Esta Semana
Revista Electrónica       Nº 17     Julio 1997

Esta Semana

Venezuela y la guerrilla

Héctor Charry Samper

La confirmación del presidente Caldera al presidente Samper de que Venezuela no negociará con la guerrilla colombiana, que viene realizando ataques bélicos y delitos diversos y violando la frontera deliberadamente, regresa las cosas al punto del que no deberán salir nunca nuestras dos naciones. Sean cuales fueren sus gobiernos y sus situaciones internas. Por encima de cualquier desacuerdo, lo que está en juego es nuestra alianza histórica y estratégica. La perentoriedad de que, conforme al derecho internacional y a la hermandad, sean los dos estados, como personeros de sus naciones, quienes se acuerden. Nunca como hoy aparece tan nítido el desafío de una especie de "tercer país" clandestino, irregular, violento, enemigo de ambas.

Lo que corresponde es actuar mancomunada y eficazmente con acciones integrales -e integradas- no sólo en el plano militar, sino en el tratamiento del conjunto de los problemas. En beneficio de sus pobladores. Convirtiendo la frontera en lo que se proclama pero no es: una zona de coprosperidad, de seguridad y desarrollo conjunto, pacífico.

La solución de la violencia más allá de nuestra frontera pasa por la solución del conjunto del orden público, quebrantado gravemente en gran parte del territorio nacional. Yo acepto que está llegando el momento de apelar a la participación, en alguna forma convenida, de organismos internacionales y de naciones amigas, para entablar un proceso serio de negociaciones con los alzados en armas en Colombia. La Iglesia y los sectores privados tienen importante papel que desempeñar.

Ello requiere la formulación y ejecución por el Estado de una verdadera estrategia de negociación y, por supuesto, el cotejo de aquella con las estrategias de los principales grupos insurgentes. La paz es algo demasiado serio como para dejarla al vaivén de las improvisaciones o de las apetencias.

Venezuela tiene sin duda un papel por jugar, pero no es el mismo que el de una nación escandinava lejana o una agrupación cualquiera de partidos políticos o las ONG. Somos socios y aliados con intereses comunes. Percibo la exasperación legítima de los venezolanos ante las agresiones de los guerrilleros colombianos, me preocupa el sentimiento de hostilidad que crece. Tienen razón en demandar que Colombia le dé toda la prioridad que requiere a la frontera.

Nuestro país no puede erigirse en un exportador de ingobernabilidad (narcótrafico, guerrilla), un peligro para la estabilidad latinoamericana. Pero no se trata de trocar en "mediadores" a nuestros aliados. Hay un precedente: cuando en los años 60 la estabilidad venezolana, siendo presidente Rómulo Betancourt, se vio amenazada por el intervencionismo subversivo, fue Colombia, guiada por el presidente Alberto Lleras, la que salió a concitar la solidaridad interamericana para protegerla. ¿No estará llegando la dislocación nacional a un punto de ruptura que requiera el apoyo continental?

Voceros de la guerrilla afirman que llevan un año conversando con el gobierno venezolano. Mientras el canciller Burelli Rivas, con apego a la mejor tradición binacional, afirma que las relaciones "son de estado a estado" y deja en manos del gobierno colombiano si acepta tener "un grupo de amigos... que coadyuven a resolver los problemas internos de paz", se anuncia la posibilidad de que el ministro de asuntos fronterizos, Pompeyo Márquez, participe en gestiones llamadas de "facilitación" de la paz, junto con delegados de los partidos de Coppal. Con serena firmeza, el embajador Suárez Melo ha expuesto razones que hacen no viable dicha gestión, sobre la cual disienten también sectores venezolanos.

Una sola consideración la vuelve absolutamente inaceptable: no se puede ser negociador con Colombia en el diferendo limítrofe marino y submarino y participar simultáneamente en gestiones de paz, bajo cualquier denominación, con grupos guerrilleros colombianos. No conozco ningún precedente en el derecho internacional.

En cuanto a la declaración del nuevo comandante del ejército venezolano, general Wilfredo Guerrero, según la cual Colombia "es responsable ante la comunidad internacional por acción u omisión de los ataques de que somos víctimas utilizando como santuario al territorio de aquel país", creo pertinente ciertas clarificaciones. Sin pretender eludir la urgencia de que nuestro Estado recobre el control del orden público fronterizo, que seguramente tendrá nuevas perturbaciones con ocasión de las elecciones municipales.

Como Colombia y Venezuela son partes en los convenios de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, sobre derecho humanitario, podrían, concertadamente, apelar a la Comisión Internacional de Encuesta (artículo 90, Protocolo I) para que con autoridad e imparcialidad investigue los hechos y contribuya a "facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto" del derecho humanitario. No creo en el fetichismo jurídico para resolver situaciones bélicas, pero sí en las normas para encauzarlas. Serviría para restablecer la confianza mutua.

Pondría frente a la comunidad internacional a las guerrillas, que tras reclamar, por años, la ratificación del Protocolo II y a sabiendas de que este rige para un conflicto "sin carácter internacional" precisamente porque se desarrolla "dentro del territorio de un Estado", están violando la razón misma de ser, el ámbito territorial del Protocolo II.

Sería útil que la comunidad internacional califique dichas violaciones. La actitud de la guerrilla en la frontera con Venezuela es la mejor prueba de su voluntad de negociación de un proceso de paz en Colombia.


Opinión en El Tiempo,   Jueves 10 de julio de 1997
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