La Privatización de PDVSA
y las prestaciones sociales: Ni fu ni fa

Omar Enrique García- Bolívar *

¿Para qué privatizar? Partamos de las generalidades y olvidémonos de dogmitas ideológicos. Hoy día cuando un Estado privatiza alguna de sus propiedades lo hace por razones prácticas: o bien para aumentar sus ingresos o bien para reducir gastos. El caso de PDVSA no debería ser del primero porque los ingresos del Estado han aumentado como nunca por razón del mismo negocio petrolero, la recaudación de impuestos, las privatizaciones y la devaluación. Sin embargo, ese hecho no ha sido suficiente para enfrentar el aumento del gasto público.
Así, tenemos por un lado el servicio del pago de la deuda pública, y por el otro tenemos la deuda derivada del pago de las prestaciones sociales con los empleados públicos. Y esta última pesa, pues ante cada aumento de sueldos esta deuda aumenta de forma exponencial. Si a esto sumamos los gastos sociales del Estado tenemos siempre un escenario donde cualquier aumento de ingreso es irrelevante.
Ello nos lleva a concluir que el problema económico del Estado Venezolano es la desproporción entre el aumento de gastos y el crecimiento de los ingresos: aumentan las ingresos si, pero más aumentan los gastos. Una solución inmediata a ese fenómeno es comenzar a reducir (pagar) deudas, ambas la deuda pública y la deuda derivada de las prestaciones sociales. Para el pago de la última es donde la privatización de PDVSA jugaría un papel. Es decir, PDVSA no se privatizaría para obtener ingresos (ya existen bastantes) sino que se haría para cancelar deuda, ergo, para reducir gastos.
Ahora bien, ¿se puede privatizar PDVSA en Venezuela?. Bueno, de seguro que alguno de nuestros fanáticos nacionalistas dirían que sobre su cadáver. Otros, quizás hartos de vivir en un país que es anónimo en el escenario mundial, dirían of course. Pero la verdad, es que para poder privatizar PDVSA hoy habría que reformar la Constitución, si, ese librito que establece que el petróleo pertenece al Estado. Pero para hacer eso hay que, o seguir un proceso engorroso de reforma o convocar a una constituyente, y eso no sólo nos puede llevar años, sino que ante las distintas corrientes de pensamientos que prevalecerían y la virulencia del debate, hasta conflictos bélicos internos podríamos tener. Además para qué reformar la Constitución si ni siquiera se le obedece. Claro, también podríamos reformarla a través de enmiendas, pero eso requiere ganas de hacerlo. Y eso hay que verlo.
Por otro lado también habría que derogar la ley de nacionalización de la industria petrolera, esa misma que reserva al Estado la explotación de la industria petrolera y que lo faculta a crear entes jurídicos para esos efectos. Si existe o no el consenso para eso, es un asunto secundario a la reforma de la Constitución.
Así las cosas, la privatización de PDVSA no es posible en el marco legal existente ahora. Pero eso no implica que no se pueden reducir los gastos del Estado mediante ciertos cambios en el negocio petrolero. Una solución que sería conveniente discutir es el pago de las prestaciones sociales del sector público con acciones, no de PDVSA, sino de las filiales de ésta. Por ejemplo, en el marco de la posible reforma de ese esperpento que es el régimen actual de prestaciones, se podrían cancelar las prestaciones sociales del sector público y el bono de transferencia bajo ésta modalidad. Claro, dentro del marco de la idea génesis de reducción de gastos esto debería ir acompañado de un serio programa de reducción burocrática. Igualmente, al sector privado se le podría ofrecer la opción de adquirir acciones de las filiales (probablemente desde el momento en que sus acciones ya no sean propiedad sólo de PDVSA, no sería técnicamente correcto llamarlas filiales) sólo para cancelar las prestaciones sociales de los trabajadores de ese sector.
El proceso que sugerimos implicaría la transferencia de ciertas acciones que hoy posee PDVSA en las filiales (en verdad son estas las que hacen el negocio petrolero) al Estado Venezolano; tantas como sea necesaria para cancelar la deuda. El Estado entonces cancelaría la deuda mediante el procedimiento que los leguleyos llamamos dación en pago. A través de este mecanismo el Estado saldaría de una deuda que de otra forma difícilmente podrá pagar. Más aún, esto involucraría a los venezolanos directamente en el negocio petrolero, y no a través de esa entelequia jurídica que es el Estado.
Para satisfacción de esos seres excepcionales que son los nacionalistas, se podrían establecer restricciones al tiempo de reventa de las acciones, y a la nacionalidad de los nuevos adquirentes. Igualmente, es muy probable que PDVSA mantenga algunas acciones en esas filiales, lo cual le daría acceso a dividendos y supervisión directa del negocio.
Los venezolanos que posean acciones de la filiales, con todo seguridad pensarán primero en sus bolsillos, antes de apoyar medidas anormales como la reducción de la producción petrolera, negativa al aumento de la gasolina, uso de aviones de las filiales para fines personales, o ninguno a sus socios extranjeros. En otras palabras, esos accionistas estarán más pendientes de las ganancias que genere el negocio que de banalidades tercermundistas. Y cuando los nacionalistas griten, seguramente envueltos en la bandera de Venezuela, que la apertura petrolera sólo ha beneficiado a los musiues, los millones de Venezolanos que tengan acciones de las filiales les darían una risa de lástima.
En este modelo PDVSA y el Estado no perderían dinero. PDVSA seguiría percibiendo dinero a través de las acciones que conserve en las filiales. Igualmente cobraría las regalías a las filiales por el sencillo hecho de que el Petróleo seguirá siendo de esa cosa llamada Estado quien lo explota por conducto de PDVSA. Y ese mismo Estado también percibiría dinero de las filiales por razón de impuesto. Si el Estado va a gastar bien o mal esos ingresos es otro asunto que deberá ser considerado en otro ámbito (la reforma del Estado Venezolano), pero en todo caso se habrá reducido el gasto público.
Adicionalmente, esta propuesta tiene la ventaja de producir finalmente una verdadera democracia económica entre los Venezolanos. Incluso, al haber más capacidad de ahorro habría concentración de capital en muchas manos, y con eso se podría financiar el desarrollo de otras áreas de la economía. Igualmente, al tener los ciudadanos control directo del negocio petrolero, buena parte del poder político sería transferido a ellos.
Lo contrario a lo que proponemos es un escenario donde los gastos del Estado aumentan, aunque la sociedad civil no reciba respuestas satisfactorias de ese mismo Estado, y nuestros sabios burócratas deciden producir el ingreso: producir billetes.
En consecuencia, el día que se entienda que hay que reducir los gastos del Estado habrá oportunidad de meter a los venezolanos en el negocio petrolero. Por ahora no somos dueños de ningún petróleo. O ¿es que usted va a seguir creyendo que el Estado es Usted?