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| Revista Electrónica Nº 18 Agosto 1997 |
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Los valores éticos de la democracia y la Comunidad Iberoamericana Ricardo Combellas*
Conferencia dictada en la Casa de América de Madrid, el miércoles 25 de junio de 1997.
I. De la VI a la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Está previsto para los días 8 y 9 de noviembre del presente año la celebración en nuestra isla de Margarita, de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se trata de un importante foro, donde se trazan líneas estratégicas de acción para el mundo iberoamericano, así como un lugar de concertación y coordinación de esfuerzos, dentro del proceso paulatino y perseverante de construcción de nuestra comunidad de naciones. Como lo señalara el Rey Juan Carlos I de España en la IV Cumbre, reunida en Cartagena de Indias el año 1994: "Un foro privilegiado para reafirmar nuestra identidad y potenciar una acción concertada a través del diálogo franco y amistoso". Un evento de esta naturaleza tiene una proyección que supera tradicionales encuentros, no sólo por la presencia de Cuba, reiteradamente ausente de foros latinoamericanos, sino también por el puente que se abre a Europa, gracias a la participación de los Estados europeos unidos directamente a la conformación de nuestro ser nacional, España y Portugal. Su participación ha constituido un factor fundamental en el redescubrimiento de la comunidad iberoamericana, una de las cuatro comunidades, como bien ha anotado Uslar Pietri(1), que integra, junto a la latinoamericana, la continental y la tercermundista (venida a menos con la caída del Muro de Berlín), la vocación de nuestros pueblos. Cierto que llenar de nuevo contenido la comunidad iberoamericana exige mucha voluntad, mucha colaboración, pero no es menos cierto que hemos empezado a dar los primeros pasos. La Cumbre Iberoamericana se inserta repito, dentro de novedosas formas de diálogo y apertura de iniciativas, que enfrentan las nuevas realidades surgidas del fin de la era bipolar, así como de los retos que afrontan los Estados, consecuencia del impacto de la globalización. Tanto es así, que junto al diálogo hemisférico que abrió la Cumbre de Miami, el año 1994, América Latina y Europa se aprestan a iniciar encuentros cimeros, como lo revela la beneficiosa acogida de la propuesta de una Cumbre América Latina-Europa, lanzada recientemente por el presidente de Francia, Jacques Chirac, con motivo de su visita a algunos países de la región. Además, el estímulo a la imaginación creadora que significa la estructura flexible de las cumbres y su reducida configuración organizativa, expresada en una secretaría pro tempore, es reveladora de la agilidad e informalidad, alérgica a la burocratización, que caracterizan el desarrollo de este tipo de encuentros. La Cumbre de Margarita está unida indisolublemente a la Cumbre de Viña del Mar. Esta última adquirió un perfil de naturaleza política que no se encontraba tan marcado en las reuniones anteriores. A partir de ahora, la defensa y consolidación de la democracia, la mejor construcción y operatividad de sus instituciones, así como la voluntad manifiesta en pro de la internalización de los valores que encarnan una cultura cívica, constituyen un claro y contundente mandato para los Estados iberoamericanos. Como bien señaló el presidente Frei en su acto de clausura, el 11 de noviembre de 1996: "La Declaración de Viña del Mar amplía significativamente el ámbito de acción de los demócratas de nuestra región y contribuye a trazar un amplio esquema de la cooperación política en Iberoamérica".(2) En ella la dimensión ética de la gobernabilidad no podía dejar de estamparse, so pena de quedar fallida y ofrecer flancos de vulnerabilidad. En el párrafo 23 de la Declaración se señala: "La raíz ética de la actividad política - la exigencia de valores y de sentido de vocación por la acción colectiva - constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta actividad. Elevar la calidad de la política, de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social. En este sentido, fortaleceremos, desde la más temprana escolaridad, los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la participación". Igualmente, se destaca en el párrafo 28: "La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman nuestros Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1996, nos muestra que es posible tener criterios compartidos y abrir espacios a la cooperación en estas materias".(3) El tema central de la Cumbre de Margarita pretende desarrollar con particular ahínco, las implicaciones de los valores éticos de la democracia. Así lo propuso el presidente Caldera en sus palabras, durante la clausura de la Cumbre de Viña del Mar: "La democracia no es solamente un sistema político, la democracia es una forma de vida, la democracia es un compromiso en torno a los valores morales que le dan consistencia y que la hacen invencible".