Cabezal Política Interna
Revista Electrónica       Nº 14     Abril 1997
Política Interna
Venezuela a partir de 1989
Miriam Kornblith

La sociedad venezolana entró en una fase de profundos cambios a partir de 1989. Estos cambios, a su vez, han estado acompañados por eventos dramáticos como el estallido social de febrero de 1989; la puesta en marcha de sucesivos programas de ajuste desde 1989 en adelante; la ocurrencia de dos intentos de golpe de Estado en 1992; la destitución del Presidente de la República por cargos de malversación y peculado de fondos públicos; los altos niveles de abstención registrados en los procesos electorales ocurridos desde 1989. la crisis del sector financiero que recorrió los años 1994 y 1995; los inusitados niveles de inflación registrados en los últimos años.

Los cambios están ocurriendo de manera simultánea en los ámbitos económico, social y político, con profundas repercusiones en la estructura institucional del país, y en la definición de reglas de juego para todos los agentes sociales. Quizá la aceleración de los cambios, el dramatismo que los ha acompañado, la simultaneidad de las modificaciones, el ambiente de crisis política, de zozobra económica y de decaimiento del bienestar colectivo que hemos vivido a partir de 1989 han afectado la cabal comprensión de la profundidad y significación de tales transformaciones.

Transformaciones en el ámbito económico

A partir de 1989, con la famosa alocución presidencial del 16 de febrero, se inició un proceso de redefinición de los esquemas del funcionamiento económico de la sociedad venezolana. De allí en adelante, con variaciones poco significativas, hemos visto desfilar ante nosotros los diversos programas de ajuste económico: El gran viraje, el plan Corrales, el PERE, la Agenda Venezuela. En todos ellos han la intención de restablecer los desequilibrios macroeconómicos, como a generar modificaciones estructurales en la economía venezolana.

Temas y políticas novedosas para la Venezuela estatista, rentista y proteccionista se han convertido en el nuevo sentido común económico de los formuladores de política, de los políticos y del público en general: la reducción del tamaño del Estado, la importancia del sector privado, la competitividad, la orientación hacia el mercado. A partir de 1989, con idas y venidas más o menos significativas en algunos frentes, hemos observado iniciativas en torno a la desregulación de la economía, la apertura comercial, la apertura petrolera, la reforma tributaria, la privatización, la eliminación de los controles de cambio y de precios, la liberación de las tasas de interés. El país en general y los sectores con mayor beligerancia en el debate público acepta cada vez más con menos resistencia las decisiones y políticas en toro a estas cuestiones. Recuérdese las tensiones con las que se produjo la primera etapa de la privatización dela CANTV en 1991, o la acritud del debate parlamentario en torno a las primeras licitaciones para promover la explotación de campos petroleros marginales e 1992 y compárase con la relativa tranquilidad con la que políticas semejantes ocurren hoy en día en el país.

Dentro de todo este proceso quizá el de mayor significación en el corto, mediano y largo plazo es el de la apertura petrolera. Con el mismo se replantea de manera radical la relación del Estado y la sociedad con el negocio petrolero, se redefinen los compromisos fiscales de la industria con el Estado, se desbloquea la participación de capitales privados, locales e internacionales, en el negocio petrolero, y se reconceptualiza el papel del petróleo en el conjunto de la actividad económica nacional, y se sientan las bases para establecer un nuevo tipo de relación entre la sociedad venezolana y su petróleo: menos vergonzante, más productivista y más personalizada. En este nuevo esquema, en teoría, le corresponde al Estado un papel estratégico en la definición de principales líneas de acción, en la definición de la estructura de incentivos que debe orientar tanto la acción estatal como la del resto de los agentes económicos. No obstante, nos encontramos con un Estado debilitado financiera e institucionalmente, con escasas capacidades políticas e intelectuales. Esta pieza clave de la redefinición no sólo del rumbo económico del país, requiere de un apuntalamiento tan radical, como el cambio de giro de las políticas que del mismo se han ido derivando

Transformaciones en el ámbito social

También a partir de 1989 ha tenido lugar una significativa modificación en el rumbo de la política social y de las expectativas propias del desarrollo de la población en el país.

