Venezuela vive hoy una profunda crisis. La desconfianza de amplios sectores
de la población en nuestras instituciones mas fundamentales se ha
conjugado con graves dificultades económicas y sociales. Amplios
sectores de la población están sumidos en el desempleo, la
pobreza y la falta de protección social.
Hoy Venezuela le exige a su democracia, a sus dirigentes y a sus gobernantes
que se la escuche. Hoy Venezuela se niega con justicia a renunciar a las
conquistas que casi cuarenta años de convivencia democrática
le han legado. En su desarrollo ha dejado ver progresivamente que las grandes
transformaciones morales, institucionales, económicas, sociales y
culturales, de las que Venezuela está urgida, sólo podrán
lograrse mediante un gran esfuerzo de convencimiento colectivo.
Quienes prescinden de la historia, no pueden comprender a cabalidad el presente
ni diseñar adecuadamente el futuro. Venezuela, a partir de la reinstauración
de la democracia en 1958 y hasta 1973, fue una sociedad básicamente
sana y equilibrada en su moral, en su crecimiento económico, en su
equidad social y en su desarrollo institucional.
Desde ese momento y en los años subsiguientes el exceso de riqueza
súbita nos desarticuló como sociedad y es apenas ahora, poco
más de veinte años más tarde, cuando tenemos nuevamente
la oportunidad de recuperarnos y retomar el camino hacia un país
más justo y auténticamente próspero. Debemos reconocer
que se nos han secado los pozos de la riqueza fácil; ahora nos toca
generarla con trabajo productivo y solidaridad social.
En estas cuatro décadas, los tiempos han cambiado, los problemas
son diferentes y nuestras instituciones tienen compromisos pendientes y
debilidades que superar. Es inútil seguir anclados con nostalgia
o dogmatismo en las fórmulas exitosas del pasado; en un pasado que
no volverá. Debemos prepararnos para el futuro desde el presente,
reconociendo y enfrentando con valor y decisión la necesidad de recuperar
la capacidad de satisfacer las necesidades sociales del país.
El liderazgo transformador de Venezuela tiene por delante una responsabilidad
democrática, nada fácil pero extremadamente necesaria, deseable
y posible si nos empeñamos en ella. Se trata de ganarnos a la gente
para los cambios. Ello no se logra solamente con discursos retóricos
y buenas intenciones, y mucho menos con gobiernos por decreto. Se requiere
de una gran disposición al diálogo permanente, porque se trata
de redefinir la visión del país en el que queremos vivir en
el nuevo siglo, venciendo intereses creados y valores sobre los cuales Venezuela
se está apoyando desde hace más de medio siglo.
El problema del cambio es liderizarlo y hacer que la gente lo entienda,
lo quiera y lo exija. Quien crea que cambiar un país como Venezuela
es un mero problema de fórmulas técnicas y mesianismo, de
espaldas al pueblo, está arando el camino de su propio fracaso. Fracasaron
en el pasado y fracasarán en el futuro aquellos que lo intenten.
Y lo lamentable sería que vuelva a perder Venezuela.
En un país democrático como el nuestro no podemos aceptar
la conseja de los tecnócratas según la cual los problemas
que afectan a la gente están más allá de su entendimiento.
Los problemas de hoy no son solamente temas oscuros, de teoría económica,
reservados a una minoría supuestamente esclarecida.
Nuestros problemas son también de política práctica,
de la que ningún ciudadano debe permanecer indiferente, ante las
dificultades de gobernar una economía en crisis y un país
socialmente empobrecido. Requerimos de un gran esfuerzo y esa es precisamente
la tarea que con absoluta responsabilidad debemos asumir.
El país en el que queremos vivir
El nuevo reto democrático que debemos enfrentar con una gran carga
de inteligencia, voluntad y optimismo, es el de hacer de Venezuela, de cara
al Siglo XXI, una sociedad con instituciones sólidas y respetables,
con trabajos dignos para la seguridad de la familia, con proyectos sociales
que ofrezcan educación y salud a la altura de las exigencias actuales
y sobre todo, una sociedad con gran sentido de solidaridad y justicia hacia
los venezolanos más necesitados.
Hoy necesitamos pensar a Venezuela en grande. Necesitamos pensar en la rehabilitación
del Estado como instrumento estratégico de integración y unidad
nacional, de fortaleza internacional, de servicio público, de desarrollo
cultural y de solidaridad social; necesitamos pensar al mercado como mecanismo
de producción y distribución de riqueza, para que ambos, Estado
y Mercado, estén al servicio de la gente.