(4) Dentro de este gran tema central, el presidente Caldera desgajó una serie de puntos particularmente importantes a abordar, como son los casos de la defensa y garantía de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la diafanidad electoral, el derecho a la información veraz, el derecho de los pueblos a una justicia recta y eficiente, y la justicia social internacional. Antes de entrar a estos puntos medulares, quisiera estampar unas reflexiones sobre la relevancia de la ética para la política, y de manera especial, para la política democrática. Max Weber, en su celebérrima conferencia sobre la política como vocación(5), distinguió dos máximas de acción ética, en su opinión irremediablemente opuestas: la "ética de la convicción" y la "ética de la responsabilidad". La primera orienta la acción en torno a la satisfacción de las convicciones de la persona, independientemente de cuales sean sus resultados, mientras quien se orienta por la ética de la responsabilidad toma en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. Me resisto a aceptar la imposibilidad de congeniar las convicciones con el sentido de responsabilidad, pero en ambos casos flamea una ética que dota de sentido a la acción humana. Es cierto que la ética se traduce en responsabilidad de nuestras acciones individuales y colectivas, y por tanto en las consecuencias de las decisiones, actos y omisiones, pero no es menos cierto que la concepción ética de la política se sustenta en principios que orientan consecuentemente nuestras acciones; lo contrario es la política pragmática basada en criterios cortoplacistas, al servicio de intereses parciales y la pura conveniencia egoísta. En suma, el embelesamiento y la vanidad del poder, su búsqueda y disfrute como un fin en si mismo, el más crudo maquiavelismo político. Lo grave de la hora actual está en el creciente proceso de desustanciación de la política, que tiende a propagarse en detrimento de las valoraciones éticas. Weber, dramáticamente angustiado ante la pérdida de sentido de la acción política, se refirió a los dos pecados mortales de la política: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad. El neomaquiavelismo, que se ha apoderado de los escenarios políticos en nuestras latitudes, lamentablemente fomentado por las "novedosas formas de hacer política", ha derivado en dos perniciosas consecuencias, ambas profundamente desestabilizadoras de nuestras todavía jóvenes experiencias democráticas: el desdibujamiento del bien común, o dicho de otro modo, del interés de la comunidad política, del demos, por encima de los intereses sectoriales, y el predominio del "político pragmático", caracterizado por su acriticismo y espíritu reduccionista, que maneja una visión parcializada de la realidad, que gira en torno a la utilidad fútil y la inmediatez, donde campean los esquemas manipuladores, el utilitarismo, el afán de dominación. Como lo destaca García-Pelayo: "esclavo de lo inmediato, del tiempo presente ante el que meramente reacciona; su actividad es una actividad jornalera, que vive al día".(6) Rescatar los valores es iluminarnos más con los valores de la más genuina tradición occidental. Victoria Camps devela claramente lo que deseo expresar: "No es cierto que no haya valores compartidos: es que ya nadie se encarga de pensar en ellos, de desarrollarlos, de decir qué sentido tienen o deben tener para nosotros, ciudadanos de finales del siglo XX".(7) Esa tradición nos pertenece también a los iberoamericanos. La heredamos y la hemos enriquecido. Uslar Pietri lo recoge admirablemente: "Pertenecemos por la cultura, las instituciones y la mentalidad al mundo occidental. Proclamamos repúblicas a partir de 1810 y no resucitamos alguna vieja monarquía sagrada. Proclamamos los derechos del hombre, pertenecemos a esa civilización, somos parte de ella, hemos nacido y crecido dentro de ese juego de valores y nos sería imposible rechazarlos y repudiarlos para aceptar otros que no podrían tener vigencia efectiva".(8) La democracia no nace, se hace, exige un esfuerzo de socialización en sus valores más preciados, insuflar a los ciudadanos y a las instituciones de esos valores, y así convertirlos en principios internalizados que guían nuestras actitudes y comportamientos, en la sociedad y en la política. Ello no significa abandonar o relativizar lo que Norberto Bobbio llamó democracia mínima (9) , que pasa por el sagrado respeto de tres principios: 1) el derecho a participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas; 2) la existencia de reglas procesales a que se someten los actores del juego democrático y; 3) la existencia de alternativas reales que permitan al ciudadano seleccionar libremente entre una y otra. Mucho se puede debatir, y efectivamente se ha debatido sobre los alcances y limitaciones de la democracia mínima; la polémica entre los elitistas y los participacionistas es expresión de ello, como el controversial dilema de los efectos nocivos del exceso de democracia sobre su misma viabilidad. Podemos no estar de acuerdo con las restricciones que Bobbio, entre otros, impone a la democracia para salvaguardar su preservación, continuando con una tradición que entronca con Tocqueville, pero en ningún caso podemos negar, so pena de pecar de obnubilados o fanáticos, la