La idea del Estado benefactor y de la protección del ciudadano como valores absolutos de la acción estatal, y de la percepción de la misma por parte de los ciudadanos, por encima de consideraciones de eficacia o eficiencia económica por ejemplo, está siendo sustituida en los hechos La eliminación o reducción de buena parte de los subsidios indirectos y la puesta en marcha de un conjunto abigarrado de subsidios indirectos replantean significativamente tanto la concepción como en la práctica de las relaciones del Estado con los agentes sociales y de estos entre sí. La sinceración de los precios de los servicios públicos revela tanto la decepción frente a los pobres resultados del modelo anterior que sostenía las prácticas contrarias, como la entrada en escena de nuevos valores y restricciones en el momento de formular la política social, y conceptualizar las responsabilidad, deberes y derechos de los diferentes agentes que intervienen en la dinámica social. A lo anterior se le añade la redefinición del papel de los ingresos internos en el conjunto de los ingresos fiscales. La activación del ciudadano en cuanto contribuyente, que tiene una contrapartida en su mayor capacidad potencial de exigir una contraprestación en servicios equivalente a su aporte tributario, constituye una verdadera novedad en el país, luego de muchas décadas de "ausentismo fiscal" del ciudadano y de los agentes económicos locales.

Finalmente, la redefinición de los esquemas laborales y de la seguridad social constituye otro de los elementos más significativos en la modificación de las claves para la acción y conceptualización de los deberes, derechos y garantías de los ciudadanos. En teoría, se trata de establecer un mercado laboral menos protegido, pero más eficiente, donde las partes contratantes se enfrentan de manera más directa sin la mediación determinante del Estado.

Todas estas modificaciones han resultado en extremo dolorosas y controversiales. Se enfrentan con el rechazo de todos aquellos que, en lo inmediato, pierden sus beneficios reales o imaginarios. Importantes sectores de la población resienten en los hechos el desmejoramiento dramático de sus condiciones de vida, frente a lo cual la promesa de un porvenir mejor no pasa de ser un cínico recurso. Para los mediadores y gestores tradicionales de la acción estatal, los nuevos términos reducen su campo de influencia y limitan la eficacia del clientelismo bien aprendido. Es difícil captar la significación de los cambios en marcha en un ambiente de decaimiento socioeconómico, y más difícil aún deslindar causalmente a unos de otros. La rebelión de los asalariados, de los profesionales, de la clase media y de los dirigentes gremiales de cualquier signo es tal vez uno de las reacciones más gráficas, y esperables, frente al cambio de modelo.

La reforma política

A partir de 1989 también se dispararon las reformas en el ámbito político. Aquí se incluyen procesos en pleno desarrollo como la descentralización y la reforma electoral, y procesos en lenta incubación como la reforma constitucional y la reforma del poder judicial.

Con la aprobación de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, la Ley de Descentralización y las reformas de la Ley Orgánica del Sufragio y la Ley Orgánica del Régimen Municipal se puso en marcha un proceso complejo de cambio político e institucional en el país. El debate público estuvo saturado durante muchos años por las expectativas y promesas de las reformas en estos ámbitos.

En 1989 se eligieron el país por primera vez los gobernadores de los estados. En ese mismo año se reformaron las Leyes del Sufragio y la de Régimen Municipal con lo que se eligieron por primera a los alcaldes, separándose así las autoridades ejecutivas y las legislativas en el ámbito municipal, con lo que el municipio adquirió una personalidad política y administrativa mucho más definida. La reforma electoral de ese año consagró la elección nominal con listas abiertas para seleccionar a los concejales, con lo que se resquebrajó una de las piezas más fuertes de nuestro sistema electoral, como era la votación a través de listas cerradas.

