reducido a menos de 5 millardos de dólares.

Otro tanto ha ocurrido con los trabajadores del sector privado. Vale la pena preguntarse ¿quién le responde a los trabajadores por la gigantesca pérdida que han tenido? ¿Es el Gobierno del presidente Caldera el responsable por haber devaluado la moneda y pulverizado el valor de las prestaciones sociales, o acaso es la dirigencia de la CTV, quienes durante años evitaron que se produjera un cambio en el sistema de cálculo de prestaciones sociales? ¿Se han percatado los trabajadores venezolanos de lo que ha ocurrido con el valor de sus ahorros?

Las respuestas son claras y se enmarcan dentro de la cultura del engaño. Nadie va a responder por ello. Ni el Gobierno de Caldera, ni la CTV. Tampoco los trabajadores se percataron de lo que ha sucedido. Ya entramos en la fiesta de la celebración. Ahora los héroes de la jornada son el presidente Caldera, quien dejó pasar tres años de su gobierno sin asumir sus responsabilidades, y los dirigentes de la CTV, quienes durante años tercamente se opusieron siquiera a la consideración del tema bajo el absurdo criterio que no iban a permitir que 'le arrebataran las prestaciones sociales a los trabajadores '. Aquí nadie paga por sus errores u omisiones. No se trata de pasar factura, ni tampoco de estar mirando hacia atrás. De lo que se trata es de aprender las lecciones. De evitar en el futuro la gerencia por crisis. De la necesidad de tomar decisiones sin que haya necesidad de esperar a que la situación colapse o estalle la conflictividad. Sólo así se evitarán los dolorosos costos que para la gente significa postergar las decisiones.

En todo caso el paso se ha dado y es positivo. Habrá ahora que establecer un cronograma para la aprobación de las reformas legales y la creación de los otros instrumentos que permitan modernizar efectivamente el sistema de previsión social. La creación de los fondos de pensiones es una de las más urgentes necesidades. Varios países los han establecido y otros, como Inglaterra por sólo mencionar el caso más reciente, se aprestan a hacerlo. Ojalá y efectivamente estemos entrando en el proceso de modernización del país. Lo del lunes pasado es sólo un paso, aunque realmente importante.

Faltan muchos otros. Si todos nos empeñamos en que los cambios se profundicen y tomen una dinámica adecuada las cosas empezarán a ser diferentes y el país será bastante distinto y mucho mejor al que actualmente tenemos.