Poco se ha comentado en Venezuela sobre la decisión del gobierno del Presidente Fujimori de separar al Perú del Acuerdo de Cartagena, como producto de discrepancias en torno a las modalidades para la reinserción plena de ese país a la unión aduanera andina. Como se sabe, Perú goza desde 1992 de un régimen de excepción a las obligaciones del libre comercio y de aplicación del Arancel Externo Común andino, gracias a la comprension de los demás países ante el insistente pedido del entonces Ministro Carlos Boloña de aplicar una salvaguardia que ayudara a superar las dificultades económicas de ese entonces y obviar la adopción de la estructura arancelaria de cuatro niveles: 5, 10, 15 y 20% acogida por Colombia y Venezuela en función de una decisión comunitaria. Perú optó en cambio por un arancel horizontal de 15% para la mayoría de los productos y de 25% para unos pocos que así lo requirieron. Durante la vigencia del régimen especial, se mantuvieron listas bilaterales de preferencias entre dicho país y sus contrapartes andinas, para no perjudicar las corrientes de comercio existentes. La Comisión andina prorrogó varias veces dicho régimen de excepción, salvo avances parciales hacia la multilateralización de preferencias para algunos productos, a lo cual accediera el Perú ante el requerimiento de los demás miembros. Pero en honor a la verdad, nunca se percibió una disposición clara del gobierno de Lima de reincorporación plena, alegando riesgos de perjuicios por distorsiones competitivas en función de la diferencia de aranceles y a la existencia de políticas de estímulos en los otros países. Al iniciarse el presente año, los países miembros exigieron al Perú la definición de un plan de corto plazo para reasumir los derechos y obligaciones del Acuerdo de Cartagena, mientras que la Junta demandó ante el Tribunal la nulidad de la Decisión que consagraba el régimen especial para el Perú. Este, un tanto presionado, propuso un plan hasta el año 2004 que implicaba retrocesos e incluía la posibilidad de mantener listas de excepciones y de aplicar derechos compensatorios unilaterales en caso de problemas competitivos, planteamiento que fue considerado inaceptable por los demás países. Luego de un período de consultas, Perú redujo el plazo hasta el año 2002, pero mantuvo exigencias que fueron consideradas inviables por el resto, llevando a un impasse definitivo, pese a la mediación del Presidente Sánchez de Lozada de Bolivia.

Aún cuando el Perú no ha oficializado la denuncia del Acuerdo de Cartagena, se abstuvo de asistir a la reciente reunión cumbre celebrada en Sucre, Bolivia, en la cual se ratificó la disposición de entrada en vigencia del Protocolo de Trujillo, génesis de reformas institucionales que contemplan la figura de la Comunidad Andina y la sustitución de la Junta tripartita por la de un Secretario General, función para la cual fue designado el compatriota Sebastián Alegrett, de excelentes credenciales latinoamericanistas. Se acordó asimismo que la sede sería trasladada de Lima a Bogotá, ya que Caracas alberga a la CAF. El retiro del Perú del Acuerdo de Cartagena implicaría su desvinculación del Tribunal de Justicia, pero no automáticamente de la CAF y del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), aún cuando Chile así lo hizo en 1976. El Perú seguramente aspire a permanecer como socio principal de la CAF, exitosa institución de la cual posee el 30% de las acciones y ha sido uno de los mayores beneficiarios.

El grupo de los cuatro ratificó en la reunión de Sucre proseguir sin alteración la tarea integracionista. Asimismo decidió designar una comisión de alto nivel para resolver en un plazo de dos meses las condiciones del retiro o reincorporación del Perú, con lo cual se dejó abierta una última ventanilla de esperanza de que no se consume la determinación peruana. En efecto, sería necio negar que el retiro del Perú constituye un duro golpe para la comunidad andina y para la geopolítica latinoamericana. Perú es socio fundador del Grupo Andino, eje estratégico de la región andino-pacífica y es el tercer mercado en importancia después de Venezuela y Colombia. Bolivia se vería privada de otro de sus mercados vecinos, pero pese a ello ha reiterado su pertenencia andina, sin que existan conflictos con el acuerdo suscrito con el Mercosur para la formación de una zona de libre comercio. Por otra parte, los agentes económicos que han diseñado estrategias de inversión e intercambio basadas en el mercado subregional no ocultan su preocupación con lo ocurrido, pese a la opción existente de acordar preferencias bilaterales en el marco de la ALADI, para no afectar el comercio recíproco.

Más allá de los hechos económicos, considero que el Perú no ha ponderado del todo la decisión adoptada, quizás porque piensa que puede emular el ejemplo de Chile de 1976, determinado por discrepancias reales entre el modelo de desarrollo de apertura y las políticas prevalecientes en el Grupo Andino de ese entonces. Pero ni el Perú es Chile, ni son similares las circunstancias. Percibo mucho dogmatismo en la posición peruana, pues se alegan problemas que de suscitarse podrían ser resueltos caso a caso, de comprobarse algún daño, por la vía de derechos compensatorios. Creo que Fujimori, líder de frágiles raíces latinoamericanas, no aquilata la relación histórica entre el proyecto andino y el ideal bolivariano que lo inspira, además de que tal decisión aisla al Perú y reduce su capacidad negociadora internacional. Cabe por otra parte preguntarse, ¿si ese país se siente amenazado por políticas divergentes de sus socios andinos, cuál será la situación en el caso de vincularse con el Mercosur, con respecto al cual las asimetrías y brechas arancelarias son mayores, así como los efectos de las políticas públicas?.

Pese a todo, no hay que olvidar que los gobiernos son transitorios y los países permanentes. Como es poco probable que el Perú rectifique, veo conveniente dejar vías abiertas para su futura reinserción a la Comunidad Andina. Habrá que meditar sobre la permanencia en instituciones que sirvan de cordón umbilical hacia el mediano plazo, siempre y cuando se perciba un mínimo de interés de ese país al respecto. En el intertanto no hay otra opción que afianzar la unidad de los cuatro, perfeccionar el esquema existente y proseguir la negociación con el Mercosur hacia la confluencia entre los dos esquemas, bajo un marco normativo común. La relación Grancolombiana se acrecienta en este escenario y ofrece un alto potencial, siempre teniendo presente que ella fue la médula del sueño bolivariano. Los problemas de seguridad fronteriza colombo-venezolana, que deben ser enfrentados con firmeza, no son óbice para avanzar en el desarrollo de la agenda positiva, alentada por los éxitos alcanzados en el terreno de la integración económica. Es también importante para Venezuela reafirmar con objetividad la vía de la negociación conjunta con el Mercosur y ponderar lo que realmente representa el norte del Brasil como un mercado natural a su alcance, como alternativas complementarias a las de la integración andina y teniendo como norte el objetivo histórico de formación de una zona de libre comercio latinoamericana. Deploro pues que el Perú, en épocas de integración y de globalización, haya dado un paso tan desafortunado. Pero también, que en la comunidad andina se perciba el desmembramiento del Perú como un hecho poco relevante. Es sin duda mucho más que eso. Lamento también constatar que en el Perú los gobernantes militares hayan tenido mayor visión y compromiso integracionista que muchos dirigentes civiles arrogantes y cortoplacistas. Esperemos el juicio de la historia.

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