Nuestros Sponsor's
Revista Electrónica       Nº 17     Julio 1997
Documentos

El derecho a la información: Marco para el fortalecimiento de la libertad de prensa, la transparencia de la gestión publica y la participación ciudadana

Guido Grooscors

Ponencia presentada ante el Foro Iberoamericano convocado por UNESCO bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la Comisión Presidencial de Venezuela para la Reforma del Estado para tratar el tema "Comunicación e Información para la Democracia"

Caracas, 30 de junio de 1997

Cumplo el grato encargo que se me ha confiado de participar como ponente en esta primera mesa de las cinco donde serán abordados diversos aspectos del tema "Comunicación e Información para la Democracia", a fin de cubrir el Foro Iberoamericano promovido por la UNESCO y bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la Comisión Presidencial de Venezuela para la Reforma del Estado, en el desarrollo de distintas actividades que se llevarán a cabo en nuestro país a propósito de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en noviembre próximo en territorio venezolano.

Procurando ceñirme al tiempo asignado para esta presentación estimo indispensable asomar algunas precisiones que contribuyan a la mejor orientación del contenido de las reflexiones consiguientes.

Pese a que se da por descontado hoy día que la era de la información y las comunicaciones, en la cual nos encontramos sumergidos, supera con largueza los viejos conceptos políticos que tradicionalmente se esgrimieron en este campo, no es posible desconocer criterios aún vigentes en el sentido de que la democracia descansa, entre otros factores, en una prensa libre y en un derecho irrestricto a que la sociedad reciba información veraz y ejerza activamente la libertad de expresión. Si bien el derecho a la información contemporáneamente tiene un claro antecedente formal en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, no debe ignorarse que su punto de partida histórico se encuentra en la Declaración Francesa de 1789, lo cual significa que por más de dos centurias este derecho ha estado presente en el desarrollo institucional de nuestros pueblos. A estas alturas, es necesario hacer referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José como se le conoce comúnmente, instrumentos multilaterales que desenvuelven de diversa manera el derecho a la información in genere bajo distintas denominaciones (libertad de opinión, de difusión, de pensamiento y de expresión, por ejemplo, entre otras) que doctrinariamente pueden ser agrupadas en dos bastantes similares: la primera que se desprende de la Declaración de Naciones Unidas para la que los componentes del derecho a la información son los de "investigar", "recibir" y "difundir" información, en tanto que el Pacto de San José de Costa Rica, con ligeras variantes recoge la visión anterior ("buscar", "recibir" y "difundir"). Sin embargo, para los fines de esta exposición no son necesariamente los aspectos jurídicos los que interesa destacar.

Estimo importante comentar la estrecha vinculación entre el derecho a la información y la noticia, dando por aceptado que esta última es componente esencial del primero. De ser así, las características más resaltantes de la misma: integridad, totalidad, oportunidad, honestidad, entre otras, permiten que se valore en su justo término la mención a la "veracidad" que cronológicamente aparece en el ya lejano año de 1963, en un documento de extraordinaria significación como lo es el "Decreto Inter Mirifica sobre los medios de comunicación social", emanado del Concilio Vaticano II, donde entre otros señalamientos se dice que el recto uso del derecho a la información exige que ésta "sea siempre objetivamente verdadera...", fórmula que inteligentemente enlaza objetividad y veracidad y que en el discurrir del tiempo desde entonces hasta el presente ha sido objeto de numerosos análisis y propuestas por parte de todos aquellos interesados en contribuir a identificar adecuadamente el derecho a la información y sus componentes como uno de los derechos fundamentales que hacen posible la convivencia humana en paz y democracia. Corto tiempo después (1964), el Papa Juan XXIII en la encíclica "Pacem in Terris" dijo que "todo ser humano tiene derecho natural a la libertad para buscar la verdad y a tener una objetiva información de los sucesos públicos", ratificando la concepción que, al respecto, había adelantado el Concilio Vaticano en el decreto mencionado.