Solo un Estado refortalecido puede asumir con eficiencia el papel indelegable
que le corresponde frente a la concentración de la riqueza, la regulación
de comportamientos especulativos y la reasignación de recursos para
amortiguar las desigualdades sociales y regionales. Sólo un Estado
refortalecido nos permitirá como sociedad libre mantenernos en el
marco simultáneo del desarrollo económico, la equidad social
y la democracia política.
Necesitamos pensar en grande a nuestra democracia política, para
que sus instituciones todas, gobierno, parlamento, justicia, partidos, a
través de su presencia visible y vigorosa, promuevan el bienestar,
la seguridad y la participación de la gente.
Pero sobre todo necesitamos pensar en grande y dedicarnos a fondo a los
problemas de nuestra vida cotidiana. A veces nos abruma la sensación
de estar viviendo en una inmensa chivera, donde todo es desolación.
Nuestros niños no se merecen chatarras por escuelas; nuestros enfermos
no toleran hospitales contaminados y carentes de toda dignidad; nuestros
trabajadores no deben seguir transportándose en óxidos ambulantes.
La autoestima de los venezolanos y la esperanza en un país de bienestar
la recuperaremos, entre otras cosas, con un país en el que sea grato
vivir y en el que el ciudadano perciba visiblemente la acción del
Estado y de sus autoridades mas inmediatas.
Sin desconocer las tremendas limitaciones que impone el enorme déficit
fiscal, el peso de nuestra deuda y la recesión que durante los últimos
años ha caracterizado a la economía venezolana, debemos decir
que la mayor de las limitaciones es la indolencia y la falta de sensibilidad
ante el grave deterioro de nuestra calidad de vida.
Hoy debemos reinventar el gobierno democrático. Necesitamos gobiernos
orientados a la búsqueda de esa calidad de vida de la que hoy adolecemos.
Necesitamos gobiernos cercanos a la gente y sus necesidades. Gobiernos que
rescaten el sentido de la autoridad y la ética en el servicio público.
Gobiernos abiertos a la opinión social, sin prepotencia autosuficiente.
Gobiernos que se preocupen y se ocupen en darle a la gente calles limpias
y seguras; policías respetadas y respetables; hospitales que atiendan
y curen; transporte público, masivo e individual, confortable; escuelas
que eduquen con visión de futuro. Gobiernos que sean eficientes en
las responsabilidades que le son inherentes y para las cuales han sido escogidos
mediante decisión popular.
Enfrentar esta situación de ninguna manera nos lleva a promover la
reducción del Estado a su mínima expresión. El Estado
tiene funciones indispensables, inevitables e indelegables. El proceso de
privatización por sí sólo es insuficiente; con él
se delegan responsabilidades pero no se cura a un Estado enfermo. Y el Estado
venezolano está enfermo. Está enfermo de gigantismo, de lentitud,
de entrabamiento, de ineficiencia en la prestación de los servicios
básicos que incansable y de manera legítima demanda la gente.
Los que creemos con fe en los mecanismos democráticos, que somos
la mayoría de este país, creemos también que la única
manera de llevar adelante las transformaciones que requerimos, es mediante
el compromiso de una agenda compartida por todos los sectores que dan vida
al quehacer público y privado, y en la que indudablemente debe existir
un acuerdo acerca de la perentoriedad de la reforma del Estado, en un proceso
en el que se tome en cuenta además, que un Estado democrático
y social como el venezolano no puede dejar sin fuentes de sustento a las
miles de familias que forman parte del funcionariado público. Es
por ello, que el proceso no puede ser aislado, sino que debe formar parte
de todo un programa de crecimiento económico y desarrollo social
que nos permita integrarnos a procesos realmente productivos, con empleo
estable, salarios adecuados, educación, salud y seguridad, es decir,
sobre la base de una política social agresiva y ambiciosa que vaya
más allá de los programas compensatorios.
Los parámetros de esa agenda común deben ser la lucha frontal
contra la inflación, el desarrollo de sistemas de seguridad modernos,
un sistema de salud pública efectivo, una revolución educativa,
la reforma del Estado y de la administración pública, el impulso
a las inversiones privadas en el marco de una economía abierta, productiva,
integrada a otros países y competitiva, transparencia en la gestión
pública y una disposición a luchar a fondo contra la corrupción
mediante la reforma profunda del sistema judicial.
Existen temas fundamentales que no podemos soslayar en cualquier visión
de país que tengamos y por encima de nuestros compromisos y diferencias.
