Romper el Conjuro

Antonio Francés

Todo parece indicar que durante los próximos cincuenta años, como mínimo, se reforzará el papel de Venezuela como exportador de petróleo. Algunos vaticinan que seremos el único exportador importante en el hemisferio occidental, al tiempo Optimizado que las necesidades energéticas de los grandes para: importadores, como Estados Unidos y Brasil, seguirán creciendo. El plan de inversión de Pdvsa supera los 60 millardos de dólares, aspirando producir más de seis millones de barriles diarios al cabo de diez años. Esto supone un ingreso petrolero de 43 mil millones de dólares anuales si el precio se mantiene en 20 dólares por barril. Se avecina una nueva bonanza, pero las consecuencias sociales pueden ser catastróficas.

Para comenzar, la inyección de semejante masa de recursos externos en la economía, año tras año, supone una considerable presión inflacionaria. La moneda tenderá a sobrevaluarse. Existirá la tentación de no devaluar para abaratar las importaciones y frenar la inflación, tal como está sucediendo en este momento. La sobrevaluación le restará competitividad a las exportaciones no petroleras, salvo las de materias primas, cuyo precio en dólares lo determina el mercado internacional. Agregar valor en el país a la materia prima significará restarle competitividad al producto.

En esas condiciones, no habrá incentivo para invertir en manufactura para la exportación. Si el mercado permanece abierto, los productos nacionales tampoco podrán competir con los importados dentro del país, de manera que habrá desinversión y pérdida de más empleos industriales y agrícolas. La industria petrolera, con su enorme producción, puede generar unos 100 mil empleos directos. Eso sí, muy bien remunerados. Esta situacion es parecida a la que vivimos en la década de los 50, cuando se exportaba petróleo y mineral de hierro y se importaba de todo, con escasa generación de empleo. El resultado será una sociedad altamente polarizada, con una distribución del ingreso todavía más desigual que la que existe actualmente. El Estado, más rico que nunca, se vería tentado, casi obligado, a profundizar su papel como empleador, revitalizando y ampliando las tradicionales redes clientelares.

La situación descrita probablemente no será sostenible. Empresarios, trabajadores y sindicatos van a presionar para lograr que se establezcan medidas proteccionistas frente a las importaciones, con la finalidad de generar empleo. Como consecuencia, podemos volver a una situación similar a la de los años entre 1960 y 1989. Venezuela será una isla de proteccionismo en un continente de mercados abiertos, pero nuestra condición de exportador petrolero nos lo podría permitir.

El mercado interno será de tamaño limitado debido a la desigual distribución del ingreso, y las exportaciones alcanzarán escasa competitividad debido a la sobrevaluación de la moneda y al bajo nivel de competencia en un mercado interno protegido. El desarrollo de la agricultura de exportación y de los servicios, particularmente el turismo, estaría limitado por las mismas razones.

Este escenario es el más probable, si tomamos en cuenta la demostrada incapacidad de nuestros gobiernos para concebir e implantar estrategias de largo plazo. Supongamos, de todas maneras, que seamos capaces de hacerlo. Si el país logra evitar la sobrevaluación de la moneda e invierte el ingreso petrolero en infraestructura, educación, salud, investigación y servicios públicos, las condiciones serán favorables para el incremento sostenido de la productividad y la competitividad.

Con un marco legal adecuado, crecería la inversión en los sectores potencialmente competitivos como agricultura tropical, minería, manufactura liviana, turismo y servicios profesionales. Ello permitiría generar un mayor número de empleos productivos bien remunerados y mejorar la distribución del ingreso, ampliando de paso el mercado interno.

Lograr un desarrollo competitivo y diversificado exige adoptar políticas que pueden ser impopulares en el corto plazo. Supone darle prioridad a la producción en relación al consumo adoptando una paridad cambiaria competitiva, sin permitir la sobrevaluación. Se deben mantener abiertos los mercados, a la vez que se invierte en mejorar los factores de producción y los servicios sociales. Supone continuidad en las políticas, puesto que no se obtienen resultados duraderos en menos de diez años.

Lamentablemente, el inmediatismo y la discontinuidad han sido las características más resaltantes de nuestra política económica. Hay quienes ven en esto una falla fundamental del régimen democrático y claman por gobiernos autoritarios como vía de solución. Se olvidan que en las democracias maduras existe continuidad de políticas como lo demuestra la transición del Partido Conservador al Laborista, en Gran Bretaña, o del PSOE al PP en España. Las diferencias son de matiz, no hay cambios de fondo.

Venezuela necesita que los partidos políticos se pongan de acuerdo en un programa económico mínimo, que todos se comprometan a respetar.

Solamente de esta manera lograremos romper el conjuro maléfico que obliga a permanecer en la pobreza a la gran mayoría de los habitantes de uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales.

El Universal Caracas, martes 20 de mayo, 1997