Desde fines del año pasado Venezuela soporta una seguidilla de huelgas que han configurado un clima de intranquilidad social persistente, negativo sin duda para la recuperación económica del país. No casualmente el mercado de capitales muestra una crónica debilidad que ni siquiera los anuncios más optimistas logra superar en estos días. Lo inquietante de la situacion es que las huelgas obedecen a dos factores, uno de fondo y otro más coyuntural, que ponen en serio peligro la misma viabilidad de la tan comentada Agenda Venezuela.

El factor de fondo, que el equipo económico parece no haber considerado en absoluto, se refiere al nivel en el que se sitúan los salarios reales. Es preciso recordar que, antes de las reformas económicas de hace un año, el Gobierno mantenía un control de cambios que situaba la paridad de la moneda en una cifra por completo artificial. Al liberarse el tipo de cambio, la inflación, como todos sabemos, se disparó: tuvimos la más alta cifra en toda la historia de Venezuela, un escalofriante 103% en 1996. A diferencia de lo que ocurría en otras economías latinoamericanas que sufrieron de fuertes inflaciones, en Venezuela nunca se concretó afortunadamente un sistema de indexación de los salarios y estos quedaron totalmetne rezagados, perdiendo una parte muy considerable de su valor real. El empobrecimiento que esto significa no escapa a ningún lector, por menos versado que sea en economía: sólo un grupo muy reducido de asalariados los del extremo superior de la pirámide tienen hoy ingresos aproximados a los que tenían a fines de 1995.

El Gobierno sabe, naturalmente, que el éxito de su política económica depende decisivamente del control de la inflación, por lo que ha tratado, entre otras cosas, de reducir el gasto público. Pero no lo ha hecho reestructurando el Estado, reduciendo el número de empleados públicos ni eliminando gastos superfluos, sino simplemente resistiendo las presiones salariales del millón largo de empleados que están directa o indirectamente a su servicio. Y esto, teniendo en cuenta la disminución del salario real, sencillamente no ha resultado viable. Pensar que médicos, empleados públicos, profesores o profesionales pudieran conformarse con tan abrupta depreciación ha resultado una ilusión, una más de las que tan frecuentemente conciben nuestros gobernantes. Por eso ha tenido que ceder, aceptando modificar sus fantásticas metas inflacionarias para 1997 y asumiendo un valor que cada día se hace mayor: la inflación no puede detenerse en cualquier punto, no es posible hacerlo políticamente con cualquier nivel posible de salarios reales.

Aquí entra a complicar las cosas, desgraciadamente, un segundo elemento, el que definíamos al comienzo de este artículo como más coyuntural. Se trata, simplemente, de la reticencia a pagar. Ya hemos visto repetidas veces que diversos ministros del Gabinete llegan a acuerdos con sindicatos o gremios pero que después los acuerdos no se llevan a la práctica en el tiempo previsto o no se ejecutan de la manera pactada. Esto provoca, como es comprensible, una mayor propensión a la conflictividad, un agravamiento de la tensión y un clima que enrarece nuevas negociaciones. Ejemplos de esto son la actual situación de los empleados públicos, que han visto cómo se interpretaba caprichosamente el aumento salarial acordado hace poco, lo cual ha precipitado nuevas huelgas, y la falta de pago a las universidades que, con huelga o sin huelga, no habían recibido a comienzos de este año las sumas acordadas con el propio ministro a finales de 1996. Una situación aún peor es la del IVIC, pues este instituto, que no hizo huelgas ni estaba en situación de conflicto, no había recibido hasta abril ni un solo bolívar del presupueso de este año.

¿Por qué el Gobierno no cumple lo acordado, y se tardan o complican innecesariamente situaciones que parecen ya resueltas? ¿Se trata de desacuerdos entre miembros del tren Ejecutivo que salen a relucir de modo tan poco auspicioso? ¿Se trata de lentitud en los procedimientos, de impericia en el manejo de las cuentas públicas o, en fin, de una profunda desidia que no toma en cuenta el clima de conflictividad que contribuye a crear? ¿O es que Matos Azócar y Petkoff han encontrado en la renuencia a pagar un nuevo remedio contra la inflación, del cual no encontramos antecedentes en la bibliografía consultada?

Resulta obvio que esta manera de actuar no contribuye en nada a modificar el comportamiento de las variables macroeconómicas pero que sí, en cambio, alienta un clima de desconfianza sobre el que no se puede construir nada estable. Los responsables de la economía debieran pensar en el grave daño que hacen al país profundizando el descontento de una población que cada vez cree menos en ellos.

El Universal, jueves 24 de abril, 1997

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