Debemos incorporarnos de una vez en el nuevo paradigma de la apertura económica
y de la globalización, conscientes de la necesidad de desarrollar
nuestra competitividad como país y de promover las inversiones extranjeras.
Debemos acelerar el proceso de privatización, sin renunciar al derecho
del Estado de operar aquellas industrias básicas y estratégicas
que constituyen la columna vertebral del ingreso nacional.
Debemos apoyar la reforma de la Ley del Sufragio, pero no para regresar
a etapas superadas de confusión y de listas partidistas, sino para
cumplir con el clamor de la sociedad civil que es la uninominalidad.
Debemos acelerar decididamente la búsqueda de un sistema integral
de seguridad social para todos los trabajadores, públicos y privados,
y también para aquellos que por alguna razón no formen parte
del sector laboral venezolano. Mas sin embargo, la reforma del régimen
de prestaciones sociales debe avanzarse en el marco del diálogo y
del consenso, sin imposiciones de ningún tipo, tomando en cuenta
el contexto del país en el que queremos vivir y de la nueva sociedad,
abierta y productiva, que queremos construir.
Estos nuevos desafíos exigen madurez, prudencia y temple. Exigen
una gran disposición al diálogo y al acuerdo, para lograr
los consensos que permitan de una buena vez la definición del proyecto
de sociedad que queremos, que necesitamos. Los nuevos desafíos exigen
sustituir el lenguaje del caos y la desesperanza por el lenguaje de la acción
constructiva y del optimismo razonado.
Sin una visión de país ampliamente compartida, todo será
mucho más difícil. Debajo de las actuales circunstancias,
subyace una peligrosa dispersión de la unidad nacional ante propósitos
y acciones que nos deberían ser comunes. Esta es una señal
inequívoca, ineludible, que nos obliga a un esfuerzo patriótico
de definición colectiva.
Hoy existe la amenaza de que la coyuntura de conflictividad social se convierta
en una escalada paralizante que ponga en peligro la paz social de nuestro
país. Hoy, todos los sectores laborales reclaman con justicia niveles
de remuneración suficientes para afrontar el alto costo de la vida,
pues los actuales no le garantizan condiciones de vida decentes en las circunstancias
difíciles que aquejan a nuestro país.
Sin embargo, tales exigencias no deben dejar de lado que la recuperación
de la economía y del poder adquisitivo de la gente, dependen en buena
medida de una lucha frontal contra la inflación y simultáneamente
de una disciplina fiscal del Estado.
Si las actuales autoridades públicas se limitan a tomar medidas coyunturales
para paliar la crisis por la que atraviesan centenares de familias venezolanas,
sin a su vez asumir que esta coyuntura se inserta en un contexto de una
sociedad requerida de grandes transformaciones en la estructura del Estado,
de la economía y de la política, simplemente estaremos agravando
una situación que podría hacerse insostenible a corto o mediano
plazo, anulando todas las posibilidades de superación de nuestros
problemas básicos.
Es indispensable y urgente un gran Pacto de Estado, que permita construir
los consensos y entendimientos básicos entre todos los sectores,
restablecer los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad,
con el objetivo de acordar una visión compartida de país con
una agenda de trabajo para hoy y a futuro, como única vía
democrática para la reconstrucción de Venezuela, en la que
debe relanzarse el crecimiento económico con bienestar social.
No podemos permitir que las mezquindades, el sectarismo, los intereses grupales
estrechos y el individualismo de quienes pretenden vivir del caos o del
egoísmo, se impongan sobre la aspiración colectiva de tranquilidad,
progreso y bienestar social.
Esta Venezuela en la que hoy vivimos, esta Venezuela en la que debemos convivir
pacíficamente, reconoce y rechaza la demagogia, rechaza la insensibilidad
frente al drama humano, rechaza los radicalismos y dogmatismos de todo signo.
Esta es una Venezuela que ha aprendido a ejercer su derecho a opinar y protestar,
una Venezuela que no está dispuesta a ceder sus espacios de participación
democráticamente conquistados.
Esta es una Venezuela que observa con resabio la indiferencia del Estado
para con sus ciudadanos. Las viejas fórmulas ya no sirven para esta
Venezuela; la gente lo sabe y exige cambio.
Las posibilidades de la reconquista de una Venezuela en progreso está
frente a nosotros.
Acción Democrática de cara al futuro
Acción Democrática está obligado a asumir la responsabilidad
histórica de cambiar y liderizar estos cambios. Este partido siempre
ha desempeñado el papel protagónico de las transformaciones
y reformas que han modernizado al país y que han permitido, en un
proceso no exento de dificultades, la construcción de una sociedad
de oportunidades más igualitarias, mejor preparada y más exigente.
