Petróleo financia el socialismo venezolano

Carlos Ball*

MIAMI (AIPE).- Unos $2.170 millones le entrarán al gobierno venezolano por las subastas efectuadas a principios de junio en 18 campos petroleros, lo cual ha puesto a salivar a los políticos de todos los partidos, mientras que al pueblo se le engaña diciéndole que será el beneficiario.

Los venezolanos todavía recordamos la campaña publicitaria desplegada a partir del 1 de enero de 1976, cuando las empresas privadas petroleras fueron despojadas de sus contratos operativos que vencían en 1983: "Ahora el petróleo es nuestro". El sórdido incumplimiento de los contratos de concesión, al tratarse de un hecho político, se denominó "nacionalización". El gobierno calculó unilateralmente las indemnizaciones, las cuales jamás pagó, dándole así un golpe mortal a la seguridad jurídica venezolana.

Durante los siguientes dos o tres años nos autodenominamos "Venezuela Saudita"; el dinero corría por las calles como si hubiera que gastarlo antes que pasara de moda y los políticos nos prometían que con tal que votáramos por ellos no tendríamos que trabajar mucho ni esforzarnos en nada. Después de todo, habíamos tenido la suerte de nacer en la patria de El Libertador y ellos —los sucesores— se encargarían del bienestar del pueblo desde la cuna hasta la tumba. Pero ese sueño socialista venezolano pronto se convirtió en la actual pesadilla y el país en modelo de derroche de oportunidades, ilustrando a la saciedad cómo el socialismo mercantilista hace inmensamente ricos a los allegados al palacio presidencial, mientras destruye a la clase media y hambrea al pueblo.

La visión del gobernante venezolano cambió radicalmente en los años 60. Hasta entonces habíamos tenido, es verdad, varios malos gobiernos y alguno que otro ministro corrompido, pero en general habíamos sido gobernados por patriotas que aunque equivocados en ciertas políticas e ignorantes de la inmensa capacidad de creación de riqueza que el libre mercado ofrece, aspiraban a una Venezuela próspera, por encima de sus egoístas conveniencias políticas del momento. Todo eso cambió radicalmente y desde la década de los 70 caímos en manos de la politiquería partidista destructiva, de gobiernos sustentados en base a la distribución de beneficios y privilegios a ciertos gremios, empresarios, sindicatos y a los militares para que no se alboroten, de la promulgación de leyes con nombre y apellido para pejudicar a éste y favorecer a aquel. Claro, cuando el camino del éxito depende principalmente de favores políticos y no de la competencia en ofrecer los mejores productos y servicios en el mercado, hay un cambio cultural y la corrupción florece a todos los niveles. Esa es la nueva Venezuela.

En cualquier parte del mundo tal situación conlleva a la crisis y a cambios radicales en los corredores del poder. En Venezuela no sucede así porque la riqueza del país —el petróleo— está monopolizada por la clase política, la cual se insulta y hasta se da golpes en el Congreso, pero no suelta el control de esos $18.000 ó $20.000 millones de ingresos anuales, ya insuficientes para tapar todos los errores y robos, pero que todavía alcanzan para superar las crisis. Esos mismos políticos se han asegurado de reservarle al Estado todas las áreas económicas en que el país goza de ventajas comparativas. Así, el sector privado venezolano se convirtió en lacayo; si se comporta bien le tiran un hueso, lo invitan al palacio y a los grupos amigos le ofrecen el ministerio de Hacienda, de Industria y Comercio o la presidencia del Banco Central. Generalmente, esos funcionarios "prestados" por el sector privado han sido enemigos acérrimos del mercado, primero para probar que son más papistas que el Papa y después para favorecer a su propios grupos y destruir a sus competidores. Uno de ellos impuso en 1983 el control de cambios para salvar a su propia empresa. Otro intentó monopolizar el sector bancario en 1989. Eso es lo que se llama mercantilismo socialista.

Los $2.170 millones de las subastas son alegría de tísico. Mientras las decisiones económicas en Venezuela sigan siendo tomadas por congresistas y burócratas que en ellas no arriesgan un centavo de sus bolsillos, cuyos objetivos políticos son opuestos a la verdadera promoción del bienestar general y mientras el presidente del Banco Central pueda seguir robando impunemente con inflación el producto del trabajo del pueblo, todo ese caudal de dinero contaminado por la política que proviene del petróleo sólo logra seguir posponiendo el día en que se derroque al mercantilismo socialista.

La clase política, los 500 dueños del petróleo venezolano, determinó que le convenía dar unas cuantas concesiones nuevas, ya que a PDVSA (el monopolio estatal) se le ha exprimido de tal manera que no tiene mayor capacidad de reinversión. Tanto es así que la gasolina utilizada en Venezuela sigue teniendo plomo y envenenando el aire de Caracas, algo verdaderamente inconcebible en 1997.

La solución es tanto obvia como políticamente improbable: una verdadera nacionalización del petróleo, dándole a los venezolanos la propiedad de las riquezas del subsuelo. Como eso no parece alcanzable a mediano plazo, los jóvenes venezolanos se pliegan a la cultura rentista del mercantilismo socialista o votan con los pies, emigrando a algún país libre, donde tener un carro, comprarse una casa y aspirar a darle una buena educación a sus hijos no es monopolio de las elites.