La descentralización se inició en el país como un proceso fundamentalmente político, orientado a remover las bases de sustentación de los líderes tradicionales, generando nuevas oportunidades para el juego político y para el efectivo ejercicio del poder por parte de actores tradicionales y nuevos. Esta dimensión casi que exclusivamente política de la descentralización ha ido completándose, con dificultades, con las necesarias dimensiones administrativas y fiscales de la descentralización. Los forcejeos en torno a la transferencia de competencias desde el gobierno central hacia las entidades subnacionales, y las polémicas acerca de los esquemas fiscales y tributarios correspondientes a la nueva realidad de la consolidación de la descentralización son característicos de nuestro proceso sociopolítico actual En el plano electoral, la espita abierta por la reforma de 1989 dio lugar a un intenso procesos de experimentación electoral por el que todavía está atravesando la sociedad venezolana. La Ley del sufragio ha sido reformada en todos los años electorales desde 1989 (1992, 1993 y 1995) y está en ciernes una nueva reforma de la ley. A partir de 1992 se consagró un sistema mixto según el cual los miembros de los cuerpos colegiados se eligen mediante diferentes proporciones de voto uninominal y representación proporcional. Ello fue otro severo cuestionamiento a otro de los pilares con los que se habían diseñado nuestras instituciones electorales, cual es la preeminencia del principio de la representación proporcional.

La experimentación electoral tiene lecturas y consecuencias mixtas: por un lado refleja una saludable intención de actualización de las reglas, principios e instituciones electorales del país. Sin embargo, el proceso de cambio en esa esfera ha estado marcado por la improvisación, el oportunismo y la irresponsabilidad. Hoy en día, a pesar de que muchos de los cambios favorecen la diversificación de las opciones políticas y generan nuevas oportunidades tanto para el ciudadano como para agrupaciones y líderes no tradicionales, los resultados son decepcionantes. Espectáculos como los de la repetición reiterada de elecciones con resultados dudosos, con todas las contradicciones y presiones que las rodean, hacen mucho más daño que el que supuestamente esperan reparar. Estamos asistiendo al peligroso descrédito de las instituciones electorales, con consecuencias negativas para la legitimidad de la democracia y de sus instituciones fundamentales

La reforma constitucional también se intentó a partir de 1989 también, cuando fue designada una comisión especial para ese fin en el Congreso. La reforma constitucional adquirió resonancia y visibilidad pública durante el año 1992 y se la asoció con la búsqueda de salidas institucionales a la crisis planteada por los intentos de golpe de ese año y a la caída del piso político del presidente Pérez. No obstante el escaso éxito de los intentos de reforma, algunos de los temas que la justificaron en 1992 forman parte del nuevo saber común de la reforma institucional en Venezuela. Hoy se aceptan cuestiones como la inclusión de mecanismos de democracia directa como el referendo de diversos tipos (que está siendo considerada a propósito de la reforma de la Ley del Sufragio que actualmente se discute en el Congreso), la descentralización, la ruptura del monopolio partidista de la representación, la reforma del poder judicial.

La reforma de poder judicial ha adquirido una especial relevancia en el país. Evidencia nuestro dramático rezago institucional. Se han intentado modificaciones puntuales, como la creación de la figura de los jueces de Paz, la promoción del Código Orgánico de Procedimiento Penal, que sustituiría al sistema penal inquisitivo vigente, por uno basado en la acusación y en la oralidad. Están en marchas programas de modificación de la infraestructura física de la administración justicia y de humanización del sistema carcelario.

Si bien el norte general de la reforma del poder judicial no está claro, se trata de una esfera institucional sometida a un cuestionamiento severo, que recibe presiones por su actualización desde diversos frentes internos e internacionales. El debilitamiento del Congreso y de los partidos, los requisitos de la globalización, y la efectiva vigencia del Estado de Derecho demandan un mayor protagonismo del poder judicial en el país. No obstante, esa rama se encuentra en un situación de minusvalía, está recorrida por vicios y deformaciones internos, y es débil frente a las presiones de poderes exógenos. Cualquier intento de reforma institucional consistente pasa necesariamente por una reforma radical del sistema judicial vigente.

