Cabezal Política Exterior
Revista Electrónica       Nº 15     Mayo 1997
Política Externa
El nuevo espacio político...Y el desprestigio de la política

Elsa Cardozo de Da Silva*

Una de las muchas paradojas del proceso de globalización —y a mi modo de ver la más relevante— es que mientras el ámbito de lo político se está haciendo más amplio y más importante, la actividad política y las instituciones fundamentales que están asociadas a ella se han desacreditado aceleradamente; cosa especialmente cierta en los países de menor desarrollo político y económico, aunque no exclusiva de éstos, y que además se manifiesta en instituciones internacionales.

Es el caso que no hay estudio reciente del proceso de globalización y de su impacto e implicaciones para Latinoamérica —y para las otras regiones menos desarrolladas del mundo— que no comience por revisar críticamente las severas limitaciones de las interpretaciones que han predominado en los últimos años sobre los cambios mundiales.

Tanto las visiones que privilegiaron el cambio en el paradigma tecnológico y productivo, como las que dieron primacía a las transformaciones geopolíticas de la postguerra fría, resultan insuficientes para entender y —especialmente— para generar respuestas desde este lado del mundo, donde estamos bastante lejos de ver consolidados un orden político democrático y un sistema económico que provea crecimiento y bienestar. Venezuela es en todo esto un buen ejemplo y caso de estudio a tener en mente a lo largo de estas reflexiones.

La revalorización de lo político.

Para empezar, hay cada vez más acuerdo respecto al carácter fundamentalmente político de los obstáculos encontrados en el proceso de estabilización macroeconómica y de reformas institucionales — iniciado en el caso venezolano en 1989, suspendido tras las crisis políticas de 1992 y 1993, y reiniciado en 1996. De modo que hemos visto crecer la significación y el ámbito de lo político en dos sentidos: tanto en cuanto requisito y supuesto de las políticas de ajuste y reforma, como en tanto a los resultados a esperar de éstas.

En efecto, la fase del ajuste requiere —cuando menos— lo que se ha dado en llamar un consenso social negativo, es decir, un acuerdo generalizado acerca del agotamiento de cierto tipo de políticas (como en los casos del acuerdo que terminó por imponerse en materias como el aumento de la gasolina, de la eliminación de las políticas de control e incluso, en el de la negociación con el FMI, vista ésta fundamentalmente como una garantía de continuidad y coherencia de la Agenda Venezuela). La fase de las reformas institucionales —que es en sí misma un desafío político de enorme envergadura— requiere en cambio, desde su inicio, de un consenso afirmativo —o de un conjunto de arreglos constructivos— que en el mediano y largo plazo edifiquen y hagan sostenibles las políticas orientadas a la transformación productiva.

De modo que para ser eficientes, legítimas y perdurables —es decir, democráticamente gobernables— estas políticas de transformación productiva necesitan estar sustentadas en un sistema institucional que mejore la calidad de los procesos y decisiones políticas a través del fortalecimiento de: un liderazgo responsable, democrático que se ejerza dentro del marco institucional y lo consolide; unos partidos políticos que actúen como sistemas eficientes y legítimos de articulación de intereses; unos sistemas confiables de resolución de conflictos; y una administración pública que se constituya en un sistema de decisión-ejecución-evaluación responsable y escrutable.

En suma, se trata de lograr como resultado una nueva relación entre, por una parte, un Estado integralmente reformado y, por la otra, una sociedad más compleja en la cantidad y naturaleza de relaciones entre sus componentes, a la vez que más responsablemente libre y participativa. Este es, definitivamente, un enorme desafío de naturaleza esencialmente política que exige, además, proyectarse hacia el mundo a través de iniciativas de integración y de coordinación que amplíen el margen de maniobra doméstico y global.

El desprestigio de la política.

