La programación financiera fue uno de los instrumentos utilizados en el diseño del programa de estabilización. Este tipo de ejercicio se hacía particularmente apto y apremiante en un contexto económico como el de Venezuela, donde la magnitud de los desequilibrios reclamaba una alta la cordinación entre las política fiscal, monetaria y cambiaria. La programación financiera se basa en la hipótesis de que existe una relación relativamante estable entre las variables financieras y no financieras, y que los instrumentos de política cambiaria, monetaria y fiscal deben complementarse los unos a los otros con el fin de respectar un marco hipotético coherente y así consolidar los objetivos y metas finales. En términos sencillos, la pogramación financiera permite determinar la expansión del crédito doméstico neto para alcanzar una balanza de pagos objetivo, consistente con una trayectoria del tipo de cambio dada y una determinada posición fiscal. Tradicionalmente la inflación, el crecimiento del producto y la posición de reservas internacionales netas se establecen como metas finales. Estas metas u objetivos afectan el equilibrio existente entre la producción y la absorción real, las corrientes de recursos financieros y reales entre los distintos sectores de la economía y entre los sectores interno y externo. Los intrumentos de política tienen como objetivo el restablecimiento de los equilibrios económico de manera que sean consistentes con las metas establecidas.

Aunque la forma en que se desarrolla la programación financiera es iterativa, el programa puede comenzar estableciendo la meta de reservas para así evaluar la necesidad o no de hacer un ajuste cambiario. La política cambiaria debe reflejar no sólo la competitividad del país, sino además los cambios permanentes o de mediano plazo en factores exógenos como los términos de intercambio o la disponibilidad de financiamiento externo. Definida la política cambiaria, la posición de activos externos netos (meta final) junto con la determinación de la demanda de dinero base de la autoridad monetaria, permiten conocer la posición de activos internos, pero más especificamente, la variación del crédito interno al sector público y al sector privado por parte del Banco Central, que en definitiva se convierten en metas intermedias de gran importancia para el programa. La distribución deseada del crédito interno--entre tipos de institución financiera así como entre usuarios: sector público frente al sector privado--se puede programar con los intrumentos usuales del Banco Central referentes, a las operaciones de mercado abierto, encaje legal y redescuento. Es importante hacer notar, que para establecer la demanda de dinero base es preciso estimar una función de demanda de dinero, o en su defecto una proyección de los agregados monetarios basado en el análisis de su tendencia. La estimación de la demanda de dinero se elabora utilizando entre otros argumentos la meta crecimiento del PIB real y se expande a valores nominales con un índice de precios que es consistente con la inflación meta del programa.

Para cumplir con las metas intermedias de activos internos netos de la autoridad monetaria, el programa requiere fijar adicionalmente un límite al resultado global del sector público. Concretamente, ciertas metas intermedias son definidas en relación al monto de financiamiento externo que puede obtener el sector público, tales como los requerimientos de endeudamiento (flujo) y/o el stock de deuda externa de corto plazo, y conocida la metas monetaria, el deficit global o el deficit primario queda definido como una meta consistente con los objetivos finales. Es aquí donde la política fiscal entra en apoyo de la política cambiaria y al política monetaria. La ecuación pública requiere definir una política fiscal (de ingresos o gastos) consona con las metas finales del programa implicitas en los resultados monetario y externo. Usualmente, el gasto sin intereses del Gobierno Central se convierte en una meta intermedia de elevado rigor, aunque no se descarta la consecuención de un resultado primario del sector público haciendo uso adicional de políticas tributarias.