Superaría los límites de esta contribución citar los numerosos autores especializados en el tema. Sin embargo, dada la cercanía en el tiempo y la precisión de su enfoque, no puedo menos que recoger parcialmente algunos párrafos de la obra del argentino Jorge Zaffare, quien en "La comunicación masiva" (Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990), dice: "El derecho a recibir información debe necesariamente referirse a la información veraz, a la información verdadera... el derecho a recibir información veraz protege a cada persona... la veracidad incluye a la no manipulación de la información porque es sabido que aun preservando la verdad formal, se puede escamotear la posibilidad de conocer la verdad sustancial, con lo que el derecho a la información se transforma en una mera apariencia, una mera formalidad. Pero este "derecho a la verdad" no admite una instrumentación lineal y mecánica, porque en ese caso es dable cometer peligrosos excesos autoritarios, puesto que el error forma parte de la comunicación humana, tanto que el error y la verdad son dos polos dialécticamente inescindibles, por lo que se puede afirmar que existe un correlativo "derecho al error" por parte del comunicador, lo cual obviamente no lo exculpa de los perjuicios que cause". Por su parte, el autor español José María Desantes, en su obra "La Información como Derecho" (Editora Nacional, Madrid, 1974), al equiparar información y noticia afirma que: "el derecho del ciudadano a la información, en el sentido de derecho a la noticia, tanto para buscarla como para recibirla o difundirla, exige unas condiciones en este objeto del derecho que constituyen determinaciones de aquella cualidad que requería la noticia para ser tal y no ser corrupción de la noticia: la verdad. La noticia ha de ser verdadera".

Cabe añadir, en relación con lo expresado hasta ahora, que estimo igualmente hacer referencia al excelente trabajo de los periodistas colombianos María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, quienes en su obra "Etica para Periodistas" (Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991) resaltan que la "veracidad" aparece como el valor más destacado entre todos aquellos que recogen los diferentes códigos de ética para periodistas objeto de análisis por parte de los autores entre los vigentes en distintos países. Y expresamente anotan que en el Código de la UNESCO, redactado después de un proceso en el que se examinaron y compararon 48 códigos, se tomó en cuenta la evidencia de que el 71% de dichos códigos colocaban en primer lugar y como principio deontológico de la profesión de periodista, "la veracidad, objetividad y exactitud". Asimismo, transcriben en su integridad el texto del código aprobado en 1990 para el periodismo colombiano. Allí se lee en su primer artículo que: "La comunidad tiene derecho a estar informada veraz, suficiente y oportunamente y el periodista está en la obligación de informarla en esos términos".

Por otra parte, el Código de Etica del periodismo venezolano es igualmente explícito. Aparte de lo consignado en su Exposición de Motivos ("el periodista debe estar consciente de su obligación de informar oportuna y verazmente y de buscar siempre la verdad en las explicaciones e interpretaciones de los hechos..." y que la información que proporcione el periodista "debe contribuir con su imparcialidad, veracidad, oportunidad y honestidad a que la verdad del suceso difundido sea evidente...") en el articulado del mismo se establece que: "El periodista tiene la verdad como norma irrenunciable..." completándose dicha disposición (Artículo 4) con la frase: "El Colegio Nacional de Periodistas está obligado a prestar amparo a todo colegiado que sea afectado por defender la verdad".

Y en el ámbito regional no puede dejar de hacerse mención al Código Latinoamericano de Etica Periodística (1979) que, en lo concerniente al tema que nos convoca, indica que: "La libertad de prensa (se) concibe como el derecho de nuestros pueblos a ser oportuna y verazmente informados y a expresar sus opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los mismos intereses de los pueblos".

