Un encendido debate ha incentivado en la opinión nacional, el proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria que será consignado por el Ejecutivo Nacional a la consideración de las próximas deliberaciones parlamentarias. El texto legal propuesto no podía ser mejor o peor que las deliberaciones por él suscitadas, plagada de posiciones extremas, evidentemente polarizadas por los intereses en juego.

Si de alguna objeción destacable adolecen los términos de la confrontación en cierne, digámoslo con franqueza, es el de haber arrinconado sus contendores los recíprocos cuestionamientos, contra la trivial simplicidad de las posiciones ideológicas más extremas. Como devotos y arrodillados ayatolas, ambos sectores, frente a los sacrosantos altares de sus respectivos credos, defiende cada uno fervorosamente la posición recíproca más disímil con la otra, ventiladas todas en la esfera cerrada de los intereses representados en las alianzas surgidas por la más agria confrontación. Se descuidan así los intereses del país comprometidos en un tema difícil y complejo, que va más allá de las escuetas posiciones de una lucha de intereses sectoriales.

Los ultra-radicales del neoliberalismo, aspirantes a desplazar al Estado de toda ingerencia o arbitraje en dirimir las posiciones encontradas y a imponer, a nuestro juicio precipitada y desprevenidamente, sin precaución alguna, el abandono de la agricultura a la suerte de la indefensión frente a las ostensibles imperfecciones imperantes en las estructuras del mercado nacional. Pretenden con apasionado enceguecimiento, acorazar y resguardar a sus industrias, de las recurrentes y consabidas imperfecciones inducidas por las regulaciones y controles estatales de las fuerzas del mercado. Estas desviaciones del intervencionismo —con una larga y ostensible tradición de maléficos y perniciosos antecedentes en el devenir económico nacional— son para ellos más visibles, más peligrosas que las que se derivan de las imperfecciones de un mercado típicamente oligopolizado.

El reverso de la misma moneda, el proteccionismo a ultranza llevado a los extremos del más enfurecido nacionalismo, recogido en la idea ambigua de la soberanía alimentaria estampada en el proyecto, definen la posición de los ayatolismos del agro venezolano. La idea de la autonomía soberana, un concepto proveniente de los predios de la teoría política y del desarrollo formativo del estado moderno, no tiene cabida ni trascendencia alguna en el mundo peculiar de la economía y de las transacciones internacionales.

En el ámbito de la producción y la provisión de bienes y servicios para una humanidad siempre hambrienta por la inevitable adversidad de las carencias de recursos, nunca infinitamente disponibles, no ha existido ni podrá existir jamás, en el potencial de ninguna nación o un país soberano e independiente. Trasladar a los territorios de la ciencia económica, la noción de soberanía política, consustancial a la formación misma del concepto de nación y del estado que la rige, entraña un contrasentido y un absurdo conceptual inexcusable. No olvidemos que la economía es antes que nada, la disciplina científica que analiza y estudia la creación, promoción y distribución racional de bienes y recursos fatalmente escasos. Es por antonomasia la ciencia para dirimir las complejidades materiales derivadas de la escasez.

No se olvide que la sociedad económica dotada de mayores poderes de toda índole para defender la inviolabilidad de su soberanía política, no se le ha ocurrido ni lo osará nunca, aspirar a detentar y menos aún defender la imposibilidad de una soberanía económica. Aquella República Imperial como la tituló Raymond Aaron, en los tiempos más conflictivos de la guerra fría, no pocas de sus inmensas necesidades de trigo y arroz, entre otros bienes comestibles, procedían sin poder evitarlo de las importaciones ofrecidas por sus enemigos más irreconciliables: de la antigua Unión Soviética, de sus satélites del Este y de la China, nada menos ni nada más, que aquella comandada por la autoridad despótica de Mao Tse Tung. ¿Cual sería la suerte infortunada y catastrófica del Japón, sin disponer en suelo propio de un gramo de acero, decretar en una ley su soberanía industrial más absoluta.?. De modo, pues, que si alguna idea debiera extinguirse del texto del proyecto, es éste de la soberanía alimentaria, por impertinente, por inconsistente con la realidad y por algo peor aún, no tener la más mínima relevancia concreta, salvo aquella de exhibir con ella, un desconocimiento craso en los asuntos económicos, de aquellos desprevenidos proyectistas empeñados en estamparla en el texto de la propuesta legal.