dura experiencia que la historia contemporánea no ha hecho más que comprobar: cuando se quebrantan los principios de la democracia mínima se termina sepultando la frágil democracia que tanto costó construir. Pues bien, la democracia mínima implica un profundo contenido ético, que se expresa en la ponderación de la tolerancia, el reconocimiento del pluralismo político, el florecimiento del diálogo, en fin la aceptación, como patentiza Savater: "que todo el mundo tiene derecho a equivocarse pero nadie posee el de exterminar el error." (10) En suma, convivir con los valores, comulgar con ellos, nos plantea la inmensa tarea de encarnarlos en conductas concretas, adoptar una ética civil a través de la cual la política, la acción política, vuelva a interesar a densos sectores, sobre todo los juveniles, que peligrosamente se desatienden no solo de ella sino de la vida pública en general. II. El Estado de Derecho, los derechos humanos y la relevancia de la rama judicial Ya en los lejanos y siempre recurrentes tiempos de la Revolución Francesa, se erigieron los dos grandes pilares constitutivos de lo que desde entonces se conoce como Estado de Derecho: la existencia de unos derechos universales, inherentes a la humana condición, y por consiguiente anclados en un soporte de dignidad superior, que los jerarquiza por encima del Estado, que debe protegerlos, fomentarlos, nunca mancillarlos ni violarlos, en fin, autolimitación ética del poder político en aras de servir a los valores superiores que iluminan el orden estatal democrático; y el principio de la división de poderes, es decir su manifestación en tres ramas (legislativa, ejecutiva y judicial), cada una con su precisa esfera de competencias, unidas por un objetivo común, la defensa de la libertad. Desde su génesis el Estado de Derecho se concibió como un concepto de lucha: frente a los privilegios impulsó la igualdad ante la ley, frente al absolutismo se identificó con el reino de la libertad y las virtudes republicanas. Hoy, independientemente de la latitud, el Estado de Derecho se asocia con la defensa de la Constitución, el imperio de la ley, la distribución, no sólo horizontal sino también vertical, de los poderes del Estado, y la protección y promoción de los derechos humanos. Además, al contrario de las aberraciones positivistas, que intentaron deslastrarlo de sus primigenios soportes ontológicos y axiológicos, el Estado de Derecho se concibe en la actualidad como un concepto cargado de valores, centrados, repito, en la noción ética de la eminente dignidad de la persona humana. No obstante, ha sido largo el camino para que el Estado de Derecho se perfeccionara, dada su evolución desde la concepción individualista, unida al liberalismo, pasando por la fase de desustanciación positivista, hasta su actual concepción como Estado social y democrático de Derecho. Así mismo, el decurso de estos dos siglos ha presenciado su destrucción (por los totalitarismos comunista y fascista), como su pálida presencia, y hasta definitiva ausencia, en los sistemas autoritarios. La lucha por el Estado de Derecho se remonta en América Latina a los mismos años fundacionales de sus repúblicas. Sin embargo, su efectiva preminencia, cual verdadero tormento de Sísifo, ha constituido una empresa ardua e inagotable. Alguna sociología positivista, de signo pesimista, incluso nos condenó a vivir una realidad, en palabras de Carlos Fuentes, "inhumana, retrógrada y autoritaria"(11) , donde la dictadura y los autoritarismos serían la regla, y el mundo de la libertad y la democracia, la excepción. En otras palabras, el "gobierno de los hombres", el reino del despotismo y la arbitrariedad, se sobrepondría como una fatalidad al "gobierno de las leyes", donde el poder se enmarca y es limitado por el derecho. Afortunadamente esta dura realidad ha comenzado lenta pero vigorosamente a cambiar. El Estado de Derecho empieza a valorarse como un concepto positivo y necesario, un componente irrenunciable de la experiencia democrática, una conquista civilizatoria, garantía y producto de un desarrollo con rostro humano. Así, cada vez más es una opinión común en nuestros países, que sin la institucionalización del Estado de Derecho los logros democráticos siempre serán frágiles y precarios. Signos alentadores de la nueva situación lo constituye la mayor conciencia de la necesaria jerarquización del Poder Judicial en la trilogía de poderes. No obstante, es grande el desafío que tenemos por delante, en la superación de la tendencia a infravalorarlo como "pariente pobre", un poder secundario, manipulado, en definitiva, relegado dentro del sistema de distribución de los poderes del Estado. La reforma del Estado en Iberoamérica no logrará sus objetivos si no garantizamos decorosamente en el ejercicio de la función jurisdiccional, la independencia e imparcialidad del juez. Al unísono, la lucha por los derechos humanos nos ha convencido de la necesidad de un orden objetivo, nacional y supranacional, que proteja y fomente la carta de derechos, y las correspondientes garantías, tal como se estampan en las Constituciones republicanas y en los tratados sobre derechos humanos, y