Volviendo al decreto vaticano de 1963 es evidente que la vinculación entre "objetividad" y "veracidad" contribuye a enfatizar dos de los requisitos de mayor envergadura que debe contener la noticia que, sin duda, es la esencia del debido ejercicio del derecho a la información. Esta es seguramente la razón por lo que la expresión "derecho a la información veraz" ha generado reacciones adversas por parte de sectores de la comunidad empresarial de la comunicación que incluso han llegado a cuestionar la existencia misma del derecho a la información o del derecho de información, estimando que es suficiente que los instrumentos internacionales y las constituciones nacionales garanticen, lisa y llanamente, la libertad de prensa sin cortapisas de ningún género. A mi juicio esta posición es errónea. Estimo plausible -y algo más: justificado- el interés de quienes han mostrado preocupación por la calidad de la información -en particular gobernantes democráticos-, puesto que lo que está en juego cuando se habla de información veraz es precisamente eso: la calidad de la información, la calidad de la noticia. A nivel global debemos reconocer que desde hace ya varios años se ha producido una verdadera explosión informativa, merced entre otros factores, al desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación. Es cierto que esto ha contribuído, de alguna manera, a una mayor democratización de la comunicación vía la proliferación de los medios, lo cual ha desembocado en una hiperproducción informativa que ha dado lugar a situaciones constantes de verdadera contaminación en esta esfera, como acertadamente lo ha asomado el periodista y catedrático español Ignacio Ramonet, entre otros. Asimismo, es evidente el crecimiento cuantitativo de la información no siempre correspondido con su crecimiento cualitativo. Baste citar, por ejemplo, el caso de las plantas de televisión que transmiten ininterrumpidamente noticias día y noche e, igualmente, las emisoras de radio que difunden sólo noticias todo el tiempo. Sin embargo, a riesgo de aparecer repetitivo, debo señalar que ese crecimiento cuantitativo no se refleja necesariamente en la calidad de la información, si bien debo reconocer los esfuerzos que al respecto se realizan por parte de los medios involucrados en tales prácticas noticiosas. Por ello, la justa postura de los gobernantes democráticos, recalco, que han manifestado, sin que ello deba interpretarse como limitaciones a la libertad de información o de prensa, que si bien los pueblos tienen derecho a recibir todo el caudal noticioso que recogen y transmiten los medios, no es menos cierto que éste debe ser "veraz", entre otros aspectos, dejándose al juicio del público, del usuario, la sanción al medio que manipule, falsee o transmita de modo parcial la información. Por ello comparto la opinión de que "las únicas fórmulas que aseguran informaciones veraces están dadas por las que provee el pluralismo informativo, instrumento que permite el cotejo a partir de la diversidad", como juiciosamente lo señala en su obra ya citada el jurista Jorge Zaffore admitiendo, sin embargo, que ese es un tema de coincidente interés -¿compartido, quizás?- para los sectores público y privado en el campo de la información y la comunicación. Hoy día son bastante remotas, aunque no imposibles, las acciones directas -persisten, por supuesto, las indirectas- por parte de los gobiernos para controlar los medios de comunicación, al menos en el ámbito iberoamericano. El creciente proceso político de democratización lo impide y el comportamiento de la sociedad civil en ese terreno, es determinante. Por otra parte, las nuevas tecnologías y en particular experiencias alucinantes como el caso de Internet, contribuyen en buena medida a fortalecer la libertad de expresión y de pensamiento. En cambio, no pueden desconocerse los intentos, legítimos desde determinada óptica, de extender la capacidad de acción de los grupos empresariales de la comunicación que ya no se conforman con que "los medios sean factores de poder sino que quieren convertirse ellos mismos en el poder", expresión afortunada del periodista venezolano Roberto Giusti al comentar para su diario, recientemente, la presencia de Ignacio Ramonet en Caracas. La exigencia de "veracidad" entiendo que no es atentatoria de la libertad de expresión ni de la libertad de prensa. Es más bien un requisito destinado a estimular la calidad de la información. No son los gobiernos, como ya lo indiqué, los capacitados para determinarla. Son los pueblos, las sociedades, las colectividades, quienes deben pronunciarse al respecto. La competitividad, la objetividad, el profesionalismo, la ética, las modernas técnicas de investigación periodística, entre otros factores, contribuyen a determinar el grado de credibilidad de los medios. El "vox populi, vox Dei" cobra fuerza en estas circunstancias. Errado andaría el gobierno que pretendiera presionar a cualquier medio para publicar determinada información bajo el pretexto de la "veracidad". Ello supondría control e intimidación y, por tanto, debe ser rechazado. Frente a la información falsa, por otra parte, la que afecta el honor o la dignidad de la persona, existe el "derecho de rectificación o de respuesta" previsto en el articulado del Pacto de San José de Costa Rica, estrechamente vinculado por tal motivo con el "derecho a la información veraz". Tal instrumento consagra la posibilidad de que el interesado perjudicado por la publicación de una información inexacta o agraviante que lo afecta acuda al medio de que se trate para obtener la debida satisfacción. El derecho de rectificación o de respuesta debe entenderse, en este contexto, como una extensión o complemento del derecho a la información y, tal como ha ocurrido con la concepción de este último, aquél igualmente ha estado en la mira de los grupos empresariales de la comunicación que lo califican de innecesario y de atentatorio de la libertad de prensa, lo cual desde mi punto de vista luce, por decir lo menos, una exageración.