En contraste, los partidos políticos, las legislaturas, los sistema de administración de justicia e incluso los mecanismos mismos de ejercicio de la participación política, no sólo cargan con un enorme desprestigio, sino que —no por casualidad— son tema favorito del discurso de la antipolítica en el que —genéricamente hablando— coinciden en Latinoamérica residuos más o menos fuertes de la insurgencia guerrillera, organizaciones asociadas al narcotráfico y a grupos paramilitares, nuevos participantes en la actividad política —incluidas ciertas agrupaciones no gubernamentales, candidatos presidenciales que se presentan a sí mismos como outsiders (lo que incluye personalidades que van desde Collor de Melo hasta Irene Sáez o Abdalá Bucaram)—, y con particular intensidad los medios de comunicación, cada vez más semejantes a la ingeniosa y perversa Invención de Morel con poder para destruir, crear y recrear imágenes y acontecimientos.

Estamos entonces en presencia de un círculo vicioso de naturaleza esencialmente política y no puramente económica. Ya enfrentadas a serias limitaciones, las instituciones democráticas han sido desbordadas por una cantidad inmanejable de demandas y expectativas sociales, políticas y económicas, de modo que la presión sociopolítica ha aumentado a una tasa mucho mayor que el desarrollo de nuevas capacidades de respuesta institucional, lo que tiende a aumentar la presión social y el descrédito de tales instituciones en sociedades cada vez más complejas que no han logrado acordar un nuevo conjunto de planes y consensos.

La reversión del círculo vicioso.

Para cambiar el curso de los acontecimientos que parecerían conducirnos en Venezuela y en muchos otros países latinoamericanos a una espiral de mayor presión sociopolítica, a mayor descrédito del régimen político, y a episodios cada vez más frecuentes e intensos de desbordamiento, es necesario reconocer la revalorización y el nuevo espacio de lo político, así como trabajar en fórmulas para recuperar la credibilidad de la política y de los valores e instituciones en los que ésta se materializa. Esta es una responsabilidad que —en diferentes cuotas, desde luego— debe ser seriamente asumida por funcionarios gubernamentales nacionales y locales, líderes y militantes de partidos, grupos de interés empresarial y sindical, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y por cada ciudadano.

La política y lo político en Latinoamérica.

Tanto el reciente anuncio de las certificaciones por parte del gobierno estadounidense, como el conjunto de reacciones críticas en Latinoamérica —y en Estados Unidos— constituyen un buen caso para ilustrar cómo la paradoja del descrédito de la política y la revalorización de lo político se expresa también, de manera ostensible, regional y hemisféricamente. Ver las cosas desde esta óptica tiene un encanto especial: nos obliga a dejar de lado el difundido discurso que busca fuera de Latinoamérica las responsabilidades y las culpas, así como a mirar con mayor cuidado a los análisis que se centran en la crítica —más o menos seria— a la unilateralidad y arbitrariedad de la política de certificaciones.

En esta perspectiva, debemos analizar por qué surge una práctica —la de las certificaciones— que se va extendiendo en sus diversas modalidades a ámbitos como los del narcotráfico, los derechos humanos y el ambiente. Luego, parece igualmente necesario y útil explorar regionalmente cómo esta política podría ser contrarrestada a través de mecanismos multilaterales, dotados de mayor legitimidad y eficiencia que fortalezcan a la política regional.

Objeciones a la crítica.

Buena parte de las críticas a la política de certificaciones tiene como pecado inicial el de atender sólo a la dimensión más simple del problema: la que lo asocia a la violación de la soberanía nacional y del principio de no intervención. Ciertamente, una somera revisión de las relaciones hemisféricas —especialmente de la historia de las relaciones de Estados Unidos con los países de la cuenca caribeña— conduce a considerar la política de certificaciones como una nueva modalidad del viejo intervencionismo, hijo del tradicional desbalance de poder, en nuestro hemisferio y en la política mundial. Considero, sin embargo, que esta es una perspectiva muy simple, cada vez menos adecuada a las nuevas dimensiones de lo mundial, y en extremo paralizante.

Es necesario analizar los asuntos presentes en la agenda hemisférica en su propia especificidad: los problemas en materia de derechos humanos, de preservación ambiental o derivados de lo que hemos terminado llamando narcotráfico (que incluye cuando menos producción, procesamiento, distribución, consumo, lavado de dinero, deformación y volatilidad de las economías, así como infiltración y corrupción sociopolítica) no son asuntos únicamente nacionales estrictamente hablando.