su percepción no como meras entelequias, sino como concreción de valores por los que vale la pena luchar. En síntesis, hemos aprendido a valorar el Estado de Derecho en tanto requisito insustituible de la democratización de nuestros sistemas políticos. Sus implicaciones no admiten dubitaciones, interpretaciones interesadas o "saltos al vacío". Sin división de poderes, sin respeto a los ámbitos de actuación de cada uno de ellos, no hay Estado constitucional, y por supuesto, tan sencillo como simple, quedan flagrantemente desguarnecidos nuestros derechos y libertades más preciados. Sobre esto no caben las medias tintas, aceptamos las reglas del Estado de Derecho o las repudiamos. Si es el último supuesto el que predomina, utilicemos cualquier epíteto, que sobre el particular abundan ("democradura", "régimen plebiscitario", "gobierno paraconstitucional"), pero nos está vedado mancillar el orgulloso concepto de democracia constitucional. III. El derecho a la información veraz El Presidente Caldera ha propuesto como un tema fundamental de la agenda de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la consideración del derecho a la información veraz, enmarcado dentro del tema central "valores éticos de la democracia". La actitud del Presidente no ha sido abrupta ni circunstancial. Los que hemos seguido de cerca su itinerario intelectual recordamos su clara postura, manifestada en la Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución venezolana, a favor de complementar la libertad de expresión con la garantía del derecho de información veraz y oportuna, dentro de los principios consagrados en la Constitución. El derecho a la información tiene su asiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el año 1948, y ha sido recogido, entre otros relevantes acuerdos internacionales, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", en recuerdo de la ciudad donde se suscribió, el año 1969. Igualmente, el nuevo movimiento constitucional que experimenta América Latina a partir de los años ochenta, ha significado la recepción en las cartas constitucionales, tanto del derecho a la información veraz como del derecho de rectificación o respuesta, mal llamado derecho de réplica. No se puede desvincular el derecho a la información del desarrollo de las libertades vinculadas a la comunicación, sea en su dimensión histórica, desde las libertades de expresión y pensamiento, pasando por las libertades de prensa y de opinión, hasta la libertad de información; sea por su contexto dentro del asombroso despliegue de la tecnología informativa y la comunicación masiva, y sus consecuencias sobre las realidades actuales del poder, de tal forma, como señala Castells, que "los flujos del poder se convierten en dependientes del poder de los flujos".(12). No ha sido fácil, aparte de la lucha implicada en el reconocimiento de todo nuevo derecho, la recepción del derecho a la información, dadas principalmente dos razones: primero, el derecho a la información es, a partir de su consagración en los tratados internacionales de derechos humanos, un derecho "universal" que compete a todos los hombres, y no se circunscribe por ende únicamente a los propietarios de los medios, ni al Estado, ni a los periodistas; y en segundo lugar, por incorporar un plexo de facultades, que transitan por dos vías, la comprendida en el derecho a dar o comunicar información, y la comprendida en el derecho a recibir información. Así, dentro de la primera vía se incluyen, los derechos a no ser censurado, a publicar o emitir informaciones u opiniones (con lo cual se problematiza el "monopolio profesional" de la información), el acceso y reserva de las fuentes, la claúsula de conciencia, y la investigación y difusión de informaciones u opiniones; y dentro de la segunda, los derechos al pluralismo informativo, y la consiguiente libertad de selección de información, la información veraz y oportuna, la protección de la honra y la intimidad, y la rectificación o respuesta. Junto a la preservación de la honra y la intimidad, lo cual alude a la protección jurídica de un derecho fundamental tentado a vulnerarse por los abusos de la libertad de información, la calificación de veracidad representa una dimensión, sin ninguna duda, de profunda valoración ética. Pero ¿qué realmente significa información veraz? Veraz no debe confundirse con verídico. No tiene razón de ser hablar de un derecho que se ciñe a la relación exacta de los hechos, entre otras razones porque la relación de los hechos admite variadas versiones e interpretaciones, que sólo el sosegado paso del tiempo logra, ¡y no siempre!, aclarar. La respuesta está no simplemente en errar (errar forma parte de la condición humana), sino en incurrir deliberada e irresponsablemente.en el error. Una sabia sentencia del Tribunal Constitucional español del año 1988, recoge acertadamente el sentido de la interpretación: "Cuando la Constitución requiere que la información sea "veraz" no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como "hechos" haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quién, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado".(13). En suma, el derecho a la información veraz, dado su contenido ético y su trascendencia pública, merece su jerarquización en un debate sobre los valores éticos de la democracia, y por tanto su justa consideración en un magno evento, como lo constituye la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. IV. Etica, Administración Pública y lucha contra la corrupción La modernización, y consiguiente adaptación a las nuevas realidades, de la Administración Pública, constituye una dimensión sobresaliente de la reforma del Estado. La tarea en nuestras latitudes es ardua, un camino empedrado de dificultades. La burocracia, los estudios comparados no dejan de comprobarlo, genera anticuerpos que la hacen reacia al cambio. La rutina, la tendencia al secreto, la alergia al control democrático, el enramado de intereses corporativos y el clientelismo, hacen de ella una sólida barrera, poco permeable al cambio. Bobbio (14) ha apuntado con agudeza, que el gran reto de la democracia contemporánea está en penetrar los amurallados recintos de la Administración Pública y la gran empresa, regidas ambas por principios jerárquicos, distintos y hasta antitéticos, con la legitimidad democrática. El desafío está en que, en buena parte gracias a la actividad administrativa, fundamentalmente la aportadora de prestaciones ( la salud, la educación, la protección de un ambiente sano, la vivienda, para sólo citar algunas), se generan (o deberían generarse) las condiciones para el más adecuado despliegue de los derechos sociales y la mejor calidad de vida de los ciudadanos. En otras palabras, eficacia y eficiencia son las palabras claves, lo cual exige cada vez más, una sociedad civil vigilante, ansiosa de participación en su gestión, y por sobre todo solícita de transparencia y control, ante los siempre acechantes zarpazos de la arbitrariedad, el privilegio y la corrupción. Sin duda, este último aspecto, el de la corrupción, se ha convertido en un factor primordial de deslegitimación e ingobernabilidad de los sistemas democráticos. Bien lo expresó Bolívar: "La destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado".(15) La lucha contra la corrupción tiene dos caras: la preventiva y la punitiva. La primera implica un largo camino, que pasa principalmente por la educación, y la consiguiente internalización en nuestros niños y jóvenes, de valores profilácticos, que los inmunizen ante las tentaciones corruptoras; la segunda excede la acción gubernamental strictu sensu, en la medida en que la rama judicial pasa a ocupar un relevante papel, tanto en la tipificación de los delitos como en el castigo de los delincuentes. Si hay un concepto que pueda medir el mayor o menor grado de corrupción es el concepto de impunidad. Así mismo, el Parlamento tiene un papel relevante, no sólo en la sanción de la legislación adecuada, sino también en el mejor perfilamiento de su función contralora. Igualmente, instituciones como el Ministerio Público y la Contraloría o Tribunal de Cuentas, cada una dentro de su rol específico, tienen mucho que ofrecer sobre este tema. Por último, la opinión pública, mejor dicho, la fuerza motorizadora de tal opinión, canalizada a través de los medios de comunicación social, cumple un destacadísimo papel en la publicidad y transparencia de la persecución de los delitos de corrupción, así como en la investigación periodística que posibilita abrir senderos para la posterior acción de las instancias legitimadas del Estado, para precisar las correspondientes responsabilidades. Un factor de la mayor importancia en la lucha contra la corrupción, que sintetiza aspectos propiamente éticos como instrumentales, lo es el control social, que hace que el acto y el individuo corruptos sean rechazados por la sociedad, evitándose así la complacencia y su aceptación inocua por parte de amplios sectores sociales. Las consecuencias de la corrupción son deletéreas, no sólo en lo moral sino también en lo económico (la corrupción encarece las transacciones comerciales y desvirtúa los principios de la sana competencia en el mercado), y en lo político, tal como lo revela la llamada "sociedad de cómplices". De manera especial merece destacarse la iniciativa de poner en práctica códigos de ética de los servidores públicos, en función de internalizar valores en su conducta, que se manifiesten en actitudes y normas de comportamiento, en el universo donde despliegan su labor, y que incluye no sólo el amplio abanico de las relaciones con el público, sino también con los otros empleados y funcionarios, y con los bienes bajo su custodia o administración. Dentro de la gama de valores que deben orientar la función pública, como lo son entre otros, la vocación de servicio, la honestidad, la imparcialidad, la eficacia, la responsabilidad, la disposición a la respuesta oportuna, la veracidad, la pulcritud y el decoro, y la información oportuna, deseo destacar de manera especial la relevancia de la transparencia, y la limitación y reducción al mínimo indispensable, de la reserva y el secreto, protervos hermanos, más de la veces, del delito, e hijos predilectos de los comportamientos autoritarios. V. Partidos Políticos