Si alguna advertencia estamos obligados a formular, por otra parte, a los patrocinadores de una apertura súbita e indiscriminada del mercado nacional del consumo alimentario es que el relajamiento de los mercados y el concomitante achatamiento y comprensión inminente del Estado, necesita antes que nada, de adecuadas estructuras competitivas que no se pueden crear ni improvisar de la noche a la mañana. Pero, por encima de todo, implican el costo de un tiempo largo de experiencias y exploraciones fecundas. Así como no puede haber un almuerzo gratis, tampoco puede crearse la operación de un mercado gratis. Su formación supone sacrificios de costos económicos y sociales inevitables. Ellos parecen ineludibles después que ocurrió en Venezuela, una larga trayectoria histórica de intervencionismos indiscriminados, en una sociedad que padeció durante más de 30 años las garantías económicas suspendidas, un hecho por sí sólo capaz de haberla constituido en la más sovietizada sociedad económica de América Latina. Nos está ocurriendo lo mismo que a los países del este europeo: no podemos súbitamente improvisar y construir el escenario eficaz donde puedan crearse y ponerse en el libre y eficaz funcionamiento, la activa presencia de los mercados económicos.

Si algo es detectable en la estructura de los mercados nacionales de rubros agrícolas, es la conformación oligopólica extremadamente concentrada y dominante en la esfera de la demanda de esos productos. Y esa estructura gerenciada por el acuerdo fácil de unos pocos, es una hija dilecta del proteccionismo que durante 40 años se le dio a nuestra industria infantil, hoy afortunadamente fortalecida de un potencial productivo y de una capacidad financiera de dimensiones suficientes para estar en la posibilidad enfrentar los embates, desafíos y peligros de una eventual competencia internacional.

Es también válido señalar otra realidad. No existe un precio único de referencia en el mercado externo de ningún producto agrícola. Existen varios mercados para cada uno de las commodities transadas en el escenario internacional. Sus cotizaciones van desde aquellas que publican las noticias diarias de la información financiera internacional, hasta las compras en los mercados excedentarios, a precios irrisorios, para algunos productos, durante ciertas épocas del año. Ahora bien, ¿Cuál agroindustria o quién que haya adquirido unas toneladas de un rubro determinado a precios de dumping en el mercado externo, va a trasladar esos valores y beneficios productivos en obsequio del consumidor ?. Si para eso sólo sirve el mercado abierto, serán los propios animadores del sistema quienes harán que, como tantas veces ha ocurrido en el pasado, ellos fracasen y decepcionen a las políticas de apertura en el futuro.

Los argumentos del aperturismo en beneficio de la conveniencia en la discrecionalidad de los mercados, se asienta en los provechos que para la agricultura, conlleva el derrumbe de los obstáculos al comercio externo y a la fijación arbitraria de la tasa de cambio. Frente a estos argumentos expresados así, ellos constituyen una verdad, perturbada por la propia mentira que lleva implícita. Esa verdad pierde toda autoridad cuando en los hechos, lo que se busca en efecto es corregir los precios aisladamente y no dejar que las acciones del mercado los ajusten por la fuerza del arbitraje permitido por la demanda y la oferta de los productos.

La discrecionalidad de los mercados para hacer regresar los precios a donde la ingerencia estatal no llega ni ejerce influencia alguna, se justifica menos, por supuesto, en el caso de la agricultura donde su producción, en el corto plazo, es inelástica al precio. Esa estrategia para contraer los precios de la agroindustria se explica con más débiles razones cuando ellas no las acompaña el propósito de eliminar las barreras artificiales, asignación de cuotas, por ejemplo, y otros estímulos en forma de subsidios. Pero sobre todo cuando al mercado —una circunstancia agravada por las condiciones oligopólicas imperantes en la agroindustria— se le despoja de la posibilidad de determinar la paridad cambiaria que tan definitivamente afecta al intercambio comercial externo de bienes y servicios.

No podemos olvidar que en Venezuela no existe una libertad de los mercados en la fijación del tipo de cambio, el cual permanece sobrevaluado cuando se ancla en una paridad para defendernos de la inflación desencadenada por un gasto fiscal excesivo e incontrolado. Convertir artificialmente, con el arbitrio del anclamiento de su paridad cambiaria, al mercado nacional en el paraíso de los importadores, después que ellos fueron amparados por un proteccionismo exacerbado durante varias décadas, no significaría otra realidad, bajo el imperio de esas peculiares condiciones monetarias, fiscales y cambiarias, que reinvindicar para esos mismos privilegiados, otra vez y en diferente versión, el más ventajoso y desigual de los proteccionismos que ellos hoy niega y condenan para otras gestiones productivas.

Y algo que no podemos dejar pasar por alto. Se ha dicho y repetido hasta la saciedad que la agricultura venezolana tiene un siglo de proteccionismo y no ha podido, dentro de tan envidiables y ventajosas circunstancias, aún desarrollarse. Pues, señores, ninguna aseveración es más falsa ni tan desamparada de toda veracidad eficaz que la respalde. Es cierto que la agricultura se le otorgaron, en acciones compulsivas para la banca, créditos con intereses privilegiados; es cierto que se le subsidió por un largo tiempo la adquisición de algunos de sus insumos; es cierto que una paridad cambiaria superrevaluada le permitía tractorizar y adquirir bienes de capital para la explotación productiva del campo a precios de importación relativamente bajos. Es cierto que por varias décadas se le exoneró del pago de impuesto sobre las renta.