Un balance preliminar

Los cambios emprendidos y los que están incubándose no tienen necesariamente la misma orientación, si se relacionan entre sí de modos armónicos. Todo proceso social está cargado de tensiones y de múltiples posibilidades de lectura por parte de cada uno de los agentes que los vivencian.. Tampoco es deseable ni viable que una sociedad estructure de manera unívoca y monolítica su visión global y sus visiones y programas parciales. Ese es el sueño del totalitarismo, mas no el de una sociedad democrática y pluralista. No obstante, una importante dosis de consenso crítico y reflexivo se requiere para emprender con éxito el ambicioso programa reformista en el que, queriendo o sin querer, está embarcada la sociedad venezolana. Al tratar de reconocer algunas líneas comunes en estos diversos esfuerzos de transformación, se vislumbra el surgimiento de un nuevo grupo de reglas de juego institucionales, no necesariamente estructurado ni completo, que actúan en combinación y complementando las existentes, o en contradicción con las mismas.

Hoy en día se trata de limitar la injerencia de elementos que discrecionalmente moldean decisiones. Así se intenta desactivar el mecanismo partidocrático como procedimiento privilegiado para la toma de decisiones públicas de cualquier ámbito y envergadura. Se pretende sustituir la discrecionalidad del funcionario público y su debilidad frente a las presiones de agentes públicos o privados en la formulación de políticas económicas y sociales.

En el campo de los actores emergentes, hay iniciativas encaminadas a potenciar la participación ciudadana en materias que le conciernen, como la administración de justicia; la administración del proceso electoral. Se propone institucionalizar de mecanismos de democracia directa, para complementar (y a veces quebrantar) el esquema exclusivamente representativo de la democracia venezolana. Las reformas, en general, pretenden diversificar el número de actores que intervienen en la decisión, conducción y evaluación de las decisiones colectivas.

Como otra línea común. se trata de redimensionar el papel y del Estado, actores claves del modelo democrático implantado en 1958, para dar lugar a la participación más activa del sector privado, de las comunidades organizadas, de organizaciones no gubernamentales y del ciudadano común y corriente, en tanto votante, contribuyente, consumidor, usuario de servicios públicos, o sujeto de derechos.

La reflexión acerca de la necesidad del cambio de rumbo debe estar necesariamente acompañada con la reflexión acerca de los valores que esta nueva sociedad quiere alcanzar y que deben orientar su acción. También deben reconocerse los efectos negativos que la combinación entre prácticas y políticas viejas y la transición hacia nuevas prácticas y políticas genera: el desamparo económico y social de importantes porciones de la población; el desencanto con el liderazgo societal de viejo cuño; el legado de un Estado debilitado financiera e institucionalmente; organizaciones de representación de intereses sin capacidad de convocatoria, atrapadas en sus viejos esquemas de mediación.

Finalmente cualquier intento significativo de reforma social enfrenta la oposición de quienes, real o imaginariamente, se consideran beneficiarios del status quo. Esas son consideraciones que ni la ingenuidad tecnocrática, ni la prepotencia militar, ni el voluntarismo político pueden ignorar, a riesgo de enfrentarse, antes de lo esperado, con el fracaso de sus proyectos.

Los ritmos con los que se sustituyen las viejas organizaciones, recursos ideológicos y estilos de decisión no siempre acompañan las decisiones que, paradójicamente, se toman a partir de las iniciativas de esos viejos actores en combinación con los nuevos. Acompasar armónicamente todos estos elementos es una empresa que requiere creatividad, coraje y energías colectivas . Esos ingredientes o bien están presentes, o bien es necesario provocar su aparición. Facilitar el surgimiento de esas condiciones es una exigente tarea que tiene frente de sí la sociedad venezolana a pocos años del siglo XXI.


E-mail: mkornbli@iesa.edu.ve
Tel 582-521533/521660
Fax 582-524247
Anuncio
Bitácora Analítica Bancaria Venezuela en Números Analítica Bancaria