Podemos decir orgullosos que Acción Democrática jugó,
y sigue jugando, un papel estelar en el desarrollo y fortalecimiento de
la democracia venezolana, que poco a poco ha dado lugar al mejoramiento
de los mecanismos de participación de la sociedad civil y al pluralismo
político.
La descentralización, la escogencia directa de gobernadores, el rescate
de la figura del alcalde y su elección directa, la adopción
de un nuevo sistema electoral que abrió sus puertas a la uninominalidad,
son muestras de los innegables avances para fortalecer nuestra democracia
y superar sus dificultades. Pero lo más importante es que, con estas
reformas, han surgido nuevas exigencias que marcan una tendencia frente
a la cual Acción Democrática está radicalmente comprometida.
Nuestro reto como partido es ofrecerle al país nuevas razones, nuevas
metas que alcanzar, para reencontrarnos con los valores y la fe democrática
de los venezolanos. Pero sólo podremos lograr estos grandes objetivos,
si nos empeñamos a fondo en sustituir la confrontación estéril
y mezquina por la cooperación constructiva. Para enfrentar los problemas
del país se necesita de la convocatoria más amplia, sin sectarismos,
de la intelectualidad venezolana de avanzada, de profesionales y técnicos
tanto del partido como de independientes angustiados por la crisis, de jóvenes
a quienes debemos convencer de las bondades y oportunidades de progreso
y bienestar que nos ofrece nuestro país, de sectores y personalidades
empresariales tanto públicos como privados, de los representantes
de la Iglesia y de los organismos laborales.
Y en Acción Democrática lo hemos estado haciendo, sin alaraca
ni pantallerismo, con sobriedad y madurez. Calladamente, el país
nacional nos lo reconoce y por eso el partido ha recuperado el prestigio
que históricamente lo caracterizó y la gente en general ve
en AD la opción más clara de poder en 1998, por ser AD la
opción más seria y responsable.
AD será la organización política que en 1998 retomará
el liderazgo conductor de las transformaciones del país, como lo
ha venido haciendo progresivamente a nivel regional y municipal donde ejerce
el gobierno, a través del consenso y de mecanismos políticos
de negociación y de acuerdo, sin mesianismos ni prepotencias, sin
individualismos ni autosuficiencias, con un proyecto colectivo construido
a partir de la convocatoria mas amplia y la suma de los mas variados intereses.
Es la hora de los esfuerzos colectivos y del lenguaje constructivo. Es la
hora de escuchar las voces que desde dentro y fuera del partido claman por
la unidad y la cohesión, por el diálogo y la concertación,
por una verdadera demostración de que podemos superar nuestras diferencias.
Sin sectarismos, AD representa la visión más progresista con
un criterio de equilibrio social y político. Y si acaso debemos confrontarnos
con nuestros viejos programas, pues por allí debemos comenzar. Sin
temor y sin miedo. Como socialdemócratas, estamos en la obligación
de asumir un liderazgo reformador, porque, fuera del cambio, no hay nada
distinto al deterioro y a la muerte de las mejores potencialidades del país.
Siendo como somos, un partido socialdemócrata, estamos en la obligación
de liderizar las tendencias transformadoras y modernas del país,
transformándonos a nosotros mismos. Debemos ratificar nuestra voluntad
y disposición de liderizar el proceso de cambios dirigido a alcanzar
el bienestar de nuestro pueblo, a través de la construcción
y consolidación de un nuevo sistema de relaciones basadas en el concepto
de la democracia efectiva. Una democracia que garantice no sólo las
más elementales libertades individuales sino que además, abra
cauces efectivos hacia el bienestar económico y social de todos los
miembros de la sociedad.
Y ello sólo es posible si estamos profundamente convencidos y dispuestos
a no desmayar ante las dificultades, a no ceder ante los oscuros intereses
de quienes intentan imponer sus individualismos por encima de las legítimas
aspiraciones de la sociedad civil, a no permitir que avancen los sectarismos
y tirunfe el pesimismo sobre el futuro que nos espera.
De cara hacia el Siglo XXI, Acción Democrática, firmemente
unida y cohesionada, debe ser el partido de la Venezuela moderna, descentralizada,
participativa y abierta. De la Venezuela emergente y productiva, de los
nuevos movimientos sociales, de la nueva sociedad civil y de las comunidades
organizadas.
Sin embargo, debemos admitir que todos esos cambios no son posibles hacerlos
de la noche a la mañana. Se trata de un proceso largo, en el que,
por cierto, ya hemos comenzado a transitar. La escogencia de nuestros candidatos
para las elecciones regionales de diciembre de 1995 fue una prueba de esto.