Pero todo aquel cuadro de cínico respaldo y fraudulenta solidaridad se desplomaba, cuando los precios a los cuales se le permitía vender sus productos al mercado nacional —porque prohibida también estaban la exportaciones cuando las necesidades nacionales no estaban satisfechas— permanecía por varias décadas, severamente controlado a niveles miserables. Aquello que el gobierno entregaba con la generosidad dispendiosa de la mano derecha, lo quitaba con la avaricia lujuriosa y demagógica de la mano izquierda. Tan exiguos precios autorizados por el Estado para la venta de los rubros agrícolas, no compensaban ni lejanamente, las exigencias financieras para cubrir los intereses privilegiados, para adquirir fertilizantes subsidiados, para importar bienes de capital a una tasa cambiaria artificialmente baja, que por cierto, en más de una ocasión permitía a la demagogia política importar rubros baratos en el mercado internacional, cuando temporal e insólitamente, ellos alcanzaban un precio rentable en el mercado interno. Para el engaño de incautos agricultores, servía aquel cínico y populista expediente de exonerar de impuestos a un negocio que fatalmente, todos los años, perdía, se descapitalizaba y se condenaba a la ruina irrevocable. Los gobiernos populistas por muchos años, mantuvieron una baja inflación en los alimentos, en parte en absoluto insustancial, al precio de la ruina de los agricultores.

Una remembranza personal ilustra esta dramática aseveración. Nuestros abuelos y nuestros padres caroreños vendieron el litro de leche a casi 95 céntimos en los años 50. Ese precio remunerador con capacidad de adquirir cuatro kilos de alimentos, explica la inusistada prosperidad de esa región larense para aquellos tiempos estelares. En 1972, tres décadas más tarde, el gobierno demagógico y populista de entonces, lo fijó a 90 céntimos, apenas suficiente para adquirir medio kilo de alimentos para las vacas que la producían. ¿ Para qué intereses bajos, para qué subsidios, para qué tasa de cambio subsidiada, para qué aquella cínica exoneración de impuestos, si al poco tiempo la poderosa y legendaria ganadería caroreña, perseguida entonces por las invasiones auxiliadas por el gobierno y las expropiaciones pagadas con bonos sin valor alguno —los secuestradores oficiales de aquella época— símbolos cabales del desaliento a la inversión, debió pronto y para siempre clausurar sus operaciones ?. En apenas cinco años, destruimos aquel admirable esfuerzo de la ciencia genética y el trabajo infatigable de varias generaciones.

Pero si de algún auxilio se ha privado a la agricultura venezolana, es de recursos bien gerencias en el campo de la investigación agrícola, para mejorar y diversificar variedades que nos pongan a la altura competitiva de los países agrícolas del mundo. Hemos dedicado cuantiosos recursos a la investigación agrícola entregado a una burocracia estatal tan incompetente como ineficaz. Nada útil y apreciable ha resultado de ese esfuerzo financiero. Las variedades de los rubros agrícolas entre nosotros rezagados, resulta en buena parte, secuela desgraciada, imputable a las frustraciones de una investigación agrícola estatizada, sin estímulos ni incentivos para obtener un resultado concreto, útil y aprovechable por el negocio del campo.

Debo finalizar por el agotamiento del espacio y, presumo también, que el de la paciencia de mis lectores. Con la venia de su indulgencia, sin embargo, no podría concluir sin dejar constancia del respaldo incondicional que a una apertura comercial paulatina, prudente, impulsada sin prejuicios ni arrebatos y formulada después de consultar las múltiples variables comprometidas en un proceso extremadamente complejo que no puede resumirse en un escueto predicamento de la sabiduría y las excelencias de uno de los principios más antiguos y divulgados por la ciencia económica, aquel que nos resume la conveniencias para el desarrollo económico compartido: el de la optimización de las ventajas comparativas de las diferentes naciones del mundo.

No pretendamos emprender en el breve lapso de unos años, la azarosa empresa de aproximación económica que a los países de la Comunidad Europea le ha consumido varias décadas de estudios, meditaciones, precauciones e inteligentes providencias en resguardo y la seguridad de la prosperidad agrícola de cada uno de los miembros que la integran. Actuar con cautela, con mesura y con dominio disciplinado de las posiciones extremas del ayatolismo más irracional, podrían resumir la modesta contribución que por ahora mis sugerencias pueden aportar a la discusión de un asunto enrevesado y complejo, afectado por muchas variables económicas y por no pocas resonancias de orden político y social.