El doctor Caldera ganó las elecciones de 1993 mintiéndole a la gente. Es bastante difícil que él desconociera la situación del país como para haber formulado la propuesta electoral que hizo. No fue ético, políticamente, prometer que no iba a aumentar la gasolina. Que iba a eliminar el IVA. Que no establecería el control de cambio, ni el de precios. Tampoco que no devaluaría la moneda. Ni que detendría la hemorragia de privatizaciones. Ni mucho menos llamar a su programa de gobierno: "Mi carta de intención con el pueblo de Venezuela", en clara referencia a la carta de intención con el fondo Monetario Internacional, firmada por el presidente Carlos Andrés Pérez.

Pero sí es políticamente ético recordárselo al pueblo venezolano con la esperanza que ello sirva para que comience a aprender y no se deje engañar, aunque después se arrepienta y decepcione.

Si alguna enseñanza debe sacar el pueblo venezolano de la campaña de 1993 es aprender a no dejarse engañar, ni manipular. Tampoco de hacerse ilusiones y pensar que las cosas en el país se arreglan con soluciones mesiánicas, ni mucho menos mágicas.

Ojalá y la lección se haya aprendido. Sólo así se iniciará el tan necesario cambio de mentalidad que necesitamos tener los venezolanos para comenzar, de verdad, a superar la crisis e iniciar el tránsito hacia un país bastante distinto y mucho mejor al que tenemos.

Lo anterior viene al caso cuando se cumple el primer año de la aplicación de la Agenda Venezuela o, en otros términos, de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que firmó el Gobierno del presidente Caldera o, mucho mejor aún, de la puesta en práctica del paquete chileno que ha resultado ser la política económica adelantada por el gobierno del presidente Rafael Caldera.

Los altos funcionarios del Gobierno se han hecho lenguas hablándonos de los espectaculares resultados obtenidos con la aplicación de la Agenda Venezuela durante su primer año de vigencia pero, realmente, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos? No debemos olvidar que el Gobierno ha hecho lo que estaba de "bola a bola", para utilizar una expresión popular. Aumentó la gasolina y solicitó, y obtuvo, de sus adeptos en el Congreso la aprobación de aumentar el impuesto al mayor y al consumo suntuario de 12,5% a 16,5%. No conforme con esto, devaluó groseramente la moneda y situó la paridad del dólar a casi 480 bolívares. También corrió con la suerte que a Saddam Husein se le ocurrió atacar a los kurdos, haciendo que los precios del petróleo aumentaran sensiblemente, siendo los ingresos de divisas más de tres mil quinientos millones de dólares superiores a lo estimado, lo cual hizo que el ingreso se situara en 1996 en 18.300 millones de dólares.

No hizo el Gobierno nada espectacular para que las reservas internacionales se situaran por arriba de los 15 mil millones de dólares. El país vuelve a tener la "botija llena", para utilizar lo dicho por el inefable Presidente que fue engañado, según su propia expresión, por la banca internacional. Pero ¿cuál ha sido el efecto que sobre la gente, que es al final de cuentas lo que importa, ha tenido la aplicación de la Agenda Venezuela? Sin duda que más empobrecimiento. En 1996 la inflación alcanzó el récord histórico de 103%. Nunca la familia venezolana había sido más golpeada que durante el gobierno del presidente Caldera. El costo de la vida aumenta sin cesar y a la gente no le alcanza lo que gana, si es que están trabajando, para adquirir los alimentos de la cesta básica. El salario del trabajador ha sido pulverizado. Para ironía de la vida, quien se ha encargado de adelantar dicha tarea ha sido el Gobierno presidido por el doctor Rafael Caldera, quien siempre se ha preciado de ser un gran defensor de la clase trabajadora. Hoy los trabajadores son más pobres que cuando el presidente Caldera llegó al poder. También la clase media se ha empobrecido brutalmente.

Pero además del aumento en el costo de la vida, las cifras de desempleo continúan alarmantemente altas. El 11% del cual habla el Gobierno debe estar duplicado por la realidad. La economía, salvo el sector petrolero, no creció en 1996. Los sectores altamente empleadores como lo son el de la construcción y el agropecuario se encuentran, el primero paralizado y el segundo al borde del colapso. La desconfianza continúa vigente. Los inversionistas no encuentran un Presidente que actúa por convicción sino "forzado por las circunstancias".

Si el Gobierno no actúa en el frente de los cambios y reformas estructurales la situación empeorará. Las posibilidades de nuevos impuestos, aumento de los combustibles y nuevas devaluaciones de la moneda son remotas, a menos que se quiera seguirle cargando la mano a la familia venezolana y empobrecerla más aún.

Lamentablemente, la incapacidad del Gobierno hace que no se avance en los cambios estructurales. La reestructuración y el redimensionamiento del Estado están estancados. La burocracia se mantiene a elevados niveles. No ha habido la formulación de un plan que permita iniciar la reducción gradual de la nómina de funcionarios públicos, empezando por los miles que cobran sin trabajar y que responden al interés del clientelismo político.

Lo de la privatización de las empresas del Estado lo que produce es pena ajena. Se anunció, y prometió, que durante 1996 se procedería a la privatización de las empresas básicas de Guayana. La incapacidad del Gobierno, aunado a la tolerancia de intereses políticos sindicales y económicos, ha enredado el proceso. Existe un clima enrarecido que podría dificultar la conclusión del proceso. Mientras tanto, las empresas continúan perdiendo cifras astronómicas y los eventuales inversionistas se enfrían cada día más. Como el calendario del Gobierno es de goma, ahora prometen que las empresas del aluminio serán privatizadas durante el primer semestre de este año. Ojalá y se logre adelantar el proceso antes de fines de año. Si esto no sucede la situación tenderá a empeorar y el deterioro económico será cada día peor.

Tampoco se ha logrado algún avance en la reforma del Poder Juducial. La administración de justicia en Venezuela constituye una de las grandes rémoras y uno de los elementos que crean mayor desconfianza para los inversionistas y que acogotan al venezolano común. Es inaceptable, aunque comprensible dadas las limitaciones del presidente Caldera en materia económica, que se haya dado tantos tumbos en esa materia. Pero lo que sí resulta inexplicable es que el Gobierno de un jurista como el presidente Caldera no haya logrado impulsar la reforma del Poder Judicial para contar con una administración de justicia confiable.

En fin, pocos son los logros de fondo alcanzados por el Gobierno.

Los cacareados acuerdos de la comisión tripartita crearon una expectativa muy distante de la realidad. A estas alturas el Gobierno sólo ha introducido al Congreso la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, pero lo más importante, que es el instrumento legal que permita la creación de los fondos de pensiones, continúa sin aparecer. Mientras tanto, el salario mínimo del trabajador no le permite comprar la cesta básica de alimentos y la situación empeora cada día más.

Las expectativas para 1997 no son nada buenas. Los pronósticos sobre niveles de inflación son permanentemente ajustados hacia arriba. Si no alcanza cotas más altas es porque el consumo ha bajado sensiblemente al deteriorarse, cada vez más, el poder adquisitivo del salario.

Ojalá y en 1997, el último año del Gobierno para efectos prácticos, se avance en los cambios estructurales de la economía y de las instituciones. En todo caso, como decía un "slogan" político de hace unos años: "menos mal que falta menos".

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El Universal, jueves 24 de abril, 1997