Las políticas deben orientarse a meximizar el bienestar de los consumidores en virtud de que los consumidores constituimos el conjunto poblacional de mayor significación. La implementación de políticas promovedoras del libre comercio crean riqueza pero también la redistribuyen, lo que explica el que siempre existen personas que se oponen a la libertad para comerciar internacionalmente. Concretamente, el comercio internacional genera beneficios dispersos (a la gran masa de consumidores) y costos concentrados (a un grupito de productores). Estos costos se reflejan en una redistribución del ingreso a favor de los consumidores y en contra de los productores quienes se ven forzados a ser más eficientes, a bajar sus precios y en ocasiones a cerrar operaciones.

Uno de los argumentos que con más frecuencia se esgrimen para privilegiar al productor local es el de la necesidad de preservar fuentes de trabajo. Sin embargo, esta preservación de puestos de trabajo y de beneficios empresariales en gran parte es a expensas de los consumidores. Por ejemplo, las restricciones 'voluntarias' en los Estados Unidos a la importación de vehículos japoneses elevaron el precio de los automóviles japoneses y americanos en 1,500 y 600 dólares respectivamente. El costo total para el consumidor americano fue de 6,5 billones de dólares.

El favorecer a un subconjunto de la población en detrimento de la mayoría es una inmoralidad. Si la empresa es incapaz de sobrevivir en un ambiente competitivo debe clausurar y reasignar los recursos hacia actividades donde tengamos ventajas comparadas. Obviamente, el proceso es doloroso (costos concentrados) pero un mayor dolor experimentamos los consumidores cuando financiamos la incompetencia de algunas empresas.

Eventualmente, las importaciones se pagan con exportaciones. Cuando un país importa le proporciona medios de pagos (dólares) al país exportador para que éste a su vez pueda efectuar importaciones, las cuales serían nuestras exportaciones. En otras palabras, si nosotros restringimos nuestras importaciones le mermamos a nuestros socios comerciales su capacidad para realizar importaciones las cuales son nuestras exportaciones. Por ello, una restricción a nuestras importaciones conduce a una reducción de empleo en las industrias exportadoras y en la economía en general. El intercambio tanto doméstico como internacional implica un 'quid pro quo', (algo por algo). A mayor (menor) comercio, mayor (menor) bienestar y empleo.

Neoproteccionismo

Basado en estos principios deseo alertar a los consumidores sobre los peligros de la Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria. Este anteproyecto de ley presenta una serie de artículos muy cuestionables. Para no abusar del tiempo del lector voy a concentrarme en el artículo 6 el cual establece: 'La producción agrícola nacional tendrá prioridad en el abastecimiento del mercado interno. El Estado velará por el cumplimiento de esta disposición y por la transferencia y equidad en las operaciones correspondientes'.

Si el consumidor es el emperador y el productor su servidor, ¿por qué debemos otorgarle prioridad al productor nacional?. A los consumidores lo que nos interesa es satisfacer nuestras necesidades alimentarias al mejor precio ajustado por calidad. Privilegiar al productor nacional implicaría subsidios, (que todos los venezolanos pagamos), o restricciones a las importaciones ocasionándoles inmensos sacrificios a los consumidores. Así, los subsidios que reciben los agricultores de los países miembros de la OECD le costaron a sus consumidores 348,6 billones de dólares en el año 1994.

Se argumenta que la agricultura es una actividad 'especial' impactada adversamente por shocks originados en los caprichos de la naturaleza y la volatilidad de los mercados internacionales y por lo tanto necesita la 'ayuda' del Estado. No obstante, la experiencia estadounidense indica que las cosechas que han recibido menos subsidios (ayuda) como la del maíz y soya son las más exitosas en materia exportadora. Por el contrario, las que más ayuda gubernamental reciben como las del trigo y arroz son las que con mayor probabilidad se venden al gobierno a precios subsidiados o son objeto de 'dumping' en los mercados internacionales.

De modo que la lógica del mercado funciona tanto en la agricultura como en otras áreas de la economía. Desafortunadamente, a muchos de nuestros problemas en lugar de aplicar una lógica económica lo que se aplica es una lógica política. Para superar los problemas de la inestabilidad, ¿por qué no desarrollamos un mercado de futuros agrícolas, como se está haciendo en el área financiera, en lugar de infligirle más sufrimiento a los consumidores?

¿Seguridad alimentaria o seguridad de prebendas?

Todos deseamos la seguridad alimentaria. Algunos defensores de esta ley proponen que sea parte de la seguridad social, que sea un asunto de Estado. ¿Es el Estado el mejor garantizador de la existencia de alimentos en suficiente cantidad y a precios razonables? Esta pregunta debe ser respondida por nuestros desempleados que nunca recibieron seguro por desempleo, por nuestros pensionados que si reciben pensión alguna es irrisoria y por nuestros enfermos sin asistencia médica. ¿Queremos unos resultados similares en la agricultura? Observemos que la seguridad social mientras esté más despolitizada será más exitosa. Por ello el modelo chileno es el que más beneficios le confiere a sus trabajadores. ¿Por qué ha de ser la agricultura diferente?