Petróleo y pensiones

Janet Kelly

La economía venezolana está comenzando a cambiarse de manera fundamental por la razón usual: el petróleo. Cada vez que ocurre una alteración en el mercado petrolero, las demás variables del sistema económico también tienden a ajustarse. Al aceptar la nueva estrategia planteada por PDVSA de doblar la producción en la próxima década, el país tiene que tomar en cuenta las consecuencias. Nada quedará igual, y no reconocerlos puede conducir a errores. En otras esferas de la política, también están planteadas iniciativas de gran envergadura, como por ejemplo, la reforma del sistema de seguridad social en todos sus aspectos. El nuevo sistema de seguridad social tiene que diseñarse en concordancia con la economía petrolera y tiene que ser robusto frente a la probable evolución futura de ésta. Pero, qué tipo de economía resultará de la expansión de la industria petrolera? Cómo funcionarían las pensiones en el nuevo escenario?

El mejor sitio para buscar el futuro está en el pasado. Los pesimistas, renuentes a aceptar el carácter petrolero de la sociedad venezolana, a pesar de su dominio durante casi todo el siglo veinte, temen una vuelta a los años setenta. Ven en la expansión de PDVSA el regreso a la Gran Venezuela, que tan chiquita quedó al final. Chorros de dólares cayeron sobre un país dispuesto a gastarlos o invertirlos en lo que fuera, porque con la misma producción y el mismo esfuerzo, el ingreso sólo iba en ascenso. La base de aquella economía era protección y estatismo, lo que permitía altas ganancias, sueldos reales crecientes, bajas tasas de interés, importaciones baratas e inversiones en actividades de baja productividad y competitividad. El modelo era sostenible bajo dos condiciones que no se cumplieron: que se mantuvieran los precios internacionales del petróleo y que el Estado no se excediera en el nivel de gasto.

El plan de expansión de PDVSA, tal como se vislumbra hoy, no se parece tanto al boom petrolero de los setenta. Se basa en la ampliación de la producción y la participación extranjera, con rentabilidad y precios moderados. Es decir, el futuro se parece más a los cuarenta y cincuenta que a otras décadas. Para muchos, esto puede parecerse a una regresión horrible, una vuelta a un pasado dependiente. Para otros, puede evocar memorias más felices, cuando la economía crecía, pero sin locuras. Era posible cuadrar una tasa de cambio estable con bajos niveles de inflación, altos niveles de inversión en infraestructura física y humana y orden en las cuentas fiscales. Si queremos entender el futuro, vale la pena volver a estudiar esa época del pasado, entender los errores e incorporar los elementos del presente que sí son diferentes, tales como la globalización de los mercados financieros, el carácter urbano de una población cuyo crecimiento se desacelera y cuyas expectativas se aceleran, las nuevas tecnologías y la desaparición de la Guerra Fría.

El diseño de un sistema robusto de pensiones en este escenario no es fácil, porque la economía en nada se parecerá a la de Chile, ni a ningún otro país. La rentabilidad del petróleo y el alto nivel de exportaciones en este sector implican inevitablemente menos competitividad en otros bienes transables, una tasa de cambio de equilibrio favorable a la importación, tasas de interés muy bajas o hasta negativas y una expansión de las industrias de servicios y bienes no transables. Se puede esperar el recrudecimiento de presiones para la protección y la subsidización, como mecanismos para distribuir la riqueza.

En este escenario, un sistema de pensiones basado en loa retornos sobre inversiones esencialmente financieros confrontará problemas de rentabilidad. Tres soluciones son posibles: (1) el gobierno subsidia los fondos de pensiones de todo el mundo; (2) los fondos de pensiones invierten el capital de los trabajadores en el exterior; o (3) estos fondos inviertan el capital de los trabajadores en la industria más rentable del país: el petróleo mismo. Excluimos la posibilidad de que el pequeño y sesgado mercado de capitales sólo pueda absorber estos fondos en el futuro previsible. De las opciones disponibles es evidente que la tercera es la más razonable, aunque ésta claramente requerirá un cambio eventual en la Ley de Nacionalización. Sin duda, tendría consecuencias sociales positivas al democratizar el capital, formalizar el mercado de trabajo y contribuir a reducir el papel preponderante del Estado. Es un escenario para los optimistas.