Insistir en estos tiempos en el discurso según el cual en cuanto al narcotráfico lo que conviene es concentrarse en atacar al consumo y al gigantesco negocio de la distribución, parte de una enorme ignorancia acerca de la naturaleza de la densa red de vínculos que establecen los carteles de la droga en la sociedad, la política y la economía de productores, puentes y consumidores; cambiando lo cambiante, podría decirse algo similar sobre derechos humanos y preservación del medio ambiente: no hay posibilidad de aislar lo nacional de lo mundial, por razones que van desde lo moral hasta lo político y económico.

La agenda local-global y la expansión de lo político.

El necesario punto de partida, entonces, para analizar el problema de las certificaciones fuera del ámbito del rechazo a la intervención, es entender la nueva y complicada naturaleza de las relaciones internacionales. Para hacer corta una larga historia, es posible resumir las características de la política mundial que interesa destacar aquí en tres proposiciones.

En primer lugar, los problemas nacionales más importantes (los asociados a la gobernabilidad política y económica) tienen todos cada vez más una vertiente transnacional, sea por acción u omisión, sea por interacción o repercusión; de modo que dada la "transnacionalización" de las agendas gubernamentales, los Estados terminan siendo muy grandes y torpes, o muy pequeños y frágiles para actuar por sí solos.

En segundo lugar, esos problemas transnacionalizados asociados a la gobernabilidad —a la eficacia y legitimidad de los regímenes democráticos— son en esencia políticos, en tanto requieren de la negociación de nuevas estrategias y del establecimiento de nuevos consensos, principios, reglas y, en suma, instituciones, dentro y fuera de los Estados, pero siempre en el marco de un espacio político en crecimiento, en el que lo ambiental, lo comercial, lo financiero, lo energético, lo relativo a derechos humanos o a narcotráfico están estableciendo su lugar.

Finalmente, lo político —en tanto espacio para la negociación orientada a la reducción de incertidumbres, a la construcción de consensos y confianza, y a la resolución o reducción de tradicionales y nuevos conflictos— tiene creciente relevancia en un ámbito que es a la vez local y global. Y en este nuevo espacio en expansión, la actividad política se debe orientar más al balance de intereses que al balance de poderes: Este es a mi modo de ver el gran vacío y fuente de descrédito de la política regional y hemisférica.

El vacío institucional regional: el descrédito de la política.

Así como las instituciones políticas básicas para la gobernabilidad dentro de los países sufren de enorme desprestigio, así también las instituciones políticas regionales no han logrado recuperar la credibilidad y eficacia necesarias, no obstante los esfuerzos emprendidos subregional, regional y hemisféricamente. Y es que en situaciones críticas tan diversas en tiempo y contenido como las de Panamá o Haití, se ha evidenciado el rezago del desarrollo de reglas, principios y mecanismos para tomar eficazmente decisiones multilateralmente. De forma que orientaciones recientemente fortalecidas en torno la promoción de la gobernabilidad democrática, entran en abierta tensión con el tradicional principio de la no intervención, y mientras esa tensión crece a lo largo de interminables debates, se deja el espacio político abierto para las medidas desde afuera, desde arriba, unilaterales, o como se las quiera llamar, y al final cada quien juzga los resultados de acuerdo a su balance particular de ganancias y pérdidas. Se acentúa así la unilateralidad y la desconfianza en las respuestas concertadas regionalmente, aumenta también la tensión frente a quien propone, asume y dispone los principios, reglas y decisiones, y crece el vacío institucional hemisférico.

Esa es entonces la paradoja: el desencanto con la política en tanto componente de la interacción humana contrasta con la significación y espacio creciente del ámbito de lo político. El desafío —también esencialmente político— es cómo atender ese nuevo espacio devolviéndole credibilidad a las instituciones y los procedimientos democráticos.


* Internacionalista y Profesora de la Universidad Central de Venezuela

Email: vortex@fast-link.net

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