El desarrollo petroquímico venezolano: un momento crucial

Pedro Carmona Estanga

Venezuela tiene ante sí la oportunidad histórica de convertirse en un país petroquímico de primer orden. Las razones que avalan esta afirmación son bien conocidas: las ventajas comparativas derivadas de la abundante disponibilidad de gas asociado a la producción de petróleo, la cual se triplicará en la próxima década y que tiene sólo como uso alternativo la reinyección en los yacimientos; la importancia creciente del negocio petroquímico a nivel mundial, el cual duplica en ventas al sector petrolero; la conveniencia de añadir valor a los hidrocarburos primarios en el marco del ambicioso programa de inversiones actualmente en ejecución; la excelente ubicación geográfica de nuestro país y las oportunidades que se ofrecen en una perspectiva de integración económica hemisférica creciente. El plan de negocios de Pequiven es relevante, por cuanto supone inversiones con mayoría de capital privado de cerca de US$ 6 millardos, para elevar la capacidad nacional de producción petroquímica de 7,5 millones de TM/año a 18 millones de TM y cuadruplicar las exportaciones de US$ 770 millones a US$ 2,8 millardos hacia el año 2006. La principal fortaleza nacional se concentra en la petroquímica del gas (olefinas, fertilizantes y metanol), sin perjuicio de las posibilidades de desarrollo a partir de corrientes de refinación. Recientemente se suscribió una carta de intención entre Pequiven y Mobil Chemical para la construcción de una planta de olefinas de escala mundial en el complejo petroquímico de Jose (Anzoátegui), con una inversión de US$ 1,9 millardos y una capacidad de producción de 830.000 TM/año de etileno, además de 480.000 TM de polietileno y 430.000 TM de glicoles, capaces a su vez de impulsar el desarrollo de numerosos proyectos industriales 'aguas abajo'. En materia de fertilizantes, se prevén dos plantas de amoníaco de 600.000 TM cada una y una de urea de 700.000 TM/año, las cuales podrían arrancar en el año 2000 y en oxigenados dos plantas de metanol y la expansión de las existentes, todas ellas en Jose, con lo cual dicho polo alcanzaría dimensiones comparables a las de Arabia Saudí o a las existentes en México. Dicho plan tiene pues una indudable significación estratégica de futuro.

Para la ejecución del mismo, resulta imprescindible que Pequiven disponga de un marco legal que le permita actuar con agilidad para promover inversiones, vender total o parcialmente su participación en empresas existentes, reinvertir tales recursos en nuevas empresas, recurrir al mercado de capitales y captar otras formas de financiamiento. En suma, jugar un agresivo papel promotor, insustituible en las circunstancias actuales y que el plan se ejecute con recursos de capital mayoritariamente privados y no con endeudamiento de la nación. Si Venezuela no acomete este esfuerzo en corto plazo, otros países del área con menores condiciones atraerán las inversiones, gracias a políticas audaces de estímulos al desarrollo del sector. Trinidad y Tobago, país pequeño cuyo gas es de mayor costo que el nuestro, es ya el segundo exportador mundial de amoníaco y el tercero de metanol. Brasil y Argentina por su parte, han privatizado su industria petroquímica, estimulando la consolidación de importantes grupos privados y Colombia es ya el primer productor andino de PVC y polipropileno e impulsa un ambicioso plan de inversiones privadas en Cartagena. En ese contexto, se justifica la aprobación de la Ley de Desarrollo Petroquímico, en manos del Congreso de la República, ya que en la actualidad la capacidad de inversión de Pequiven se encuentra ilegalmente limitada por la imposibilidad de emitir acciones, principal fuente de captación de capital de cualquier empresa. Por otra parte, la actividad petroquímica estatal está centralizada en Pequiven, lo cual desestimula proyectos de otras filiales de Pdvsa, en tanto que la Ley de Privatización obliga a que la enajenación de activos de Pequiven se destine al repago de la deuda pública o a otros fines, impidiendo la reinversión en nuevos proyectos de la propia empresa. La ley propuesta eliminaría esas trabas, facilitaría la participación de capital privado en compañías de Pequiven, tratándose de un sector no reservado al Estado y atraer recursos o realizar aportes a los nuevos proyectos, entre otros a través de la colocación de nuevas acciones en el mercado de capitales que preservarían la participación de Pdvsa como el accionista más importante.

En el curso de las discusiones del proyecto de ley han surgido observaciones de algunos dirigentes políticos y de Fedeagro, originadas en falta de información, en posiciones prejuiciadas o en la defensa de privilegios. Hay que enfatizar que el sector se encuentra hoy legalmente abierto a la participación de hasta 100% de capital privado. De lo que se trata es de dotar a Pequiven de la flexibilidad necesaria para cumplir una labor promotora fundamental y colocarla en capacidad de competir con empresas privadas de altos niveles de desempeño en el mercado internacional, eliminando las rigideces propias de la condición de empresa estatal. No está planteada la desaparición de Pequiven ni su privatización total, sino la incorporación de nuevos accionistas a través de aumentos de capital, con lo cual Pdvsa conservaría el monto de su participación pero diluiría su porcentaje relativo. Por otra parte, Pequiven debe estar en capacidad de vender acciones en empresas de su propiedad total o en empresas mixtas maduras en las cuales no se justifican los niveles actuales de participación y que los recursos obtenidos sean destinados a los nuevos desarrollos. Es necesario, por tanto, salir al encuentro de posiciones fiscalistas según las cuales el hecho de que Pequiven sea rentable justifica mantener su 'status' actual. Por el contrario, se impone modificar la concepción vigente del negocio petroquímico para potenciar su capacidad de desarrollo, más aun cuando ni el Estado ni Pdvsa disponen de los cuantiosos recursos requeridos por el plan de negocios comentado, que las prioridades de inversión de Pdvsa se encuentran orientadas a la expansión del negocio petrolero y que en un contexto de crisis fiscal, es necesario atender las elevadas exigencias nacionales en los campos de la inversión social e infraestructura. No hay que olvidar que en el caso del sector petrolero, que sí está reservado al Estado, se han encontrado fórmulas flexibles en el marco del artículo 5o de la Ley de Nacionalización Petrolera para no depender exclusivamente de recursos de Pdvsa, como lo son las asociaciones estratégicas, los convenios operativos y los contratos de riesgo.

Todo ello abona en favor de la necesidad de declarar la urgencia parlamentaria en la aprobación de la Ley de Estímulo al Desarrollo Petroquímico, Carboquímica y Similares, en la cual coinciden el Gobierno, la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República y los sectores progresistas del país. Se trata, en esencia, de no incurrir en el error de perder el tren que no volverá, de desarrollo en gran escala de un sector dinámico y fundamental de la economía, pivote de los esfuerzos de diversificación productiva y de potenciación de la capacidad exportadora no tradicional del país.