Adicionalmente a lo ya expresado, cabe comentar que el tema de la "veracidad" asociado al "derecho de rectificación o de respuesta", justifica con creces la presencia del "defensor del usuario", versión para el área de la comunicación y la información del "ombusdman" o "defensor del pueblo" que ya ha sido acogido en algunas legislaciones de avanzada y experimentado en países de diferente grado de desarrollo y cuya aceptación e incorporación por parte del universo mediático fortalecería, a mi juicio, la independencia de los medios y la función social de los mismos, con lo cual se garantiza, desde otro punto de vista, estimo, la libertad de prensa, substrato del derecho a la información.

Una reflexión final encamina los precedentes comentarios a concluir que el derecho a la información, idóneamente ejercido en nuestras sociedades, debe contribuir a vigorizar la libertad de prensa procurando que la gestión pública sea más abierta, más transparente y estimulando la participación popular en los asuntos públicos de diversa índole. O sea que el derecho a recibir información por parte de la ciudadanía compromete a los gobiernos a dar información veraz y oportuna, a través de los medios de difusión, sobre la acción administrativa en sus diferentes aspectos, tal como ya se dijo, lo que permite fortalecer la libertad de prensa y, en definitiva, incidir de modo positivo en el desarrollo del proceso democrático haciéndolo más directo y participativo. Dentro de este orden de ideas, a los medios compete una responsabilidad extraordinaria puesto que son los intermediarios calificados entre el gobierno y la población para dar a conocer el contenido de las ejecutorias de aquél, en ejercicio de su misión y, al mismo tiempo para transmitir a las autoridades las reacciones ciudadanas con respecto a las mismas. Bajo esta visión, gobierno y medios de difusión deben procurar mantener una adecuada relación para que se cumpla apropiadamente con el deber de informar, que es el complemento directo del derecho a ser informado, como ya se indicó anteriormente, lo cual visualiza con claridad la noción de "servicio público " y de "función social" que caracteriza a la estructura mediática contemporánea.

Por último debo manifestar que aprecio de singular importancia la realización de este encuentro sobre un tema de tanta vitalidad para el desarrollo político de Iberoamérica. "Comunicación e Información para la Democracia" es un reconocimiento oportuno, pleno de sugerencias y significados, de que la democracia en nuestro ámbito podrá fortalecerse, afianzarse, hacerse más perdurable y permanente, en la medida en que se democraticen paralelamente los procesos de información y comunicación en cada uno de nuestros pueblos. Propicia la ocasión para finalizar recordando la Declaración de UNESCO de 1978 respecto a que: "la información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de todos los demás derechos".

Anuncio
Bitácora Analítica Bancaria Venezuela en Números Analítica Bancaria