Una ley de ciencia y tecnología para el subdesarrollo

Rafael Rangel Aldao

Este podría ser el objetivo involuntario del proyecto de ley que prepara una comisión del Congreso Nacional para "estructurar" un "Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología" en Venezuela. En los países científicamente más adelantados no existen leyes de esa naturaleza, pero aquí queremos innovar, aunque sea con más burocracia y trabas para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El proyecto en cuestión, que es poco menos que absurdo, ignora la manera como se practica la ciencia en los laboratorios científicos, y a como se crean y desarrollan tecnologías en una empresa moderna.

El proyecto, tampoco toma en cuenta o desconoce los factores económicos, sociales, y políticos que facilitan, en los países desarrollados, la conformación más o menos espontánea de un sistema nacional de innovación. No es precisamente a través de leyes y decretos como se une la ciencia con la industria, sino a través de fuerzas y mecanismos económicos y políticos de mutuo beneficio. Para colmo de males, las nuevas estructuras burocráticas que integrarán el futuro sistema criollo, y a las que dedica la mayoría del articulado de este proyecto, son tan pesadas y anacrónicas que hubieran sido motivo de orgullo para la desaparecida Unión Soviética, pero cincuenta años atrás.

Al Conicit actual se le resta jerarquía para dársela a una especie de buró político, o mega-consejo de la burocracia representativa, llamado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONSECYT), adscrito a la Presidencia de la República a través del Ministerio de la Secretaría (quien, de paso, marcha en la dirección contraria a la adscripción de más organismos del Estado). El CONSECYT, será el "máximo organismo de dirección del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y orientador principal de las políticas y acciones del Estado en estas materias...", y estará constituido, como mínimo, por apenas... 21 personas, donde estará representado, como diría Rómulo Betancourt, "de Uslar p’abajo". O sea, presidentes de comisiones del Congreso, directores de institutos, militares, gobernaciones, la OCEI, el CNU, Fedeindustria, el presidente Fedecámaras, y el de la CTV, además, por supuesto, de la plana mayor del Conicit. Será interesante ver como se podrá "orientar" la ciencia y la tecnología venezolana con ese gentío tan diverso y heterogéneo que, incidentalmente, por sus ocupaciones naturales no podrán reunirse nunca (excepto para la toma de posesión en Miraflores).

El mal mayor, sin embargo, no es el CONSECYT, sino sus clones que parten de esa "única célula" para reproducirse por todos los estratos del país. Así, nacen, las Comisiones Sectoriales de Ciencia y Tecnología para coordinar a cada sector, y con diez representantes de ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, y "otros organismos públicos y privados..."(artículo 15); y los Consejos Estadales de Ciencia y Tecnología (Artículo 18), donde se plantea la misma representatividad, pero provincial, con gente de los Fundacites, del gobierno estatal, Asambleas Legislativas, institutos tecnológicos (IUTs), universidades, cámaras de comercio o de industriales, y hasta academias científicas de cada estado (si por acaso existiese alguna). También nace, naturalmente, el nuevo Conicit (artículo 27).

La ciencia y la tecnología nacional se controlará y regulará a través de un original organismo funcional, los "programas nacionales" (que no tienen nada que ver con los planes quinquenales aquellos). Estos, serán de índole pública o privada (control total), y habrá para todos los gustos, tales como Regionales, Estadales, y Locales, pero eso sí, con un Comité controlador, por supuesto. Según el artículo 24, cada Comité de Programa tendrá un director, y si la cosa es Nacional, el jefe será un ¡Ministro!. Los comités, naturalmente, estarán sometidos a la "coordinación" de las Comisiones Sectoriales de Ciencia y Tecnología, que para eso las pusieron allí. Pero hay otro organismo burocrático más, que corresponde a las Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, a las cuales en un acto de misericordia descentralizada, se les deja a las Asambleas Legislativas y a sus respectivas gobernaciones para que las clonen por Ley.

El Conicit, se transformaría en una especie de híbrido o amalgama entre un colegio profesional, la Otac, el desaparecido ministerio de Fomento, y Hacienda. Entre sus novísimas funciones le tocaría al Conicit validar y autorizar investigaciones por personas naturales o jurídicas extranjeras, otorgar ventajas financieras para quienes hagan investigación y desarrollo, aunque no divisas por la libre convertibilidad, sino rebajas fiscales contenidas en los muy pocos artículos dedicados a "impulsar" la innovación. Pero, por supuesto, "la exención solo procederá cuando el destinatario final realice proyectos que estén "contemplados en Programas Nacionales acreditados por el Conicit, según las normas que éste dicte al respecto." La empresa privada, obviamente, tendrá que someterse al escrutinio estatal para planificar sus investigaciones, lo cual la llevaría a comprometer uno de los principales elementos de la competitividad en el mercado: el "secreto industrial". Cada empresa que desee aprovechar este estímulo fiscal deberá, pues, presentar sus respectivos proyectos ("contentivos de la secuencia de actividades con las respectivas asignaciones de tiempo de ejecución y valores expresados en dinero..."), para que sean "acreditados" por el Conicit. "Y en todo caso, agrega el artículo 56, "los resultados deben materializarse en innovaciones en procesos, productos o servicios originales."

Mayor sabiduría imposible, sobretodo si tomamos en cuenta que de cada diez patentes o innovaciones tecnológicas, menos de una llega a materializarse en un producto o servicio, después de un proceso de escalamiento y prueba comercial o económica que puede ocurrir hasta cinco o más años de haberse verificado la inversión inicial para la innovación. Ese artículo 56 es claramente contrario a todo estímulo a las innovaciones radicales o fundamentales que son las que involucran mayor grado de riesgo pero también mejor rentabilidad o ventaja competitiva.

Finalmente, viene lo bueno de la Ley, el tan ansiado financiamiento a través de un Fondo Nacional para Investigación y Desarrollo (FONID), adscrito al Conicit (Art. 47), pero con su respectivo Comité Administrador, con gente del Ministerio de Hacienda y del propio Conicit (previa elección, por supuesto). Ese fondo se alimentará principalmente de las asignaciones que le dé el propio Conicit, y por retenciones no determinadas a los juegos de azar como las loterías y el hipódromo.

Esto es más o menos todo. Pero, ¿y donde está el Sistema de Nacional de Ciencia y Tecnología? Justamente, en todo el conjunto de organismos, programas, fundaciones, fondo, y comités que hemos visto, pues. Con tal estructura, por demás representativa del país que debemos superar, del que está en su mayor crisis política de todo este siglo, precisamente por ese exceso de peso estatal, es como se pretende encarar los retos tecnológicos del siglo XXI. ¿Resulta increíble, no?.