AD le presentó al país los mejores candidatos porque se atendió
a las preferencias del electorado regional y municipal. AD le abrió
las puertas a los liderazgos naturales de las comunidades y regiones del
país. No fueron candidatos impuestos e incluso, algunos de ellos
pertenecían a sectores independientes a los que Acción Democrática
respalda y reconoce como luchadores sociales.
Los resultados de las elecciones de alcaldes y gobernadores fueron una nueva
demostración de la fortaleza del partido y un aliento para que continuemos
adelante en nuestra lucha por mantener la vigencia de nuestra organización.
Pero, nuestros triunfos no pueden ser motivo para olvidar el compromiso
renovador que tenemos con Venezuela. Por el contrario, debemos entender
nuestra victoria como un respaldo de las mayorías, que continúan
viendo en Acción Democrática el mejor instrumento para el
cambio.
Acción Democrática tiene ante sí el reto de profundizar
todos estos procedimientos que forman parte de los cambios exigidos por
el país. No podemos defraudar a quienes nos ofrecieron una prueba
de su confianza. Ante ello, Acción Democrática ha asumido
un proceso de reflexión en torno a la necesidad de su transformación
y de un nuevo liderazgo basado en la acción social comunitaria, en
la rectitud en el ejercicio público y en el convencimiento de la
necesidad del cambio.
Efectivamente, las nuevas realidades políticas, económicas
y sociales del país y los avances en el proceso de descentralización,
exigen de los partidos políticos un nuevo liderazgo, que promueva
reformas y consensos que permita dirigir, conjuntamente con la sociedad
civil, proyectos de desarrollo económico y social que insoslayablemente
deben asistir y ser complementarios con ese proyecto nacional de país
y de sociedad que debemos construir de cara al nuevo siglo.
Y es aquí donde observamos el nuevo papel que hemos venido jugando
en el ejercicio público que nos ha correspondido por designación
popular, al frente de las Gobernaciones y Alcaldías: impulsadores
de la creación y desarrollo de nuevas relaciones entre la sociedad
civil y los asuntos públicos, de una forma moderna, activa y participativa,
donde la solución de los problemas y la prestación de los
servicios es el producto del consenso entre los diversos actores del desarrollo
regional, municipal y local.
Gracias al proceso de descentralización, hemos visto el surgimiento
de importantes fuerzas productivas en nuestras regiones y comunidades, precisamente
en momentos en que atravesamos uno de los períodos más difíciles
de nuestra historia democrática, que nos exige el esfuerzo, el consenso
y la participación de todos para el logro de nuestros objetivos nacionales
de desarrollo social.
En Acción Democrática nos hemos empeñado en ser promotores
de este cambio, creando los canales de participación de la sociedad
civil en la orientación de los gobiernos regionales y locales, defendiendo
los intereses de todas las comunidades y procurando el bienestar y el mejoramiento
de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Acción Democrática debe ofrecer sus mejores activos y lo mejor
de su liderazgo, promocionando sólo la eficiencia y la rectitud en
el ejercicio de la gestión pública nacional, regional y local.
Acción Democrática está obligada a fomentar liderazgos
que promuevan consensos y sumen voluntades, alejando cualquier atisbo de
liderazgo fragmentador y mesiánico.
Acción Democrática, está obligada a cumplir el compromiso
inequívoco con el rescate de una nueva ética en la militancia
política.
Acción Democrática está obligada a poner todo su empeño
en la promoción de los cambios hacia una Venezuela con justicia social,
con una sociedad más igualitaria, con profundos valores democráticos
y especialmente, con un sentido de compromiso y solidaridad con el pueblo.
Acción Democrática está obligada a sumar esfuerzos
para construir una economía competitiva, generadora de empleo y dignidad
humana, a través de una apertura que nos inserte en el mundo globalizado,
pero con un profundo sentido de respeto y soberanía.
Acción Democrática está obligada a promover un gran
consenso nacional para acometer, sin intenciones subalternas, las profundas
reformas de nuestras instituciones democráticas.
Mirando al futuro, Acción Democrática está obligada
a impulsar un esfuerzo conjunto del nuevo liderazgo nacional, regional y
municipal integrado con la sociedad civil, para el proyecto colectivo de
nación que a las puertas del nuevo siglo nos permita, en democracia,
rescatar la esperanza de una mejor calidad de vida para todos los venezolanos.
Caracas, 19 de febrero de 1997 |