y transparencia electoral. El cuestionamiento de las instituciones partidistas es uno de los males más recurrentes de las democracias contemporáneas. Lo cierto es que se expande la pérdida de la fe de los ciudadanos en los partidos, consecuencia de variados factores explicativos, con diverso énfasis en uno u otro sistema político. Así, se le arrostran a los partidos pérdida de representatividad, anemia ideológica, incapacidad de construir proyectos alternativos, incuria ética, y pare de contar. Esto ha tenido como efecto, desinterés por la política, insatisfacción, apatía, desencanto, y el auge de formas peculiares de irrupción política, conocidas en América Latina bajo el vocablo "antipolítica", unidas todas ellas al rechazo de los partidos tradicionales y la profesionalización de la política. La conclusión es preocupante: las "causas" sustituyen las ideas, la telegénica se sobrepone a la sustancia de los planteamientos, lo fútil y la levedad del discurso de tanta mediocridad consagrada, avasalla la rigurosidad de los proyectos políticos. Por supuesto, el cuadro se reproduce con o sin partidos, mientras los factores reales que han conllevado la decadencia partidista se mantengan inalterables. Intentaré a continuación aportar (o por lo menos resaltar), algunas ideas en pro de la reconversión o reinvención de los partidos, en aras de los renovados retos que les plantea un entorno altamente cambiante. En primer lugar, es ineludible la mención de la representatividad, el cómo aumentar sus posibilidades de adecuada mediación desde la sociedad civil hacia el Estado. El tema no se puede desvincular de la reforma electoral, para así retornar la confianza de la gente en los comicios, y jerarquizar el valor de la participación popular en un proceso abierto de selección de los gobernantes. Sin duda, el logro de una mayor confianza y transparencia generará un mayor apego del ciudadano hacia las reglas de funcionamiento del sistema político. La representatividad está estrechamente ligada a la relación de los elegidos con los problemas de los electores, por lo cual los sistemas personalizados de elección (sean uninominales, sean nominales) se han constituido en un reclamo tan fuerte de la población. El representante debe ser, por excelencia, un exponente de las aspiraciones y demandas de sus representados, en el sentido recogido magistralmente por Edmund Burke en estas elocuentes frases, de permanente vigencia, de su discurso a los electores de Bristol, Inglaterra, el 3 de noviembre de 1774: "Ciertamente, caballeros, la felicidad y la gloria de un representante debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y una comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben tener para él gran peso, su opinión máximo respeto, sus asuntos una atención incesante. Es su deber sacrificar su reposo, sus placeres y sus satisfacciones a los de aquéllos; y sobre todo preferir, siempre y en todas las ocasiones el interés de ellos al suyo propio." (16) No se entiende hoy la representatividad sin la accountability, en otras palabras, la rendición de cuentas, precisa y oportuna, de la gestión gubernamental por parte, en este caso, de los representantes elegidos, y por supuesto, también por los partidos proponentes, dado el compromiso implicado en las plataformas programáticas presentadas en la lisa electoral. Además, buena parte de los cuestionamientos a la legitimidad de los partidos se expresa en la pálida presencia, cuando no ausencia, de lo que Max Weber denominó como "ética de la responsabilidad", que ordena tener en cuentas las consecuencias previsibles de la propia acción. La gente añora más ética de la responsabilidad en sus dirigentes, una adecuada ponderación de la pasión y la mesura, dentro de los límites que impone el arte de lo posible. El combate contra la corrupción, ese terrible flagelo convertido en factor fundamental de erosión de la credibilidad democrática, tiene mucho que ver con los partidos, en la medidad en que repudien a los cómplices de los códigos operativos que sostienen el secreto de la corrupción, y asuman una posición más militante en pro de la publicidad y transparencia, en la develación del tenebroso ocultismo que acompaña los hechos corruptos. La mayor o menor capacidad de combate de la corrupción por parte de los partidos, está muy vinculada con el financiamiento de las campañas electorales, pues, o bien los amordaza o bien los libera. La ley tiene que establecer normas claras y contundentes, que garanticen la transparencia de los ingresos y gastos de los partidos, y releguen al mínimo el misterio y el secreto sobre el origen de sus fondos. El caso es que, sea a través de sistemas de financiamiento público (los cuales han demostrado ser más equitativos), sea a través del financiamiento privado o mixto, el sistema que se adopte debe privilegiar la publicidad y el control democrático, en la fiscalización de sus ingresos y gastos electorales. Unas palabras sobre las ideas y los programas, términos tan devaluados en el acontecer político de hoy. Si los partidos no abandonan el excesivo pragmatismo y el cortoplacismo de su comportamiento cotidiano, quedarán