Quede realmente estupefacto por las declaraciones de algunos miembros del Congreso Nacional que plantean la necesidad de cobrar un impuesto de guerra para sufragar las armas que se requieren para combatir la narcoguerrilla colombiana. Con la noticia de nuevos impuestos de guerra, sentí, al igual que cuando se nos impuso autoritariamente la Agenda Venezuela (hoy sinónimo de devaluación, impuestos, aumentos en las tarifas de los servicios públicos y empobrecimiento colectivo a cambio de nada), que otra vez se nos coerciona mentalmente para que los venezolanos volvamos a financiar lo que se supone que ya hemos venido financiado en el pasado: el armamento militar.

¿Cuándo nuestros congresistas promotores de nuevos impuestos de guerra comenzarán a analizar qué

se ha hecho con los inmensos presupuestos militares otorgados durante todos los años de democracia? ¿Por qué? estos congristas antes de plantear nuevos impuestos no evalúan también qué se ha hecho con los impuestos del paro forzoso, del seguro social, de la ley habitacional, el ISLR, los ingresos petroleros y con los aumentos en las tarifas de los servicios públicos? Sería bien importante para el país ver que algunos de sus dirigentes políticos poseen aún espíritu de enmienda. Yo pienso que el país en lugar de seguir siendo obligado a cancelar las facturas por todo el dinero de despilfarros que cometen nuestros gobernantes sabría agradecer que estos mismos congresistas que proponen un impuesto de guerra (algunas personas verdaderamente honorables) más bien explicaran los errores del pasado y propusieran nuevos mecanismos para hacer más productivo el gasto fiscal de hoy.

Los congresistas que quieren imponer un nuevo impuesto de guerra parecen caer en la misma trampa conceptual en la que nos hundió la Agenda Venezuela. Me explico. En abril de 1996, para transformar la economía venezolana y promover un mejor nivel de vida para sus ciudadanos el gobierno del presidente Caldera quiso engañar a la población hacié ndola creer que hacía falta sacrificar el poder adquisitivo del venezolano (devaluando, aumentando los impuestos, subiendo los precios de todos los servicios públicos, etce tera) para eliminar los subsidios que hacían que la economía venezolana fuera altamente ineficiente.

Sin embargo, la realidad era todo lo contrario. En abril de 1996, las reformas que se imponían a la economía venezolana eran las de aumentarles el poder adquisitivo a los venezolanos: racionalizando el gasto fiscal, estimulando el espíritu creador convirtié ndolos en verdaderos accionistas de todas las empresas del Estado, canalizando hacia los usuarios y no hacia los gremios el cuantioso gasto en educación y salud, aumentando la competencia en la prestación de servicios públicos y reformando el financiamiento de los partidos políticos para que sean menos monopólicos en sus estructuras de poder.

Sin embargo, como ya sabemos, la Agenda Venezuela más bien prefirió esconder la realidad. Quiso hacer creer que el empobrecimiento del país se debía a los subsidios que el Estado en el pasado había entregado a la sociedad, cuando en realidad se les entregó a los gremios parapolíticos. Nunca quisieron los promotores de la Agenda Venezuela desenmascarar que el ajuste económico iba orientado a seguir subsidiando estos poderosos grupos gremiales, que ya se encontraban indigestados tras haberse apoderado de tantos activos e instituciones del Estado que no sabían cómo ponerlos a producir. La devaluación y los impuestos de la Agenda Venezuela no iban dirigidos a sanear las instituciones públicas corruptas sino más bien a sostenerlas con toda su improductividad intacta y a costa del empobrecimiento del resto del país.

Ahora, una vez más, cuando el Estado venezolano requiere recursos para defender las fronteras, algunos dirigentes del Congreso en lugar de pensar en cómo racionalizar el gasto fiscal, prefieren tomar el camino fácil y exigir más impuestos a la colectividad. Ya los venezolanos hemos pagados bastantes impuestos, bájates de la mula, matracas, vacunas, peajes y, además, hemos entregado las riquezas mineras, petroleras y de toda índole a nuestros políticos. Tal vez, el único impuesto que los venezolanos todavía no hemos pagado es un impuesto para que nuestros malos gobernantes nos dejen trabajar en paz. Esto sería un verdadero impuesto para la paz. Un impuesto dirigido a financiar nuevos líderes. Los venezolanos deberíamos pensar en crear un impuesto que sirva para otorgarles una vida digna a aquellos otros líderes que quieran competir y desplazar a los bien apoltronados e improductivos líderes del pasado. Hoy, las nuevas ideas y mejores hombres no tienen petróleo y un Estado que los financien. Es necesario un impuesto que remunere a aquellos que esté n dispuestos a ser un poco menos codiciosos y piensen en lo que pudiera llegar a ser nuestro país. Un impuesto que financie a personas que propongan nuevas soluciones a la agobiante pobreza que nos hunde. Ese sería el mejor de los impuestos: un impuesto para la paz, un impuesto que se imponga a la codicia de nuestros dirigentes.

El Universal, 22 de abril, 1997