La diplomacia paralela

Alvaro Valencia Tovar

En su importante y valerosa visita a Europa, el gobernador de Antioquia, doctor Alvaro Uribe Vélez, se refirió a las habilidosas maquinaciones que la insurgencia colombiana realiza en el Viejo Continente y en los Estados Unidos de América, para conseguir el descrédito del Estado colombiano, de su Fuerza Pública y de las cooperativas de seguridad Convivir.

Sin duda alguna, esa diplomacia paralela, a la cual se refirió, supera con enorme ventaja a la pálida y en verdad inane de nuestras embajadas, a excepción de la acreditada en Washington, donde los representantes colombianos han cumplido titánica labor ante un Departamento de Estados escéptico, un periodismo desinformado y unas ONG que no son sino cajas de resonancia para las que, desde Colombia, las nutren de acusaciones entre unilaterales en contra de las Fuerzas Militares -en especial del Ejército-, distorsionadas, exageradas y francamente hostiles.

Lo grave es que todo tiende a indicar que desde nuestras representaciones diplomáticas se cocina buena parte de la acción paralela, en especial por guerrilleros desmovilizados, cuyo comprensible odio hacia quienes los combatieron en defensa del Estado legítimo va en contravía de su propio gobierno.

En el momento actual, las Convivir, según pudo evidenciarlo el gobernador Uribe Vélez, son el blanco de todos los ataques. Para europeos y estadounidenses, las cooperativas de seguridad rural son sinónimo de 'paramilitarismo' en su más cruda y brutal expresión. Es increíble la capacidad de convicción de las ONG y agentes de la diplomacia paralela sobre sus contrapartes, no solo de los países industrializados, sino de los propios organismos internacionales, como las Naciones Unidas, incluyendo su Alto Comisionado en Colombia.

Lo que podríamos llamar el ciclo de la información arranca de las 'investigaciones' que diversos organismos protectores de los derechos humanos realizan en Colombia, donde no hay presencia permanente de los que en Estados Unidos y Europa reciben los datos que, sin ningún cuestionamiento ni averiguaciones adicionales, son acogidos como verdades absolutas. Y convertidos en artillería pesada contra el gobierno de Colombia y su Fuerza Pública.

Hablamos de unilateralidad, porque jamás las ONG conceden la oportunidad a los militares acusados para dar su propia versión y justificarse. Las sindicaciones se obtienen en zonas afectadas por la subversión y suelen ser suministradas por miembros de organismos de apoyo o por guerrilleros confundidos entre la población campesina. Como es obvio, se produce una identidad asombrosa en los testimonios, lo que los convierte en 'evidencias'.

Conversando con el director de una de estas organizaciones no gubernamentales, le señalé esta unilateralidad en las pesquisas, que colocaba a los militares en manifiesta indefensión. Dio como excusa la "inaccesibilidad" de estos. Me ofrecí para obtener el contacto inmediato con la persona sindicada de cometer atropellos, cualquiera fuese su grado o posición. Es el momento en que el mencionado dirigente jamás ha utilizado el ofrecimiento, pero las acusaciones se siguen produciendo con la misma aberrante parcialidad.

En esta forma, acusaciones provenientes de un mismo origen, las ONG colombianas, resultan avaladas por más de una docena de sus corresponsales extranjeras, como si hubiesen participado en la 'investigación'. La veracidad de los cargos resulta así contundente, y sirve para presionar a gobiernos, parlamentos y organismos internacionales con el fin de que hagan pronunciamientos contra Colombia, hasta hacer figurar a nuestro Gobierno y su Fuerza Pública con uno de los más altos índices en la violación oficial de los derechos humanos.

Lo que en el fondo se persigue con toda esta acción sincronizada es que los países industrializados decreten el embargo de armas a Colombia, con lo cual la subversión, que sigue adquiriendo las suyas en el mercado negro, acabe superando a las Fuerzas Armadas en poder de combate.

Esta auténtica conspiración forma parte de la guerra política que se libra contra el Estado colombiano y que este, atávicamente miope ante tamaña realidad, no ha podido ni entender en su naturaleza ni medir en su amenazadora dimensión. El Gobierno, y en particular la Cancillería, deberían tomar conciencia del problema, dinamizar la gestión diplomática, sacudir a nuestras adormiladas representaciones en el exterior y depurarlas de enemigos para contrarrestar la diplomacia paralela, parte de la "combinación de todos los medios de lucha" que se esgrimen para destruirlo.