para el olvido, como flores marchitas, verdaderos cadáveres, sepultados por la infecundidad de su incuria ideológica. Elaboración y debate de ideas, formulación estratégica de sus contenidos, orientación programática de su acción, fomentan la fuerza aglutinadora de un partido moderno, intelectual orgánico, dirigente en la definición de las metas y objetivos nacionales. Una última reflexión sobre la organización partidaria que reclama la reforma del Estado. Así como el modelo de partido centralista, férreamente controlado por la cúpula, devino funcional a la impronta centralizada del Estado, los desafíos a la gobernabilidad democrática que presenta el necesario y conveniente proceso de descentralización política y administrativa, exigen, y exigirán cada vez más, un modelo de partido más flexible y descentralizado, acorde no sólo con la nueva realidad, sino con la inmensa responsabilidad de guiar, coordinar, integrar, y sobre todo, dotar de sentido al singular y novedoso proceso. VI. La Justicia Social Internacional. El presidente Caldera consideró ineludible incluir como aspecto fundamental de lo valores éticos de la democracia el de la justicia social, y muy en especial, su relevancia en el plano internacional. Vale la pena citar textualmente los párrafos dedicados a ella en sus palabras, durante la clausura de la Cumbre de Viña del Mar: "Dentro de esta lucha por la justicia, no podemos olvidar como uno de los valores éticos fundamentales en la vida de nuestras democracias, el camino hacia la justicia social. La justicia social es uno de los ideales más nobles conquistados por la humanidad en este siglo que va a terminar; luchar por ella, buscar la equidad, preocuparnos por el bienestar de nuestros pueblos, no olvidar que todas nuestras preocupaciones para el progreso de nuestros países por el desarrollo económico, tienen como acompañante indispensable el desarrollo social, porque al fin y al cabo, la economía es para el servicio de la persona humana y no para el beneficio de quienes se lucren, esto tenemos que plantearlo como una verdad fundamental en nuestros pueblos. "Y luchar por la justicia social. Sentimos cuantas injusticias se realizan contra nosotros en el plano internacional. El mismo problema de la deuda externa, que ha sido tantas veces planteado, no ha encontrado soluciones porque no ha logrado ser reconocido el principio de la justicia social en la esfera internacional. Así como dentro de cada país la justicia social exige, de todos y cada uno, lo necesario para que todos podamos encontrar lo medios de realizar el bien común, así la comunidad internacional, en la cual creemos y que cada día se hace más imperiosa con el proceso de globalización, reclama a todos los países y especialmente a los más ricos y a los más poderosos, el reconocimiento de los derechos que tienen los más pobres y los menos desarrollados para encontrar, por sus propios medios, el camino de un desarrollo humano, económico y social".(17) El doctor angelicus jerarquizó a la justicia como la primera de las virtudes morales, faro junto a la sabiduría, de la más noble acción del gobernante. Tal como lo patentiza Jacques Maritain: "No basta con ser justo para ser buen político, pero la justicia es condición necesaria de toda buena política".(18) Caldera definió la justicia social como "la que exige cuanto sea necesario al bien común", a diferencia de la justicia conmutativa, referida a la equidad de los intercambios, es decir, la igualdad o equivalencia de lo intercambiado. El concepto de justicia social internacional no significa otra cosa que trasladar el concepto de justicia social a la esfera internacional, pues "la noción del bien común no tiene por qué limitarse a los fines propios de cada comunidad nacional, sino que cobra un ámbito más alto cuando se traslada al campo de la comunidad universal." (19) El concepto de solidaridad es correlativo al de justicia social, y por ende el de solidaridad internacional al de justicia social internacional. La solidaridad atiende más directamente a las actitudes y comportamiento de los ciudadanos, la justicia social al actuar de las instituciones. Si bien la justicia social internacional ha tenido un relevante desarrollo doctrinal, donde han cumplido un importante rol las encíclicas post-conciliares, no ha encontrado una plasmación jurídica eficaz, tal como lo revelan estos tiempos de iniquidad, desigualdad y desequilibrio internacionales. En realidad, sus implicaciones constituyen un verdadero desafío a la comunidad internacional. Aspectos como el de términos más justos del intercambio comercial, cooperación en la definición de las agendas de interés común, obligaciones de los Estados desarrollados en función de la búsqueda de un bien común universal que excede sus específicos intereses nacionales, su percepción, en consecuencia, de la noción de deberes que cumplir y no dádivas que conceder frente a los Estados menos desarrollados, así como la lucha contra toda discriminación a los pueblos, en el ámbito interno de los Estados y en el ámbito supranacional, constituyen expresiones recurrentes del mal llamado orden internacional. Con particular ahinco, y de consecuencias ineludiblemente negativas sobre nuestros países iberoamericanos, motivado tanto por la deuda social que se acrecienta, como en sus repercuciones sobre la gobernabilidad, merece mencionarse el caso de la deuda externa. Aspectos como la transferencia por parte de los países deudores, de ingentes recursos al exterior para saldar el servicio de la deuda en detrimento de la inversión productiva interna, la recurrente desigualdad en los términos del intercambio comercial en perjuicio de los países productores de materias primas, los perniciosos efectos de tasas de interés variables, que aumentan la carga de la deuda, y la propensión a políticas proteccionistas de los países industrializados, constituyen una manifestación del pesado fardo de una situación cuya equitativo abordaje pasa necesariamente por la debida ponderación de reglas de justicia social internacional. (20) En suma, el enfoque de la deuda externa independientemente de sus formas de solución, exige aceptar el principio de corresponsabilidad, tanto en su surgimiento como en su dilucidación. Y por supuesto, tiene una carga ética indiscutible, como bien reconoció el documento de la Pontificia Comisión Iustitia et Pax, publicado el 27 de enero de 1987, (21) y referido a la consideración ética de la deuda internacional, donde se estampan los seis principios éticos (crear nuevas solidaridades; aceptar la corresponsabilidad; establecer relaciones de confianza; saber compartir esfuerzos y sacrificios; suscitar la participación de todos; y articular las medidas de urgencia y las de largo plazo), que deben servir de base para la cooperación, que superando los egoísmos colectivos y los intereses particulares, permita una gestión eficaz de la crisis del endeudamiento, en aras del progreso en la justicia internacional, tanto en su dimensión social como en su dimensión económica. VII. A manera de conclusión. La comunidad iberoamericana no está reñida con otras comunidades a las que se adhieran los países miembros. Yo diría que más bien son complementarias y no antitéticas. Sin embargo, como señalé al principio, es largo el camino que tenemos por delante, pues apenas hemos dado los primeros pasos en la colaboración por hacer realidad las finalidades que nos unen. Es más, carecemos todavía de una fuerte conciencia de comunidad. Las élites españolas miran, en primer lugar y es lógico que así sea en la hora actual, a Europa, así como los latinoamericanos intentamos retomar el viejo sueño de nuestros libertadores, de forjar una comunidad de naciones, en palabras de Bolívar, "una nación de repúblicas". Ninguna de las dos direcciones niega el valor de la comunidad iberoamericana, pues como apunta con su lucidez característica Uslar Pietri: "La noción de la existencia de una muy significativa y plena comunidad cultural, histórica y de mentalidades entre España y la América Latina es el hecho fundamental que no podemos ni debemos olvidar." (22) Haciendo más las sabias palabras de Uslar Pietri, concluyo estas reflexiones: "Si de esta noción de las antiguas colonias españolas y de España pasamos al paso inmediato e inevitable que está en la lógica misma del destino, que es el de la cooperación de todos los países iberoamericanos, que resultaría absurdo excluir, con el Brasil y su inmenso potencial, y Portugal con su historia admirable de país creador de mundos, si hiciéramos consciente y efectiva esa comunidad iberoamericana total con todos los pueblos del continente de habla española y portuguesa, y con España y Portugal, las posibilidades de ese conjunto serían inmensas y serían factibles, casi provoca desbocarse en imaginaciones y sueños esbozando todo lo que podríamos hacer juntos si saliéramos de la cárcel de aislamiento, en la que venimos permaneciendo encerrados dentro de las fronteras nacionales, apegados a viejos ídolos impotentes y poco válidos y sin tener visión para todo lo que nos está ofrecido con la posibilidad de ese entendimiento y cooperación para el bien de todos sin predominio de nadie".(23) Las cumbres iberoamericanas se enrumban hacia esos objetivos. Su destino, anchuroso y lleno de posibilidades, nos impiden abandonar tan prometedor camino. *Presidente Comisión Presidencial para la Reforma del Estado COPRE.. Caracas, Venezuela. Notas Bibliográficas 1.-Uslar Pietri (1986), pp. 181 y ss. 2.-Frei (1997), p. 243. 3.-Vid. Declaración de Viña del Mar, en Frei (1997). 4.-Caldera (1996), pp. 2 y 3. 5.-Weber (1967), pp. 163 y ss. 6.-García-Pelayo (1974), pp. 61-62. 7.-Camps (1996), p. 110. 8.-Uslar Pietri (1986), p. 195. 9.-Bobbio (1986), pp. 14 y ss. 10.-Savater (1997), p. 167. 11.-Fuentes (1991), p. 46. 12.-Castells (1996), p. 66. 13.-STC/6/1988, de 21 de enero. 14.-Bobbio (1986), pp. 44 y ss. 15.-Bolívar (1950), III, p. 107. 16.-Burke (1942), p. 312. 17.-Caldera (1996), pp. 5 y 6. 18.-Maritain (s.f.), p. 213. 19.-Caldera (1970), p. 192. 20.-Cfr. Yepes Boscán (1987), pp. 7 y ss. 21.-Pontificia Comisión "Iustitia et Pax" (1987), pp. 85-100. 22.-Uslar Pietri (1997), p. A-4. 23.-Uslar Pietri (1986), p. 191.
Referencias Bibliográficas
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